miércoles, 1 de agosto de 2012

Boletin GAL 1398

Nº 1.398. Miércoles 1 de Agosto de 2012. Año VII. Boletín Electrónico de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Lectores(as): 32.273. Contacto: boletingal@gmail.com  Fonos: 56-02-7857084, 09-5732334. Facebook @BoletinGal

Descarga Boletín GAL 1398

CONTENIDO

 

ESPECIAL:  CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES EN A. LATINA Y CHILE

 

Chile: Mapa de los conflictos ambientales y la resistencia de las comunidades

Santiago, Chile, miércoles 1 de agosto de 2012, por Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos ambientales (OLCA), Radio del Mar

La integración sudamericana y los conflictos socio ambientales

 Buenos Aires, Argentina, miércoles 1 de agosto de 2012, por Dr. Marcelo Saguier, profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO, ALAI

 

LOCALES

 

Organizaciones Ciudadanas Celebran Retirada de Expansión Urbana de Santiago

Santiago, miércoles 1 de agosto de 2012, Prensa Acción Ecológica

Plaguicidas peligrosos en la mira en Pudahuel

Pudahuel, miércoles 1 de agosto de 2012, por Paula Correa, Radio Universidad de Chile

Malestar ciudadano por Autopista Vespucio Oriente

La Reina, miércoles 1 de agosto de 2012, Concejal Francisco Olea de la Reina

Ñuñoa: Sobre declaración de impacto ambiental de Línea 3 del Metro

Ñuñoa, miércoles 1 de agosto de 2012, Directiva de JV No 6 Parque Gorostiaga

Seminario acústico dio a conocer a profesionales la importancia de construirlos guiados por la norma

Santiago, miércoles 1 de agosto de 2012, pot Carolina Quintela L., Tandem Estrategia

Por un municipio que consulte a vecinos y vecinas

La Reina, miércoles 1 de agosto de 2012, Pedro Davis Concejal

 

 

NACIONALES

 

Plan de Adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario

Temuco, miércoles 1 de agosto de 2012, por Claudia Fernández G., Periodista, Araucanía Cuenta

Cambio climático y sequía: Complejo escenario en Zona Centro Norte

Santiago, miércoles 1 de agosto de 2012, por Héctor Areyuna, Radio Universidad de Chile

Wallmapuwen se pronuncia sobre Cumbre de Seguridad respecto a Wallmapu

Wallmapu, miércoles 1 de agosto de 2012, Mesa Directiva de Wallmapuwen

Participación Ciudadana: Normas secundarias de calidad ambiental del Río Valdivia

Valdivia, miércoles 1 de agosto de 2012, Ministerio del Medio Ambiente

Nace la gran heroína feminista chilena

Santiago, miércoles 1 de agosto de 2012, por Marianela Jarroud, IPS

 

GLOBALES

 

Perú se empeña en mejorar evaluación ambiental

Lima, Perú, miércoles 1 de agosto de 2012, por Milagros Salazar, Tierramérica

Dinero del desarrollo se gasta en armas nucleares

Naciones Unidas, miércoles 1 de agosto de 2012, por Haider Rizvi, IPS

……………………………………………………………………………………………..

ESPECIAL:  CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES EN A. LATINA Y CHILE

 

Chile: Mapa de los conflictos ambientales y la resistencia de las comunidades

 

Santiago, Chile, miércoles 1 de agosto de 2012, por Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos ambientales (OLCA), Radio del Mar.- De norte a sur los consorcios del capitalismo global -chilenos o extranjeros- han dejado un reguero de desastres en su afán de explotar recursos naturales o desarrollar empresas que aseguren ganancias rápidas. Pero se han encontrado con la resistencia, muchas veces silenciosa, de las comunidades que han logrado articularse para hacer frente a tamaña amenaza.

protesta

En primer año de ingeniería en la Universidad de Chile, les preguntaron en una prueba a los estudiantes si para proteger a las ballenas era más aconsejable declararlas patrimonio natural o entregárselas a un privado. La respuesta de la pauta era la segunda opción, bajo el supuesto de que si hay un interés económico detrás, hay estímulo para el cuidado. Es la misma premisa, adoptada a nivel planetario como correcta desde Río 92, que significó la adopción de políticas que permitieron la privatización de la naturaleza y que ha llevado al país a un estado de conflictividad socioambiental sin precedentes, mientras cientos de localidades luchan para ser decretadas territorio protegido o zona patrimonial de modo de garantizar de algún modo su deseo de seguir viviendo, y en tanto autoridades y academias se mantienen esclavas de un modelo económico que crecientemente las comunidades ya no soportan más.

De hecho, ante Rio+20, 16 organizaciones que no tienen representación de base, (de las casi 110 mil organizaciones sin fines de lucro que existen en el país) realizaron junto al gobierno el documento "Posición país" que da cuenta del punto de vista nacional sobre cuestiones como la economía verde, la gobernanza ambiental, y la mercantilización de la naturaleza. El documento chileno suscribe cabalmente los postulados de la ONU hacia Rio+20, desconociendo de manera aberrante la disconformidad de cientos de miles de chilenos y chilenas con el modelo extractivista que han hecho sostenedor de nuestra economía.

Y es evidente, la hegemonía cultural que ha impuesto el neoliberalismo en el país, rinde frutos, o al menos, los rendía. Esta hegemonía, en nuestra mirada, comenzó con la siembra del miedo y la desconfianza en la dictadura, prosiguió con la ruptura de la asociatividad en los gobiernos de transición hacia una profundización del modelo, intencionalmente llamada democracia, para dar como resultado individuos que compensaban su frustración en el consumo; no por nada somos el país con mayor tasa de endeudamiento per cápita de la región. Esto aparejado a una cesión al mercado de los medios de comunicación, del sistema educacional, de la salud, de los bienes comunes, trajo niveles de concentración de la propiedad y del ingreso, pero también de la reproducción de conocimiento, que determina que hoy se asuma como normal, como que "siempre ha sido así", los niveles de esclavitud conceptual, humana y de la naturaleza que rigen, o regían, los destinos de nuestro país.

Sin embargo, las pesadillas duran hasta que se despierta, y el fenómeno que se vive hoy en día en Chile, tiene mucho que ver con el despertar colectivo que poco a poco se va generando. Las comunidades se niegan a seguir transformando a sus hijos e hijas, sus territorios, sus cosechas, sus lugares sagrados, su presente y su futuro en ofrenda sacrificial al Dios dinero.

De Arica a Punta Arenas despierta la noción de ser sujetos de derecho y no sólo objetos de mercado. Frente a la embajada de Brasil, las comunidades de la región de Atacama gritaban "educación, salud y medio ambiente, son nuestros derechos no se venden, se defienden"; y es el mismo grito de los estudiantes que desfilan por todas las calles del país exigiendo fin al lucro; o de las comunidades mapuches, brutalmente criminalizadas, que exigen ser respetadas como nación con una cosmovisión otra; o de las regiones como Aysén, Magallanes o Calama que se levantan para no ser más castigados por un centralismo que invierte en la Región Metropolitana un 85% del presupuesto del Estado.

En este escenario, mientras el gobierno comunica en los medios de comunicación que en el país se invertirán 91 mil millones de dólares en nuevos proyectos mineros de aquí al 2020, es decir casi cinco veces lo invertido en los últimos 20 años en el sector, con una ola de devastación, sequía y contaminación que este país minero nunca había conocido; las comunidades dicen basta a los nuevos proyectos mineros, pero también a los proyectos energéticos para el consumo minero, y a las carreteras, puentes y obras civiles que van en beneficio de la minería y no de los vecinos. Y esto es particularmente interesante, porque jamás se visibiliza a las comunidades que las obras tienen un destino minero, pero hay cada vez más personas capaces de leer entre líneas los discursos de la autoridad y sacar conclusiones trascendiendo el cortoplacismo.

De norte a sur

Un mirada rápida a los conflictos socioambientales actuales, muestra a las comunidades de Arica y Parinacota en contra del proyecto minero Catavane al interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas, en contra del proyecto minero de manganeso Los Pumas que pretende usar aguas del río Lluta, y en contra de la desafectación del Parque nacional Lauca para beneficio de la minería canadiense. En Iquique, en tanto, se levantan los jóvenes oponiéndose a las termoeléctricas Patache y Pacífico; o logrando fallos favorables en la defensa de la Pampa del Tamarugal contra la Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Soledad (Cosayach); o presionando al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta para que no permitiera el traslado de sus aguas a la región de Iquique, presión que anuló las pretensiones de la minera Doña Inés de Collahuasi para extraer aguas del Loa.

