Boletin GAL 1362

Nº 1.362. Lunes 4 de Junio de 2012. Año VII. Boletín Electrónico de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Lectores(as): 32.273. Contacto: boletingal@gmail.com  Fonos: 56-02-7857084, 09-5732334. Facebook @BoletinGal

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CONTENIDO

 

ESPECIAL: LA CRISIS DE HIDROAYSÉN

 

Ciudadanía celebra decisión de Colbún, pero acusa presión al gobierno

Coyhaique, lunes 4 de junio de 2012, El Divisadero, Diario de la Región de Aysén

Tehuelches se pronuncian sobre suspensión de proyecto HidroAysén

Coyhaique, lunes 4 de junio de 2012, Mapu Express

Endesa se suma a decisión de Colbún

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por Valeria Ibarra, El Mercurio

La estrategia del gobierno ante la presión de Colbún

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por Lorena Ferraro, La Tercera

Subsecretario de Energía: No hay consenso sobre cuál camino tomar

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por Antonio Astudillo y Christian Viancos, La Tercera

Benítez: "Hay un cambio de paradigma"

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por  José Tomás Santa María, La Segunda

Banco Central: "Las nuevas plantas son termoeléctricas, las más contaminantes"

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por Lina Castañeda, El Mercurio

Empieza la campaña del terror sobre proyectos energéticos

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, Diario Financiero

HidroAysén no desea decisiones en períodos electorales: Es ahora

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, Diario Financiero

Las "recomendaciones" de El Mercurio sobre HidroAysén

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, Editorial El Mercurio

Lo que implica la suspensión del proyecto HidroAysén

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, editorial de La Tercera

Empresarios unidos, ¿jamás serán vencidos?

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por Jorge Quiróz, Diario Financiero

 

LOCALES

 

Organizaciones ciudadanas de Chile solidarizan con movilizaciones de Perú

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, Comunicaciones OLCA

Hasta 15 junio plazo para chequeos auditivos gratis

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, La Nación

 

NACIONALES

 

Plebiscito de salud: Casi un 99% pide fortalecer el sistema público

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, La Nación

No se trata de cerrar Agrosuper sino que cumpla la normativa sanitaria

Freirina, lunes 4 de junio de 2012, El Ciudadano

Marcha por la Vida y el Agua en Vallenar

Vallenar, lunes 4 de junio de 2012, Radio Universidad de Chile

Alcalde de Calama emplaza a Piñera a hacer justicia por su comuna

Calama, lunes 4 de junio de 2012, El Mostrador

 

GLOBALES

 

Paralela a la Asamblea de la OEA sesiona Cumbre Social Latinoamericana

Tiquipaya, Bolivia, lunes 4 de junio de 2012, Noticias al Día

Perú: Conflictos socio ambientales han dejado 12 muertos en la era Humala

Lima, Perú, lunes 4 de junio de 2012, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

China y Brasil: Río+20 debe enviar señal positiva, clara y fuerte sobre desarrollo sustentable

Beijing, China, lunes 4 de junio de 2012, Prensa Latina

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ESPECIAL: LA CRISIS DE HIDROAYSÉN

 

Ciudadanía celebra decisión de Colbún, pero acusa presión al gobierno

 

Coyhaique, lunes 4 de junio de 2012, El Divisadero, Diario de la Región de Aysén.- Parlamentarios y ambientalistas celebran decisión de Colbún pero acusan presión al gobierno. Si bien la eventual decisión de bajar el proyecto del tendido eléctrico de Hidroaysén fue celebrada desde todos los sectores, los más escépticos aseguran que la empresa energética está poniendo una presión indebida al gobierno al colocarlo ante la disyuntiva de apoyar o no a Hidroaysén.

 

Parlamentarios de diversas tiendas políticas y representantes de distintas organizaciones ambientalistas y ciudadanas se refirieron a la decisión de Colbún S.A. de recomendar a Hidroaysén no suspender indefinidamente el ingreso del proyecto de tendido eléctrico al Sistema de Evaluación Ambiental.

 

El senador Guido Girardi (PPD) junto al diputado Gabriel Silber (DC), además del Secretario Ejecutivo de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo; Flavia Liberona de Terram, Matias Asún de Greenpace y Manuel Baquedano del Instituto de Ecología Política,  valoraron la decisión de Colbún y concordaron acerca de la urgente necesidad de tener una política energética consensuada, antes de desarrollar mega proyectos.

 

Patricio Rodrigo se mostró satisfecho con la decisión de Colbún y la calificó como "sabia".  "Este es el principio del fin de Hidroaysén, este es el triunfo de la ciudadanía", indicó a la vez que se hizo parte de la crítica al gobierno por la lentitud en la elaboración de una política pública en materia energética. "Hoy no existe una política energética, lo que existe es un papelito y la familia Matte lo ha dejado claro, es urgente crear una política consensuada. Ojala el Presidente de la República capte este mensaje y se abra a establecer una política energética real que hoy está en manos de privados", argumentó.

 

Similar fue la opinión del senador Girardi, quien aseguró que la decisión de la familia Matte es "un momento muy importante, esta es la derrota del lobby, las imposiciones, los fraudes y el tráficos de influencia y es el triunfo de la ciudadanía. El proyecto entra en estado de reflexión luego de la fuerza ciudadana, que no quiere más política energética pensada sólo en el bolsillo de la empresa".

 

El parlamentario fue crítico de la actual legislación y precisó que "lo que pasa en Chile es una ley de la selva y eso hoy hace que la ciudadanía se rebele, este es el momento, y por eso desafiamos al gobierno a tener una política nacional sobre energía y medio ambiente, y es en el Congreso donde se debe discutir. En Chile son las empresas las que definen la política no el parlamento y el país es rehén de las decisiones a corto plazo de las empresas".

 

Anuncio que se toma con desconfianza

 

Por su parte, el diputado Gabriel Silber indicó que esta "es una noticia que tomamos con desconfianza, acá se está cayendo el castillo, pero esperemos que al final del día esto no sea el incentivo perverso para desplegar una campaña del terror, para decir que nuestro país puede quedarse a oscuras y que por eso Hidroaysén es un proyecto necesario. Esperamos que esta decisión no sea una presión indebida que sólo busque que se apruebe por una vía rápida".

 

Patricio Segura, vocero del Movimiento de Defensa de la Patagonia, destacó las palabras de Bernardo Larraín Matte, quien afirmó que Chile cambió, "porque efectivamente está cambiando y se ha generado un debate de que sean los territorios los que puedan opinar e influir sobre proyectos de alto impacto", señaló al mismo tiempo que se mostró esperanzado en que esta sea "una oportunidad para cambiar la política energética".

 

A su vez, Manuel Baquedano del Instituto de Ecología Política, pidió la renuncia del vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén, Daniel Fernández. "Él debería de estar sacando algunas conclusiones, debería renunciar porque él ha sido el impulsor de este proyecto", fustigó.

 

En tanto, Flavia Liberona subrayó que la decisión de Colbún no es más que una presión de la empresa sobre el gobierno para que éste deje de ser neutral. "Acá estamos frente a la decisión de una empresa para que le facilite un tendido eléctrico, acá Colbún está presionando al gobierno", aseveró.

 

Al finalizar, Matias Asún de Greenpace calificó esta contingencia como "un triunfo de la sociedad civil, cuando una empresa como la de la Familia Matte tiene que tirarse a una huelga de brazos caídos, es porque Chile cambió. Este 'colbunazo' le ha puesto una presión al gobierno en tema de política energética".

 

También se refirió al tema el senador Antonio Horvath (RN), quien valoró la decisión de la eléctrica, al señalar que "me parece una muy buena noticia porque el proyecto se estaba haciendo cada vez más inviable. La electricidad hubiera sido muy cara para Chile".

 

Para Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, en cambio, el anuncio "constituye un chantaje contra la autoridad", pues pone al gobierno en la encrucijada de apoyar o no la realización del proyecto.

Larraín señaló que lo que se busca es "imponer una forma de desarrollo energético que el país hoy no está aceptando" e indicó que el gobierno no tendría espacio "político" para hacer reformas legales que permitan hacer viable el proyecto, como una Ley de Carretera Eléctrica, pues no contaría con el apoyo de los parlamentarios, por ser los próximos dos años de carácter electoral.

 

Tehuelches se pronuncian sobre suspensión de proyecto HidroAysén

 

Coyhaique, lunes 4 de junio de 2012, Mapu Express.-Declaración Pública Jóvenes Tehuelche sobre anuncios de suspensión proyecto hidroeléctrico HidroAysén. Sobre la suspensión de la tramitación de la línea de transmisión que conectaría el proyecto hidroeléctrico HidroAysén con el Sistema Interconectado Central.

 

De acuerdo a la noticia recientemente conocida a través de los medios de comunicación, en que la empresa Colbún S.A. presentó ante la Superintendencia de Valores y Seguros un "hecho esencial", que comunica la decisión de recomendar a las instancias del -nefasto y polémico- proyecto HIDROAYSEN suspender de forma indefinida la tramitación de la línea de transmisión que conectaría el proyecto antes mencionado con el Sistema Interconectado Central.

 

Con la finalidad de contextualizar el proceso y etapa en que se encuentra este proyecto, nos vemos en la necesidad de informar lo que significa -a nuestro modo de ver- el desistimiento de Colbún S.A. por dar continuidad al proceso de evaluación de Impacto Ambiental de la línea de transmisión para el Proyecto Hidroaysén, así también recordar que este proyecto se encuentra actualmente a la espera de evaluación por parte del Consejo de Ministros.

 

Además, es importante tener en consideración que en cuanto a la política energética reclamada por Colbún S.A se debe destacar y señalar que el pasado 10 de mayo en la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados, se cuestionó que se iniciara la tramitación de una Ley Fast Track para concesiones eléctricas, cuya versión casi idéntica se estaba tramitando paralelamente en el Senado, sin ser retirada desde dicha Cámara por el Ejecutivo, argumento que logró bloquear la presentación de la Ley Fast Track para concesiones eléctricas, ingresada súbitamente una semana antes para bloquear la Ley ERNC 20/20.

 

La declaración del Ministro de Energía, señalando que el Gobierno sí se encuentra trabajando en una política energética tiene que ver con la noticia anunciada este lunes 28, donde hacen público un llamado a licitación para la realización de un estudio tendiente a evaluar nueve alternativas de trazados para el paso de una línea de transmisión eléctrica de HDVC (tendido de alta tensión en corriente continua) entre Cochrane y Calbuco, que permitirá la interconexión entre Aysén y el Sistema Interconectado Central.

 

La iniciativa se sustenta en la citada Estrategia Nacional de Energía que anuncia el Gobierno, donde presentan el interés de aprovechar los recursos hídricos de la región de Aysén, y por otra, -según ellos- "resguardar la integridad medioambiental de la Patagonia chilena".

 

Por lo tanto, como organización que desde sus inicios ha sido opositora a este proyecto, declaramos lo siguiente:

 

- De construirse los proyectos hidroeléctricos (HidroAysén y Energía Austral, lo únicos conocidos públicamente), tendrían un impacto irreparable en nuestro ecosistema, nuestra cultura y formas de vida. Esto no sólo se trae perjuicios a la región de Aysén, sino que en gran parte del país que pasa a ser un actor inconsulto frente a proyectos que son trascendentales para el desarrollo del país y la democracia participativa en sus diversos territorios. Esto último, fue un punto relevante para el Movimiento Social por Aysén, que actualmente continúa en negociaciones.

 

- Ambos procesos (Hidroaysén y Energía Austral) de tramitación se han caracterizado por falta de probidad en los procedimientos y los conflictos de intereses de quienes han sido los mismos encargados de sancionar, en el caso del proyecto Hidroaysén, tanto en el Servicio de Evaluación Ambiental como en las instancias del Poder Judicial.