La región de Antofagasta, epicentro del boom (qué más que nunca recuerda a la onomatopeya de explosión de las caricaturas infantiles) minero, encuentra en Antofagasta a la ciudad con más mortandad por cáncer en Chile; el seremi de salud. Doctor Carlos Madrigal, luego de haber develado los datos que permitían comprender la gravedad de la situación, fue destituido. En San Pedro de Atacama, frente a los intentos de extraer energía geotérmica de los geysers del Tatio, la gente se movilizó hasta lograr que el proyecto retrocediera. Del mismo modo en Calama, ante la constatación de que las ganancias mineras eran exorbitantes y en el pueblo sólo quedaba pobreza y contaminación, surgió el movimiento que exige mayores beneficios a las comunas denominadas mineras.

La región de Atacama, que al igual que con Antofagasta las autoridades buscan consolidar su condición de zona de sacrificio, está más despierta y viva que nunca; recientemente los vecinos de Freirina lograron el cierre de un megaplantel agroalimentario de cerdos; la lucha contra Pascua Lama lleva más de 10 años y el proyecto aún no entra en operación; el proyecto el Morro, de Gold Corp acaba de sufrir un revés judicial por no cumplir con los procesos de consulta a los pueblos indígenas; otro proyecto minero que está organizando el desacuerdo de la gente es Cerro Casale, también de Barrick Gold. Pero en Atacama la lucha no sólo está al interior de los valles, también en la costa los vecinos se levantan contra las termoeléctricas que quieren terminar de devastar zonas que antes tenían vocación de protección ecológica: ampliación de Guacolda, Punta Alcalde y la controvertida e ilegal termoeléctrica Castilla, son parte de las amenazas que buscan pintar de gris el destino de las costas atacameñas, costas que aún mantienen más de 150 kilómetros de áreas vírgenes y que los habitantes de la zona quieren preservar en esa calidad, así como quieren cuidar el desierto florido, y los ecosistemas únicos del litoral.

Llegando a región de Coquimbo, nos encontramos nuevamente con la megaminería, comunidades que se levantan contra Vale, TeckCominco, Anglo American, Xtrata Cooper, para evitar su instalación y no tener que padecer la misma suerte de Andacollo, zona saturada por contaminación, y de el Valle del Choapa, donde los comuneros que se han levantado contra Compañía Minera Los Pelambres, hoy enfrentan un juicio por asociación ilícita, respuesta de la empresa como una manera de intimidar a quienes se han opuesto a la construcción de un megatranque de relaves a metros de su pueblo, cerro arriba.

En la zona central

En la región de Valparaíso los conflictos vienen de la mano de la escasez hídrica, producto del acaparamiento y sobrexplotación empresarial del recurso, para proyectos mineros o para monocultivos agrícolas: organizaciones por la defensa del agua en Petorca y la Ligua contra embalses arbitrarios que riegan las tierras de ex autoridades y personalidades de gobiernos de la Concertación; organizaciones de Concón que salen a defender sus dunas, Limache que se opone a una termoeléctrica de Colbún, Quillota y Valparaíso en la lucha por un Chile sin transgénicos, y la escandalosa situación de Puchuncaví, Ventanas y demás comunidades aledañas a las fundiciones mineras y termoeléctricas, son algunos de los conflictos que mantienen alerta a la Quinta Región.

La Región Metropolitana describe una situación paradojal, si bien solidariza y hace propias las luchas socioambientales del resto del país, encuentra dificultad en analizar su propia condición y defender sus bienes comunes. Por ejemplo, el aire de Santiago, con un plan de descontaminación fracasado que debió haber cumplido sus metas el año pasado, sin embargo este año se siguen sumando las Alertas, pre-emergencias y también muertes.

El cajón de Pichi y el Cajón del Maipo se encuentran hoy concesionados a trasnacionales mineras, o en la zona oriente de Santiago la megaminería está tragando montañas con una voracidad inusitada, con dos accidentes de derrames tóxicos en menos de seis meses, pero las comunidades aún no encuentran el camino para visibilizar estas amenazas, aunque cuando lo encuentren, se armarán nuevos conflictos y de grueso calibre, justamente por la condición centralizada del país. No obstante, hay organización, en el Cajón del Maipo está activa la lucha por la no operación de la hidroeléctrica Alto Maipo, de Aes Gener, los vecinos de La Florida dieron una batalla loable por la defensa de la precordillera y luego de 10 años lograron arrebatar el bosque esclerófilo a la voracidad inmobiliaria y siguen luchando para lograr que sea un área protegida. Los vecinos de Pudahuel se organizan para combatir la incidencia de la leucemia en la comuna en un condominio que queda a escasos kilómetros del centro de estudios nucleares de Lo Aguirre. En Maipú, los familiares y víctimas de asbestosis hace años han formado una agrupación y han desplegado esfuerzos judiciales y comunicacionales para que se conozca la contaminación del asbesto avalada por el Estado, que ha matado a cientos de vecinos de la zona. En la Provincia de Melipilla, en tanto, la localidad de San Pedro se está articulando para exigir agua para sus cultivos típicos de frutilla, hoy secos debido a la expansión agroalimentaria de Agrosuper.

En la Región de O'Higgins, los planteles agroalimentarios han secado las fuentes hídricas y contaminado el aire. Los vecinos de las localidades de Litueche, La Estrella y Lago Rapel se han manifestado en contra de la contaminación que existe en la zona derivada de la empresa Agrosuper. Por otro lado, emblemática ha sido la lucha de Pichidegua oponiéndose a una guanoeléctrica -disfrazada de energía renovable no convencional- que quiere sacar electricidad del guano de los planteles agroalimentarios, de paso poner bonos de carbono en el mercado mundial y ganar en detrimento de las comunidades.

Transgénicos y plaguicidas

De la Región del Maule al sur, el principal problema son los monocultivos forestales, hace años resistido por las comunidades y promovido por las autoridades. Pero hoy, suman otros conflictos, ligados fundamentalmente a la introducción de transgénicos y al aumento del uso de plaguicidas y a proyectos mineros y energéticos. En Pelarco, 70 trabajadores temporeros fueron intoxicados con plaguicidas en plantaciones transgénicas, como un episodio más de contaminación que organizaciones como Anamuri y Vía Campesina están buscando transformar en señal de alerta en medio de zonas sumamente empobrecidas y precarizadas. En torno al conflicto de la termoeléctrica a carbón Los Robles de AES Gener, se conformó un movimiento ciudadano que hasta ahora ha logrado la dilación del proyecto, mientras que en la zona próxima a Linares la empresa ElectroAustral pretende instalarse con dos centrales hidroeléctricas en el Cajón del río Achibueno, violando tratados internacionales y desconociendo la oposición comunitaria. En el ámbito minero la resistencia se articula en torno al proyecto de explotación de hierro en las dunas de Putú, que pone en peligro el ecosistema de dunas y también el complejo de humedales de la costa maulina.

En la Región del Biobío, las termoeléctricas Boca Mina I y II, y Pirquenes, y la hidroeléctrica Punilla han desatado fuerte rechazo vecinal. Al igual que los proyectos mineros que empiezan a aparecer, como el proyecto de extracción de escandio en lago Lleulleu, zona sagrada mapuche. Por otro lado, en Chillán se han hecho varios cabildos abiertos exigiendo información sobre la ubicación de los transgénicos, siendo esta localidad la que con más fuerza se ha opuesto a la transgenización de la vida campesina, y la más castigada por la contaminación transgénica de la apicultura. En Concepción, los esfuerzos por preservar los humedales al interior de la ciudad, frenando el avance inmobiliario desordenado, también han constituido una importante fuente de conflictos.

Modelo forestal

En la región de la Araucanía, la situación es dramática. El modelo forestal es el culpable de la escasez hídrica en una zona donde llueve copiosamente. El pueblo mapuche se ha visto forzado a emigrar porque se han acidificado sus tierras y ya no tiene agua para riego, por lo tanto es difícil hasta la agricultura de supervivencia, y aquellas comunidades que han opuesto resistencia han debido enfrentar cárcel y criminalización sólo comparable a un régimen militar. El 70% de los vertederos y más del 50% las plantas de aguas servidas se encuentran en zonas rurales, mapuche, lo que ha llevado a interponer internacionalmente recursos contra el Estado chileno por racismo ambiental. Por otro lado, en Isla Huapi hace más de 20 años que está en conflicto con la ruta costera, mega proyecto diseñado en dictadura, y construido por la Concertación, con mano de obra militar, pasando a llevar la defensa comunitaria de cuatro rewes, espacios sagrados, paliwes y cementerios. Y de este panorama no puede estar ausente la tensión energética: la licitación de geotermia en Melipeuco y el proyecto eléctrico de Freire, entre otros.