 

- Consideramos que este nuevo evento responde a una estrategia orquestada por parte de las empresas involucradas en este proyecto y el Gobierno de Chile. Posponer la tramitación del proyecto en lo relativo al tendido eléctrico, acusando la ausencia de una política nacional que cuente con un amplio consenso y lineamientos sobre la matriz energética que el país requiere, implica que Colbún S.A no presentaría el Estudio de Impacto Ambiental, pero manifiesta explícitamente estar al servicio de una política nacional de energía. Intenciones que es congruente con la Licitación sobre Transmisión de Energía y Protección de la Patagonia, ya que sería el mismo Estado Chileno quien financie un importante tramo del tendido y así la empresa antes mencionada no se ve en la necesidad de presentar dicho estudio.

 

Esto quiere decir que una vez más se transgrede la institucionalidad ambiental chilena, ya que es evidente que un proyecto (licitación) como este a pesar de requerir una evaluación ambiental, al ser emitida y evaluada por el mismo Estado, bajo el amparo de una Estrategia que apunta al desarrollo económico del país, se transforma en un proyecto pre-aprobado que no se "autorechazaría" en una eventual evaluación por parte del mismo ente que lo presenta.

 

Es por esto que hacemos un llamado a todas las organizaciones, estudiantes, trabajadores y pobladores que - antes o ahora - han puesto a disposición sus esfuerzos, trabajo y convicción al servicio de lucha por una Patagonia Sin Represas a no dejarse engañar e invitamos a los que aún no se han sumado a esta causa, asumir con la responsabilidad que nos merece el destino de nuestro futuro, de las nuevas generaciones y de nuestra tierra.

 

Como organización seguiremos en pie de lucha para poner freno a la construcción de este y otros proyectos en la Patagonia, como también seguiremos haciendo férrea oposición a lo que denominados "saqueo ambiental" derivado del modelo económico impuesto en nuestro país, que ha dejado a merced de los intereses de los capitales extranjeros y los principales grupos económicos nacionales la propiedad y la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales, bajo el amparo de la legislación del Estado Chileno.

 

La tierra es de todos, los ríos son libres... El Pueblo los defiende!

Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelches

31 de mayo, 2012

 

Endesa se suma a decisión de Colbún

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por Valeria Ibarra, El Mercurio.- Estudios para la línea de transmisión se suspenderían. HidroAysén en coma: Endesa se pliega a decisión del grupo Matte. La nueva ofensiva país de Colbún busca que el Congreso defina matriz energética, concentración del mercado y transmisión antes de seguir con HidroAysén.  

Desde inicios de año que el grupo Matte, controlador de Colbún, quería enviar un mensaje al Gobierno. Buscaron el momento propicio, y este llegó cuando se despejó la vía judicial en abril, en el momento en que la Corte Suprema destrabó el proyecto HidroAysén. En el directorio del martes pasado se tomó la decisión. En materializarla trabajaron el gerente legal de la eléctrica del grupo Matte, Rodrigo Pérez, y el staff de Barros & Letelier.

 

Ellos visaron cada palabra del Hecho Esencial que finalmente fue enviado a las 17:59 horas del miércoles 30 de mayo a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Fue un misil de largo alcance: el texto decía que recomendaban suspender los estudios para la transmisión de HidroAysén mientras no existiera una política energética nacional que contara con un amplio consenso. Apenas dos horas antes les habían informado a sus socios de Endesa Chile lo que iban a hacer.

 

El Gobierno se atrincheró en un "sí tenemos política energética"; las empresas del sector y los expertos salieron a darle la razón a la eléctrica, y hasta su más acérrimo opositor, Douglas Tompkins, los felicitó. Entre medio, el ministro de Energía, Jorge Bunster -un viejo conocido de Bernardo Matte Larraín, ex socio de la empresa del grupo Angelini, Copec-, se comunicó con el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, para saber qué querían decir y por qué lo hacían así.

 

El "guión oculto" del mensaje era el siguiente: Endesa Chile y Colbún han gastado unos US$ 250 millones en HidroAysén. No es el vuelto del mandado: con una inversión así, ya habrían construido una central a carbón o varias hidroeléctricas de pasada, dependiendo del tamaño. "Proyectos de la dimensión y de la complejidad de HidroAysén deben ser parte del debate de una política energética nacional", dice el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte. Por eso recomendaron no seguir con los estudios para obtener los permisos de la línea de transmisión.

 

Lo cierto es que esa sugerencia estaba un poco de más. La mayoría de los estudios técnicos de HidroAysén se encuentran detenidos -el más importante de ellos, la línea base, parada- por la opacidad en temas como las zonas que el Gobierno quiere proteger en la Patagonia, o la famosa "carretera pública" por donde pasarían las redes de transmisión. Si bien la meta de HidroAysén era enviar el estudio de impacto ambiental a fines de año, este objetivo era cada vez más improbable de cumplir, dicen en el consorcio.

 

El "misil" de los Matte apuntaba a otra cosa: hasta ahora, hacer o no hacer el proyecto parecía ser más bien una decisión de los socios, pero con el mensaje enviado esta semana queda claro que la inversión depende de lo que haga la autoridad y de los consensos que como país se logren. "El país no sólo necesita la estrategia nacional que lanzó el Gobierno, sino que también que esta sea debatida y consensuada", dice Larraín Matte.

 

Con una superficie total de 5.910 hectáreas, que equivale al 0,05% de la Región de Aysén, si es que se hace HidroAysén aportará 2.750 megawatts al Sistema Interconectado Central (SIC). Aunque los montos de inversión no se han cerrado, ya estaría costando sobre US$ 8 mil millones, considerando la generación y la transmisión. Esto es más del doble que la inversión inicial. Es el mayor proyecto en el mundo de la empresa del grupo Enel-Endesa, una iniciativa "estratégica" para la compañía italiana. Y lleva seis años de trámites, sólo para las centrales. Queda otro trecho para sacar la energía del sur y enviarla al resto del país.

 

El soft power de Matte

 

¿Por qué operaron así? "Porque sabíamos que Endesa jamás lo iba a hacer", señala un miembro de la familia. "Nosotros somos chilenos, vivimos aquí, nuestros hijos estudian y trabajan aquí, y aquí seguiremos. Si lo hubiese hecho Endesa, firmado por un ejecutivo español, lo habrían mandado a la punta del cerro", agrega este ingeniero.

 

Aunque Endesa no está de acuerdo con el "tono" del mensaje de Colbún, sí adhiere al contenido. Profesionales de la mayor eléctrica del país dicen que es casi seguro que cuando el asunto se discuta en el directorio de HidroAysén, la eléctrica de capitales europeos apoyará la moción de los Matte y optará por suspender los estudios.

 

Aunque algunos en el mercado hablan de la "protesta" de los Matte o de una suerte de cruzada al estilo "la Papelera No", como fue la oposición a la expropiación de la empresa en el gobierno de Salvador Allende, la familia se defiende y explica que esto no es una "pataleta".

 

Incluso, cuando Colbún entró al proyecto en 2007, se dijo que era la fórmula que Endesa había escogido para materializar el proyecto, debido al "soft power" de la familia Matte en Chile. "Los proyectos no se hacen a fuerza de influencias; nosotros no creemos en ello. Hemos avanzado hasta lograr la aprobación de las centrales por el trabajo bien hecho de HidroAysén y por el aporte de expertises y capacidades complementarias de ambos socios", dice al respecto el presidente de Colbún.

 

¿Se ha visto afectado el prestigio de la familia por este caso? "Como empresa, siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos y riesgos que conllevan el desarrollo de proyectos si estamos convencidos, como en este caso, que lo que hacemos es bueno para Chile, y a la vez permite generar valor para nuestros accionistas", sostiene Larraín Matte.

 

15 proyectos en uno

 

El Gobierno trabajó en 2011 en una estrategia nacional de energía, que considera seis pilares fundamentales articulados en varios proyectos de ley distintos. Pero lo que quieren los controladores de Colbún es que el Ejecutivo envíe un único proyecto que fije la política global y que esta trascienda a un gobierno en particular, porque "hacer el proyecto demorará, al menos, tres gobiernos más", señalan. "En vez de 15 iniciativas, una única global y coherente, y que sea el Congreso el que la discuta", dicen en la familia Matte.

 

Este proyecto integrado debiera contener, según el conglomerado, al menos tres aspectos: energías prioritarias, competencia en el sector eléctrico (concentración) y transmisión; es decir, la famosa carretera eléctrica. Según explican en Colbún, estos tres temas están muy interrelacionados. "Por ejemplo, la 'carretera eléctrica' depende de qué matriz energética quieres; si quieres más carbón, la línea de transmisión tiene que ser hacia la costa, y si es hidráulica, más hacia la cordillera".

 

"Países como Inglaterra o Nueva Zelandia han hecho esta tarea, ¿por qué nosotros no?", agregan los Matte. El peligro de tramitar proyectos por separado, indican en el grupo, es que se aprueben leyes que en la práctica pueden neutralizarse.

 

Otro tema que les complica es el convenio 169 de la OIT, relativo a que los pueblos indígenas deben ser requeridos para dar su opinión sobre proyectos de inversión. Les preocupa, porque ya se están organizando comunidades de pescadores de la zona austral para oponerse a la línea de transmisión submarina.

 

Bombardeo de La Moneda

 

En La Moneda no cayó nada bien la ofensiva de los Matte. "Se trata de una determinación de una empresa privada", dicen en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Cristián Larroulet.

 

Bernardo Larraín refuta que su decisión se haya transformado en un hecho político, y sostiene que el haber hecho pública su recomendación "es un deber de transparencia para nuestros accionistas y para el mercado en general". Y agrega: "nuestra expectativa es que se genere un debate dentro de la institucionalidad que el país se ha dado".

 

Los proyectos no se hacen a fuerza de influencias; nosotros no creemos en ello. Hemos avanzado hasta lograr la aprobación de las centrales por el trabajo bien hecho de HidroAysén y por el aporte de ambos socios".Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún. Ministro Larroulet: "La crítica de HidroAysén más bien yo la entiendo como un llamado al Congreso".

 

La inexistencia de una definición de política energética que argumentó Colbún para suspender las inversiones en los estudios de la línea de transmisión de HidroAysén no tuvo una buena recepción en el Gobierno. El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, es enfático en defender la gestión del Ejecutivo en materia eléctrica y destaca la preocupación de La Moneda por la falta de competitividad que exhibe el sector.

 

"A mí, como colaborador directo del Presidente Piñera, me consta que no hay ningún tema público relevante que no lo analice, a raíz del costo brutal que la energía tiene en Chile. Él es el primero en saber que esto es el mayor impedimento a nuestro desarrollo. Su prioridad es abrir la puerta a la solución de este problema", confidencia Larroulet.

 

-¿Cómo recibe las críticas que realizó Colbún sobre la inexistencia de una política energética de consenso nacional?

"Esa definición de política de largo plazo y consensuada ya existe y esa crítica no se justificaría. Lo que sí es cierto es que en muchas materias se requiere que se legisle y por lo tanto, el llamado o la crítica de HidroAysén yo la entiendo como un llamado al Congreso a que se aprueben estas legislaciones que el Ejecutivo ya ha propuesto o que va a proponer en el corto plazo".

 

-Hay una crítica al retraso de proyectos emblemáticos del Presidente Piñera, como la carretera eléctrica pública...

"Ese es el único ejemplo, pero el Gobierno estima que es una materia muy relevante y es importante que se haga bien el proyecto y que se busquen los acuerdos y consensos. Y por eso el Gobierno está tomando todas las salvaguardias para que éste sea un proyecto que cuente con el respaldo de la mayoría de los sectores".

 

-¿El emplazamiento de Colbún ha acelerado los procesos dentro del Gobierno?

"Ya en el discurso del 21 de mayo el Presidente dijo que en el segundo semestre tendríamos el proyecto y hemos dicho a más tardar en septiembre".

 

-¿Le pareció indebido el tono de Colbún para hacer este emplazamiento?

"El llamado al consenso me parece bien, en el sentido de un llamado al consenso en el Parlamento. No me parece bien un llamado respecto a la estrategia del Gobierno, pues buscó acuerdos y consensos convocando a personas que tenían respaldo político, técnico y económico de todos los sectores".

 

-¿Lo sintieron como una presión?

"Es una decisión de una empresa privada y el Gobierno -en un esquema donde participan muchas empresas-, va a seguir en su camino al margen de los tonos. El camino fue definido por el Presidente de la República. Lo cumplimos. Segundo: legislemos en aquellas materias que son relevantes para perfeccionar; estamos sacando la regulación de la nueva institucionalidad medioambiental que va a dar certeza jurídica. Estamos en ese proceso. Hemos dictado normas más exigentes del cuidado del medioambiente. Eso facilita la aprobación de los proyectos en energía".

 

-En caso de que Endesa decida apoyar la decisión de Colbún, ¿cómo queda el plan del Gobierno teniendo en cuenta que ha impulsado la hidroelectricidad?

"Si HidroAysén se desiste de su proyecto, hay otros proyectos como Río Cuervo, y si se desistiera éste, van a ingresar otros proyectos que existen".

 

-¿Existe tranquilidad en el Gobierno aun cuando no se realice HidroAysén?

"Nosotros estamos trabajando en una estrategia que permite enfrentar dificultades como esta".

 

-¿Hay alguna posibilidad de que el Fisco ingrese como socio al proyecto?

"De ninguna manera. No hay un Estado empresario en el sector energético. Este es un Estado que fija el marco regulatorio y no se involucra empresarialmente".

 

El llamado al consenso me parece bien, en el sentido de un llamado al consenso en el Parlamento. No me parece bien un llamado respecto a la estrategia del Gobierno".

 

La estrategia del gobierno ante la presión de Colbún

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por Lorena Ferraro, La Tercera.- Gobierno envía señal de tranquilidad a sector energético tras decisión de Colbún. Ministros transmitieron a empresas que están avanzando en el proyecto de ley de carretera eléctrica.

 

Una serie de contactos telefónicos realizaron entre la noche del miércoles y ayer los ministros Felipe Larraín (Hacienda), Cristián Larroulet (Segpres) y Jorge Bunster (Energía). Los interlocutores: líderes gremiales y altos ejecutivos, sobre todo del sector energético.

 

Según fuentes de gobierno, en los diálogos los ministros transmitieron dos mensajes. Primero, que en los últimos treinta días se han acelerado varios puntos de la Estrategia Nacional de Energía. Y en segundo lugar, que se ha acortado el plazo para enviar al Parlamento el proyecto de ley que crea una carretera eléctrica. Aunque el diseño original era iniciar su debate de aquí a fin de año, el límite ahora es septiembre.

 

La ofensiva, instruida por el Presidente Sebastián Piñera, tenía como objetivo hacer frente a la sorpresiva decisión de Colbún, conocida el miércoles, de solicitar al directorio de HidroAysén -cuya propiedad comparte con Endesa- suspender la tramitación ambiental de la línea de transmisión del proyecto energético.

 

En un hecho esencial enviado a la SVS, la firma controlada por el grupo Matte había criticado la falta de una política energética de consenso, agregando que eso complica el desarrollo de proyectos en el sector.

 

Los cuestionamientos fueron leídos como una presión de la empresa para agilizar el envío del proyecto de ley sobre la carretera eléctrica, que conectaría las represas en el sur con el sistema eléctrico del resto del país.

 

En ese contexto, Piñera definió dos líneas de acción. Primero, que el gobierno saliera a defender con fuerza la institucionalidad ambiental, algo que hizo Bunster el miércoles y reforzaron ayer Larraín, Larroulet y el subsecretario de Energía, Sergio del Campo. La idea era, además, tomar distancia del proyecto HidroAysén, que el año pasado gatilló masivas marchas de rechazo. Y, en segundo lugar, enviar señales de tranquilidad al sector energético, buscando contener los efectos de los cuestionamientos de Colbún.

 

De hecho, en La Moneda vieron con inquietud que varios dirigentes empresariales, como el presidente de la CPC, Lorenzo Constans, habían asumido un tono crítico hacia el Ejecutivo, en línea con Colbún.

 

Ayer, el timonel de la Sofofa, Andrés Concha, se reunió en La Moneda con el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, aunque tras la cita el dirigente empresarial señaló que sólo se habían abordado temas relativos al Fosis.

 

Incluso, anoche en Canal 13 el ex presidente Ricardo Lagos señaló que lo de Colbún era una "presión legítima", criticando la política energética de la administración de Piñera.

 

En ese contexto, uno de los contactos principales que sostuvieron ayer desde el Ejecutivo fue con Endesa. Además de entregar el mismo mensaje de que el gobierno ha acelerado el trabajo en el área, la idea era sondear qué postura asumiría la empresa ante la decisión tomada por Colbún. Así, las mismas fuentes señalan que desde la firma han transmitido que la decisión de Colbún sorprendió al directorio de la empresa.

 

Ayer, Larroulet aseguró que "estamos en la etapa final" de la elaboración del proyecto sobre la carretera energética, en el que trabaja la Segpres junto al Ministerio de Energía. Y agregó que "vamos a seguir acelerando nuestros proyectos para que efectivamente la legislación que hemos acordado en virtud del desarrollo eléctrico se apruebe con la rapidez que requiere".

 

Subsecretario de Energía: No hay consenso sobre cuál camino tomar

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por Antonio Astudillo y Christian Viancos, La Tercera.- Subsecretario de Energía: "No estamos elaborando proyectos de ley pensando en HidroAysén". Sergio del Campo señala que la autoridad busca facilitar las inversiones en el sector eléctrico, pero que las empresas deben aprender a convivir con una ciudadanía más comprometida y crítica con el desarrollo de los proyectos.

El miércoles pasado Colbún abrió un flanco al gobierno, al pedir a HidroAysén -sociedad en la que posee el 49% de la propiedad- suspender los estudios de la línea de transmisión por la falta de una política energética consensuada.

El anuncio activó un debate sobre si hoy están o no dadas las condiciones para que los privados avancen en los proyectos energéticos. En los últimos días, representantes del empresariado y asesores del sector respaldaron a Colbún y reafirmaron que los inversionistas requieren señales más claras.

Ante estas inquietudes, el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, responde que el gobierno  tiene una estrategia clara y definida en materia energética -en la cual trabajan aceleradamente-, que busca solucionar los problemas existentes y no dejarlos para administraciones futuras.

¿Cómo interpretan la decisión que tomó Colbún?

La mejor interpretación la puede hacer Colbún, pero lo que muestra es que visualiza un riesgo importante de seguir adelante con el proyecto HidroAysén, desde su perspectiva, porque no existe consenso en la política energética. Reconoce que es un proyecto de gran envergadura en relación con su tamaño y en virtud de eso, y en que no habría consenso nacional sobre cómo desarrollar el sector eléctrico, habría un riesgo muy importante que no está dispuesta a tomar.  También afirma que podría disminuir su participación en la propiedad.

En ese caso, ¿el Estado estaría abierto a tomar una participación en HidroAysén?
En ningún momento dentro del gobierno hemos discutido esa posibilidad ni analizado esa alternativa. Por lo tanto, en ese contexto, descartamos la posibilidad de que el gobierno se haga parte.

La empresa liga su decisión a la falta de una política energética clara.
Colbún no señala en su declaración que no exista una política nacional, sino que no hay una política que cuente con amplio consenso. Eso es distinto. Lo que han dicho es que se abra un debate nacional sobre cómo desarrollar el sector eléctrico.

¿Comparten, entonces, la opinión de que no hay un consenso?
Hay una dificultad, sin duda, no diría generalizada, pero como el sector eléctrico es complejo de entender, es difícil en el corto plazo concitar  consenso respecto de cuál es el camino que hay que tomar.

¿Hoy el gobierno cuenta o no con una política energética clara?
Existe una Estrategia Nacional de Energía (ENE) y se está trabajando en su implementación. Previamente, se construyeron los cimientos de ella en la formación del Cade, que es un grupo de expertos que nos asesoró. También estuvo la comisión ciudadana técnico parlamentaria.

¿Hacia dónde apunta esa Estrategia Nacional de Energía?
Hay que entender que las opciones para Chile son acotadas. Hay que privilegiar la eficiencia energética, incorporar las ERNC, y el principal recurso es la hidroelectricidad para poder construir un precio de la energía propio en nuestro país, menos dependiente de la economía global.

Respaldar el crecimiento de la economía y satisfacer el consumo de energía en el país es, sin duda, relevante, dada la restricción de recursos que tenemos. Por eso es necesario que utilicemos los recursos que el país dispone, entre ellos, la hidroelectricidad. Además, es importante que el país entienda cuáles son las verdaderas opciones que tiene Chile para desarrollar el sector eléctrico y los desafíos que enfrenta.

¿Hay desconocimiento de la población respecto de la realidad energética del país?
Hay una dificultad comunicacional que enfrentan todos los países respecto de la importancia de la energía en el crecimiento de las economías. Hay que incrementar el conocimiento en la población de cuáles son las verdaderas opciones. Es necesario dar a conocer en mayor medida la estrategia de energía. Es una tarea que se debe reforzar.

Y para los inversionistas privados, ¿cuál es el llamado?
El mensaje es que estamos trabajando intensamente para ir corrigiendo las debilidades que tiene la materialización de las inversiones en Chile en el sector eléctrico.  Avanzamos en temas de transmisión con licitaciones en el SIC y Sing y en la ley de concesiones eléctricas.

También tenemos las reformas a la Ley de Geotermia, entre otras, y trabajamos en un proyecto de integración con Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.  Acabamos de tener una reunión en Lima, para analizar cómo debería ser esta integración. Es una tarea de largo plazo y deberíamos aspirar a tener alguna interconexión entre 2020 y 2030.

¿Cuál es el desafío de las empresas en la relación con las comunidades, dada la oposición que enfrentan los proyectos?
Los privados deben reconocer que la sociedad y la comunidad han ido cambiando su manera de ver y valorar los distintos proyectos. En el pasado, la gente no participaba mayormente, no se preocupaba de los beneficios y costos. Hoy, con una mayor población, hay más interés en el medioambiente y en la influencia de estos proyectos en la calidad de vida.

¿Los privados tienen que entender este cambio de la ciudadanía al momento de elaborar sus proyectos de inversión?
Sin duda. La actual situación exige esto. Las probabilidades de materializar los proyectos, si no hay un trabajo adecuado con las comunidades, son bastante menores que antes. Es importante construir ese respaldo. Para eso se requiere un trabajo minucioso y detallado con las comunidades en las cuales están insertos. Lo que veremos en el futuro es una participación cada vez más creciente de las comunidades. El desarrollo de los proyectos obliga a los titulares a involucrarse más estrechamente con las comunidades.

A nivel del gobierno, ¿se están tomando decisiones?
Independientemente de lo que cada empresa pueda resolver, nosotros tenemos un camino trazado en la estrategia nacional de energía, y, por lo tanto, tampoco podemos estar pendientes de lo que va a pensar una u otra instancia respecto de los proyectos que podamos pretender. Tenemos una carta de navegación y la estamos cumpliendo, estamos ingresando proyectos que van a colaborar a que funcione mejor la transmisión. 

Las decisiones que estamos tomando hoy día repercutirán en los gobiernos que vienen. Hay parlamentarios que piensan que iniciativas como la carretera eléctrica son un traje a la medida para HidroAysén.

Como gobierno, no estamos elaborando proyectos de ley y reglamentos pensando en HidroAysén. Estamos trabajando, pensando en el desarrollo del sector eléctrico chileno.  Como gobierno debemos crear las condiciones que permitan incorporar el máximo de iniciativas privadas, de tal forma que puedan reemplazar los proyectos que no están en condiciones de ser concretados. Esto, considerando los retrasos asociados a la judicialización de los proyectos.

Además, en un proceso legislativo es importante que los parlamentarios entiendan, y tenemos que transmitir que las decisiones que estamos tomando redundarán en el respaldo que requerirán en materia de proyectos eléctricos los futuros gobiernos. Lo que no hagamos ahora repercutirá en el gobierno siguiente y el subsiguiente. Este es un tema país.

¿Qué viene hacia adelante? ¿Cuáles son los plazos y el modelo para la carretera eléctrica?
Hay dos problemas centrales en materia de transmisión. Un déficit de inversión en transmisión en la década del 2000, que lo estamos corrigiendo a través de licitaciones e inversiones que se están realizando. Asimismo, hay atrasos en la construcción de las líneas y eso afecta el precio de la energía. Eso se está corrigiendo con la ley de concesiones y servidumbres ingresada en mayo. Hay que poner la transmisión por delante de la generación, y eso nos obliga a tener que revisar algunas cosas.