En la recién creada Región de los Ríos, Celulosa Arauco concentra el malestar social. Celco Valdivia y la mortandad de los cisnes, que aunque haya dejado de salir en televisión sigue contaminando la ciudad, es uno de los temas más sensibles, junto a la pretendida construcción de un ducto al mar, de la misma planta, por las costas de la Caleta de Mehuín, cuestión que la comunidad viene resistiendo hace al menos 15 años. A esta situación hay que sumar la amenaza de una serie de proyectos de generación energética, como la Central Neltume, de Endesa Enel, en una zona sagrada, campo de Nguillatun de la comuna de Panguipulli.

Contaminación de las costas

En la región de Los Lagos el malestar viene ligado a la salmonicultura que transformaron en menos de 10 años a los habitantes de la zona de pescadores, mariscadores y campesinos independientes en trabajadores asalariados, generando un proceso de contaminación de aguas y costas que hoy hacen que los mares interiores de Chiloé estén en un proceso de eutrofización que los asimilará prontamente a un mar muerto. Aunque se complementa con otras amenazas, como la central hidroeléctrica sobre el río Pilmaiquén que fue suspendida por presión comunitaria.

En la región de Aysen, el movimiento social habló por sí solo, no era una cuestión eminentemente ambiental su prerrogativa de base, alegaban abandono, olvido de la autoridad, a menos que fuera para intervenir y depredar la zona, como pretende hacer el proyecto Hidroaysén, y en menor escala, el proyecto hidroeléctrico río Cuervo, que fue colectivamente frenado.

Situación compartida por Magallanes, ciudad que se rebeló en 2010, dando cuenta del mismo recuerdo estratégico por parte de la autoridad y que ahora enfrenta la amenaza de proyectos mineros como el binacional Cerro Cuadrado y el de carbón en Isla Riesco, así como una pugna por mantenerse libres de la expansión de la salmonicultura hacia las costas de la Patagonia luego de la crisis del virus Isa.

Como se podrá apreciar en este rápido recuento, el operar centralizado de los gobiernos ha repartido el territorio nacional a unas cuantas familias y a empresas transnacionales en la convicción de que si está en manos privadas será bien cuidado y optimizado. La misma formación que han recibido por décadas los ingenieros reseñados al comienzo de este artículo y toda la cultura neoliberal que se ha entronizado en nuestro país. El problema es que las consecuencias de este modo de operar hoy son visibles, y las comunidades no están dispuestas a seguir aguantando, por eso despiertan y comienzan a valorizar lo que son y lo que saben. De ahí que proliferen los movimientos por la defensa del agua, de la semilla, del mar, de los territorios indígenas, campesinos y rurales, de lo sagrado, los movimientos por el derecho a la vida y a un medio ambiente libre de contaminación, las ferias del trueque, los intercambios de semilla, los encuentros de sanación alternativa, los espacios de autoformación y las demandas de justicia con un soporte afectivo y comunitario que hablan en consonancia con el despertar planetario. En Chile gota a gota hacemos nuevos ríos.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos ambientales (OLCA). www.olca.cl / http://www.lemondediplomatique.cl/Mapa-del-despertar-comunitario.html

 

La integración sudamericana y los conflictos socio ambientales

 

 Buenos Aires, Argentina, miércoles 1 de agosto de 2012, por Dr. Marcelo Saguier, profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO, ALAI.- La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

 

Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

 

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

 

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

 

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

 

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

 

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

 

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

 

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

 

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

 

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer "Tribunal Ético de Minería de Frontera" organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el "Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales" sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

 

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

 

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de "promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera  524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

 

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

 

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.   

 

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

 

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

 

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.  

 

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) 'Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models', The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.

 

LOCALES

 

Organizaciones Ciudadanas Celebran Retirada de Expansión Urbana de Santiago

 

Santiago, miércoles 1 de agosto de 2012, Prensa Acción Ecológica.- Debido a numerosas ilegalidades,  la Contraloría no tomó razón del proyecto de expansión urbana PRMS-100 que modificaba el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas de la región metropolitana. 

 

Organizaciones informan que la intendenta Cecilia Pérez se ha visto en la necesidad de retirar de Contraloría el proyecto de modificación del Plan Regulador Metropolitano, debido evidentemente al cúmulo de ilegalidades que presentaba, tal como lo denunciaron las organizaciones al ente contralor.

 

Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, señaló hoy que: "Diversas organizaciones ciudadanas y el mismo Colegio de Arquitectos, le pedimos formalmente al Contralor que no tomara razón de esta expansión urbana impulsada por el Gobierno. Nuestra motivación es que la expansión urbana resulta altamente nociva para nuestra ciudad y agudiza todos los problemas que sufre, como por ejemplo el de la contaminación del aire: Una ciudad que se expande genera viajes motorizados más prolongados y por ende,mayor cantidad de emisiones. Pero ese daño, en este caso, la Intendenta pretendió llevarlo adelante además en forma ilegal, pasando por encima del mismo Consejo Regional. Por ello nos alegramos mucho de esta retirada de la Contraloría del proyecto de expansión. Esperamos que no se pretenda volver a la carga mediante otros resquicios y que finalmente, un futuro Gobierno Regional Democratizado, representando a la comunidad y no a los intereses de los especuladores inmobiliarios, sea el que decida sobre su territorio"   

 

Por su parte, Patricio Herman de Defendamos la Ciudad manifestó : "Debemos entender que la Contraloría se apiadó del gobierno, titular del proyecto expansivo, sugiriéndole que, para salvar las apariencias, era mejor que voluntariamente lo retirara, más aún si ya en el pasado reciente se lo había devuelto por contener innumerables errores. Queda de manifiesto que la institucionalidad urbana en Chile es de carácter muy precaria lo que debería hacer recapacitar al presidente Piñera. Esta expansión horizonal obedece a un antojo del Minvu, servicio del Estado que desea otorgarle discrecionalmente plusvalías patrimoniales a ciertos poseedores de territorios agrícolas y por ello le hacemos un llamado a los parlamentarios de ambos bandos con el propósito de que se modifique la ley para evitar que sea el gobierno de turno el que, vía simples actos administrativos del intendente, decida arbitrariamente sobre materias de interés público. Esperamos que los senadores Antonio Horvath y Soledad Alvear, como los diputados Carlos Montes y Patricio Hales, los 4 conocedores de la materia, convenzan a sus pares para que pronto los asuntos asociados al urbanismo, en especial en lo referente a los usos fuera de los límites urbanos, se hagan conforme a normas legales y no administrativas como actualmente acontece.  Mayores Informaciones: Luis Mariano Rendón 95039360, Patricio Herman 92585459

 

Plaguicidas peligrosos en la mira en Pudahuel

 

Pudahuel, miércoles 1 de agosto de 2012, por Paula Correa, Radio Universidad de Chile.- Plaguicidas peligrosos en la mira otra vez por intoxicación en Pudahuel. El domingo pasado un trabajador del sector de Noviciado intentó suicidarse con un plaguicida de alta toxicidad que hoy está completamente disponible en el mercado. Frente a eso, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida reiteró su solicitud al Gobierno de ponerle urgencia al proyecto de ley que prohíbe los plaguicidas peligrosos.

INTOXICACION

El trabajador se roció el cuerpo con metamidofós, insecticida con el que se intoxicó y afectó también a tres personas del equipo de salud que intentaron auxiliarlo en el SAPU Gustavo Molina del sector Laguna Sur, en la comuna de Pudahuel.

 

El hombre, de unos 32 años, fue derivado a la Posta 3 debido al paro cardiorrespiratorio que le sobrevino en el consultorio, al mismo tiempo que el personal de la ambulancia que lo había llevado desde la posta rural también mostraba signos de intoxicación que obligaron a evacuar la zona del SAPU y cercar el perímetro aledaño.

 

Así de tóxico es este producto, que se vende libremente en el mercado nacional junto a otros similares.