Cuando se interviene en el sector como regulador, es una cirugía mayor y tiene consecuencias. Eso nos obliga también en la forma en que se debiera remunerar el sistema.  La carretera eléctrica requiere hacer todo un análisis de los impactos que tiene un cambio regulatorio, y eso ya lo estaríamos presentando en septiembre.

Estamos trabajando en el tema intensamente. Una parte de la carretera es la ley de concesiones y servidumbres. Lo otro es tener holguras, construir líneas para más largo plazo.  Queda pendiente la redacción y la forma en que se tarifica el sistema de transmisión. Cuando se construye con holgura hay que revisar cómo se tarifica.

Entonces serán los usuarios finales los que la paguen...
En cualquier escenario, el usuario final termina pagando los costos.

¿Todos estos cambios propuestos apuntan a una planificación desde el Estado en el desarrollo del sistema eléctrico?
No me gusta el concepto planificación central. Diría que la idea del Estado es entregar señales de más largo plazo en el tema de transmisión, para poder lograr una menor intervención del medioambiente, y en la  generación estamos buscando crear las condiciones para que exista una  mayor disponibilidad de terrenos.

 

Benítez: "Hay un cambio de paradigma"

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por  José Tomás Santa María, La Segunda.- Benítez: "Hay un cambio de paradigma social... los empresarios tienen que subirse al carro". "Por ahí leí una frase de Bernardo Larraín donde decía 'queremos hacer las cosas bien'. Yo me imagino que las cosas hay que hacerlas bien porque no veo de qué otra manera uno podría desarrollar proyectos".  

 

Para la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, los empresarios deben rápidamente "subirse al carro" del cambio de paradigma social que en los últimos años ha ocurrido en la sociedad chilena. Si no, los proyectos no tendrán viabilidad.

 

"Se trata de un cambio de paradigma social en que la ciudadanía exige muchas más, no sólo tener trabajo sino que tener calidad de vida. Eso pasa por entender que el desarrollo sustentable incluye tres variables: el cuidado del medio ambiente, la equidad social y el crecimiento económico", dice la ministra quien, si bien reconoce que hay empresas que han sabido enfrentar los nuevos tiempos, cree que aún falta mucho.

 

"Se están empezando a dar cuenta, pero falta. Falta entender que los proyectos técnicamente perfectos no sirven si no van acompañados de un involucramiento con la sociedad. Es un cambio de paradigma en el que los empresarios tienen que subirse al carro, es la única manera de que los proyectos tengan viabilidad. No se saca nada con tener un proyecto técnicamente perfecto si no se ha asumido que hay otras variables que forman parte del medio ambiente, que consideran a la persona y la calidad de vida", señala.

 

Un nuevo escenario que, dice, también debe asumir el proyecto eléctrico HidroAysén.

 

-¿Qué opina del comunicado de Colbún?, ¿lo considera una presión al gobierno?

-Es una decisión de la empresa y está en su derecho de tomarla. Es importante señalar que Chile sí tiene una política energética.

 

-El empresariado ha dicho que esto es un "campanazo de alerta", ¿comparte que sea tan grave?

-Como ministra del Medio Ambiente no me quiero pronunciar sobre un proyecto que el comité de ministros no ha visto. Chile sí tiene una política energética. Por ahí leí una frase de Bernardo Larraín donde decía 'queremos hacer las cosas bien'. Yo me imagino que las cosas hay que hacerlas bien porque no veo de qué otra manera uno podría desarrollar proyectos. Sí, las cosas hay que hacerlas bien.

 

-¿Pero consideró exagerada la reacción de Colbún?

-A lo mejor una lectura es que las exigencias medio ambientales que le puso la comisión de evaluación son tan altas que el proyecto no les interesa. Pero los proyectos se pueden desarrollar, siempre y cuando compensen y mitiguen su impacto, no hay otra opción.

 

169: "El espíritu del convenio es que la consulta sea de buena fe"

 

-Una de las críticas del empresariado, que también tiene que ver con esto, es la judicialización y paralización de proyectos a raíz del convenio 169 de la OIT.

-El nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) que incorpora la consulta indígena ya fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y por lo tanto ese tema está siendo abordado. Es un asunto complejo, nuevo, y se está tratando de abordar lo mejor posible. Se han aprobado muchos proyectos de todo tipo que se han podido desarrollar en el país, con las reglas que existen. Ahora estas reglas serán más exigentes, con un rayado de cancha más estricto, que permita que la ciudadanía sienta más confianza en lo que se está haciendo y los inversionistas sepan cuál es ese rayado.

 

-¿Pero no cree que se ha caído en una sobre judicialización de los proyectos, especialmente en la interpretación que ha hecho la Corte Suprema del Convenio 169?

-Los fallos de la Corte Suprema no se comentan. Lo que sí puedo decir en que el reglamento del nuevo sistema ya fue aprobado por el consejo de ministros y desde nuestra perspectiva ambiental lo estamos abordando en el reglamento.

 

-¿Y eso permitiría que los proyectos salgan más rápido?

-Nadie está blindado porque el recurso de protección es algo que existe en nuestra constitución y que siempre puede ser recurrido. Si la Corte lo acoge seguirá ese curso en un poder del Estado que es independiente del Ejecutivo.

 

-En cuanto a la consulta ciudadana, ¿qué cambios vienen con el nuevo reglamento aprobado por el consejo de ministros?

-El nuevo reglamento, por ejemplo, regula la participación ciudadana: cuando los proyectos sufren cambios de consideración hay que abrir una nueva etapa de participación ciudadana. En el caso de la consulta indígena, para dar cumplimiento del convenio 169 se establece que la consulta es permanente, es decir, cada vez que haya un cambio en el proyecto, no necesariamente de consideración, hay una consulta indígena que la hace el Estado.

 

-¿Se aclara quiénes pueden consultar y hasta qué momento?

-No hay un listado exhaustivo de quiénes son las comunidades a las cuales hay que consultar, pero el convenio también dice que hay que consultar el cómo quieren que se les consulte, de modo que no es posible establecer un procedimiento unitario. Lo que sí establece el reglamento es que debe consultarse durante todo el proceso, que la consulta sea de buena fe, que se logren acuerdos, pero ese rayado tan fino no es posible hacerlo en el reglamento del SEIA.

 

-¿Entonces si alguien va a la Corte Suprema aduciendo que no fue consultado puede paralizar el proyecto?

-El espíritu del convenio es que la consulta sea de buena fe y que se hayan hecho los esfuerzos para llegar a un acuerdo.

 

 

Agrosuper: "Nadie quiere vivir con malos olores"

-¿Cómo vio la actitud de Agrosuper en el conflicto en Freirina?

-La empresa se vio enfrentada a un problema en su planta de tratamiento, no lo comunicó en forma oportuna y trató de resolverlo pero no pudo con la rapidez que este problema requería. Cuando yo no lo informo en el momento, trato de resolverlo y no puedo, bueno, la gente se levanta y con razón, nadie quiere vivir con malos olores.

 

-Y en el gobierno, ¿hubo alguna falla en la fiscalización, considerando que los olores vienen desde el año pasado?

-Las primeras denuncias se recibieron a fines de noviembre y se efectuaron visitas inspectivas de la seremi de salud. En enero se hicieron dos visitas, se comenzó un sumario sanitario, se hizo otra visita en marzo y de nuevo hubo un proceso sancionatorio. La gente cree que la ministra de medioambiente tiene todas las potestades para llegar y cerrar plantas y esas facultades no están. Van a estar cuando esté operativa la superintendencia de medioambiente, esperamos, a contar de enero. Se ocupó todo lo que por ley está en mis facultades.

 

-¿Por qué la RCA de Agrosuper no incluyó el tema de los olores?

-Ese proyecto fue aprobado en 2005 por la comisión de evaluación de la época. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero efectivamente si uno lee el estudio de impacto ambiental dice que la planta no generará olores, y me imagino que ese era el espíritu, pero lamentablemente, los generó y es por eso que también se revisó el permiso.

 

Banco Central: "Las nuevas plantas son termoeléctricas, las más contaminantes"

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por Lina Castañeda, El Mercurio.- Vicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, frente al problema de generación energética: "Chile es el único país que conozco donde la prioridad medioambiental es el paisaje".

El costo interno de la energía es 50% más caro que el promedio de las economías de la OCDE. Mucha gente simpatiza con que no haya represas en la Patagonia, pero eso no es para nada gratis. Las nuevas plantas en operación son termoeléctricas, las más contaminantes, advierte.

 

En medio de las nuevas turbulencias derivadas de la crisis europea y los riesgos de un impacto en la economía chilena, el vicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, y ex ministro de Hacienda del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, deja aflorar su ADN político y entra de lleno en temas de coyuntura como el problema energético que enfrenta el país tras la decisión del grupo Matte de suspender el proyecto de HidroAysén.

 

-¿Cuál es su apreciación sobre el problema energético?

"En nuestro último IPoM tenemos un recuadro que muestra que Chile ha tenido un aumento extraordinario en los costos de la electricidad en los últimos diez años, desde niveles bajo el promedio mundial, a tener los costos más altos del mundo. Un 50% más cara que el promedio de los países de la OCDE".

 

"Mucha gente simpatiza con que no haya represas en la Patagonia, y eso no es gratis. No estoy tan seguro de que los medioambientalistas en Chile sean tan medioambientalistas, esa es mi posición personal. Chile es el único país que conozco donde la primera prioridad de la discusión medioambiental es el paisaje. Pero el tema medioambiental que causa preocupación en todos los países son las emisiones de carbono y a nadie parece importar que, dado que no se están haciendo plantas hidroeléctricas, las nuevas plantas que entran en operación son termoeléctricas, las más contaminantes de todas".

 

-¿No le parece simplista decir que a los medioambientalistas les preocupa sólo el paisaje?

"Creo que la discusión ha sido desinformada y que los principales contendores en la discusión son, por una parte, las empresas de energía que ganan o pierden plata dependiendo de la solución y, por otra, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que ganan plata por la opinión que expresan: si tuvieran otra opinión, no tendrían la plata que tienen".

 

-¿Cuál es el costo para el país de no tener resuelta la capacidad de generación energética?

"Tenemos el problema ya y no es alternativa desarrollar formas de generación eléctrica baratas en las magnitudes que el país requiere. Cuando se habla de energías alternativas, en general es un pronunciamiento que tiene el título y luego vienen páginas en blanco. No se puede tener energía nuclear ni hidroeléctrica. Tengo la impresión de que la ciudadanía recibe una discusión que está en la categoría de eslóganes que son muy vendedores, pero que tienen verdades a medias".

 

"El costo es tener menos posibilidades de resolver las demandas que están aflorando. Hay gente que marcha por reivindicaciones de la educación, de las regiones y además quiere que tengamos la energía más cara del mundo. Esa mezcla no es compatible porque las posibilidades de crecimiento del país son más bajas cuando la energía -insumo fundamental para la producción- es de las más caras del mundo".

"La autoridad nunca tiene la certeza de los eventos que pueda deparar el futuro. Y cuando ocurren los desastres, viene la pregunta: ¿Dónde estaba la autoridad que no lo dijo? Esto ocurre no solamente en la economía, a propósito de otras discusiones que andan dando vuelta".

 

-¿Alude a la reforma tributaria?

"Me estoy sumando a otros esfuerzos que hay para advertir que -sin ser el escenario más probable- la probabilidad de que pueda haber una salida desordenada en la Zona Euro a los problemas que tienen es lo suficientemente elevada como para cambiar el comportamiento e ir tomando seguros". "Cuando asumimos en 1990, la cantidad de acreedores que tenía la economía chilena era enorme. Lo que más provocó estupor fue la revelación de la magnitud de la pobreza, superior al 45% y que hoy llega a un 15%. En ese entonces se priorizó el tema de la pobreza, lo que ayudó mucho a poner cierto orden en el otorgamiento de beneficios. Las últimas manifestaciones de los pingüinos, universitarios y de algunas regiones son demandas de la clase media".

 

-¿Ve hoy una prioridad para la clase media?

"Mientras haya pobreza, ella tiene que seguir siendo prioridad, pero no tan dominante como fue hace 20 años. La clase media no es antisistémica, más bien le exige al sistema que resuelva sus aspiraciones, las cuales están en temas de seguridad en el sentido amplio, incluidas la salud, previsión, educación de calidad y mejores oportunidades para sus hijos que hoy demandan los padres".

 

-¿Es crítico de las propuestas tributarias del Gobierno?

"El problema es que tanto las demandas -por pase escolar gratuito y reclamos porque hay universidades caras- como la oferta, han sido desordenadas y la clase política no se ha puesto de acuerdo en una visión común más de mediano y largo plazo. Tengo la esperanza de que los think tanks están estudiando este problema y tratando de construir una forma ordenada de abordarlo. Eso significa sacrificios, porque si uno quiere que el sistema tenga más aceptación para beneficio de todos, uno tiene que estar dispuesto a establecer cuáles son las prioridades".

 

"Y esas prioridades, en el caso de la reforma tributaria, valoran el esfuerzo que hay que hacer en materia de educación en US$ 700 millones, hasta donde yo entiendo. Esa es una opción política, yo no me voy a meter en ese detalle, tengo opinión, pero no puedo decirla".

 

-¿Cuál es su preocupación?

"Cuando existen maneras de generar demandas un poquito desordenadas, pueden aflorar con facilidad ofertones demagógicos. Una de las cosas que recomienda con fuerza el estudio CEP-Cieplan, por razones medioambientales y de igualdad con lo que ocurre en otros países, es subir el impuesto a las gasolinas, también al diésel del transporte, no al industrial. Me parece inadecuado postular reducciones en ese impuesto cuando el país está enfrentando nuevos desafíos, muchos de ellos muy caros. Es restar recursos a esos otros fines, para entregarlos a los automovilistas. Esta es una opinión política y estoy dispuesto a decirla, porque no hay ningún técnico serio en el país que yo conozca y tenga cierto prestigio que esté recomendando bajar el impuesto a las gasolinas".

 

Europa: "Difícilmente Chile va a tener un problema de liquidez"

 

Estos son los momentos en que el ciclo está bien en la economía chilena, sostiene Marfán: "Estamos lo más parecido a una situación de equilibrio en términos de las tasas de interés, de la tasa de desempleo y un crecimiento alineado con el PIB potencial. Y son momentos de tomar seguros cuando hay viento norte".

 

-¿Seguros en términos de austeridad fiscal y privada?

"Creo que el sector público lo hace bien en la medida que vaya cumpliendo la regla fiscal con que se comprometió, no es para allá el mensaje. Más bien tengo la impresión de que si este viento norte eventualmente llega a tener efectos en la economía chilena, es mejor no haberse embarcado en deudas, en proyectos de los cuales arrepentirse después".

 

-¿Tiene el Banco Central un plan anticrisis guardado en un estante como Hacienda?

"El comportamiento que tuvimos con la crisis de Lehman Brothers y lo que vino después ha sido valorado muy bien por los observadores. En un fin de semana se montaron soluciones de emergencia para resolver problemas de liquidez porque eso es lo que más afecta en el corto plazo, y para eso tenemos instrumentos y usos de tecnología, como el sistema de liquidez bruta en tiempo real (LBTR) para transacciones de gran magnitud y que permite resolver problemas de liquidez que pudieran generarse tanto en moneda nacional como extranjera. En aquel entonces estábamos con un programa de compras (dólares) e inmediatamente pasamos a un programa de ventas". "Hoy, ante una crisis mayor, difícilmente Chile va a tener un problema de liquidez en el corto plazo".

 

-El ex ministro Juan Andrés Fontaine dice que el Central precipitó la recesión al actuar con rezago en 2008...

"Uno nunca sabe lo que va a ocurrir, y por lo tanto los comentarios válidos son los que se hacen en el momento mismo que se están tomando las decisiones, porque después ya se sabe lo que ocurrió. Fue muy buena idea del país haber tenido una política fiscal más que prudente durante 2008. Respecto al Banco Central, ese año llegamos a tener tasas de inflación de casi 10%, con una economía que daba muestras de sobrecalentamiento. La política de tasas que seguimos fue la correcta y exactamente lo mismo estoy diciendo ahora. Apenas se desencadenaron las consecuencias y efectos de la crisis, especialmente en Estados Unidos, la tasa de interés cayó bruscamente después".

 

-¿Podría retrasarse hoy una acción de política monetaria ante un agravamiento de la crisis por el hecho de que la economía y la demanda interna crecen sobre lo esperado?

"Las tasas de interés hoy día han tendido a mantenerse a pesar de que se pensaba que tenían que aumentar. Es un poquito bipolar el análisis, porque el escenario interno sólo aconsejaría aumentar y el escenario externo sólo reducir. Y no se pueden hacer las dos cosas".

 

"Tengo la impresión de que, en la medida que haya evidencia de que la debilidad que está mostrando la actividad en el resto del mundo empiece a afectarnos, entonces allí y no antes debería empezar a haber una respuesta más agresiva de la política monetaria. El escenario más probable es que eso no ocurra y que no existan estas cosas catastróficas; entonces no es conveniente adelantarse. Allí, obviamente las tasas se mantendrían relativamente altas".

 

El FMI debiera mediar en la crisis europea

 

-¿Cuál es su diagnóstico del escenario internacional?

"Sigo pensando que el escenario más probable es uno de bajo crecimiento durante un período largo en Estados Unidos, con altibajos, pero en promedio bajo, y lo mismo para Europa. China está en un punto de inflexión en su proceso de desarrollo y va a ser difícil que siga creciendo a las tasas que hemos visto hasta ahora". "Lo más complejo es que la probabilidad de que haya una salida desordenada al problema de Europa ha aumentado lo suficiente como para generar preocupación en los mercados, y acá también".

 

-¿Qué probabilidad asigna a un escenario catastrófico?

"Más bien lo pondría en términos de que es lo suficientemente alta como para sacar seguro. Una salida desordenada sería un efecto dominó de los contagios". "Las metas de ajuste fiscal en Europa han sido muchísimo más ambiciosas que las sugeridas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

 

"El tema es que están intentando resolver sus problemas internos a través de organismos europeos en los cuales están simultáneamente representados acreedores y deudores. Pero el peso de los países acreedores o excedentarios (Alemania, Holanda, entre otros) es muy fuerte, y el grado de ajuste que son capaces de soportar los países deudores tiene restricciones económicas, sociales y políticas".

 

-¿Qué papel le ve al FMI?

"Hoy juega un rol muy menor y sería una gran solución que ingresara como mediador entre acreedores y deudores, como lo hizo con Chile en los 80. El Fondo venía acá y nos hablaba muy duro, que había que ajustarse, pero iba donde los acreedores también y les hablaba en el mismo tono en relación a con cuánto se iban a poner ellos".

 

"En materia de ajuste fiscal, los organismos europeos son amateurs y han puesto metas al borde de lo no sostenible. Desde lejos yo hago el punto nomás; hay como un cierto oprobio de los países más desarrollados de recurrir al FMI, y tengo la impresión de que eso es un error".

 

¿Está Chile preparado?

 

En las últimas semanas, Grecia y otros países europeos volvieron a ser noticia. La banca española está en el tapete y la tasa de financiamiento de España retornó a cifras que, de mantenerse, hacen inviable su programa económico. Existe la percepción de que si el electorado griego respalda posiciones rupturistas, su salida del euro es una posibilidad real.

 

La Europa de la Zona Euro no ha podido dar solución al exceso de deuda de algunos miembros. Tampoco ha logrado hacerlo con las necesidades de capitalización de sus bancos. Vive una larga agonía que intercala períodos de calma con otros de inquietud, como el actual, en que se percibe posible una evolución caótica de esos problemas.

 

Aun cuando Grecia saliera del euro en cierto orden, el impacto negativo sería relevante. Alemania, el país menos afectado, sufriría un 1% del PIB. Pero si la salida fuera desordenada y una reacción en cadena del sistema financiero produjera una ruptura de la unión monetaria, esa cifra podría subir hasta el 10% para el país germano. ¡Basta recordar que los bancos franceses tienen en sus carteras cerca del 20% del PIB francés en créditos a países afectados!

 

Afortunadamente tal escenario es evitable, pero requiere acciones decididas y simultáneas en distintos frentes. El Banco Central Europeo debiera proveer mayor financiamiento y el euro depreciarse. Se debe encontrar un balance entre los esfuerzos de ajuste de cada país y el apoyo del resto. Es necesario un programa regional para asegurar, además de la liquidez, la solvencia del sistema financiero y evitar que siga reduciendo el crédito a sus usuarios.

 

Hoy, ante los eventos políticos recientes, parece difícil un plan coherente. Es posible que finalmente surjan decisiones que superen esta agonía, pero también podría suceder que predomine el caos. Aún cuando EE.UU y China están en mejor posición, una Europa herida afectará al mundo. Es bueno que nuestras autoridades hayan manifestado inquietud y estén preparándose para reaccionar si sucediera una crisis.

 

Hay una dimensión en que Chile es competente. Si hay que enfrentar un escenario ordenado o una crisis financiera aguda pero temporal similar al 2008, contamos con las instituciones y los medios para resistir razonablemente. La experiencia de fines de los 90 y del 2008/09 indican que es clave asegurar que los efectos negativos externos y las expectativas no se retroalimenten vía un sistema financiero que se paralice o frene su actividad.

 

Nuestros bancos, sólidos y estables, son un gran punto a favor y una acción decidida de la autoridad monetaria debiera impedir que actúen con exceso de prudencia. Una política fiscal activa tendría un rol secundario y sería necesaria si no se realizara bien la primera tarea. Además de bancos sólidos el país tiene reservas y credibilidad fiscal, lo que es una gran ayuda.

 

Sin embargo hay otra dimensión en que no estamos bien parados. Los líderes políticos tienen poca conciencia que una parte importante de nuestro bienestar reciente lo debemos a las buenas condiciones externas. El gobierno de Bachelet se benefició de un precio del cobre que de poco más de un dólar la libra ( 1U$/lb) se elevó a 3 U$/lb. El gobierno actual se favoreció incluso más, con 3,7 U$/lb.

 

Bastaría que volviera a cerca de 3 U$/lb y nuestro déficit en cuenta corriente pasaría al 5% del PIB. Una disminución adicional nos dejaría en terreno aún más peligroso. Y cualquier evolución desordenada de los problemas europeos nos colocaría en escenarios similares o peores a estos dos antes supuestos.

 

El ánimo en el país es tal que damos por sentado que merecemos progresar y sin esfuerzo. Que podemos exigir derechos sin obligaciones, como recibir créditos y no pagarlos, estacionar autos en sitios privados sin pagar, disponer de energía sin que se hagan las centrales necesarias, castigar en exceso a empresas que usan tecnología de punta y tienen problemas, subir impuestos o poner trabas al emprendimiento sin que implique menos crecimiento.

 

Esta forma de pensar es la opuesta a la que requerimos y ello se hará evidente si las condiciones externas se deterioran. Desde esa perspectiva estamos mal encaminados y haríamos bien en reflexionar para cambiar nuestra actitud como sociedad.

 

Aun cuando los escenarios más negativos no se produzcan, nuestros pobres necesitan que sigamos creciendo y no podemos contar siempre con que el factor externo sea cada vez más favorable. Los líderes políticos tienen poca conciencia de que una parte importante de nuestro bienestar reciente lo debemos a las buenas condiciones externas. El gobierno de Bachelet se benefició de un precio del cobre que de poco más de 1 dólar la libra (1 U$/lb) se elevó a 3 U$/lb. El gobierno actual se favoreció incluso más, con 3,7 U$/lb. Bastaría que volviera a cerca de 3 U$/lb y nuestro déficit en cuenta corriente pasaría al 5% del PIB.