En este sentido, María Elena Rosas, de la Red de Acción en Plaguicidas (Rapal-Chile), afirmó que "con unos gramos del plaguicida metamidofós se puede matar a una persona. Con unos gramos se han cometido algunos homicidios en el sur de Chile, donde una persona le colocó a su mujer en una bolsa de té unos gramos de carbuforano, que es un plaguicida también del grupo de los extremadamente tóxicos y esa persona murió. Esos plaguicidas están a disposición para intentos de suicidio y también en el campo".

 

María Elena Rosas afirmó que el Congreso lleva discutiendo al menos desde 2005 un proyecto de ley que prohíbe la venta de plaguicidas peligrosos y, pese a este retraso, el Gobierno se sigue negando a darle urgencia a la iniciativa, aunque han ocurrido otros incidentes.

 

De hecho, el 22 de diciembre de 2011 resultaron intoxicadas 73 temporeras que cosechaban arándanos en un predio de la comuna de  Pelarco, luego de inhalar metamidofós que había sido fumigado en el predio colindante a aquel en que realizaban sus labores de cosecha.

 

Además, ese año se registraron 80 intoxicaciones notificadas por el sistema de Vigilancia Epidemiológica dependiente del ministerio de Salud. Pero, según afirmó la mujer, la cifra debiera multiplicarse por cinco, ya que en la mayor parte de los casos no se reportan los incidentes  por negligencia, desconocimiento o temor.

 

El diputado DC Fuad Chaín indicó que se debe legislar al respecto lo antes posible para evitar que estos incidentes sigan ocurriendo: "Un producto que tenga ese nivel de peligro, que sea tan dañino para la salud humana, que permita a una persona quitarse la vida o poder envenenar a otra, es evidente que tiene que tener una regulación muy particular y hay que restringir absolutamente su uso. Me parece que nosotros en la comisión de Agricultura tenemos la oportunidad  legislativa de poder conocerlo y despacharlo de manera rápida", afirmó.

 

Sin embargo, la representante de RAPAL afirmó que, hay muy pocos parlamentarios que muestran conciencia respecto a este tema, ya que los principales efectos de los plaguicidas y tóxicos son crónicos, a largo plazo e invisibles.

 

Malestar ciudadano por Autopista Vespucio Oriente

 

La Reina, miércoles 1 de agosto de 2012, Concejal Francisco Olea de la Reina.- Polémica y malestar por anuncios en donde "nuevamente" se estudia licitar Autopista Vespucio Oriente en tres tramos. Indican que los tacos y congestión vehicular en ascenso vuelven infernal esta zona de la ciudad.

 

Los concejales Francisco Olea de La Reina y Julio Abelleira de Peñalolen indicaron que, "en días recientes el llamado a licitación de la autopista Vespucio Oriente se ha pospuesto nuevamente, un despropósito que aleja a los contribuyentes de la credibilidad del sistema de concesiones en su conjunto.

 

Añadieron que, "hemos insistido que los tacos, graves problemas de congestión y estrés urbano deben ser enfrentados con seriedad, coherencia y rapidez. Dimensiones alejadas de una solución concreta para el cierre del anillo orbital de Santiago, como es la autopista Vespucio Oriente".

 

En horas recientes, el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) de Chile, Clemente Pérez, también sumo su preocupación por el futuro de la concesión, indicando que "de US$2.000mn, que va a ser dividida en tres tramos, de los US$2.000mn, el ministerio dice que faltan US$1.200mn. Entonces estamos en un problema, porque está anunciado para que se licite a fines de este semestre".

 

Los concejales añadieron que "se cumplen 8 años de anuncios y publicidad, sin resultados concretos de una obra que impacta en unos 2 millones de residentes de la zona oriente de la ciudad".

 

Los tramos licitados serían: El Salto-Los Saldes, Los Saldes-Bilbao y Bilbao-Rotonda Grecia. Los costos asociados son de unos US$ 2.000 millones. Mayores informaciones 09 0413198

 

Ñuñoa: Sobre declaración de impacto ambiental de Línea 3 del Metro

 

Ñuñoa, miércoles 1 de agosto de 2012, Directiva de JV No 6 Parque Gorostiaga.- Estimados Vecinos y Vecinas, Tal como informamos, este Sábado 04 de Agosto es la reunión con Metro y la Seremi de medio Ambiente, en el Edificio Consistorial ubicado en Irarrázaval con Pedro de Valdivia a las 10.30 horas, según lo informado por el municipio en relación al lugar puesto a disposición por el, para estos efectos

Adjuntamos trazado y otras informaciones entregadas por Metro SA.


El siguiente link, corresponde a la pagina abierta para quienes deseen acceder a las observaciones realizadas por vecinos o el municipio al trazado de piques y galerías de la Línea 3, correspondientes a la etapa 1.

 

http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=7016578 

Cariños a todos y todos

Julia Rioseco, Moises Scherman e isolina Ramirez
Directiva de JV No 6 Parque Gorostiaga

 

Seminario acústico dio a conocer a profesionales la importancia de construirlos guiados por la norma

 

Santiago, miércoles 1 de agosto de 2012, pot Carolina Quintela L., Tandem Estrategia.- Este tipo de actividades permiten generar espacios para tratar temas relevantes como los procesos de confort y habitabilidad en las viviendas.

 

Con éxito se realizó el primer Seminario de Acústica Volcán®: Confort Acústico para el Hábitat Sustentable, el que entregó información detallada, a todos los profesionales de la construcción que intervienen en los proyectos de edificación, sobre los avances que ha tenido la aplicación de la Reglamentación Acústica luego de su puesta en vigencia.

 

En Chile, la mayoría de las construcciones no cuenta con una adecuada protección acústica. Conocer la normativa respecto a los parámetros del sonido que son aceptables en nuestro país, ha cobrado gran relevancia debido a la gran incidencia que tienen en las construcciones chilenas, tanto en los establecimientos privados como públicos.

 

Entre los expositores que participaron, destacó María Esperanza Ávila, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Construcción, de la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional del MINVU, quien afirmó que "el proceso de evolución en los sistemas constructivos ha ido exigiendo al área de la construcción estándares diferentes, donde uno de esos estándares está conformado por la vitalidad del recinto, y la aislación acústica está directamente relacionado con esta vitalidad y con el confort que proporciona. Respecto a esto, esta norma es la primera etapa del proceso de aislación acústica y para nosotros es muy importante regular respecto de la calidad y el confort habitacional".

 

En cuanto al rol que juegan este tipo de actividades para el rubro, agregó que "son un espacio importantísimo para instalar estos temas como un tema relevante en los procesos de confort y habitabilidad, ya que las familias requieren no solo de un espacio para vivir, sino que este espacio debe ser el más adecuado".

 

Según Luis Carrasco, Jefe del Área Acústica de Volcán, y uno de los expositores del seminario, "en Chile, el tema acústico es relativamente nuevo, y existe un desconocimiento de la materia en los profesionales de la construcción. Es por esto que hacer este tipo de actividades de difusión permite que entiendan cada uno de los conceptos, el uso de materialidades, y la amplia gama de soluciones existentes, lo que les permite estar más preparados para relacionarse con la especialidad de Acústica, la cual va cobrando cada día más fuerza, siendo una especialidad que se está incluyendo en todos los proyectos relevantes".

 

La importancia de abordar este tipo de temáticas, radica en el efecto negativo que genera en las personas el ruido, el que afecta el rendimiento y la calidad del sueño respectivamente. Una adecuada protección acústica en las edificaciones se hace cada vez más indispensable, sobre todo cuando de busca contribuir con una buena calidad de vida.

 

Es relevante tener en cuenta los beneficios que aportan en temas de habitabilidad y funcionalidad, un apropiado acondicionamiento acústico de los recintos. Para optimizar esto, se requiere de una base de normativas y reglamentaciones, que establezcan exigencias en muros perimetrales y tabiques interiores, de acuerdo a los requerimientos de cada espacio de la edificación, como se aplica en otros países como fue presentado en el Seminario.

 

Entre las empresas que participaron de esta actividad, que buscó dar a conocer la importancia de la normativa acústica y su utilización, cabe destacar a SPEVI - CES, Control Acústico, dBAIngeniería, Silentium y Volcán, quienes presentaron una amplia gama de soluciones acústicas para ser utilizadas tanto en viviendas como en cualquier otro tipo de edificaciones.

 

Como ha sido su espíritu a través de los años, la empresa Volcán busca promover la especialidad acústica acercándola a los profesionales de la construcción, organizando este seminario de acústica en su primera versión.

 

Contacto de Prensa

Carolina Quintela L.