 

Empieza la campaña del terror sobre proyectos energéticos

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, Diario Financiero.- Tras recomendación de la eléctrica de frenar indefinidamente Hidroaysén. Surgen temores de que otros inversionistas sigan pasos de Colbún y congelen proyectos. Ante la ola de problemas que enfrenta el sector eléctrico y las pocas señales claras desde el gobierno para resolverlos.

 

Un golpe a la cátedra. Nadie quedó indiferente con la recomendación que hizo Colbún de frenar indefinidamente los estudios para la línea de transmisión del proyecto HidroAysén.

En la industria aseguran que la queja de la eléctrica de los Matte "es entendible y compartida". Pero hay otra arista que más preocupa: casi todos concuerdan que la decisión de Colbún podría sentar un precedente y que muchos más podrían seguirlo. "Todos están preocupados por la situación que se vive, la falta de definiciones, por lo que es bastante probable que otros hagan lo mismo", dice un alto ejecutivo de la industria eléctrica.

Es que la preocupación sobre falta de definiciones en el tema eléctrico es algo compartido. Además, muchas de ellas están sufriendo retrasos por causa de temas judiciales, incluso con resoluciones ambientales aprobadas.

De paso, aseguran que por lo mismo la decisión de los Matte no es que ejerzan presión sobre el gobierno, sino que es un llamado de atención de un tema que está presente, pero que el gobierno no ha sabido enfrentar.

Una posición incómoda


Ejecutivos de una generadora, señalan que el presidente Piñera quedó en una encrucijada: aceptar el desafío de los Matte o ceder ante las presiones de los grupos opositores. En ambos casos, habrá un alto costo para el Ejecutivo.

Si decide aceptar el llamado de Colbún, corre el riesgo de repetir las multitudinarias protestas que tuvo el año pasado. Si, por el contrario, elige no hacer nada -como lo mayoría piensa que hará-, la señal que enviará a los inversionistas será nefasta, y se unirá a otros episodios en esta línea, como el telefonazo que dio el mismo Piñera para frenar Barrancones, de la francesa GDF Suez.

Pero esta posición de indiferencia del gobierno es esperada y su apuesta es por la discusión que deberá darse en 2013, un año de elecciones y, especialmente, porque será el próximo gobierno quien deberá tomar decisiones de fondo.

La señal de los Matte


Un día después del golpe, Colbún salió a repetir su mensaje: "¿Qué esperamos? Que se debata y se alcance un consenso para la política energética en el país. Nada más ni nada menos", dijo el presidente del directorio, Bernardo Larraín Matte.

El ejecutivo agregó que "el proyecto empezó el 2006. Estamos en el 2012 y el país cambió, y la ciudadanía demanda más participación en materia energética y ambiental. El país debe tomar decisiones sobre qué tipo de energía queremos para los próximos 50 años: más o menos carbón, más o menos hidroelectricidad, petróleo, cuánto más de energía renovable".

Además, añade que la idea es que "busquemos los consensos necesarios donde corresponde. Lejos de presionar, nuestra decisión es abrir una puerta grande".

El análisis de Endesa 


En tanto, ayer a las 10 de mañana en Santa Rosa casi esquina Alameda, se reunía el directorio de Endesa, que tiene un 51% del proyecto para analizar el tema. Al salir de la reunión, la firma controlada por la italiana Enel indicó que pidió a sus directores en HidroAysén que soliciten una reunión de directorio extraordinaria -a celebrarse en los próximos días-, donde pudieran pronunciarse "respecto de los estudios destinados a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de transmisión", reza el hecho esencial enviado al regulador.

Y aunque el comunicado no da indicios de qué está pensando realmente Endesa, existirían dos visiones al interior de la mayor generadora del país. Primero aseguran que para la firma no fue una sorpresa el anuncio de Colbún, dado que venían comentando desde hace tiempo el complejo escenario. Eso sí sólo el miércoles se enteraron que ese día harían patente su molestia -y de paso la forma cómo lo harían-. Y aunque aseguran que la multinacional está de acuerdo en el punto, se habría decidido que alzara la voz un grupo local, en especial los Matte, para darle mayor fuerza al reclamo.

En tanto, otros personeros de la administración cuentan que el directorio se reunió para ver cómo leían la decisión de Colbún. Una de ellas es que los Matte tratan de hacer un llamado de atención al gobierno de la responsabilidad que le compete en el tema energético.

Sin embargo, otro punto que se analizó es que Colbún estaría dispuesto a vender su participación, dado el complejo momento que están viviendo y la alta inversión que demandará el proyecto. Sólo hasta ahora, en estudios, se han invertido más de US$ 200 millones.Endesa tendría dos escenarios, ante su compromiso de realizar el proyecto. Uno de estos es comprar la participación que tiene Colbún, o, aprobar el socio que podría entrar.

El otro involucrado


En medio de Endesa, Colbún y el gobierno, aparece otro afectado: Río Cuervo, controlado por la australiana Origin y Xtrata Cooper. La generadora, que levantará las centrales hidroeléctricas Cuervo, Blanco y Cóndor por 1.069 MW, llegó a un memorándum de entendimiento con HidroAysén a fines del año pasado para compartir la faja de terreno en que ambas firmas emplazarían sus propias líneas de transmisión.

Fuentes de la firma aseguran que "continuamos evaluando permanentemente nuestro sistema de transmisión, con el fin de lograr la solución más sustentable en esta materia y por supuesto estamos atentos a la definiciones que vaya tomando la autoridad en cuanto a la carretera eléctrica y las medidas tendientes a proteger la Patagonia", aunque evitan referirse a cómo les afectará la decisión de frenar HidroAysén si es que el directorio termina aceptándolo.

 

HidroAysén no desea decisiones en períodos electorales: Es ahora

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, Diario Financiero.- Es altamente probable que el actual gobierno no tome medidas sobre esta materia. Hidroaysén se transformaría en tema central de próxima agenda electoral. El Ejecutivo evalúa el tema, dado que el empresariado pide avanzar en los proyectos, pero el costo de tomar medidas impopulares podría ser nefasto en los próximos comicios.

 

Tres horas antes de que el hecho esencial de Colbún fuera enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, el ministro Cristián Larroulet se enteró de la decisión de la empresa del grupo Matte. Con ello activó de inmediato un cambio en la agenda de Palacio que incluyó traer de regreso a Santiago al ministro de Energía, Jorge Bunster, quien andaba de gira en el norte del país. El texto era claro y además de recomendar a HidroAysén suspender la entrega del Estudio de Impacto Ambiental, también pedía al Ejecutivo y al Legislativo entregar las condiciones básicas para que el proyecto pudiera salir a flote en un marco normativo claro.

Es más, los ministros asumieron que era la primera señal concreta del desánimo del empresariado y saben que los argumentos esgrimidos por Colbún constituyen un diagnóstico generalizado en la industria, dada la supuesta indefinición del gobierno la que califican de preocupante, puesto que son varios los proyectos de energía que se han paralizado en los últimos meses por los altos costos y por las decisiones judiciales.

Por ello, el tema fue central en la reunión del consejo de la Sofofa que se desarrolló el miércoles en la tarde, dado que la instancia acordó dar una señal y mandatar al presidente del gremio, Andrés Concha, como emisario ante el gobierno para dar cuenta de la molestia que genera esta situación entre los inversionistas.

Por ello, en el ámbito empresarial no extrañó que ayer Concha visitara La Moneda -con motivo de una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín- y aunque el tono de sus declaraciones fue conciliador, dejó en claro que el empresariado está esperando que el Ejecutivo envíe el proyecto de "carretera eléctrica" en los próximos días. "Ese proyecto no se ha enviado al Congreso, el gobierno ha dicho que lo está preparando y lo debiera enviar en los próximos días", afirmó Concha.

Es más, en círculos empresariales se han planteado voces partidarias de promover un pacto social-empresarial y endurecer el discurso respecto a que estas decisiones sólo afectan la imagen país y alejan a potenciales inversionistas.

En ese sentido, desde rubros como la minería también están preocupados por el estado "poco claro" que vive el sector eléctrico. Personeros ligados al consejo minero afirmaron que han planteado al gobierno su inquietud por el alto costo que puede alcanzar las tarifas eléctricas de no seguir desarrollándose proyectos que permitan bajar sus costos.

Agregan que el costo de la energía en el país es tres veces más alto que en Perú y que esto "no resiste por más tiempo".

Año eleccionario


Eso sí, los mismos empresarios reconocen que es poco probable que se pueda avanzar en esta materia en estos dos años que restan de gobierno, ya que es "impopular" que en procesos eleccionarios (municipales y presidenciales) se opte por legislar sobre proyectos hidroeléctricos o de carbón. En respuesta, el gobierno salió a opinar ayer por dos vías. Mientras el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, defendió que el país sí tiene una política energética a largo plazo, el ministro de Segpres, Cristián Larroulet, afirmó que el proyecto de carretera eléctrica debería estar en el Congreso en la primera mitad del segundo semestre de este año.

 

Las "recomendaciones" de El Mercurio sobre HidroAysén

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, Editorial El Mercurio.-  Paralización de HidroAysén. En un hecho esencial comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros, la empresa Colbún comunicó su intención de suspender indefinidamente el ingreso al sistema de evaluación ambiental del esquema propuesto de transmisión eléctrica del proyecto HidroAysén: no lo hará mientras no exista una política nacional energética que cuente con consenso amplio.

 

Esto ha sorprendido al Gobierno, pero era difícil no preverlo ante la creciente judicialización de los fallos, la falta de apoyo resuelto de la autoridad a proyectos específicos (a diferencia de mensajes de apoyo general a esa industria) y el rechazo de grupos importantes y muy activos a este emprendimiento. En tales condiciones, seguir invirtiendo en él, dada su magnitud, era muy riesgoso.

 

Un factor grave es que la aprobación ambiental de un proyecto tampoco garantiza que él se pueda realizar: en algunos casos esto se debe a errores procedimentales -caso del Parque Eólico Chiloé, que no consultó a comunidades indígenas aledañas, como debía hacerlo-. Pero en otros recientes, como las centrales Castilla y Cuervo, las intervenciones judiciales detienen la aprobación medioambiental pese a que el proceso no tuvo fallas. Además, la presión política puede cambiar las decisiones oficiales en proyectos que incluso habían superado la etapa de reparos judiciales -caso de la central Barrancones-. Siendo así, es natural que antes de embarcarse en proyectos de alto riesgo como este, en que un estudio ambiental consume recursos cuantiosos, las empresas deseen seguridad sobre el respeto al resultado de los procesos.

 

¿Hay aquí responsabilidad del Gobierno? Sí, pero no sólo por la ausencia de apoyo a iniciativas específicas (a diferencia del entonces Presidente Frei con Ralco), o la falta de avances de la carretera eléctrica, que ayudaría a resolver las dificultades de los proyectos de generación para acceder a los sistemas interconectados. Su falla ha estado en la incapacidad de hacer comprender a la población los riesgos que pesan sobre todos al entrabar la inversión en nuevos proyectos eléctricos. Nuestras empresas no podrán competir en el futuro, por sus mayores costos. Esto aumentará el desempleo y afectará el crecimiento futuro. Incluso las mineras, que a los altos precios actuales pueden soportar el elevado costo del suministro eléctrico, tendrían serios problemas si el precio de sus productos cae debido a un menor crecimiento chino.

 

Obviamente, el Gobierno no puede sacrificar el medio ambiente por la necesidad de mayor energía, pero sí es su deber hacer entendible para todos los chilenos que los procesos medioambientales actuales, si se realizan rigurosamente (como en los casos citados), equilibran adecuadamente ambos objetivos, y que el limitado costo ambiental se compensa con los beneficios sociales. Es inevitable concluir que no ha mostrado vigor suficiente en materia energética, y que los múltiples cambios ministeriales le han restado continuidad a sus políticas. Esto podría explicar el escaso avance de las iniciativas que facilitan las inversiones sectoriales, como la carretera eléctrica y otras propuestas de la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico.

 

También hay grave responsabilidad de partidos políticos y parlamentarios que suelen adherir con celeridad a quienes se oponen a estas iniciativas, porque creen popular hacerlo, sin considerar las consecuencias para el país. Y nuestra judicatura, pese a sus declaraciones sobre su objetividad y apego a la letra de la norma, sería sensible a la presión de grupos manifestantes, y esto parece estar incidiendo en sus fallos. Por eso, es indispensable y urgente modificar la percepción pública de las inversiones en el sector eléctrico, de modo que la justicia tenga una posición menos inhibida respecto de los procesos de aprobación medioambiental. Por lo demás, los desincentivos a la generación hidroeléctrica son, paradójicamente, canales directos a la termoelectricidad, más contaminante y perjudicial para el medio ambiente.

 

Revertir estos errores de política pública podría tomar años, durante los cuales nuestras empresas serán menos competitivas y se retrasará nuestro desarrollo en todas sus dimensiones.

 

Lo que implica la suspensión del proyecto HidroAysén

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, editorial de La Tercera.-  No sólo abre una interrogante sobre el suministro energético, sino que obliga a las autoridades a enfrentar decisiones que han postergado por demasiado tiempo.

 

El anuncio  efectuado por la empresa Colbún, respecto a su decisión de suspender la tramitación de la línea de transmisión de HydroAysén, pone de manifiesto las dificultades insuperables que están enfrentando las empresas para desarrollar proyectos que cumplen con la normativa vigente. Ello enfrenta al país no sólo a una peligrosa situación de riesgo en materia de capacidad eléctrica, sino también a una insuficiencia general de diversas autoridades para impulsar medidas con sentido de largo plazo.

 

La decisión de Colbún debe ser destacada, porque ha optado por declarar, de manera pública y transparente, que en las condiciones actuales no es posible llevar adelante un proyecto de la importancia y envergadura de HydroAysén, asumiendo los costos que tiene una decisión de este tipo y, al mismo tiempo, enfrentando a las autoridades del gobierno, el Congreso y los tribunales a las consecuencias que tiene que no se tomen las decisiones requeridas. Ciertamente era más fácil dejar que el tiempo transcurriera y mantener la esperanza de que la matriz eléctrica recibiría el aporte de este proyecto. El problema de fondo es que el país no tendrá suficiente generación eléctrica para su crecimiento. Frente a ese problema, una respuesta atractiva, pero equivocada,  es señalar que la solución está en las políticas de ahorro de consumo o en las energías no convencionales. Los expertos indican que, por magnitud y costo, ambas serían solamente un aporte marginal e insuficiente. 

 

Lo que queda es la energía nuclear, la termoeléctrica y la hidroeléctrica. La primera, posiblemente parte esencial de la matriz energética en algún momento futuro, es la más difícil de impulsar luego de lo ocurrido en Japón, y el gobierno ni siquiera la mencionó en su estrategia nacional. Las centrales termoeléctricas  -que hoy disponen de tecnologías menos dañinas en la emisión de CO2, aspecto en el que la contribución de Chile es minúscula frente a la de un mundo que aún no define medidas concretas para atacar el calentamiento global- son más contaminantes que el agua y caras, y los proyectos en trámite también están siendo afectados por obstáculos paralelos a los que ha sufrido HydroAysén. Esta central representaba la solución por un lapso razonable a los requerimientos del país, pero ahora es un proyecto cada vez más lejos de concretarse. 

 

El gobierno ha cometido errores profundos en esta área, primero debilitando la institucionalidad en el episodio de la central Barrancones, alentando la presión contraria a los proyectos, y ahora transmitiendo la impresión errada de que la solución está en fórmulas como la "carretera pública" de transmisión. Pudiendo ser buena idea, ésta no ha sido concretada y no se ve cómo podría evitar las mismas presiones que han desalentado a Colbún.

 

Las autoridades a cargo de los poderes del Estado parecen no tener la voluntad suficiente para tomar decisiones en aras de los intereses generales del país y con visión de largo plazo cuando ello supone  impopularidad o el reclamo de grupos de presión  que aparecen cada vez más dispuestos a bloquear cualquier decisión que no responda a sus intereses. La empresa que ha informado esta decisión ha optado en esta oportunidad, en vez de ejercer ese mismo tipo de presiones, por seguir un curso que pone a las autoridades en la disyuntiva de fondo, para que resuelvan en el corto plazo por el bien de Chile.

 

Empresarios unidos, ¿jamás serán vencidos?

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, por Jorge Quiróz, Diario Financiero.- ¿Patagonia sin Represas? ¿Y Chile sin energía? La reciente decisión de Colbún fue bienvenida por quienes desean mantener a la Patagonia libre de intervenciones propias del desarrollo. Los hacendados de la región deben estar celebrando: no tendrán tendidos eléctricos cruzando sus propiedades. ¿Qué pasa con el resto de Chile?


Es mala noticia para el desarrollo del país y también para el medio ambiente. En lo que respecta a lo primero, Chile compite con costos de energía más altos que otros países. Renunciar al desarrollo de la gran hidrología del sur supone profundizar esta desventaja.

En lo concerniente al medio ambiente, la oferta de energía que ofrecía Hidroaysén, deberá ser reemplazada por otras fuentes, léase, centrales a carbón y, con algo de suerte, centrales a gas natural. Pero las posibilidades del gas natural son aún sólo una expectativa. Lo que se tiene a mano es el carbón. Por ende, los 2.750 MW del sur tendrán que reemplazarse con lo que hoy se dispone: unas 5 centrales "tipo Guacolda". Patagonia quedará sin represas pero el resto de Chile verá incrementada la polución.

Se ha señalado que Hidroaysén podría reemplazarse por completo por energías renovables no convencionales (ERNC). Siendo un gran adepto de éstas, debo señalar, sin embargo, que la pretensión de reemplazar Hidroaysén por las ERNC es una ilusión. Las ERNC no tienen la capacidad de proveer la estabilidad de oferta que requiere la demanda.

La decisión de Colbún revela que la institucionalidad que gobierna al sistema energético de Chile está agotada y se precisan definiciones claras y contundentes de naturaleza estratégica. También se precisa de un cambio de señales: son ya demasiadas las instancias donde la agenda pública aparece gobernada por quienes objetan, regulan y plagan de obstáculos las iniciativas privadas de inversión. Por ese camino, y parafraseando a Ayn Rand, un día de estos, Atlas – Titán – escogerá encogerse de hombros. Por ahora, ya se encogió Colbún. ¿Quién sigue en la lista?


 

 

LOCALES

 

Organizaciones ciudadanas de Chile solidarizan con movilizaciones de Perú

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, Comunicaciones OLCA.- En embajada de Perú en Chile: Organizaciones solidarizan con las movilizaciones por la vida y el territorio en Perú. En el marco de la jornada de movilizaciones que comenzó hoy en los distritos forzosamente mineros de Perú, diversas organizaciones chilenas acudieron a la embajada del vecino país a presentar su rechazo a la represión a las comunidades campesinas de Espinar y a apoyar el legítimo grito de CONGA NO VA.

 

El director ejecutivo de OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales) entregó esta mañana al consejero de la embajada de Perú señor Raúl Hidalgo, una carta suscrita por 13 organizaciones que luchan contra la megaminería química en el país, solicitando que se deje de criminalizar la protesta social en Perú y se escuche el clamor de las comunidades que exigen sean protegidos los bienes comunes y no solo los intereses de las empresas transnacionales en nuestros territorios.

 

La carta hace especial alusión a los 4 campesinos recientemente asesinados por el Estado peruano en la provincia de Cuzco, y a los miles de hermanos hoy movilizados bajo la consigna de CONGA NO VA, por todo el territorio nacional, en defensa de las aguas dulces de la provincia de Cajamarca.

 

La acción pretende solidarizar con la justa demanda de las comunidades indígenas y campesinas de Perú, que son las mismas que enarbolan nuestras comunidades en Chile: protección a los bienes comunes, defensa de las aguas y de la Madre Tierra, fin a la criminalización y la persecución de quienes luchan por la vida, y paralización de la megaminería química. En tanto nuestros países no hagan planes de desarrollo acorde a las necesidades de quienes los habitan.

 

"Vemos con admiración y orgullo las movilizaciones que este día 31 de mayo comienzan articuladamente en diversas regiones de Perú, y esperamos que a la brevedad se restituyan los derechos vulnerados a las comunidades afectadas, entendiendo que los triunfos de CONACAMI y las diversas organizaciones comprometidas en estas jornadas de paro nacional, son también nuestros, así como su lucha es también nuestra lucha.", señala la misiva.

 

Hasta 15 junio plazo para chequeos auditivos gratis

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, La Nación.-  Extienden plazo para realizarse chequeos auditivos gratuitos. Quienes deseen someterse al examen hasta el próximo 15 de junio pueden solicitar una hora de atención a través de la línea 600 600 4237 o llamando directamente a las sucursales del Centro Auditivo Gaes, ubicadas entre Iquique y Puerto Montt.

 

Hasta el viernes 15 de junio se extendió la quinta campaña nacional "No te olvides de tus oídos", que con la realización de chequeos auditivos gratuitos, busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar la audición e identificar a tiempo las pérdidas de este sentido.

 

Hasta esa fecha, los mayores de 18 años tendrán la posibilidad de saber en qué estado se encuentran sus oídos.

 

Quienes deseen someterse a l examen pueden solicitar una hora de atención a través de la línea 600 600 4237 o llamando directamente a las sucursales del Centro Auditivo Gaes, ubicadas entre Iquique y Puerto Montt.

 

No poder seguir una conversación con normalidad, poner el volumen del televisor más alto de lo habitual o tener dificultades para escuchar lo que otra persona nos dice por teléfono, son algunas de las señales más claras de que algo está fallando en la audición.

 

Aunque estos síntomas se suelen relacionar con la vejez, actualmente es cada vez mayor el número de jóvenes que se le presenta esta situación.

 

Y es que la exposición a elevados ruidos en forma constante es una de las principales causas de las enfermedades auditivas que, según la última Encuesta Nacional de Salud, afectan a un tercio de los chilenos.

 

Hasta ahora, 500 mil personas han participado en esta iniciativa, que comenzó el pasado 8 de mayo, sumándose así a las más de 4 mil que en los años anteriores se han sometido a esta evaluación general de su nivel de audición.

 

NACIONALES

 

Plebiscito de salud: Casi un 99% pide fortalecer el sistema público

 

Santiago, lunes 4 de junio de 2012, La Nación.- En la muestra, cuyos resultados fueron dados este sábado, votaron 115.742 personas, de las cuales 84.884 lo hicieron presencialmente, y 30.858 vía internet, entre el 30 de abril y el 6 de mayo pasado, en distintas partes del país.

 

Un 98,6 % apoya que el sistema público de salud se fortalezca y un 0,8 % se muestra contrario a esto, según los resultados del Plebiscito Nacional por la Salud, cuyas cifras fueron entregadas este sábado por la Mesa Social de Salud, junto a Voto Ciudadano.

 

En la muestra votaron 115.742 personas, de las cuales 84.884 lo hicieron presencialmente, y 30.858 vía internet, entre el 30 de abril y el 6 de mayo pasado, en distintas partes del país.

 

Ante la pregunta de si la salud debería ser un derecho garantizado por la Constitución, un 98,6 % opinó que sí, mientras que un 0,97 % dijo que no, resultado que es similar en cuanto a si es necesario fortalecer el sistema sanitario público.

 

Financiamiento de la salud

 

En relación a la fuente de financiamiento de la salud pública, un 88 % opinó que ésta debe estar a cargo del Estado, a través de impuestos generales, un 0,7 % consideró que cada persona la debe financiar de forma particular; un 5,6 % dijo que debe financiarse a través de Fonasa o isapres; y un 2,2 % dijo no saber.

 

Respecto del lucro, un 93 % opinó que las instituciones de salud deben ser sin fines de lucro y un 6,4 % sostuvo lo contrario. En cuanto a la participación de usuarios y trabajadores de la salud en la toma de decisiones relacionadas con esta área, un 96,5 % consideró que éstos deben participar, y un 3,1 % respondió que no.

 

Opiniones

 

El vicepresidente de la Federación de Profesionales Universitarios de la Salud (Fenpruss), Mario Villanueva, expresó que "estas cifras de participación confirman, a nuestro juicio, que la salud es un tema que nos incumbe y preocupa a todos, y que los ciudadanos queremos dar nuestra opinión y ser escuchados respecto de los temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida".

 

El Plebiscito Nacional por la Salud fue patrocinado por 35 organizaciones sociales, entre las que se contaban organizaciones de trabajadores, de profesionales, de usuarios y estudiantes, además de movimientos sociales, organizaciones de consumidores, y sindicatos de farmacias, entre otros.

 

Los dirigentes de la Mesa anunciaron que realizarán entregas de los resultados en las distintas regiones de Chile, así como en reuniones con las máximas autoridades de gobierno y legisladores.

 

Este plebiscito es la cuarta consulta ciudadana pública desarrollada por Voto Ciudadano, plataforma que trabaja con NIC Research Labs, de la Universidad de Chile para garantizar la transparencia y seriedad del proceso on line.

 

No se trata de cerrar Agrosuper sino que cumpla la normativa sanitaria

 

Freirina, lunes 4 de junio de 2012, El Ciudadano.- No es necesario cerrar planta de Agrosúper, plantean alcaldes de la zona. Los alcaldes de Vallenar y de Freirina se pronunciaron en relación con el cierre de la planta de Agrosúper que ha azotado con los malos olores a la comunidad de la zona. Dicen que no es necesario cerrar la planta, dado que son muchas las personas que quedarían sin trabajo.

 

Roberto Bruzzone, alcalde de Freirina, planteó que la empresa da empleo a una parte importante de la población, por lo que no conviene que la planta se retire.

 

El pronunciamiento del edil llegó luego que la empresa Agrosúper solicitara que se revoque la decisión del cierre de la planta faenadora de chanchos en la comuna de Freirina, puesto que consideran que fueron "decisiones aceleradas".

 

Bruzzone agregó que Agrosúper es una fuente laboral importante para la población, sobre todo para mujeres, por lo que eso afectaría a la economía local si se retira la empresa.

 

Por su parte, el alcalde de Vallenar, Cristian Tapia, afirmó que lo que debe evitarse con los episodios de malos olores y que la empresa se debe abocar a solucionar ese aspecto a la brevedad, no se opone al funcionamiento de la planta faenadora en Freirina, pero se debe cumplir con la reglamentación sanitaria.

 

El mandatario de Vallenar opina que, si se continúa con la decisión de cerrar la planta faenadora, los plazos entregados por la autoridad sanitaria son suficientes para el traslado de los cerdos, así como para aplicar las medidas solicitadas, y que los 9 meses que pidió la empresa para estas labores es excesivo.

 

Marcha por la Vida y el Agua en Vallenar

 

Vallenar, lunes 4 de junio de 2012, Radio Universidad de Chile.-Miles de personas realizan Marcha por la Vida y el Agua en Vallenar. La novena edición de la protesta ocupó varias cuadras del centro de Vallenar y concluyó con un acto cultural en la Plaza de Armas de la ciudad. La jornada estuvo marcada por la presencia de organizaciones de Freirina que se oponen a la planta de Agrosúper.

Numerosos manifestantes convocó la novena edición de la Marcha por la Vida y el Agua, realizada en la mañana de este sábado en Vallenar, provincia de Huasco, en la región de Atacama.

 

La marcha, que ocupó más de 15 cuadras de la ciudad, contó con la participación de diversas organizaciones de la zona y finalizó con un acto cultural en la Plaza de Armas. Ahí, representantes hicieron discursos y hubo presentaciones musicales.

 

Los voceros de las organizaciones llamaron a las autoridades a escuchar las demandas de la ciudadanía, señalando que el valle del Huasco "despertó y no hay vuelta atrás".

 

A la marcha acudieron integrantes de Freirina Conciente, organización que se opone a la planta faenadora de cerdos de Agrosúper que provocó controversia en esa localidad.

 

También se hicieron presentes SOS Huasco que rechaza la termoeléctrica Punta Alcalde; el Comité Esperanza y Vida, Diaguitas HuascoAltinos y la Pastoral Salvaguarda de la Creación, del valle del Huasco; y la Red Ambiental Copayapu de Copiapó, entre otras organizaciones.

 

Alcalde de Calama emplaza a Piñera a hacer justicia por su comuna

 

Calama, lunes 4 de junio de 2012, El Mostrador.-  Alcalde de Calama envía carta a Presidente Piñera donde lo emplaza a 'hacer justicia' por la comuna. En la misiva el jefe comunal calameño explica la desazón que se produjo en la zona al conocer el proyecto enviado a discusión parlamentaria denominado Fondenor.

 

En su reciente viaje a la capital, el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, aprovechó de llevar una nueva carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, en la que aboga por la reconsideración de parte del Gobierno a las demandas de la ciudad y que se atienda especialmente la intención de los loínos de contar con recursos permanentes del cobre.

 

En la misiva el jefe comunal calameño explica la desazón que se produjo en la zona al conocer el proyecto enviado a discusión parlamentaria denominado Fondenor, por medio del cual se pretende allegar recursos adicionales a las comunas productoras de mineral en el país, que a juicio de Velásquez son insuficientes para superar los años de retraso de la comuna.

 

"Creíamos que el proyecto "Fondenor y Comunas Mineras" sería una respuesta seria y concreta a todos los anhelos de nuestra ciudadanía; sin embargo, sentimos que nuevamente se nos desatiende, dado que más allá de cualquier consideración, usted debe comprender que los recursos que se conseguirán por esta vía no alcanzan para dar solución a las demandas históricas de una comuna como la nuestra, sumida en el abandono y que no cuenta con niveles básicos que le den la categoría de ciudad", se lee en uno de los párrafos de la carta remitida al Mandatario.

 

Además, advierte al Gobierno que se podría estar atrasando en las respuestas a la comunidad de El Loa, "se llegó tarde a Aysén y a Freirina, también se puede estar haciendo tarde para llegar a Calama y las determinaciones para con nosotros lejos de provocar gratitud, podrían estar gatillando desconsuelo y desaliento", sentencia en su comunicación.

 

GLOBALES

 

Paralela a la Asamblea de la OEA sesiona Cumbre Social Latinoamericana

 

Tiquipaya, Bolivia, lunes 4 de junio de 2012, Noticias al Día.- El presidente boliviano, Evo Morales, inauguró este domingo 3 de junio la Cumbre Social paralela a la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde instó a los representantes de los movimientos y organizaciones locales latinoamericanas a proponer políticas transformadoras.

"Felicidades por su presencia, esperamos que el trabajo de ustedes sea productivo para todo el pueblo boliviano y latinoamericano", expresó Morales.

 

Durante su intervención, ante los más de 2.000 representantes de organizaciones sociales latinoamericanas que se dieron cita en la población de Tiquipaya, departamento de Cochabamba, Bolivia, Morales manifestó que en los tiempos actuales es necesario empeñarse en "cómo recuperar o nacionalizar todos los recursos naturales, (para) que estén en manos del pueblo, bajo la administración del Estado".

 

Agregó que "es importante desarrollar una nueva tesis política no solamente para los sectores más abandonados, sino para todos los sectores que habitan este planeta". En relación a la asamblea de la OEA, el mandatario boliviano subrayó que se está formando un bloque regional, con representantes de países progresistas, para planear reformas al organismo interamericano.

 

Para el desarrollo de la Cumbre Social se instalarán cinco mesas de trabajo donde se discutirán temas relacionados con los tópicos de seguridad y soberanía alimentaria, cambio climático, seguridad ciudadana, integración de los pueblos y la profundización de la democracia deliberativa y participativa en las Américas.

 

Las discusiones se llevarán a cabo este domingo 3 y lunes 4 de junio, y se prevé que el martes entreguen las conclusiones del encuentro al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

 

Perú: Conflictos socio ambientales han dejado 12 muertos en la era Humala

 

Lima, Perú, lunes 4 de junio de 2012, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.- Según cifras de Defensoría del Pueblo, hay 243 conflictos vigentes. Durante el pasado régimen de Alan García murieron 195 personas.

Conflicto en Espinar y el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP. Foto: Willanakuy Sicuani

Durante la gestión del presidente Ollanta Humala se han reportado 12 muertos en conflictos sociales, la mayoría vinculados a una oposición a la minería, de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo.

 

Uno de los primeros conflictos en el actual gobierno trajo consigo un enfrentamiento entre pobladores del distrito de Paras (Cangallo-Ayacucho) y del centro poblado de Llillinta (Huaytará-Huancavelica) que dejó una persona fallecida y ocho heridos, debido a un problema limítrofe.

 

No obstante, cuando se temía lo peor en Cajamarca por el rechazo de un sector de la población al proyecto minero Conga se desencadenaron otras convulsiones sociales con reclamos diversos, como el ocurrido en Cañete, en donde se protestaba en contra de la ampliación del penal La Cantera. La violenta manifestación también concluyó con un saldo trágico: un muerto. Luego de ello, el Gobierno retrocedió en la ejecución de esta obra.

 

Piura ha sido escenario de dos fuertes conflictos sociales. En marzo los pobladores de Sechura protestaron contra un proyecto gasífero a cargo de la empresa Savia y la revuelta causó dos muertos. Al siguiente mes estalló uno nuevo en Paita que también dejó la misma cifra de fallecidos. Los pescadores solicitaban una mayor cuota de pesca de merluza, a lo que el Ejecutivo ya había cedido desde el 9 de abril, pero el Ministerio de la Producción se demoró la resolución.

 

El último conflicto se produjo en la provincia cusqueña de Espinar, en donde murieron dos pobladores a causa de una huelga indefinida que sigue sin visos de diálogo en contra de la minera Xstrata Tintaya. En tanto, este jueves se reinician las protestas en Cajamarca contra el proyecto Conga y en otras regiones del país se anuncian movilizaciones por otros reclamos.

 

La Defensoría del Pueblo ha señalado que en el país hay 243 conflictos sociales vigentes, la mayoría por temas medioambientales, y organizaciones empresariales indican que se amenazan 53.000 millones de dólares en inversiones mineras previstas para los próximos años.

 

Durante el pasado régimen de Alan García murieron 195 personas, 30 de ellas policías, y 2.312 resultaron heridas, según la Defensoría, a causa de los conflictos.

 

En su último reporte defensorial, la entidad detalló el tipo de conflictos reportados: socioambientales (145), asuntos de gobierno nacional (20), asuntos de gobierno local (20), laborales (16), demarcación territorial (12), asuntos de gobierno regional (10), comunales (10), otros (8), electorales (1) y cultivo ilegal de coca (1).

 

Según el documento publicado en mayo, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en el departamento de Ancash (27 casos) y Puno (22 casos). Le siguen Cajamarca (16 casos) y Cusco (15 casos).

 

China y Brasil: Río+20 debe enviar señal positiva, clara y fuerte sobre desarrollo sustentable

 

Beijing, China, lunes 4 de junio de 2012, Prensa Latina.- Pide China apoyo de países ricos para desarrollo sostenible.

China pidió hoy más apoyo de los países ricos para el desarrollo sostenible al fijar su posición de cara a la conferencia de la ONU que se realizará en Brasil este mes.

  La conferencia debe prometer una implementación íntegra del consenso alcanzado en la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro y la Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002), efectuada en la ciudad de Johannesburgo (Suráfrica), precisa un informe divulgado aquí.

En la cita deberán ser aclaradas las medidas de implementación por parte de los países industrializados para ofrecer apoyo financiero, transferencia de tecnologías y asistencia a la construcción de capacidad de las naciones en desarrollo, agrega.

Durante una conversación telefónica el pasado 17 de mayo con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el primer ministro Wen Jiabao dijo que el encuentro del 20 al 22 de junio próximo brindará una oportunidad para impulsar el desarrollo y la cooperación sostenibles globales.

La reunión, indicó, debe enviar una señal positiva, clara y fuerte e inyectar nueva energía al proceso mundial de desarrollo sustentable. China participará en la conferencia de manera activa y constructiva, y reforzará la cooperación con Brasil y mantendrá una estrecha coordinación con las partes principales para hacer de este evento todo un éxito, señaló el mandatario.

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