Tel. (56-2) 9537243

Cel (56-9) 83676291

cquintela@tandemestrategia.cl

 

Por un municipio que consulte a vecinos y vecinas

 

La Reina, miércoles 1 de agosto de 2012, Pedro Davis Concejal.-  Soy Pedro Davis Urzúa, Ingeniero Comercial, U. de Chile, presidente de la Organización comunitaria "Coordinadora Vecinal de La Reina" y de la Confederación Nacional de la micro, pequeña y mediana industria (Conupia).
 
Para continuar sirviendo a nuestra comuna, desde un espacio con mayores posibilidades de "ser escuchados", he recogido la solicitud de reininas y reininos para presentarme a la Concejalía de La Reina.

PUEDE REVISAR UN VIDEO DE LA CAMPAÑA, para cantar y recordar el lanzamiento de la candidatura, aqui: http://vimeo.com/45622689

Nuestra dirección de correo es:

Pedro Davis Concejal

Javiera Carrera Norte 285

Santiago 8320000

Chile

 

 

NACIONALES

 

Plan de Adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario

 

Temuco, miércoles 1 de agosto de 2012, por Claudia Fernández G., Periodista, Araucanía Cuenta.- Del Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario. En un proceso inédito en nuestro país, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura abren un espacio para recibir observaciones de la ciudadanía en relación al "Plan de Adaptación al Cambio Climático para el Sector Silvoagropecuario".

 

A partir de esta semana, ciudadanos(as), expertos y organizaciones interesadas podrán entregar al Gobierno sus aportes, opiniones y sugerencias respecto a la propuesta de Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector silvoagropecuario.

 

Para ello se ha habilitado una plataforma en la web en que se puede revisar el Plan y entregar sugerencias sobre el mismo o sobre cualquiera de sus 27 medidas. Para hacerlo, basta con ingresar a los sitios web www.mma.gob.cl, www.minagri.gob.cl o www.odepa.cl y entrar al banner identificado como "Consulta Pública. Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector Silvoagropecuario". Este proceso de participación ciudadana estará abierto hasta el 30 de septiembre de este año.

 

El cambio climático es hoy un tema de alta relevancia tanto a nivel global como local. Desde los distintos niveles se busca minimizar sus impactos, evaluar la vulnerabilidad de los diversos sectores y diseñar medidas de adaptación para enfrentarlos.

 

Las principales amenazas sobre el sector silvoagropecuario tienen que ver con alteraciones en las temperaturas y en la disponibilidad de agua, lo que afectará a los cultivos y a los diversos ecosistemas en general.

 

Las medidas contenidas en el Plan se relacionan con mejorar la gestión de los recursos hídricos, adaptar cultivos a las nuevas condiciones, generar información y nuevos conocimientos e incorporar tecnologías, entre otras.

 

Con las observaciones recibidas, las autoridades y especialistas de ambos ministerios esperan perfeccionar el Plan y –en definitiva- mejorar las políticas del sector.

 

Cambio climático y sequía: Complejo escenario en Zona Centro Norte

 

Santiago, miércoles 1 de agosto de 2012, por Héctor Areyuna, Radio Universidad de Chile.- Zona centro norte: Falta de medidas por el calentamiento global y escasez de lluvias marcan complejo escenario.

sequia

Autoridades de Gobierno reconocieron una crítica situación en cuanto a la disponibilidad de agua para la zona centro norte del país; por lo que se cuestionó al Ejecutivo por la falta de una política de largo plazo que enfrente el tema, la desigual repartición de los derechos del recurso hídrico y la inexistencia de medidas ambientales que tomen precaución ante lo que podría ser la principal razón de esta situación: el calentamiento global.

 

El ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, advirtió sobre una crítica situación hídrica en la zona centro norte del país, afectando principalmente a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

 

El secretario de Estado aseguró que la falta de lluvia, sumada a las altas temperaturas en las zonas cordilleranas, agudiza este escenario, que además ya se da por tercer año consecutivo. Las medidas con que se hará frente a la contingencia van en la línea de priorizar el recurso hídrico para el consumo humano, además del llamado que hizo el titular del MOP a economizar el consumo y tomar conciencia de la situación.

 

Ante esto, la diputada por el distrito 9 de la región de Coquimbo y miembro de la comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Adriana Muñoz, lamentó la carencia de políticas hídricas para hacer eficiente el uso del recurso.

 

Pero la legisladora PPD además criticó que el actual sistema de regulación del agua establece un escenario en el que la totalidad del recurso hídrico disponible está mal distribuido en pocas manos de entes privados.

 

En este sentido, Adriana Muñoz señaló que "lo más de fondo que tenemos que hacer es un debate sobre el sistema de propiedad del agua. No podemos seguir con un sistema de propiedad privada del agua concentrando y de esta manera un mercado del agua que no está regulado, donde el Estado no tiene facultades para ordenar el recurso, en situaciones de escasez como la que tenemos hoy. Creo que hay que dar una pelea sobre la reforma constitucional del agua y hacer del agua un bien nacional de uso público".

 

Coincidió en esto la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, quien acusó poca transparencia respecto de quienes poseen derechos de agua: "Chile tiene una situación compleja en relación al agua, en primer término porque se entregan derechos de agua gratis y a perpetuidad se han entregado históricamente y hoy ni siquiera se cuenta con información fidedigna de quiénes tienen derecho de agua. Por lo tanto, gestionar el agua ya resulta complejo porque el Gobierno no sabe quiénes son las personas individuales o jurídicas, que tienen derechos de agua para distintos usos en cada río", explicó.

 

Pero la preocupación de la fundación Terram es respecto del cambio climático, uno de los aspectos más influyentes en la situación hídrica, ante lo que no se han preparado los "instrumentos adecuados" para asegurar el consumo humano.

 

"No se están haciendo acciones concretas en relación al cambio climático y garantizar el abastecimiento del recurso hídrico y hay una tremenda cantidad de acciones que se pueden generar, que no se están viendo, ni siquiera se están estudiando. Creo que en ese sentido es bastante desesperanzador lo que puede venir, porque nos podemos encontrar frente a situaciones muy críticas, sin tener instrumentos adecuados, para garantizar el bienestar de las personas", indicó la ambientalista.

 

Para el diseño de una política pública a largo plazo que considere estos aspectos, Flavia Liberona recomendó preocuparse de la mantención de ecosistemas como glaciares y bosques nativos; priorizar el consumo humano, por sobre el uso minero, energético e industrial; y tomar conciencia de la especial vulnerabilidad que Chile presenta ante el cambio climático.

 

Wallmapuwen se pronuncia sobre Cumbre de Seguridad respecto a Wallmapu

 

Wallmapu, miércoles 1 de agosto de 2012, Mesa Directiva de Wallmapuwen.- Waallmapuwen ante las medidas adoptadas por la Cumbre de Seguridad respecto de los hechos de violencia en el Wallmapu. El día de ayer se ha efectuado en Santiago una "Cumbre de Seguridad" para abordar los hechos de violencia acaecidos en el Wallmapu en las últimas semanas. Ocho de las nueve medidas adoptadas tienen directa relación con materias de orden policial y persecución penal y tan sólo una –acelerar la creación de áreas de desarrollo indígena– se vincula lejanamente con las problemáticas sociales y la privación de derechos que afecta a la población mapuche de comunas como Ercilla y Collipulli. Tales medidas demuestran la falta de imaginación e iniciativa política del Gobierno y develan su intención de recurrir nuevamente a la fuerza como argumento de "pacificación" del Wallmapu.

Ante tal situación, el partido autonomista Wallmapuwen se hace un deber señalar lo siguiente:

 

Los hechos delictuales, en la forma de incendios o cualquier otro atentado contra los bienes y las personas, deben ser perseguidos penalmente y aclarados con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías procesales que supone un estado de derecho. En tal sentido, la medida de fortalecer la "institución del testigo protegido", anunciada en la Cumbre de Seguridad, es un contrasentido que aleja la posibilidad de contar con juicios justos, tal cual lo ha demostrado su utilización en numerosos procesos judiciales de carácter "antiterrorista" llevados a cabo contra activistas mapuche.

 

Las autoridades públicas deben abstenerse de asociar los hechos de violencia acontecidos en las últimas semanas, con las legítimas protestas sociales que las comunidades han desarrollado para la recuperación de sus tierras ancestrales, demanda que, por lo demás, debe ser debidamente atendida por el gobierno en virtud de las obligaciones contraídas luego de la ratificación por Chile del Convenio 169.  En tal sentido, el gobierno debe recurrir al uso de todas las herramientas jurídicas y presupuestarias de que dispone, incluyendo el recurso constitucional de la expropiación frente a las prácticas especulativas incentivadas por los latifundistas y sus intermediarios.

 

El gobierno debe, además, invertir eficientemente los recursos del presupuesto nacional destinados a la adquisición de tierras, cuestión que no resulta evidente dado el magro 27% de ejecución presupuestaria del Fondo de Tierras de Conadi en lo que va corrido del año. Dicho porcentaje no guarda relación con la ejecución informada en igual fecha en los últimos diez años y que normalmente alcanzaba porcentajes entre el 50 y el 70% del presupuesto.

 

La represión por parte de carabineros de la protesta social de las comunidades, ha hecho explicita una vez más la brutalidad policial a través del uso desproporcionado de la fuerza, y los tratos crueles, inhumanos o degradantes infringidos incluso contra mujeres, ancianos y niños. Dichas actuaciones deben ser investigadas, sus responsables enjuiciados o debidamente sancionados, y la tendencia a que ello se repita, prevenida oportunamente, tal cual lo han recomendado al país diversos órganos internacionales de derechos humanos.

 

Contrariamente a ello, las declaraciones del Seremi de Gobierno de La Araucanía, Mauricio Ojeda, respaldas el día de hoy por el General Iván Bezmalinovic, Jefe de la IX Zona de carabineros, culpando a los padres de los menores heridos de usarlos como "escudos humanos" frente a la represión policial, deben ser rechazadas no solamente porque constituyen una difamación y son impropias de autoridades públicas, sino que además porque representan un burdo intento de evasión de las responsabilidades administrativas y penales que caben a carabineros en las agreciones a menores de edad en esta y anteriores ocasiones. Las víctimas de esta violencia y sus familiares deben recibir asistencia y reparación por parte del Estado.

 

Finalmente, Wallmapuwen insta al Gobierno a abrir canales de diálogo en consulta y con participación de las comunidades mapuche de Ercilla, de tal modo de hacer efectiva la implementación de los derechos que les competen a los pueblos indígenas en materia de tierras y territorios y en la definición de sus propias prioridades en materia de desarrollo, incluyendo su participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes regionales y nacionales de desarrollo susceptibles de afectarles directamente.

 

¡Por un Wallmapu autónomo, democrático y plurinacional!

 

Mesa Directiva de Wallmapuwen

Temuko, Wallmapu, 26 de julio de 2012

www.wallmapuwen.cl

wallmapuwen@gmail.com

 

Participación Ciudadana: Normas secundarias de calidad ambiental del Río Valdivia

 

Valdivia, miércoles 1 de agosto de 2012, Ministerio del Medio Ambiente.- El proceso de participación ciudadana comenzó el 18 de junio y termina el 12 de septiembre de 2012.

imagen foto_portada.jpg

En un recorrido por el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter el martes 24 de julio la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, tomó conocimiento sobre anteproyecto de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las aguas de la cuenca del Río Valdivia.

 

El equipo de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Los Ríos explicó en terreno a la Secretaria de Estado los detalles de ésta, y en qué parte del proceso va la iniciativa anteriormente mencionada. El Anteproyecto de Ley se publicó en el diario oficial el 15 de junio de 2012 y desde el 18 comenzó la Participación Ciudadana de la NSCA de la cuenca del río Valdivia, que finalizará el 12 de septiembre.


El Seremi del Medio Ambiente, Daniel del Campo hizo un llamado a la comunidad a participar en el proceso de consulta y participación ciudadana, de este importante proyecto. "Para esto la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente realizará 4 talleres en la región, en Valdivia se efectuará el viernes 24 de agosto, en donde se explicarán tanto los procedimientos de la Participación Ciudadana (PAC), como las especificaciones técnicas de las Normas".

 

Los ríos que se normarán son: San Pedro, Rio Cruces, Rio Valdivia y Calle-Calle. Los demás talleres se realizarán en la región, se llevarán a cabo en los municipios de las comunas de Lanco, San José de la Mariquina y Los Lagos, entre el 20 y 24 de agosto.

 

Para más información visita: www.mma.gob.cl/1304/w3-article-52395.html

 

Nace la gran heroína feminista chilena

 

Santiago, miércoles 1 de agosto de 2012, por Marianela Jarroud, IPS.- "La voz política de las histéricas, santas, brujas, locas, putas y mujeres todas". Así definen sus creadoras al diario digital La MansaGuman, el primer medio de comunicación feminista de Chile.

 

"Siempre soñamos con tener una heroína que denunciara la violencia contra la mujer, pero también que nos representara en otros ámbitos", comentó a IPS la directora del medio, Kena Lorenzini.

El diario La MansaGuman fue creado íntegramente por mujeres y busca develar la desigualdad y discriminación que sufren la inmensa mayoría de las chilenas, en un país marcado por el duopolio periodístico que domina el mercado de medios escritos y digitales.

La empresa El Mercurio y el Consorcio Periodístico de Chile SA (Copesa), propiedad de las familias más ricas e influyentes de Chile, son dueños de 90 por ciento de lo que se publica en el país, por lo cual lanzar un medio de comunicación progresista e independiente no es tarea fácil.

La concentración de medios se traduce además en un monopolio ideológico de derecha, que tiene directa consecuencia en las líneas editoriales, y más específicamente, en las fuentes y las formas de abordar la noticia.

En esa línea, la economista Gloria Maira destacó a IPS que La MansaGuman "vino a llenar un vacío importante respecto de los medios de comunicación y a la información a la que pueden acceder las personas".

"En general, las mujeres están ausentes en los medios, aparecemos como el dato diferente, o como nota asociada, pero las fuentes en general son hombres, y la voz de las mujeres no está presente. Decidimos que esa era una gran necesidad que había que llenar", explicó Maira, subeditora del nuevo medio digital.

Añadió que, en general, los temas de las mujeres son manejados con un acercamiento de minoría "y hablan de nosotras como si fuéramos un grupúsculo cuyos problemas no pasan a ser temas nacionales".

"Nosotras queremos colocar los grandes temas de las mujeres, como la brecha salarial, la segregación del mercado laboral, la despenalización del aborto en todas sus circunstancias, así como problemas de la democracia que afectan a la mitad de la población del país y, por lo tanto, tienen que ser mirados con esa importancia política, económica y cultural", aseveró.

Lorenzini precisó que "99 por ciento de los medios tienen editores hombres, dueños hombres y, por lo tanto, quienes escriben y hablan en un 85 por ciento son hombres".

Afirmó que lo más radical de La MansaGuman es que no hay fuentes masculinas, "pero no es un diario digital para mujeres, sino para todos, porque está inmerso en el debate nacional". El nombre La MansaGuman se refiere a una gran mujer. Mansa, en Chile significa "muy grande", y Guman es una deformación de la palabra inglesa "woman" o mujer en español.

En el diario trabaja un grupo multidisciplinario de fotógrafas, economistas, abogadas y orientadoras familiares. Su comité editorial está compuesto por escritoras destacadas, Diamela Eltit, defensora de derechos humanos, Ana González, familiar de cuatro detenidos desaparecidos por la dictadura (1973-1990), y la dirigente de los estudiantes secundarios Danae Díaz, entre otras.

También participan la antropóloga mexicana Marta Lamas, la escritora ecuatoriana Tatiana Cordero y la secretaria general de la Unión de Mujeres Saharauis, Fatma Mehdi, quien también integra la dirección del Frente Popular de Liberación de Saguia al Hamra y Río de Oro, más conocido como Frente Polisario de Liberación.

El financiamiento es 100 por ciento voluntario. La apertura del sitio en Internet y hasta el diseño del diario fueron posibles gracias a las donaciones.

La MansaGuman es "una apuesta periodística crítica y deslenguada", creada para ser un espacio que relevará a las mujeres, hasta ahora excluidas de la agenda de los medios de comunicación tradicionales, afirman sus creadoras. La idea es que la pauta informativa ponga al descubierto espacios donde las mujeres están presentes, la agenda que las define, qué les importa o qué les afecta.

No hay censura, dicen, pero sí dos requisitos para ser parte del proyecto: ser feminista y de izquierda. "Ser feminista es un orgullo para las mujeres. Hay algunas que todavía no lo tendrán asumido, pero, si miramos nuestra historia, el hecho de que podamos estar hoy hablando de las grandes deudas de la democracia se debe al movimiento feminista, tanto en el país como en el resto del mundo, en términos de luchar y presionar por el reconocimiento de nuestros derechos", dijo Maira.

Añadió que, más allá de que muchos digan que el feminismo sigue siendo un discurso trasnochado, "en la medida en que las mujeres seguimos siendo un grupo subordinado, en términos simbólicos, políticos y económicos, sigue hoy más vigente que nunca".

"Por lo tanto, si queremos aportar a un discurso transformador, hacia una sociedad inclusiva, solidaria, que se maneje con esos valores y principios, evidentemente el feminismo es una corriente de pensamiento, de propuesta que alimenta toda esa transformación", completó.

Respecto de ser de izquierda, Lorenzini explicó que significa justicia de género, social y económica. Maira enfatizó: "Nosotras levantamos el puño izquierdo, compañera, somos de las que pensamos que en nuestro país hay un capitalismo salvaje que afecta a la población en su conjunto".

"Los principios de solidaridad que inspiraron en otro momento a la sociedad chilena se perdieron, pasamos de ser ciudadanos a ser clientes y son las reglas del mercado las que determinan, no sólo la economía sino también la política, el conjunto de valores".

"Por ello, nosotras también asumimos eso como un posicionamiento político a efectos del discurso que queremos transmitir y motivar y colocar en el debate público", añadió.

En esa línea es que La MansaGuman pretende ser "la voz política" de las mujeres, para terminar con la "invisibilización" histórica a la que han estado sometidas. "Tenemos derecho a voto, hay algún tipo de política pública para atender ciertas manifestaciones de la violencia contra la mujer, pero convengamos en que las mujeres seguimos siendo un colectivo subordinado de la sociedad, y todos los marcos indicadores así te lo muestran", opinó la economista.

Precisó que "en representación política, en presencia laboral, en niveles salariales, en los espacios de toma de decisiones en las empresas, en los circuitos culturales como productoras de cultura, etcétera, las mujeres están en lugares francamente relegados".

"Creemos que esa es la gran deuda de la democracia con las mujeres y que es necesario abordarla, también desde los medios de comunicación", puntualizó. En La MansaGuman pueden escribir desde intelectuales hasta sindicalistas, desde pobladoras hasta empresarias. Es decir, todas las mujeres tendrán un espacio.  Los criterios editoriales "no son rigurosos, pero tampoco laxos", afirmó Lorenzini.

Y Maira advirtió que de ahora en adelante las mujeres podremos estar tranquilas, porque "las histéricas, las santas, las brujas, las putas, todas, van a estar en primera línea siempre".  "La heroína hará todo lo posible porque así sea",

 

GLOBALES

 

Perú se empeña en mejorar evaluación ambiental

 

Lima, Perú, miércoles 1 de agosto de 2012, por Milagros Salazar, Tierramérica.- Una evaluación aleatoria del gobierno de Perú sobre 205 estudios de impacto ambiental aprobados entre 2001 y 2010, comprobó que 86 por ciento de ellos carecían de información completa sobre cómo obtuvieron luz verde de las autoridades.

Los pobladores del enclave minero de Morococha, centro de Perú, deben ser desplazados para dejar lugar a la explotación de la empresa china Chinalco. / Credit:Milagros Salazar/IPS
Los pobladores del enclave minero de Morococha, centro de Perú, deben ser desplazados para dejar lugar a la explotación de la empresa china Chinalco. Crédito: Milagros Salazar/IPS

 

En 60 por ciento de los 205 casos analizados la información incompleta correspondía a difusión y participación ciudadana; en 74 por ciento acerca de la admisibilidad de los estudios, y en 95 por ciento acerca de la forma en que se habían aprobado los términos de referencia para llevarlos a cabo.

Esos estudios de impacto ambiental son una porción, representativa de diferentes actividades productivas, de los 2.360 que el Estado aprobó entre enero de 2001 y noviembre de 2010 y que correspondían en 62 por ciento a los sectores de minería y energía, según informó en mayo el viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, en una reunión en el Congreso legislativo.

La sociedad civil plantea propuestas para enfrentar este problema, mientras el gobierno asegura que hará cambios. Desde enero de 2006 hasta este mes de julio, 211 personas murieron y 2.700 resultaron heridas en conflictos sociales, la mayoría de carácter ambiental, según la Defensoría del Pueblo.

En el año de gobierno de Ollanta Humala, cumplido este sábado 28, se registraron 15 muertos y 430 heridos. Ante las críticas, que se intensificaron con las cinco muertes en las manifestaciones de inicios de este mes contra el proyecto aurífero Conga, el mandatario anunció una nueva relación con la industria minera, fuente primordial de divisas para este país.

Conga, un proyecto de la empresa de capitales trasnacionales Yanacocha en la norteña región de Cajamarca, generó tal malestar por la presunta ruina que causaría a cuatro lagunas de agua dulce que obligó al gobierno a contratar un peritaje internacional de los estudios de impacto ambiental.

Ese análisis concluyó que solo dos de las cuatro lagunas cercanas que desaparecerían serían vaciadas para extraer el oro, y las otras se usarían como depósito de desmonte.

No existía un estudio hidrológico e hidrogeológico detallado, fundamental para prevenir filtraciones tóxicas de la actividad minera, no se incluía un análisis integral de las microcuencas que podían verse alteradas, ni se informó sobre Conga a todos los pueblos que serían afectados.

Organizaciones de la sociedad civil han entregado al Ministerio del Ambiente propuestas para mejorar el mecanismo de evaluación ambiental estatal.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), por ejemplo, acaba de publicar un libro de la abogada Isabel Calle en el que plantea siete recomendaciones.

Una de ellas es crear un organismo técnico, adscrito al Ministerio del Ambiente, que revise y apruebe los estudios ambientales de los proyectos en todos los sectores de la economía.

Actualmente, cada cartera tiene una unidad encargada tanto de la aprobación de los estudios ambientales como de promover las inversiones en su sector.

"Lamentablemente, la población no confía en la imparcialidad del Estado y considera que estos ministerios siempre estarán de lado de las empresas", dijo Calle a Tierramérica. "Pero si esta revisión pasa a manos de ministerio que se encarga de la protección del ambiente, puede darse una buena señal".

La creación de este organismo se discutió en una comisión multisectorial, instalada a comienzos de este mes para mejorar las condiciones ambientales y sociales en que se desarrollan las actividades productivas, y que debe entregar a inicios de agosto una propuesta de reforma, informó a Tierramérica el viceministro Castro.

El funcionario y la SPDA coinciden en que el traspaso de esta función clave a la cartera ambiental debe ser gradual, para no recargarla de trabajo.

"En la medida en que estas recomendaciones sean integradas y sirvan para reducir los daños y aprovechar mejor las oportunidades, todos ganarán", dijo Castro. "Una reforma mejorará la calidad de la decisión, ayudará a generar confianza y reducir la incertidumbre y los conflictos".

Las empresas no se oponen a los cambios, siempre que se respete el plazo de 90 días para aprobar los estudios de impacto ambiental, dijo el gerente de responsabilidad y medio ambiente de la filial peruana de la corporación canadiense Barrick Gold, Gonzalo Quijandría.

"Que los organismos nos fiscalicen, pero que muestren su calidad técnica. Para las empresas es importante que cualquier acción nueva no genere retrasos", dijo Quijandría a Tierramérica.

Un aspecto clave son los términos de referencia: las especificaciones técnicas, los objetivos y la estructura que debe tener cada estudio de impacto ambiental. La SPDA propone fiscalizarlos más estrechamente.

Esta entidad también sugiere que en el estudio de línea de base –la medición inicial de todos los indicadores que pueden alterarse por el proyecto productivo– se incluya información sobre áreas de contingencias, existencia de ecosistemas frágiles, identificación de medidas de prevención, mitigación y corrección de potenciales daños y un plan de inclusión social y de compensación ambiental, entre otros aspectos.

El plan de inclusión social, según la SPDA, debe propiciar que empresas y Estado ejecuten planes conjuntos para garantizar a la población pobre que vive en las zonas mineras el acceso a servicios básicos y a empleo.

En una reunión en julio de 2010, funcionarios de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros señalaron a empresarios que varios estudios contratados a firmas consultoras contenían párrafos enteros copiados de otros documentos, lo que indica poca seriedad en la evaluación de posibles impactos, reveló una investigación de IDL-Reporteros, un grupo independiente de periodistas.

Quijandría admitió que hay estudios "de todo tipo", pero las empresas están dispuestas a mejorar la calidad, dijo. Sin embargo, "así tengamos un estudio hecho por un premio Nobel, la ciudadanía va a tener desconfianza porque está inducida políticamente", aseveró.

La abogada Calle cree que deben fijarse requisitos a los técnicos que elaboren los estudios, cuya infracción dé pie a sanciones que pueden llegar a la suspensión del proyecto, si se comprueban irregularidades como plagio o falta de previsión de los daños.

La SPDA sugiere asimismo un fondo para que la población contrate asesoría técnica, y una ventanilla única para solicitar todos los permisos, autorizaciones y demás trámites con certificación ambiental.

Otras sugerencias son facultar al gobierno regional concernido a entregar opiniones técnicas sobre los estudios de impacto ambiental, y coordinar las distintas instancias del Estado para evitar que se superpongan, en un mismo lugar, derechos y concesiones en ecoturismo, conservación o usos forestales.

En opinión del viceministro Castro, se necesita actualizar el marco regulatorio, los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles de ciertas sustancias en algunos sectores; establecer protocolos y metodologías y uniformizar criterios de revisión y aprobación.

No todo debe recaer en los estudios de impacto, dijo a Tierramérica la gerenta de Responsabilidad y Medio Ambiente de la Sociedad Nacional de Industrias, Cecilia Rosell. Hay que considerar otras herramientas que existen para la gestión ambiental y social, apuntó.

Para Manuel Glave, investigador principal del centro de estudios Grupo de Análisis para el Desarrollo, los cambios deben insertarse en un plan de ordenamiento territorial, porque lo que está en juego es el acceso y el uso de los recursos naturales.

 

Dinero del desarrollo se gasta en armas nucleares

 

Naciones Unidas, miércoles 1 de agosto de 2012, por Haider Rizvi, IPS.- Previo a la reanudación de las conversaciones de la ONU sobre desarme, el lunes 30 en Ginebra, aumentan los reclamos a los estados nucleares para que gasten menos en sus arsenales y usen esos fondos para el desarrollo.

 

"La suma que todavía se gasta en armas nucleares no tiene sentido, así como no lo tiene la continua dependencia en las armas mismas", dijo a IPS el presidente de la estadounidense Nuclear Age Peace Foundation (Fundación por la Paz en la Era Nuclear), David Kreiger.

Sus comentarios aludían al hecho de que nueve de los 193 estados miembro de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) continúan aumentando sus asignaciones presupuestarias para el mantenimiento y la modernización de las armas nucleares, pese a las promesas de reducir sus arsenales.

El año pasado, los estados nucleares gastaron alrededor de 105.000 millones de dólares en esos arsenales, según estimaciones independientes. Solo Estados Unidos gastó 61.000 millones de dólares.

Según un estudio de Global Zero, una organización estadounidense que aboga por el desarme, en 2011 Rusia gastó 14.900 millones de dólares en armas nucleares; China, 7.600 millones; Francia, 6.000 millones; y Gran Bretaña, 5.500 millones.

Por su parte, las cuatro potencias nucleares no declaradas exhibieron un patrón de comportamiento similar, con mayores gastos en armas nucleares. India gastó 4.900 millones de dólares; Pakistán, 2.200 millones; Israel, 1.900 millones; y Corea del Norte, 700 millones.

Este cálculo de costos realizado por Globe Zero se refiere solo a la investigación, desarrollo, compra, prueba, operación, mantenimiento y modernización del arsenal nuclear, y no a muchas otras actividades relacionadas. También pronostica como muy probable que los gastos sean los mismos este año.

Y eso, pese a que la mayoría de los gobiernos continúan enfrentando restricciones financieras causadas por la prolongada crisis económica, y parecen inclinados a introducir más recortes en los servicios sociales.

Considerando que millones de personas en todo el mundo padecen hambre, enfermedades y falta de un techo, Kreiger calificó de "obscena" a esta tendencia de aumentar el gasto en armas nucleares. "Las armas nucleares absorben recursos que podrían utilizarse, en cambio, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio", sostuvo.

Los expertos de la ONU dicen querer recaudar unos 400.000 millones de dólares anuales para el desarrollo. Pero esa cifra se vuelve cada vez más difícil de conseguir, porque la mayoría de los principales donantes no están cumpliendo sus compromisos.

Según la ONU, faltan 167.000 millones de dólares en asistencia oficial al desarrollo, lo que dificulta que los países pobres logren todos los Objetivos del Milenio para 2015, tal como se prevé.

Esa escasez de fondos puede superarse fácilmente si se reduce drásticamente el costo de mantenimiento y modernización de las armas nucleares, plantearon activistas por la paz.

"Las naciones nucleares gastan alrededor de 300 millones de dólares cada día en sus fuerzas nucleares", dijo en un comunicado el activista Tim Wright, de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares. "Obviamente, hay una manera mejor de gastar este dinero que en armas que nos amenazan a todos", agregó.

Se estima que, actualmente, los estados nucleares poseen alrededor de 19.500 armas atómicas, según Critical Will, una organización no gubernamental que trabaja en estrecha colaboración con la ONU en materia de no proliferación y desarme.

Pese al nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (conocido como Start, por sus siglas en inglés) firmado en 2010, tanto Estados Unidos como Rusia continúan modernizando sus arsenales ya existentes. Lo mismo ocurre con Gran Bretaña, Francia y China, además de las otras cuatro potencias nucleares de facto.

Aunque los registros de gasto de las cinco potencias nucleares declaradas son difíciles de precisar debido a la falta de transparencia en ciertas áreas, los investigadores dicen que es mucho más difícil hallar datos precios en relación al gasto de armas atómicas en países nucleares de facto.

En el caso de Pakistán, por ejemplo, que no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, no hay una responsabilidad pública que lo obligue a rendir cuentas sobre el costo de las armas nucleares. Es un secreto de Estado.

Cuando se le preguntó a un diplomático pakistaní sobre el costo del programa nuclear de su país, respondió: "No sé. ¿Por qué no habla con los diplomáticos de Estados Unidos y otros países? ¿Acaso ellos le dicen a su pueblo cuánto dinero están gastando?".

Su respuesta insinuó que las cifras que divulgan los estados nucleares declarados tampoco son auténticas. Pero los activistas por la paz en la región contrarrestaron este argumento.

"Todos los estados nucleares lanzaron su programa armamentista sin el conocimiento de sus propios habitantes. Este secretismo en torno a lo que ocurre dentro de los programas nucleares y cuánto les cuestan a los fondos públicos es un intento por eludir responsabilidades", dijo Zia Mian, quien dirige un proyecto sobre paz y seguridad en la Universidad de Princeton.

"Las primeras víctimas de los programas nucleares son las personas que se supone deben proteger", declaró a IPS, citando datos recientes según los cuales Pakistán gasta uno por ciento de su producto interno bruto (PIB) en salud y educación.

Alrededor de la mitad de la población de ese país no sabe leer ni escribir. Kreiger dijo que el hecho de que los líderes de los estados nucleares no hayan logrado "librar al mundo de estas armas exhibe nada menos que una cruel indiferencia hacia quienes sufren, a la vez de asegurar que sus propios ciudadanos sean blancos de armas nucleares".

La Conferencia de Desarme de la ONU tendrá lugar del 30 de julio al 14 de septiembre en Ginebra. En el pasado, esta instancia negoció algunos importantes acuerdos internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

……………………………………………………………………………………………..

Se autoriza la copia, distribución y uso de los contenidos publicados en el BOLETÍN GAL, siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales, se reconozca la autoría y se identifique explícitamente a la fuente. Las opiniones vertidas por otras fuentes, visitantes o colaboradores en esta publicación no necesariamente reflejan los puntos de vista del BOLETÍN GAL. Esta publicación no es spam y se envía bajo los Artículos 2 y 4 de la Ley 19.628 de la República de Chile y de acuerdo a la nueva Ley del Consumidor Nº 19.496 y su modificación Nº 19.955 del 2004, en su Artículo 28b, donde regula el envío de correos electrónicos ("Toda comunicación promocional o publicitaria enviada por correo electrónico deberá indicar la materia o asunto sobre el que versa, la identidad del remitente y contener una dirección válida a la que el destinatario solicite la suspensión de los envíos"). Si usted desea ser removid@ de nuestro directorio en forma temporal o definitiva, por favor responda a este e-mail indicando "Remover" en el Asunto (subject)

 

 

No hay comentarios: