Nº 1.215. Viernes 9 de Septiembre de 2011. Año VI. Boletín Electrónico de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Lectores(as): 32.273. Contacto: boletingal@gmail.com Fonos: 56-02-7857084, 09-5732334. @BoletinGal
CONTENIDO
LOCALES
Organizan Congreso de la Sociedad Civil
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, Bicicultura
Entregan recursos a agrupación de recicladores de La Reina Creacoop
La Reina, viernes 9 de septiembre de 2011, Ministerio de Medio Ambiente
Soluciones arquitectónicas para una mejor calidad de vida
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, por Paola Mora, Coordinadora de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad San Sebastián, La Tercera
Foro Ciudadano: "Hacia la Autonomía Alimentaria"
Valparaíso, viernes 9 de septiembre de 2011, Caravana Ahimsa por la Tierra
Taller Comunitario: Plantas Nativas, sus Semillas y Reproducción
Viña del Mar, viernes 9 de septiembre de 2011, Caravana Ahimsa por la Tierra
NACIONALES
Director de Medio Ambiente de la OCDE se reúne con autoridades del Ministerio
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, Ministerio de Medio Ambiente.-
Realizan auditorías a procesos de Certificación Ambiental municipal
Antofagasta, viernes 9 de septiembre de 2011, Ministerio de Medio Ambiente
Miel contaminada con transgénicos hace perder mercado europeo a productores chilenos
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, RAPAL-Chile, Radio del Mar
Valdivia: Ciudadanía reúne firmas para Plebiscito sobre obras de infraestructura
Valdivia, viernes 9 de septiembre de 2011, por Cristián Pacheco, Radio Universidad de Chile
Plebiscito: Síntoma de una enfermedad
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, por Rodrigo Alarcón López, Radio Universidad de Chile
GLOBALES
Ministros de Chile, Perú y México participan en foro ambiental de APEC en Pekín
Pekín, China, viernes 9 de septiembre de 2011, Finanzas
¿Cuán "efectivas" son las áreas protegidas conservando la biodiversidad?
Londres, Inglaterra, viernes 9 de septiembre de 2011, por Terry Sunderland, Senior Scientist, Center for International Forestry Research, Ecoticias
Aumento del nivel del mar, mayor amenaza del cambio climático
Katmandú, Nepal, viernes 9 de septiembre de 2011, Los 5 de Septiembre
ESPECIAL: LA EDUCACIÓN EN CHILE
Encuestas: La ciudadanía ya se pronunció sobre los cambios en la educación en Chile
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, Senador Navarro
Movilización estudiantil: ¿Qué se enseña cuando se enseña?
Coyhaique, viernes 9 de septiembre de 2011, por Patricio Segura, periodista, Presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, El Mostrador
La educación superior gratuita no es una política regresiva
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, por Claudia Sanhueza y Alejandro Corvalán, CIPER Chile
La educación en Chile es tema de la región latinoamericana
Buenos Aires, Argentina, viernes 9 de septiembre de 2011, por Daniel González Almandoz, Prensa Mercosur
DOCUMENTOS:
¿Puede ser sustentable la minería?
Quito, Ecuador, viernes 9 de septiembre de 2011, por William Sacher, Alberto Acosta, ALAI
LOCALES
Organizan Congreso de la Sociedad Civil
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, Bicicultura.- CONGRESO DE LA SOCIEDAD CIVIL, Casa Central U.de Chile (en toma). 10 sept.
Hemos recibido esta invitación a a participar de la creación del "CONGRESO DE LA SOCIEDAD CIVIL Territorio político ciudadano para una nueva sociedad" Una red de redes que articulará propuestas para democratizar Chile y crear una sociedad civil más participativa y justa.
La invitación es para el día 10 de Septiembre a las 9:45 hrs en la Casa Central (en toma) de la Universidad de Chile.
He aquí parte del mensaje oficial de este congreso:
(...) Convocamos a organizaciones, colectivos, comunidades, asociaciones y personas autónomas a participar juntos en esta construcción de una política ciudadana. Esto significa elaborar una Agenda Ciudadana propia, que intentaremos llevar a cabo poniéndola a disposición de partidos políticos y organizaciones sociales y de cualquier tipo, de todo el territorio, que se sientan convocados a decir basta a un modelo de democracia y de desarrollo colapsado por su centralismo y su escasa aceptación en toda la sociedad.
Es tiempo de ejercer la Democracia Directa: la Democracia Ciudadana real. Y esto requiere de establecer poderes locales con capacidad de acción y de propuestas, visualizando programas en los diferentes ámbitos de relevancia en la vida ciudadana que nos incumben a todos.
sociedadcivil.jpg CONGRESO DE LA SOCIEDAD CIVIL, Casa Central U.de Chile (en toma). 10 sept.
Cuándo: sábado 10 septiembre, 2011 09:45
Dónde: Casa Central Universidad de Chile
Dirección: Libertador Bernardo O`Higgins, 1030-1098, Santiago, Región Metropolitana, Chile
Entregan recursos a agrupación de recicladores de La Reina Creacoop
La Reina, viernes 9 de septiembre de 2011, Ministerio de Medio Ambiente.- La agrupación es una cooperativa de recicladores dedicados a la recolección, selección y comercialización de materiales reciclables y reutilizables, como son el papel, cartón y chatarra.
En ceremonia realizada este miércoles 7 de septiembre, se entregaron por parte de Sercotec recursos a la agrupación de recicladores de La Reina Creacoop.
La actividad fue encabezada por el alcalde de la comuna Luis Montt, por el director nacional de Sercotec José Luis Uriarte, y el Seremi (S) de Medio Ambiente RM, Juan Fernández.
Creacoop es una cooperativa de recicladores dedicados a la recolección, selección y comercialización de materiales reciclables y reutilizables, como son el papel, cartón y chatarra. La cooperativa actualmente implementa, en conjunto con la Municipalidad de La Reina, un programa que consiste en la gestión de un centro de reciclaje comunal y un sistema de recolección selectiva de los materiales reciclables.
Para el Seremi (S) de Medio Ambiente RM, Juan Fernández, el reciclaje de residuos es una de las componentes que constituyen un aporte real y concreto para hacer de la ciudad un lugar sustentable, junto con el apoyo y compromiso que tengan los municipios con estas iniciativas, "los gobiernos locales por medio del apoyo y colaboración a estos proyectos tienen la posibilidad de ahorrar recursos por concepto de transporte y disposición final de residuos, los que pueden ser reinvertidos en obras y programas que en el futuro irán en directo beneficio de los habitantes de sus comunas, como en este caso la comunidad de La Reina".
El proyecto de Creacoop contempla incrementar, gracias al aporte de Sercotec, la recolección de residuos de 45 toneladas mensuales a 90.
Seremi (S) de Medio Ambiente RM, Juan Fernández.
Alcalde de la comuna de La Reina, Luis Montt.
Soluciones arquitectónicas para una mejor calidad de vida
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, por Paola Mora, Coordinadora de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad San Sebastián. Es arquitecta de la Universidad de Chile, La Tercera.- La semana pasada se entregaron en Copenhague, Dinamarca, los premios de diseño Index. Esta entrega de galardones se diferencia de otras alrededor del mundo en su objetivo de premiar aquellos diseños que signifiquen un aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Como plantea su sitio en Internet: "Index busca diseños que se concentran en la solución de desafíos y problemas de la vida humana".
Existen diferentes categorías como Cuerpo, Hogar, Trabajo, Juego y Comunidad. Este año, la categoría Hogar tuvo como ganador el conjunto de viviendas sociales Elemental construido en Monterrey, México, por el estudio chileno que dirige el arquitecto Alejandro Aravena. Para el desarrollo de este proyecto arquitectónico, Aravena siguió el mismo concepto aplicado en las viviendas sociales que ha desarrolladas en nuestro país; esto es, construir la mitad de una casa de clase media, con la posibilidad de ser ampliable por su dueño en un conjunto habitacional emplazado cerca de servicios, bien conectado y en un contexto que presente oportunidades propias de la ciudad. El conjunto, consiste en bloques de tres pisos compuestos por una casa de un piso y un duplex. Se propone una estructura inicial provista de llenos y vacíos en la que el núcleo inicial corresponde a una casa básica de 40 m2, que contiene baño, cocina y caja de escalera. La idea es que el vacío pueda ser completado por los propios habitantes del conjunto de acuerdo a sus intereses y necesidades, así como también a sus posibilidades económicas.
La pregunta clave aquí es cómo se lleva a cabo la gestión de un proyecto inmobiliario, que se emplaza en un terreno caro, debido a la disponibilidad de servicios y alta conectividad, y cuyo diseño y construcción son de gran calidad, para mantenerse dentro de los estándares económicos que corresponden a una vivienda social. En la respuesta a esta interrogante emerge la arquitectura como una disciplina compleja, que debiera ser capaz de atender no sólo problemáticas de índole estética y funcional, sino también de entregar soluciones que engloben otros sistemas como el social, el económico y el medio ambiental. Cuando la solución es simple la belleza trasciende desde la forma al fondo y el proyecto arquitectónico se completa. Es el caso del conjunto habitacional en cuestión, en el que la solución se encontró abaratando los costos de la construcción, ya que se ejecuta solamente la "mitad" de cada casa, a cambio de poder financiar, con el resto del presupuesto, un terreno favorable que permitirá a través del tiempo ir aumentando el valor de las propiedades. Al mismo tiempo, se mejora la calidad de vida de sus habitantes, quienes no tendrán que desplazarse grandes distancias para llegar a sus trabajos o lugares de estudio y, además, alcanzarán un grado de empoderamiento dentro de sus comunidades, al ser ellos mismos los responsables de la toma de decisiones para llevar a cabo la ampliación de sus hogares.
Hubo un tiempo en el que los arquitectos creían fervientemente en la capacidad propia de la arquitectura para mejorar las relaciones humanas. Resulta confortante comprobar que, a través de este tipo de proyectos, el desarrollo y la cohesión social pasan nuevamente a ser parte del interés profesional de los arquitectos.
Hoy día, con un enorme trabajo pendiente en pos de la reconstrucción de las ciudades que fueron devastadas por el terremoto, quizás sea pertinente recordar las palabras de Jaap Bakema, arquitecto holandés que participó en la reconstrucción de Róterdam después de la Segunda Guerra Mundial, frente a sus colegas en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de 1959: "…podemos dejarle a la arquitectura aquello que realmente puede llegar a ser, una herramienta para mejorar las relaciones entre los seres humanos."
Foro Ciudadano: "Hacia la Autonomía Alimentaria"
Valparaíso, viernes 9 de septiembre de 2011, Caravana Ahimsa por la Tierra.- Viernes 9 de Septiembre, 18:00 hrs. a 20:00 hrs. Auditorio Escuela de Psicología, Universidad de Valparaíso, Avenida Brasil 2140, Valparaíso
Expositores
Rodrigo Mundaca – Agrónomo
Movimiento por la Defenza del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente, MODATIMA
"Usurpaciones de agua y modelo Agroindustrial en la provincia de Petorca"
Freddy Cortez – Ingeniero en Agronomía
Red Socioambiental de Valparaíso
"Cultivos transgénicos, agrotóxicos y Autonomía Alimentaria"
Organiza: Caravana Ahimsa por la Tierra
www.redsocioambientalvalpo.blogspot.com
Taller Comunitario: Plantas Nativas, sus Semillas y Reproducción
Viña del Mar, viernes 9 de septiembre de 2011, Caravana Ahimsa por la Tierra.- Objetivo: Comprender como se colectan en forma ecológica las semillas de las diferentes plantas nativas de la zona central de Chile, su almacenaje y su posterior trabajo pregerminativo para la reproducción.
Programa
10:00 hrs. AM: Bienvenida
10:30 hrs. AM: Fase Teórica: Las plantas nativas de la zona central, la floración y producción de semillas, la colecta, técnicas pregerminativas y proceso de reproducción sexual.
13:30 hrs. PM: Almuerzo Comunitario
15:00 hrs. PM: Fase Práctica: l@s participantes aprenderán en forma práctica sobre las diferentes semillas y el proceso para la reproducción sexual. Considerando la práctica de diferentes técnicas pregerminativas y su posterior manejo y cuidado. Además se contempla el manejo ecológico de la fertilidad y de plagas o enfermedades que puedan presentarse en las plantas. La actividad comunitaria culmina con la siembra directa y almácigos de diferentes especies nativas.
18:00 hrs. PM: actividad de cierre y despedida.
¿Cómo llegar?: debes llegar a Viña del Mar máximo a las 9:30 hrs. AM y tomar la micro Nº 410, 411 desde el centro de Viña del Mar, o Nº 202 desde Valparaíso (Errázuriz). El pasaje sale $350 hasta el paradero 2, Calle 5.32-D de Reñaca Alto – Viña del Mar. Ahí está el COTRA (puedes preguntar al chofer o a la gente pues es bien conocido). Teléfono: 92314747. Consultas e inscripción centrodemostrativo@gmail.com
NACIONALES
Director de Medio Ambiente de la OCDE se reúne con autoridades del Ministerio
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, Ministerio de Medio Ambiente.- La oportunidad fue clave para la elaboración de la estrategia de "Crecimiento Verde" del país, que se enfoca al desarrollo involucrando la variable medioambiental.
Con miras a la asamblea de Río+20, a desarrollarse en junio del próximo año, la Ministra María Ignacia Benítez, se reunió esta mañana con el Director de Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, Simon Upton, con quien trató importantes temas en esta materia.
La Secretaria de Estado, recalcó que la reunión fue clave para elaborar la estrategia de "Crecimiento Verde" que significa la consideración de planes para que el desarrollo y políticas económicas sustentables para Chile. "Esta es una estrategia que se elabora en términos de largo plazo. Hay que ir definiendo cuáles van a ser nuestras metas y cuáles van a ser las áreas que vamos a ir abordando" recalcó la Ministra Benítez.
Río+20 es organizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y es una instancia donde se estima que asistirán autoridades de alto nivel, incluyendo Jefes de Estado y de Gobierno para renovar el compromiso político con el desarrollo sustentable, junto con evaluar el progreso de otras reuniones importantes sobre el tema.
En tal sentido, Chile deberá ir estructurando un plan de desarrollo que involucre variables ambientales, tema que la Ministra Benítez relevó en el área de energía y la agricultura, así como los instrumentos económicos e incentivos. "Se abordan un montón de materias basadas en un crecimiento del país sin descuidar el medio ambiente".
Es importante destacar que en marzo del año 2012 está agendada la reunión Ministerial en la que se avanzará en la estrategia de Crecimiento Verde, "que es lo que estábamos conversando con el Director de Medio Ambiente de la OCDE, y cómo podríamos trabajar con el apoyo de ellos" señaló la Ministra.
Finalmente la Secretaria de Estado señaló que "nosotros como país en vías de desarrollo tenemos que pensar en cómo va a ser nuestra estrategia y cuáles van a ser los alcances que les queremos dar para tener un Chile más sustentable".
En la tarde, el experto de la OCDE, Simon Upton, se reunió con el subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázabal, con quien dictó una clase magistral sobre crecimiento verde en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Participaron también el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, Juan Carlos Castilla y el profesor de Agronomía, Oscar Melo.
Realizan auditorías a procesos de Certificación Ambiental municipal
Antofagasta, viernes 9 de septiembre de 2011, Ministerio de Medio Ambiente.- Profesionales del Ministerio del Medio Ambiente visitaron los municipios de San Pedro de Atacama, Antofagasta y Mejillones.
El primer ciclo de auditorías ambientales a los municipios de la Región de Antofagasta que se encuentran desarrollando sus procesos de certificación ambiental, desarrollaron, durante tres días, profesionales del Ministerio del Medio Ambiente.
La revisión de los procedimientos estuvieron a cargo del Jefe del Departamento de Gestión Ambiental Local, Carlos Rungruangsakorn y de las profesionales Claudia Jara y Erika Tapia, del Ministerio y de la Secretaría Regional Ministerial, respectivamente, y consistió básicamente en examinar el trabajo desarrollado hasta ahora por el municipio de San Pedro de Atacama quien desarrolla la fase intermedia y de los municipios de Antofagasta y Mejillones, que ejecutan la etapa básica.
El proceso de la Certificación Ambiental Municipal considera por cada uno de estos niveles, la realización de, a lo menos, tres auditorías: dos in situ que consiste en la aplicación de encuestas aleatorias a los funcionarios municipales de los distintos estamentos y la tercera que es documental, la cual se basa en la revisión de los medios presentados en el expediente que contiene los medios verificadores para optar a la certificación.
Luego de realizar las auditorías, se envía a los respectivos municipios un reporte con los resultados y las observaciones al desarrollo de su proceso. Al respecto, la encargada regional de la Gestión Ambiental Local (GAL), Erika Tapia, señaló que "nuestras observaciones siempre son constructivas, porque con estas visitas lo que buscamos es guiarlos en el proceso y apoyarlos en su gestión. Estamos muy contentos con el trabajo que están realizando estos tres municipios y esperamos que pronto, se sumen al Sistema otras municipalidades de nuestra región".
Asimismo, dijo, en San Pedro de Atacama se dio inicio a un ciclo de capacitaciones, consensuadas entre el municipio y el Comité Ambiental Comunal, las cuales tienen como objetivo generar capacidades en el ámbito de la gestión ambiental. Los temas abordados por los profesionales de este ministerio, fueron: Nueva Institucionalidad Ambiental y el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM).
Cabe recordar que la certificación permite a los municipios instalarse en el territorio como modelos de gestión ambiental, donde la orgánica municipal, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que presta el municipio a la comunidad integran el factor ambiental en su quehacer.
El sistema contempla tres niveles, que fueron diseñados de forma sucesiva, de modo que cada etapa facilite el éxito del siguiente. Las fases son: básica, intermedia y de excelencia.
Miel contaminada con transgénicos hace perder mercado europeo a productores chilenos
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, RAPAL-Chile, Radio del Mar.- Gravísimas consecuencias para los apicultores chilenos tiene el fallo del tribunal de justicia de la Unión Europea del 6 de septiembre: la miel contaminada con polen transgénico en Alemania, deberá pasar por un proceso de revisión y etiquetado previo a su comercialización. Ese país europeo recibe el 74,3% de las exportaciones chilenas de miel, seguido por Francia (13,1%), Luxemburgo y Bélgica, y ya ha habido rechazos de embarques.
Un análisis realizado a 20 tambores de miel chilenos reveló que todos contenían polen transgénico, según informó Juan Pablo Molina (de JPM Exportaciones) en un encuentro gremial realizada el pasado 2 de septiembre en Talagante.
En Chile, los apicultores ignoran la ubicación de los cultivos de semilleros transgénicos responsables del daño a su producción de miel y derivados. La política oficial es promover la coexistencia entre semilleros transgénicos y cultivos convencionales u orgánicos, lesionando como queda una vez más demostrado, los intereses de los productores apícolas, convencionales y orgánicos. Según ODEPA, las exportaciones totales de miel del país durante 2010 totalizaron 8.601 toneladas, avaluadas en US$ 28,9 millones.
La sentencia europea responde a la demanda presentada el año 2005 por el apicultor Karl Bablok contra el estado de Baviera, Alemania, dueño de plantaciones de maíz Mon818 (de Monsanto) previas a la prohibición de estos cultivos por el Estado alemán, en 2009. Según ese tribunal, la contaminación del polen con ADN y toxinas bt de maíz Mon 818 constituye una modificación sustancial de la miel. La corte falló así contra Monsanto, que se hizo parte de la demanda argumentando lo contrario. Se detectó la presencia de ADN de maíz Mon818 y de proteínas transgénicas (toxina Bt) en el polen de maíz de colmenas situadas a 500 metros de los cultivos transgénicos.
El etiquetado de alimentos transgénicos en Europa permite un máximo de 0,9% de trazas de transgénicos y esa miel no se pudo comercializar. En 2008 Chile tuvo una participación de 2,2% del mercado global de miel, con el puesto 14 a nivel mundial, según ODEPA.
"La Red de Acción en Plaguicidas Chile, exige una vez más la moratoria a la introducción, importación y comercio de transgénicos y los productos que los contengan. Este fallo confirma que no es posible la coexistencia entre cultivos transgénicos y convencionales, planteada en su proyecto de ley de introducción de transgénicos por el Presidente Piñera y defendida por el SAG, entre otras razones porque uno de los factores de contaminación es la polinización por los insectos, y el viento. Son cuestiones incontrolables, las abejas tienen una atracción fatal por el polen del maíz, y esta contaminación tiene consecuencias sociales, ambientales y también de tipo económico, como estamos viendo. Y es claro que también aquí se cae el concepto que defiende Monsanto de equivalencia sustancial de los alimentos transgénicos con los convencionales u orgánicos", afirma Lucía Sepúlveda, encargada del área de Transgénicos y semillas de RAP-Chile, cuya organización es miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile.
La contaminación que afecta a los apicultores chilenos proviene de los cultivos de semillas transgénicas de exportación –la mayoría maíz y raps- cuya ubicación permanece secreta pese a una demanda entablada por RAPAL en 2009 y acogida por el Consejo de Transparencia pero que la Corte de Apelaciones aún debe resolver debido a la apelación de Monsanto. Las semilleras que han contaminado la producción mielífera pueden permanecer en la impunidad debido a ello, haciéndose compleja la demostración del daño producido. Una situación que se torna intolerable para productores y ciudadanos.
Valdivia: Ciudadanía reúne firmas para Plebiscito sobre obras de infraestructura
Valdivia, viernes 9 de septiembre de 2011, por Cristián Pacheco, Radio Universidad de Chile.- Habitantes de Valdivia juntan firmas para poder realizar plebiscito sobre obras de infraestructura. Valdivianos reúnen firmas para plebiscitar la ubicación y prioridades de los nuevos puentes que unirán el centro de la ciudad e Isla Teja.
La campaña para reunir las más de 3825 firmas que necesitan para hacer legal la iniciativa ciudadana vinculante, como lo dice la ley, comenzó el 19 de agosto y se extenderá hasta el 16 de septiembre.
Para lograr el objetivo y discutir las distintas propuestas, diversas organizaciones han conformado la mesa de trabajo "Puente Ciudadano; Valdivia sale a votar", en la que participan juntas de vecinos de los sectores Centinela y Barrios Bajos, la agrupación de ciclistas, académicos de la Universidad Austral, asociación de camioneros y la asociación de consumidores y usuarios de Valdivia, entre otras.
Rafael Asenjo, abogado que preside la mesa, plantea que según la secretaría regional de transportes, en la etapa de anteproyecto se analizaron 17 alternativas, cada una con distintas características y con distintos apoyos, y señala que han tenido la resistencia de las autoridades.
"Hemos estado en las ferias libres del día domingo, en algunas juntas de vecinos y pretendemos seguir haciendo esta labor, que curiosamente no ha encontrado un buen eco de parte de algunos concejales, por parte del alcalde y también de un diputado", detalló Asenjo.
El abogado se refiere a las declaraciones contrarias del alcalde Bernardo Berger, y el diputado Roberto Delmastro, ambos pertenecientes a Renovación Nacional, quienes aluden a un posible aprovechamiento político.
Hasta el lunes pasado recolectaron unas 1600 firmas, y organizan para toda esta semana diferentes actividades de campaña para llegar a la meta que estipula la ley, el 5 por ciento del total electoral, y así lograr que la ciudadanía decida donde se construirán las obras fundamentales para la conectividad de Valdivia.
Plebiscito: Síntoma de una enfermedad
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, por Rodrigo Alarcón López, Radio Universidad de Chile.- Seis reformas constitucionales se han presentado este año en el Congreso para establecer consultas a nivel nacional, pero ninguna ha logrado avances. Algunos consideran que las manifestaciones sociales han generado condiciones para su implementación, pero coinciden en que el problema de fondo es otro: la falta de representación popular.
El pasado martes, el presidente del Senado, Guido Girardi, el vicepresidente de la Cámara Alta, Juan Pablo Letelier, y el senador Ricardo Lagos Weber, ingresaron una moción para modificar el artículo XV de la Constitución y permitir la convocatoria a plebiscitos.
Según la actual carta fundamental, el ejercicio de la soberanía "se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio".
Sin embargo, la Constitución no contempla la opción de un referéndum a nivel nacional, sino solo a nivel comunal o para temas locales.
La última iniciativa parlamentaria es la sexta que se presenta en el Congreso este año para implementar el mecanismo de consulta a nivel nacional, espoleadas todas por las manifestaciones sociales y, en las últimas semanas, por el movimiento estudiantil.
Ninguna de ellas, sin embargo, ha superado el primer trámite constitucional. Y hasta ahora, todas reposan en comisiones parlamentarias. Pese a ello, el senador Juan Pablo Letelier cree tener argumentos para cierto optimismo: "Lo distinto, lo nuevo, es que con esta irrupción -a mi juicio positiva- que ha habido de los actores sociales, donde su exponente más nítido y masivo son los estudiantes, pero no solamente ellos, quizás se estén generando las condiciones para que algunos de los sectores liberales de derecha, algunos parlamentarios, se abran a reflexionar sobre la necesidad de generar mecanismos de consulta", dice.
El vicepresidente del Senado alude, específicamente, al independiente Carlos Bianchi, quien se ha manifestado públicamente a favor de una consulta, y a conversaciones con otros congresistas para dar un impulso a la moción.
¿Pero por qué las reformas que buscan un plebiscito se estancan entre los pasillos del Congreso?
En enero, nueve diputados oficialistas y opositores presentaron una reforma constitucional para poder llamar a plebiscito cuando se trate de materias relevantes para el país. Fue la primera del año. Uno delos impulsores, el DC Pablo Lorenzini, cree que la herramienta, "al menos como fórmula, debiera estar en la Constitución. Otra cosa es que la usemos o no".
"No se trata de abdicar de nuestras propias funciones como legisladores, pero temas que se dan cada tres o cuatro años en cada Gobierno, como ahora el tema de la educación, requieren un respaldo ciudadano potente, porque son definiciones que cambian o alteran sustancialmente lo que hemos tenido", explica.
Según el parlamentario DC, al igual con otras reformas políticas, los proyectos necesitan un empujón del otro poder del Estado para avanzar: "Al final, requiere un impulso del Ejecutivo y ahí muere, porque el Ejecutivo no le da respaldo, busca alternativamente otros proyectos más suaves y distintos. No tenemos capacidad legislativa si al Ejecutivo no le gusta la idea. Por lo menos lo que uno hace es decirle al Gobierno 'hagamos un debate, es necesario analizarlo en el Congreso'", indica.
Mientras, más de 35 mil personas han adherido a la campaña "La mayoría decide: Un plebiscito para Chile". En tanto, un 98% de los encuestados por el sitio Voto121 creen necesario que en Chile exista un plebiscito. El estudio "Un debate desde América Latina: Democracia Representativa y Democracia Directa", del Instituto Libertad y citado por el mismo portal, advierte que Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela cuentan con referéndums. Y eso solo en este continente.
"En Ecuador, Uruguay y otros países de América Latina existen plebiscitos. A mí me tocó estar en un plebiscito en Ecuador y había un sano debate respecto de las temáticas que estaban planteadas, y eran cosas muy diversas: desde reformas judiciales a los toros. Y me parecía que no había un gran cuestionamiento respecto al sistema representativo, sino que un debate", relata Cristián Pliscoff, director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Según el académico, tal como existe en otras democracias latinoamericanas, el plebiscito es una opción que, con suficiente cuidado, también puede implementarse en Chile: "Hay formas de generar espacios para este tipo de cuestiones. A lo mejor, de alguna manera va a significar que el Gobierno delegue un poco de poder. Pero bueno, en las sociedades este tipo de reformas surgen de los movimientos sociales, del ánimo político de un momento", subraya.
Cristián Pliscoff destacó que el plebiscito permitiría suplir algunas deficiencias de la poca representatividad del sistema binominal, que es en realidad la raíz del problema. "Más allá del tema del plebiscito, el centro del debate es que el sistema político que permitió una salida de la dictadura hacia la democracia ya no da para más", coincide el senador Juan Pablo Letelier.
La necesidad de que la Constitución permita plebiscitos a nivel nacional es en realidad, otro síntoma de una enfermedad mayor: la falta de representación popular en el actual sistema político chileno.
GLOBALES
Ministros de Chile, Perú y México participan en foro ambiental de APEC en Pekín
Pekín, China, viernes 9 de septiembre de 2011, Finanzas.- Representantes de los ministerios forestales de México, Chile y Perú inauguraron hoy en Pekín la primera reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) sobre desarrollo forestal sostenible en la región de Asia Pacífico.
El evento, organizado a iniciativa del gobierno chino, fue inaugurado por el presidente Hu Jintao, quien señaló que para la próxima década su país espera incrementar en 40 millones de hectáreas el área total de sus bosques, en comparación con el aumento que hubo en 2005.
Hu mencionó también que "China está preparada para hacer nuevas contribuciones al crecimiento sostenible verde y que la cooperación forestal en APEC cuenta con mucho potencial". Además, subrayó que la región Asia Pacífico cuenta con más de la mitad del área forestal del mundo y un ecosistema único y rico.
El tema de la primera sesión de la reunión ministerial, a la que acudieron representantes de 21 países miembros de la APEC y de otras organizaciones internacionales, fue "reforzar la cooperación regional por un desarrollo forestal de crecimiento verde y sostenible", según la agencia oficial de noticias Xinhua.
Se espera que al finalizar la reunión ministerial mañana se logre publicar una "declaración forestal de Pekín", según un portavoz del gobierno chino.
En 2007, los países líderes de la APEC establecieron el objetivo de incrementar para 2020 en 20 millones de hectáreas el área forestal total de la región. Estos países poseen el 53 por ciento de los bosques del mundo, el 60 por ciento de la producción de productos forestales y el 80 por ciento del intercambio comercial de estos productos. China propuso organizar la primera reunión de ministros de países APEC responsables de la cartera ambiental en la décimo octava reunión informal de líderes APEC celebrada en Japón en 2010, propuesta que fue recibida con beneplácito por los otros países miembros.
El 20 de diciembre de 2006 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció que los bosques y el manejo forestal sostenible contribuyen significativamente al desarrollo y la erradicación de la pobreza y declaró 2011 como el Año Internacional de los Bosques.
¿Cuán "efectivas" son las áreas protegidas conservando la biodiversidad?
Londres, Inglaterra, viernes 9 de septiembre de 2011, por Terry Sunderland, Senior Scientist, Center for International Forestry Research, Ecoticias.- Los medios tradicionales de conservación han implicado la anexión de tierras donde se controla estrictamente o se restringe la actividad humana: la así llamada "conservación de fortaleza". En la actualidad todavía encontramos acérrimos defensores de la conservación de la biodiversidad a través de la creación de áreas protegidas, en tanto se considera que los costos económicos y sociales de la exclusión representan un medio necesario para proteger la diversidad biológica para el bienestar global. Sin embargo, esta defensa ha generado también un debate bastante polémico y polarizado acerca de los impactos de las áreas protegidas sobre las comunidades locales, donde con frecuencia se otorga prioridad a cuestiones como los derechos humanos, la justicia social y la marginación económica.
Los medios tradicionales de conservación han implicado la anexión de tierras donde se controla estrictamente o se restringe la actividad humana: la así llamada "conservación de fortaleza". En la actualidad todavía encontramos acérrimos defensores de la conservación de la biodiversidad a través de la creación de áreas protegidas, en tanto se considera que los costos económicos y sociales de la exclusión representan un medio necesario para proteger la diversidad biológica para el bienestar global. Sin embargo, esta defensa ha generado también un debate bastante polémico y polarizado acerca de los impactos de las áreas protegidas sobre las comunidades locales, donde con frecuencia se otorga prioridad a cuestiones como los derechos humanos, la justicia social y la marginación económica.
En este sentido cabe preguntarnos: ¿Representan las ventajas que resultan de excluir a poblaciones de sus tierras y los consiguientes costos sociales y económicos un precio aceptable para alcanzar una conservación efectiva de la biodiversidad? La experiencia sugiere que este no es el caso ¿Pero donde están los datos que corroboran esto?
Un trabajo reciente de Porter-Bolland et al. examina la efectividad de las áreas protegidas estrictas (categorías 1-IV de la IUCN) en comparación con los bosques manejados por comunidades reconocidas oficialmente donde "el uso múltiple se da bajo diferentes esquemas de tenencia, distribución de beneficios y gobernanza". En este estudio los investigadores definen "efectividad" como un cambio de la cobertura forestal a través del tiempo.
Aunque los autores reconocen que la medición del cambio en la cobertura de suelo es un indicador burdo de la integridad ambiental, los cambios en la cobertura forestal y los motores del cambio se han convertido en indicadores sólidos de la efectividad de los diferentes tipos de uso de suelo para conservar la biodiversidad, especialmente a medida que la tecnología de percepción remota se ha ido haciendo más asequible.
Porter-Bolland et al. comparan estudios de caso provenientes de la literatura que cubren las tres regiones tropicales más importantes: América Latina, África y Asia. Sus resultados son fascinantes. Los autores corroboran resultados anteriores de otros investigadores que muestran que una mayor autonomía a nivel local en la elaboración de normas local está vinculada a un mejor manejo forestal y beneficios para los medios de vida.
El estudio aporta evidencia clara de que, en conjunto, los bosques gestionados por comunidades presentan mejores resultados que las áreas protegidas en tanto tienen tasas anuales menores de deforestación y experimentan menor variación en las tasas de pérdida de cobertura forestal. Los autores concluyen que es probable que las áreas protegidas no representen el medio más efectivo para conservar la biodiversidad ni el medio más democrático desde el punto de vista social o el medio más ventajoso de conservación desde el punto de vista económico.
¿Qué factores explican estos resultados, dado que el manejo forestal comunitario ha sido cuestionado en términos de su efectividad relativa? En primer lugar, es revelador que la mayor parte de las áreas protegidas citadas en este estudio de caso (el 90% de las mismas) sean administradas por los gobiernos nacionales. Por lo general, el apoyo gubernamental para la conservación se ha caracterizado por tener fondos y capacidad limitados, lo que resulta en una débil aplicación de la ley. Como resultado, es común el incumplimiento de las normas en el área protegida a nivel local y muchas de ellas enfrentan algún tipo de invasión de sus tierras.
Además, la mayor parte de los casos presentados en el análisis provienen de América Latina, donde la labor desplegada por los movimientos sociales ha resultado en arreglos de gobernanza y tenencia más favorables para los pobladores e incluso en una gestión más efectiva de los recursos naturales.
Varios investigadores y profesionales de campo han reconocido hace ya tiempo que una estrategia de conservación más flexible y sólida debería contemplar diferentes tipos de uso de suelo que reconozcan las necesidades económicas y sociales de la población local, así como los derechos de tenencia y la capacidad local. Sin embargo, a medida que las áreas protegidas han ido creciendo anualmente en extensión y tamaño, con frecuencia esto no ha tenido en cuenta un reconocimiento de las necesidades humanas y la incorporación de derechos en los procesos de planificación de uso de suelo.
Con la puesta en marcha de los proyectos REDD+, la incorporación de la población local en la gestión de los recursos naturales, desde el diseño hasta la implementación, será fundamental para alcanzar resultados efectivos y minimizar los conflictos que surgen entre la conservación de la biodiversidad y la equidad social.
Aumento del nivel del mar, mayor amenaza del cambio climático
Katmandú, Nepal, viernes 9 de septiembre de 2011, Los 5 de Septiembre.- El aumento del nivel del mar podría ser la mayor amenaza al planeta a menos que puedan contenerse las consecuencias del cambio climático, aseguró en esta capital el premio Nobel Rajendra K. Pachauris.
El cuarto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que preside Pachauris, predijo que el nivel medio de las aguas oceánicas se elevaría de 0.18 a 0,59 metros en los próximos años.
Citado por la agencia de noticias IANS, el científico comentó que un cambio "irreversible y abrupto" de esa variable provocaría la extinción del 20 al 30 por ciento de las especies vegetales y animales.
Por invitación del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, del que son miembros India, China, Nepal, Bangladesh, Pakistán, Afganistán, Myanmar y Bután, Pachauris disertó sobre el cambio climático en la región del Himalaya y las formas de adaptarse y mitigar sus secuelas.
En su opinión, el aumento del nivel del mar afectaría de inmediato a las zonas costeras más bajas, pero a más largo plazo también a zonas más altas de Asia debido a que generaría inundaciones y sequías. Solo en China, en la primera fase, se vería afectado un cuarto de millón de personas, indicó.
Refirió que la semana pasada fue testigo presencial de las implicaciones del fenómeno, cuando vio a decenas de familias abandonar la zona costera de Rameshwaram, en el sur de la India, debido a la intrusión marina.
Pachauris consideró que un cambio "inmediato y no tan terrible" en los estilos de vida es necesario para encarar los cambios climáticos, pues implicaba cosas tan simples como apagar las luces de una habitación cuando uno se traslada a otra.
ESPECIAL: LA EDUCACIÓN EN CHILE
Encuestas: La ciudadanía ya se pronunció sobre los cambios en la educación en Chile
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, Senador Navarro.- "Ya no es necesario el plebiscito sobre educación: ciudadanía ya se pronunció". "Considerando el gran apoyo hacia las demandas de los estudiantes que muestra la encuesta Adimark, como antes lo hizo la CEP, parece que en este tema ya no es necesario el plebiscito, pues la ciudadanía ya se pronunció a favor de ellas y la necesidad de hacer cambios reales en este ámbito", señaló el senador Alejandro Navarro quien agregó que "por cierto, la proporcionalidad que existe entre el apoyo al movimiento estudiantil y el rechazo a la forma en que el gobierno ha actuado para atender estos planteamientos debe hacer reflexionar y cambiar de actitud al Ejecutivo".
Imagen: www.adimark.cl
El parlamentario, integrante de la Comisión de Educación, señaló que "según los datos de esta encuesta es evidente que el gobierno está atrapado en una suerte de arena movediza, desde la que le cuesta moverse. Tiene un pie atrapado en la delincuencia y otro atrapado en la educación. Debe tener cuidado con esta falta de movilidad en la que parece encontrarse para no desestabilizarse. El problema en todo caso sigue estando en que pese a que una mayoría ciudadana le advierte del peligro y le indica la salida, el Ejecutivo insiste en no escuchar y avanzar más hacia el lado más profundo de esta peligrosa arena".
Navarro indicó que "en todo caso, esta encuesta también ratifica el mensaje que desde hace rato la ciudadanía le está enviando a los partidos, el Parlamento y el gobierno respecto de modificar las formas y quemarse un poquito con propuestas sobre el fondo de los temas que le interesan. Las reuniones, acuerdos y protocolos varios que algunos están acostumbrados a alcanzar entre cuatro paredes para validar sus propios intereses no pesan nada ante la ciudadanía".
"De hecho -añadió- los ciudadanos perciben con nitidez como muchos de sus problemas justamente no se resuelven debido a la falta de representatividad, la falta de ejercicio de la soberanía que según la propia Constitución reside en la gente, la primacía de intereses personales y económicos y por el sometimiento de una gran mayoría a un mercado laboral precario, sistemas de salud y educación deficientes y un control social ejercido no sólo a través de la represión y criminalización de la protesta ciudadana, sino también del endeudamiento".
Movilización estudiantil: ¿Qué se enseña cuando se enseña?
Coyhaique, viernes 9 de septiembre de 2011, por Patricio Segura, periodista, Presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, El Mostrador.- El debate sobre la educación en Chile ha trascendido las limitadas paredes de las salas de clases y se ha alzado sobre una discusión madre: la sociedad que construimos, el país en que vivimos. No se trata sólo de saber si tales o cuales materias son pertinentes, si es necesario ser exigente o no con los estudiantes, o si los chicos tienen las notas que tienen por el sistema de calificación, por responsabilidad de los profesores o porque la materia prima no alcanza para moldear un ser culto e inteligente en esta fértil provincia. Hoy los jóvenes están remeciendo los cimientos del alma del Chile winner que hemos levantado, este Chile-celular-de-palo que, al igual que esos aparatos que el mito urbano dice se colmó la década de los 90, no resiste escrutinio serio alguno sobre lo que se entiende por desarrollo. Interpela sobre las heridas que ayer, hoy y mañana seguirán siendo consustanciales a nuestra existencia.
Como la máxima sobre por qué una obra trasciende y otra se olvida al minuto de ver la luz, los muchachos, cuales vampiros en la noche, alimentan su clamor de las llagas siempre abiertas de la humanidad. La desigualdad y la inequidad, la codicia como motor social, la injusticia, la transformación social y la ciudadanía que lidera los cambios y es resistida por los celadores del status quo, la cooperación versus la competencia, la solidaridad versus el individualismo, forman parte del relato que dirigentes estudiantiles en todo Chile llevan como estandarte y al cual el Gobierno y una forma de mirar el país responden, sin entender el verdadero recado, con rebaja de intereses, becas, cambios administrativos. ¿Qué parte del mensaje no se comprende, que las únicas soluciones nacen del corazón tecnoeconómico de los dueños de la pelota; que, a pesar de su poderío, no tienen ningún hincha que por ellos derrame su corazón en la galucha?
Miremos Coyhaique. Pequeña ciudad de poco más de 50 mil habitantes al sur del mundo, alejada y aislada de todo lo que la modernidad productivista nos dice que hay que vivir (mejor dicho, tener). Desde un principio ha habido jóvenes y adultos en protestas callejeras de adhesión a la movilización por la educación, aunque en la región todo tipo de manifestaciones (por becas, empleo, de apoyo a la CUT) están siempre cruzadas por un tema que para Aysén sigue siendo sensible: las represas de HidroAysén y Energía Austral. Pero, hasta ahora, no se había llegado a una de las medidas más duras vinculadas a las demandas estudiantiles (más drásticas siguen siendo las huelgas de hambre), como son las tomas de colegios. Desde la semana pasada, los liceos Juan Pablo II y San Felipe Benicio, y la media de la Escuela República Argentina, han paralizado sus clases luego que cientos de estudiantes recurrieran al mecanismo que históricamente ha sido utilizado en pro de reivindicaciones del más variado tipo.
Producto de las tomas han salido a relucir cómo hay quienes consideran que al colegio sólo se va a aprender materias y conocimientos, y valores relacionados con un mejor desempeño en el marco de la sociedad actual. Y para quienes el pensamiento crítico y autónomo no es un valor sino una muestra de insubordinación, el coraje para tomar decisiones y llevarlas adelante propio de jóvenes irresponsables, y querer transformar la educación en un espacio de colaboración y no de segregación, idealismo trasnochado.
Que nuestros jóvenes y muchos adultos -padres, apoderados o simples mortales que habitamos esta entrañable ciudad- creamos que las aulas deben ser más que un espacio de instalación de datos e información, o de inversión personal para la vida económica futura y la productividad del país, no es terrorismo. Las salas de clases y los hombres y mujeres que en ellas se afanan día a día como son los profesores, son los llamados a entregar herramientas a esos niños y jóvenes para que sean mejores personas, mejores ciudadanos. No porque el mercado lo pide sino porque la sociedad lo requiere. Eso es educar. Lo otro, adoctrinar.
Porque, y he aquí una necesaria discusión que debemos dar hoy, no estamos todos de acuerdo en qué esperamos de la educación. En el fondo, en qué se enseña cuando se enseña.
La educación superior gratuita no es una política regresiva
Santiago, viernes 9 de septiembre de 2011, por Claudia Sanhueza y Alejandro Corvalán, CIPER Chile.- Uno de los temas que separan al gobierno de los estudiantes es la idea de que hacer gratuita la educación superior, es una política injusta y "regresiva" pues aumentaría la desigualdad entre ricos y pobres. El argumento ha sido repetido por políticos, especialista y economistas como una suerte de mantra para cerrar definitivamente la puerta a la exigencia de los estudiantes. En esta columna Alejandro Corvalán y Claudia Sanhueza, destacados economistas de Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, ponen en duda estas certezas. Tras examinar la encuesta Casen y calcular cuánto gastan los distintos grupos sociales en educación concluyen que dar educación gratuita a todos los estudiantes, mejora levemente la desigualdad. Es decir, tras la gratuidad para todos Chile sería un país un poco menos desigual de lo que es hoy.
Uno de los lugares comunes más repetidos en la actual discusión sobre la educación superior, es que su gratuidad atenta contra la igualdad. Si el Estado decide financiar los aranceles de los estudiantes, entonces los pobres estarían subsidiando a los ricos, pues estos últimos se educan en una mayor proporción. El argumento no es nuevo, y de hecho fue popularizado por Milton Friedman en su libro "Libertad para Elegir" de 1979. Connotados expertos en educación como José Joaquín Brunner y Carlos Peña, e incluso economistas como Joseph Ramos y Guillermo Le Fort, han indicado que subvencionar los estudios superiores sería una medida regresiva, es decir, que aumentaría la desigualdad(1). La afirmación parece tan obvia a primera vista que no ha merecido un análisis más cuidadoso.
No obstante, este consenso es un error. Contrario a la intuición, una propuesta extrema de financiamiento total del sistema – es decir, la gratuidad de la educación superior – tiene un efecto positivo sobre la igualdad, aun sin considerar los efectos de la recaudación. En el caso particular de Chile, la gratuidad generaría una disminución no ambigua en el coeficiente de Gini.
Antes de presentar los datos, es necesario explicar por qué una política como la gratuidad en la educación puede ser una política progresiva.
El argumento
Los expertos educacionales que han sido tajantes en este tema parecen haber olvidado el trabajo que tres economistas chilenos – Engel, Galetovic y Raddatz – publicaron en 1999. En dicho artículo, los autores señalan que la redistribución posee una "aritmética poco placentera": se redistribuye poco cuando se le quita a los ricos, pero se redistribuye mucho cuando se le entrega a los pobres. Es decir, los impuestos y subsidios influyen sobre la desigualdad principalmente por su efecto sobre los sectores bajos, y este efecto se va acentuado en países muy desiguales como el nuestro.
Algo similar ocurre en el caso de la educación superior. Si bien es cierto que su eventual gratuidad entregaría más recursos a las familias acomodadas, el impacto porcentual es mayor en las familias pobres, por lo que la distribución mejora. Un sencillo ejemplo aritmético permite ilustrar el punto. Supongamos que el país se divide en ricos y pobres: los ricos tienen un ingreso de 100 y todos se educan; los pobres, un ingreso de 10 pero sólo la mitad de ellos se educa. Imaginemos ahora que el costo de educarse es 10. Tendremos entonces que luego de costear su educación, el ingreso promedio de los ricos será 90, mientras que el de los pobres será de 5 (pues en nuestro ejemplo solo la mitad de los pobres se educa). Si medimos ahora la desigualdad entre los dos grupos vemos que después de pagar su educación esta aumentó de 10 a 18 veces. Podemos re-frasear lo anterior de manera alternativa: un subsidio completo a la educación superior disminuiría la desigualad de 18 a 10 veces. Y esto, a pesar de que los pobres se educan menos y que las transferencias totales son mayores para los sectores de mayores ingresos.
Para entender mejor qué implica lo anterior hay que recordar que la regresividad o progresividad de un subsidio a la educación depende de dos factores: la desigualdad del ingreso inicial (100 de los ricos contra 10 de los pobres en el ejemplo anterior) y la desigualdad del gasto en ese tipo de educación (10 sobre 5, en el mismo ejemplo)(2). Ocurre que si la desigualdad de ingresos es menor que la desigualdad en el gasto, entonces la gratuidad de la educación empeoraría la desigualdad y estaríamos en el caso de una política regresiva. Pero ese no es el caso de nuestro ejemplo, ni, como se verá más abajo, el caso de Chile. En nuestro ejemplo la razón entre los ingresos iniciales es 10 veces a favor de los ricos (100 sobre 10), pero el gasto en educación en sólo dos veces mayor (10 sobre 5). En la práctica, este ejemplo constituye la regla general. Si bien quienes invierten más en educación son los sectores acomodados, lo hacen a tasas menores que quienes son más pobres, aun considerando las diferencias de acceso entre grupos. Una subvención completa de los costos de educación es, por lo tanto, progresiva en todos los niveles de educación. Incluso lo es para el nivel superior o universitario.
Datos para Chile
Veamos ahora los datos reales. Según la encuesta Casen 2009 en Chile hay alrededor de 850 mil estudiantes de educación superior, ya sea en IPs, CFTs o Universidades. Las tasas de cobertura (en relación a jóvenes de 18 a 25 años) va desde el 18% en el decil más pobre, hasta un 77% en el decil más rico: es decir en el 10% más pobre de la población solo 18 de cada 100 jóvenes llega a la educación superior, mientras que en el 10% más rico 77 de cada 100 jóvenes lo hacen.
La Casen nos dice también cuánto gastan estos 850 mil estudiantes mensualmente en sus carreras. El decil más pobre paga, en promedio, $146.416 mientras que el más rico cancela $238.495, lo cual indica que los costos declarados son relativamente homogéneos entre estos grupos. La desigualdad del gasto en educación es un Gini de 0.36.
Por otra parte, el promedio de ingresos per cápita de los hogares de estos mismos estudiantes es muy desigual. En el decil 1 el promedio es de $23.907; en el decil 2 es de $53.219; en el decil 9 de de $370.709, y en el 10, el mar rico, el ingreso per cápita salta a $929.850. La desigualdad del ingreso es un Gini 0.54. Dado que este valor es mayor que el Gini del gasto educacional, el subsidio completo del gasto en educación mejoraría la desigualdad del ingreso.
En el análisis redistributivo, el factor relevante es el peso que tiene el costo de educarse sobre el ingreso total. El promedio nacional de este costo es de un 13% del ingreso de los hogares con estudiantes en educación superior. Sin embargo, esta proporción exhibe grandes variaciones por decil de ingreso. En el 10% más pobre (con un ingreso per cápita de poco más de 20 mil pesos promedio) los costos de la educación superior (de más de 100 mil pesos promedio) corresponden al 109% de los ingresos de los hogares con algún asistente a la educación superior, lo cual se financia vía endeudamiento. Al pasar del decil 2 al 9, los costos porcentuales decrecen de un 47% a un 12% de los ingresos, y en el 10% más rico estos costos corresponden a sólo un 6% del ingreso promedio. Por lo tanto, librar del costo educativo tiene un efecto mucho más fuerte en sectores de menores ingresos que en los de mayores.
Supongamos ahora, una situación extrema de subsidio – gratuidad a todos los estudiantes de educación – y analicemos su impacto redistributivo. Para ello es necesario saber qué proporción del ingreso representa el subsidio para grupo.
Para el 10% más pobre este subsidio es el 9% del total de los ingresos de todos los hogares de ese decil, entre los deciles 2 y 9 varía entre 6% y 4% de los ingresos, y para el 10% más rico corresponde al 2% de los ingresos. Es decir, un subsidio a la educación superior es progresivo: beneficia porcentualmente más a los pobres. Por lo tanto, mejora la distribución del ingreso: el 10% más pobre pasa de tener el 1,5% de los ingreso a tener el 1,6% de los ingresos, y el 10% más rico pasa de tener el 39,3% a tener el 38,7%. Este pequeño efecto se traduce en una baja de casi un punto en el índice Gini.
Por cierto que este subsidio, aunque progresivo, está mal focalizado. El 10% más pobre recibiría el 3% del gasto en dicho subsidio y el 10% más rico el 24% del gasto. Esto negativa compensación total es un buen contra argumento en términos de igualdad, pero no implica regresividad distributiva.
Conclusión
Un subsidio para la educación superior (total o parcial) es un problema complejo, y estas líneas no pretenden dar una respuesta acabada del asunto. Tampoco pretendemos resolver la relación general entre subsidios y redistribución. Primero, no hemos considerado la eventual progresividad de la tasa impositiva. Segundo, hemos omitido los posibles efectos benéficos de la focalización. Tercero, no hemos incluido los efectos dinámicos, asociados a cambios en el ingreso futuro y en la cobertura, que se derivarían de un subsidio de este tipo. Parece razonable que estos factores incidan positivamente en la progresividad de la medida.
Adicionalmente, existen una serie de consideraciones respecto a la gratuidad que no se relacionan exclusivamente con el ámbito de la desigualdad. Importan, por ejemplo, los incentivos – tanto positivos como negativos – que esta tendría sobre los estudiantes. En los tiempos actuales, además, la investigación universitaria se ha encarecido, por lo tanto los reformadores deben considerar el financiamiento en el largo plazo. Finalmente, se deben considerar los usos alternativos de los recursos.
El propósito de esta columna, en cambio, es hacer un punto que creemos central para el debate informado: la gratuidad de la educación superior no es regresiva ni implica de manera obvia que los "pobres financien a los ricos". No sólo los estudiantes, sino que también los técnicos, debiésemos evitar la repetición de "slogans" aprendidos.
Notas
1.-Brunner, J.J. "Educación gratis para todos es ir en contra de la igualdad", en La Tercera 20/08/2011; Peña, Carlos "Acuerdo educacional", en El Mercurio, 28/08/2011; Ramos, Joseph Ramos, entrevista en CNN, 23/08/2011; Le Fort, Guillermo "Educación: no confundamos bienes públicos con bienes libres", en Cooperativa, 24/08/2001.
2.- Corvalan A. and C.Sanhueza, 2011, "Redistibution and Subsidies in Higher Education", working paper UDP.
La educación en Chile es tema de la región latinoamericana
Buenos Aires, Argentina, viernes 9 de septiembre de 2011, por Daniel González Almandoz, Prensa Mercosur.- Una lucha trasnacional: La educación en Chile es tema regional. Organizaciones culturales y científicas latinoamericanas manifestaron su apoyo al reclamo por educación pública en Chile. Tanto el IPECAL como FLACSO se pronunciaron en adhesión a las demandas del movimiento estudiantil–docente chileno. Ambas instituciones repudiaron la política represiva de Piñera.
Brasil es uno de los países en los que hubo movilizaciones en apoyo a estudiantes de Chile. Foto: Archivo
El movimiento estudiantil y docente que se organizó para luchar por una trasformación integral, democrática e inclusiva en Chile se fortaleció con las múltiples y diversas expresiones nacionales y regionales que apoyan el reclamo, y lo instan a continuar en la disputa.
A las adhesiones formuladas por organizaciones como los sectores mineros trasandinos y federaciones estudiantiles de otros países, como la Federación Universitaria de Cuyo (FUC – Mendoza, Argentina) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), se sumaron prestigiosas organizaciones culturales y científicas de América Latina.
Una de estas adhesiones fue emitida por el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina (IPECAL), entidad conformada por un nutrido grupo de prestigiosas personalidades de la ciencia, el conocimiento y el arte latinoamericano.
En un comunicado dado a conocer por diversos medios, el IPECAL reconoció "la valentía, creatividad y alegría que han instalado los y las jóvenes, un espíritu renovador que manifiesta la voluntad de liberarse de los esquemas de dominación-sumisión que tanto daño ha causado a la comunidad desde el inicio de la dictadura y a lo largo de todo el proceso de transición que, con la movilización juvenil, pareciera verdaderamente concluirse".
Entre otros aspectos, la organización con sede en México sostuvo que "la educación pública debe garantizar la formación de ciudadanos y ciudadanas independientes, empoderados en sus derechos y con capacidad crítica para pensar y actuar libremente en las dinámicas sociales y en los contextos de transformación social".
La red de intelectuales explicitó también que "repudiamos toda forma de represión gubernamental en contra de los estudiantes, tanto en las movilizaciones ciudadanas como a través de la violencia física, psicológica y simbólica que ejerce contra colegios y universidades en toma, criminalizando la defensa de un derecho fundamental reconocido por tratados internacionales suscritos incluso por Chile".
El IPECAL surgió en el año 2003 y, de acuerdo a su propia definición, tiene "el propósito de constituirse en un espacio de encuentro, debate y articulación de sujetos en el proceso de transformación social de nuestros países, cuyas líneas de pensamiento y de orientación teórico metodológicas se basan en las propuestas de pensamiento de prestigiados académicos".
Entre las personalidades que integran su comité académico se encuentran Hugo Zemelman, Enrique Dussel, Aníbal Quijano y Estela Quintar.
El apoyo de FLACSO
Otra de las organizaciones preocupadas por el desarrollo del conflicto educativo en Chile, y que explicitó su adhesión al reclamo que desde fines de abril viene interpelando al modelo neoliberal vigente en ese país, fue la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Argentina, a través de su Programa Estado y Políticas Públicas (PEPP).
El pronunciamiento establece que "adhiere a las protestas de mayores oportunidades educativas, igualdad y modificaciones institucionales que expresa el movimiento social en Chile, encabezado por los estudiantes-obreros y acompañado por el pueblo chileno.
Asimismo, manifestamos "nuestro repudio a la brutal represión desatada la semana pasada por el régimen de Piñera, que no tiene más argumentos para defender el exitoso modelo neoliberal (para las multinacionales y un reducido sector de la población) que apelar a una represión generalizada. Nuestra adhesión quiere también significar que el mundo académico de la región no pude permanecer indiferente a lo que significa la lucha social contra uno de los últimos bastiones del neoliberalismo y de la ortodoxia en América del Sur. Por ello, instamos a alumnos y docentes a expresar su solidaridad con el mismo de todas las formas posibles, para dar visibilidad a esta lucha y mayores posibilidades de éxito en lograr sus justas reivindicaciones".
A más de 5 meses de conflicto, profundizado por las demandas populares y por el represivo accionar del Estado chileno, que incluye grados de violencia que van desde la cárcel hasta el asesinato, estas adhesiones resultan un fortalecimiento del reclamo en un marco de integración regional, y así se ha visto en Chile, como lo confirman las expresiones de Felip Gascón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha (UPLA – Chile), uno de los difusores del pronunciamiento del IPECAL, quien afirmó que esto es una evidencia que "no sólo Chile, sino que América Latina se sensibiliza y solidariza con este proceso de movilización social, que definitivamente se ha constituido ya en un hito histórico y que abre las puertas a nuevas esperanzas y utopías, por las que cabe seguir luchando".
DOCUMENTOS:
¿Puede ser sustentable la minería?
Quito, Ecuador, viernes 9 de septiembre de 2011, por William Sacher, Alberto Acosta, ALAI.-
Ecuador, un caso peligroso
"Buscamos generar una actividad minera comprometida, responsable y ética,
que sea justa con el Estado, con la economía, con la comunidad, y con el ambiente.
Estamos mirando al futuro, promoviendo una nueva cultura de la industria
minera, que priorice el desarrollo sustentable y el fomento de la participación
social, promoviendo una minería ecuatoriana ética, una minería bien hecha!"
Wilson Pástor Morris
Ministro de Recursos Naturales No Renovables
Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015
Para responder a las múltiples y razonadas voces que la critican, la industria minera transnacional promueve intensamente los conceptos de "minería responsable" e incluso, sin rubor alguno, de "minería sustentable". Según voceros de esta industria, la minería a gran escala sería capaz de satisfacer las demandas actuales en minerales sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras, es decir sin provocar graves trastornos ambientales y complejos impactos en las comunidades asentadas en zonas mineras y en la población en general.
Estos conceptos, fueron promovidos incansablemente por diversos gobiernos alrededor del mundo interesados en la explotación minera, desde finales de los años noventa. En esta época, grandes empresas transnacionales mineras, en el marco de la Iniciativa Minera Global (Global Mining Initiative), se asociaron para responder de esa manera a la preocupación creciente provocada por las grandes contaminaciones derivadas de la actividad minera en el mundo.
En la actualidad, el gobierno del presidente Rafael Correa retoma ese discurso. Sin ninguna capacidad para superar el modelo extractivista promueve estos conceptos, especialmente a través de su Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015.
El primer mandatario Rafael Correa, en uno de sus enlaces ciudadanos, en febrero del año 2009, puso a Canadá como ejemplo de minería responsable, a pesar de las múltiples críticas que enfrentan las empresas de este país en el mismo territorio canadiense y alrededor del mundo. Calificó de "exitosa" a la explotación minera canadiense, incluso para los indígenas de ese país y afirmó además que ellos podrían explicar a los indígenas ecuatorianos, que la minería es posible sin daños al medio ambiente y en beneficio de las comunidades.
Esta apreciación presidencial se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015, publicado en agosto del 2011. Desde esta perspectiva oficial se promete generar "condiciones de desarrollo sustentable" en la actividad minera a gran escala. Se ofrece, solemnemente, una "minería bien hecha", que se fundamenta en "una nueva cultura minera", así como "una minería ética", lo que se logrará empleando "prácticas metalúrgicas adecuadas y tecnologías ambientalmente amigables". Todo esto sería posible, de conformidad con el gobierno ecuatoriano, gracias a una acción empresarial "basada en una gestión socio ambiental eficaz, que prevenga, controle y mitigue los impactos que se deriven de las labores mineras".
Además, con el fin de demostrar preocupación por la participación del Estado en la renta minera, se habla de hacer "cumplir con el pago de tributos contemplados en la Ley, para que el Estado reinvierta en el desarrollo de los territorios". Con todo este paquete de ofrecimientos se quiere convertir a la actividad minera en "uno de los pilares del desarrollo, económico, social y ambiental", para que "con la distribución equitativa de sus beneficios, [esta actividad] genere nuevas zonas de desarrollo y contribuya al modelo del Buen Vivir."
¿Es posible creer en la realización de tal proyecto? ¿Es viable una minería bien hecha que no ocasione severos impactos ambientales y sociales? ¿Realmente será el Estado el gran beneficiario de los ingresos provenientes de la explotación de minerales? ¿Será la minería metálica a gran escala que provoque el ansiado desarrollo y que se constituya en la senda para el Buen Vivir?
La realidad, la terca realidad, como veremos más adelante, contradice muchas de estas aspiraciones.
Un sinnúmero de desastres ambientales, sociales y económicos
El examen de la minería industrial de los últimos años alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países cuyas exportaciones dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros son económicamente subdesarrollados.
La generalización de estos pasivos económicos y socioambientales a lo largo y ancho del planeta muestra la existencia de un modus operandi altamente destructor del sector minero transnacional. Desde este punto de vista no existe ejemplo, en ninguna parte del planeta, de una minería "sustentable". No es de sorprenderse, puesto que por definición la explotación de recursos no renovables no puede ser sustentable. Sostener lo contrario es practicar un discurso distorsionador.
Basta ver los daños provocados por las empresas originarias de Canadá y China, que controlan el futuro de la gran minería en el Ecuador. En su país, las empresas mineras chinas se destacan por sus numerosos daños ambientales y las condiciones peligrosas de trabajo de los obreros. Por su parte, las canadienses Kinross y Iamgold, dos transnacionales propietarias de dos proyectos "estratégicos" en el Ecuador (Fruta del Norte y Quimsacocha), han sido acusadas, respectivamente, de negligencias ambientales graves y de ganancias abusivas por medio de especulación, en sus explotaciones en África.
Esta realidad confirmaría, una vez más, la validez de la "paradoja de la abundancia" y la maldición que pesaría sobre los "mendigos sentados en un banco de oro". La literatura especializada ha detectado una variada gama de mecanismos y efectos que mantienen en el subdesarrollo a los países que se concentran casi exclusivamente en la exportación de recursos primarios. Son innumerables las patologías que genera este esquema perverso de acumulación, que se retroalimenta y potencia sobre sí mismo en círculos viciosos cada vez más perniciosos. La historia de un país primario-exportador como el Ecuador está llena de experiencias de este tipo.
Canadá: un falso ejemplo de minería
En un país como Canadá, que supuestamente cuenta con la mejor tecnología minera, el saldo socio-ambiental de la minería es catastrófico.
En este país, existen alrededor de 10.000 minas abandonadas, heredadas de 150 años de laisser-faire en el ámbito minero. Estas minas representan una amenaza permanente de contaminación de las redes hidrográficas con metales pesados y por drenaje ácido de mina. La remediación de estas minas costaría al menos 6 mil millones de dólares a los contribuyentes canadienses.
Adicionalmente, las minas activas en Canadá producen más de 650 millones de toneladas anuales de desechos, es decir sesenta veces más que la basura recogida en todas las ciudades canadienses juntas. Es más, los proyectos mineros actuales amenazan directamente la supervivencia del Bosque Boreal.
Cabe mencionar aquí las consecuencias de la actividad minera industrial sobre los numerosos pueblos indígenas en el propio Canadá. La minería ha provocado históricamente la destrucción de sus ecosistemas y por ende de sus culturas sin nunca haber pedido el consentimiento de los pueblos para realizar actividades extractivas en sus territorios.[1] Parece que la minería canadiense reproduce esta conducta a nivel internacional, por lo que ha sido criticada por las Naciones Unidas por sus impactos negativos en "la tierra, la salud, el medio vital y la forma de vida" de los pueblos indígenas alrededor del mundo.[2] Igualmente, cabe recordar que Canadá no ha firmado hasta ahora la Convención 169 de la OIT, que garantiza a los pueblos indígenas el control de su territorio y su participación en la elaboración de planes de desarrollo.
En términos económicos el aporte de la minería es marginal. La extracción minera en Canadá contribuye con menos del 1% del PIB y las empresas mineras pagan muy pocos impuestos. De todos los sectores de la economía, la minería es el que menos contribuye en términos de impuesto a la renta, mientras que el empleo minero representa apenas el 3% del empleo total.[3]
Si esto sucede en el país líder de la industria minera y en donde dicen existe una sólida institucionalidad, ¿cómo logrará el Estado ecuatoriano imponer las condiciones necesarias para llevar a cabo su "minería bien hecha"?
Megacontaminación, efectos previsibles de la megaminería en el Ecuador
La explotación minera industrial moderna implica la extracción masiva -y en un tiempo muy corto-, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; recursos que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas tectónicas. En la actualidad, los sitios de alta concentración mineral se van agotando, sin embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten que la explotación minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es escaso. Para hacer producir estos yacimientos, es necesario aplicar una minería industrial de gran escala, con uso masivo de químicos a veces sumamente tóxicos, el consumo abundante de agua y la acumulación de grandes cantidades de desechos.
A modo de ejemplo tengamos presente que para obtener una tonelada de cobre, se genera un promedio de 300 toneladas de desechos tóxicos o contaminantes, demandando entre 30 y 500 mil litros de agua, dependiendo del yacimiento.[4] En el caso del oro, las proporciones son más aberrantes: para producir un anillo de 10 gramos, se produce un promedio de 20 toneladas de desechos y el tratamiento inicial de la roca consume un promedio de 7 a 8 mil litros de agua (!).[5]
En la cordillera del Cóndor, la explotación del yacimiento de cobre de Mirador, a cargo de la empresa china CCRC-Tongguan, generará al menos 326 millones de toneladas de desechos[6]: ¡el equivalente de 4 Panecillos! Esta cifra es comparable a la recolección de basura de la zona urbana de Guayaquil durante 405 años. La explotación del depósito de Fruta del Norte que contendría reservas por 11,8 millones de onzas de oro, provocaría un volumen de residuos igual de monumental, que llegaría a 384 millones de toneladas; se estima en 28 mil kilogramos de residuo por cada onza de oro, suponiendo apenas una concentración de un gramo de oro por tonelada. Una cifra comparable a la recolección de basura de la ciudad de Cuenca durante 5260 años.[7]
Este gigantismo no puede evitar la generación de impactos ambientales importantes. Los desechos mineros, al ser acumulados durante muchos años, pueden derramarse y contaminar el medio ambiente, particularmente con metales pesados o drenaje ácido de roca. Este último fenómeno ocurre cuando las aguas de lluvia, o aún el aire, entran en contacto con las rocas que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie y acumuladas en las escombreras, en el cráter o en los diques de desechos de la mina. Generalmente, existe un alto riesgo de que se produzca una oxidación de minerales sulfurados por la lluvia o el aire húmedo, que terminan por provocar una acidificación inusual de las aguas que corren sobre estas rocas. En el Ecuador, muchos yacimientos mineros estarían particularmente expuestos a este problema porque tienen rocas sulfurosas, conocidas por generar drenaje ácido.
Este tipo de contaminación es particularmente devastadora para el agua. Son muchos los casos alrededor del planeta en los que se ha afectado la vida acuática, provocando la desaparición de especies enteras de peces. En numerosas ocasiones, el agua termina por ser inutilizable para el consumo humano o para labores de agricultura La contaminación de las fuentes provoca además de un conjunto de impactos en términos de salud pública, como enfermedades degenerativas, de la piel, etc. Esta situación es particularmente alarmante en el caso del Ecuador, en dónde el 12.5% de las zonas de páramo -zonas de formación de las fuentes de agua- está concesionado.
Estas contaminaciones del agua son aún más graves en áreas geográficas caracterizadas por altas precipitaciones y normalmente ricas en biodiversidad, como es el caso de la Cordillera del Cóndor en donde se encuentran los mega-proyectos Mirador, Fruta del Norte, y Panantza San Carlos.
En Ecuador, en síntesis, los grandes proyectos mineros amenazan con contaminar regiones de alta biodiversidad, de las más densas en biodiversidad del planeta. La explotación minera podría acelerar la inquietante pérdida de biodiversidad observada a escala mundial: se registra una caída de la abundancia de especies de alrededor del 40% entre 1970 y 2000.
En el caso de Mirador, el yacimiento se encuentra en zonas con bosques primarios y con abundante agua, con pendientes muy fuertes. En estas condiciones no se puede pasar por alto el impacto de las lluvias torrenciales que se registran en la región, que podrían desbordar las instalaciones de acumulación de los desechos mineros. La historia mundial reciente de la industria minera registra un sinnúmero de accidentes, mortales en ciertos casos, por ruptura de diques de cola, siempre con consecuencias catastróficas para los ecosistemas y la salud pública. Por lo tanto no se trata de amenazas solamente potenciales. La experiencia recomienda tomar en serio estas situaciones, que de producirse, serían grandes catástrofes ambientales y humanas.
En síntesis, en el Ecuador, todos estos riesgos de contaminación (ruptura de diques, contaminación por drenaje ácido de roca, por metales pesados, entre otros muchos más) son particularmente agudos por la elevada actividad sísmica y la frecuencia, intensidad y cantidad de lluvias. Por otra parte, estos procesos podrían ser más graves tomando en cuenta el cambio climático actual, cada vez más evidente. Todo esto debería ser motivo de enorme cuidado en el manejo de los desechos mineros a largo plazo.
Diagnosticar y prever algunos de los efectos y riesgos de la actividad minera es una tarea compleja. Para hacerlo se requiere de múltiples herramientas, por ejemplo, en el ámbito hidrometereológico y sísmico se necesitan largas series de datos.
En el Ecuador no se puede diagnosticar ni prever de manera adecuada las consecuencias de la actividad minera, particularmente en el agua, precisamente porque no existen series de datos pluviográficos o de caudales de ríos de períodos suficientemente largos en las zonas de los proyectos mineros. Esta carencia se observa claramente en el Estudio de Impacto Ambiental de Mirador, el proyecto minero más avanzado del país.
En estas condiciones, la apuesta por la minería a gran escala en el Ecuador es, por decir lo menos, una alternativa arriesgada, con consecuencias que sobrepasan probablemente los límites del territorio nacional. No nos olvidemos que en la tradicional región minera de Portovelo se extiende la contaminación hacia el sur, llegando incluso al Perú. La contaminación ambiental en esta región preocupa internacionalmente, pues afecta cada vez más a las regiones costaneras peruanas. Si esto sucede con actividades mineras que no son de gran magnitud, ¿qué podría suceder como consecuencia de la megaminería?
Amenazas sociales y económicas de la megaminería
Los mega proyectos mineros provocan una serie de macro impactos sociales y económicos, que no pueden pasarse por alto. Apuntar este tipo de actividad extractivista solo sumando cifras –muchas veces irreales- de los potenciales ingresos por exportaciones, es una de las mayores irresponsabilidades que comenten los gobiernos que alientan esta forma de extractivismo.
La implementación de la actividad minera a gran escala en regiones vírgenes implica modificaciones profundas en las sociedades, en los territorios y en las actividades económicas. Estas modificaciones no solo son causadas directamente por los proyectos mineros, sino también por las diversas mega infraestructuras energéticas y de transporte que éstos requieren. A más de la complicada transformación de la relación ser humano-Naturaleza, la megaminería destruye las bases materiales de pueblos indígenas y comunidades asentadas en las regiones donde se despliegan estos proyectos, proletarizándolos. La minería industrial trae nuevos imaginarios de consumo y modos de vida que entran en conflicto con los valores sociales de las comunidades, destruyendo fuerzas productivas auténticamente sustentables y prácticas construidas sobre las bases del Buen Vivir. Agravando la situación, en estas zonas y en las ciudades contiguas se registra un acelerado incremento del costo de la vida. Además, conlleva a una redistribución de poderes, que pasan a ser controlados en gran medida por las transnacionales, sus representantes y sus abogados, en particular.
La mega-minería provoca con frecuencia conflictos internos, y conduce por lo tanto a una redefinición irreversible de la estructura social de las comunidades existentes y sus alrededores. El problema no se produce solo durante la fase de extracción. A menudo, la presencia de empresas de exploración minera provoca estas consecuencias sociales incluso antes de que se extraiga el primer gramo de mineral. Basta ver lo que ha sucedido en la zona de Intag, en la provincia de Imbabura, a lo largo de los últimos 15 años.
La ausencia de prácticas adecuadas para llevar adelante la consulta previa a las comunidades afectadas ha sido otro motivo de permanente conflictividad. Sin embargo, este asunto no se resolverá solo con metodologías y prácticas adecuadas para realizar dicha consulta. Mientras no se respete el derecho de toda comunidad al consentimiento previo, libre e informado, como complemento fundamental de la consulta previa, no será factible construir el Buen Vivir.
Además de estos conflictos sociales, la minería a gran escala trae una serie de enfermedades provocadas por la contaminación del ambiente, a más de otros problemas sociales como el alcoholismo, el consumo de drogas, aumento en la tasa de suicidios, enfermedades sexualmente transmisibles, etc.
Alrededor del mundo, a más de la contaminación por residuos tóxicos, destrucción de ecosistemas y envenenamiento de poblaciones locales, un gran número de transnacionales mineras son acusadas de intimidación, complicidad en el asesinato de líderes opuestos a la actividad minera, financiamiento de guerras civiles, entre otras actividades ilícitas y abiertamente atentatorias contra los Derechos Humanos. Cabe recordar también que la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE u OECD por sus siglas en inglés) reconoce que la corrupción se vuelve práctica corriente en numerosos países en donde se instalan las mineras transnacionales.[8]
En cuanto a los empleos creados, una gran parte de ellos son efímeros y altamente peligrosos, y su estabilidad siempre dependerá de los caprichos de los mercados internacionales. Además, la megaminería, tal como sucede con el petróleo, no es una actividad generadora de masivos puestos de trabajo. Según el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, la minería a gran escala, en caso de que se desarrollen todos los proyectos previstos, generaría apenas 10.000 nuevas plazas de trabajo. La mayoría de los empleos creados será durante la fase de construcción de las minas, la cual tiene una duración limitada de 18 meses a 3 años. En la fase de explotación, los empleos son reducidos y especializados, lo que significa que, en su mayoría, no serán cubiertos por personas provenientes de las zonas aledañas. En consecuencia, la gran minería lleva a la marginalización socio-económica de poblaciones no preparadas, especialmente mujeres y campesinos, o tradicionalmente consideradas como menos capacitadas para el trabajo minero y las actividades económicas conexas que éste genera.
Otro punto a considerar tiene que ver con los impactos a nivel de los gobiernos locales. Casi siempre son muy graves las consecuencias de la gran minería en planes de desarrollo provinciales, cantonales y parroquiales. En la medida que no tienen conocimiento ni recursos para enfrentar el huracán social, cultural y ambiental que comúnmente trae la gran minería, el impacto en los gobiernos locales (en especial infraestructura, seguridad, educación, salud, suministro de agua potable, etc.) puede ser devastador.
Con el arranque de la minería metálica a gran escala, el gobierno estima que la contribución del sector a la economía del país crecerá de manera significativa, con una inversión de alrededor de 37.000 millones de dólares en los próximos veinte años. Sin embargo, las cifras de empleo y ganancias previstas hay que asumirlas con mucho cuidado, puesto que, tanto las empresas como el Estado tienen interés en inflarlas. Por otro lado, estas empresas transnacionales son especialistas en hacer cuentas alegres que a la postre terminan por perjudicar al país que les recibe, ya lo hemos vivido con frecuencia con las empresas petroleras.
Las empresas mineras, sean grandes o pequeñas, enfrentan con mucha frecuencia acusaciones de evasión fiscal u otras formas de criminalidad económica. No nos olvidemos que las empresas transnacionales, en este caso las mineras, acostumbran domiciliarse en paraísos fiscales o paraísos judiciales como Canadá, para evadir ilimitadamente sus obligaciones fiscales y sus responsabilidades frente a las múltiples externalidades en el ámbito socio-ambiental. Las empresas Salazar Resources, Ecometals Ltd., y Mariana Resources, grandes propietarias de concesiones en Ecuador, tienen su sede en Las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda y Guernesey respectivamente. Otras transnacionales activas en el Ecuador tienen subsidiarias con sede en Las Islas Caimán, Belice, Barbados, Aruba o Panamá. ¿En estas circunstancias, cómo logrará el gobierno ecuatoriano fiscalizar las transnacionales mineras activas en el territorio?
Es preciso recordar que normalmente las empresas destacan los "enormes" montos de reservas mineras existentes, transformados a valores monetarios. Con estas cifras, en general altamente exageradas, se quiere sensibilizar a la opinión pública a favor de la minería. Sin embargo, esta mirada resulta incompleta. A pesar de lo limitado que es este ejercicio, por la imposibilidad de cuantificar el valor de los bienes naturales o las riquezas culturales, se podría hacer un intento de "evaluación seria de los costos y beneficios de la minería. Este balance entre lo que se gasta y los beneficios, [debería] cumplir algunas condiciones mínimas, tales como incluir todos los costos y tener una mirada nacional antes que atada a la rentabilidad empresarial. Entre los costos debemos contabilizar las pérdidas de ingreso de actividades desplazadas, especialmente la agropecuaria, y las renuncias fiscales que pueda otorgar el gobierno a las empresas mineras (exoneraciones tributarias, por ejemplo). La experiencia […] enseña que también se deben sumar los llamados costos ocultos, incorporando por ejemplo el valor económico de la contaminación. Son pérdidas económicas que no aparecen en los proyectos de las empresas ya que son transferidas a la sociedad, y usualmente las deben asumir los gobiernos municipal o nacional. También son costos los denominados "subsidios perversos", donde los casos más comunes en América Latina se expresan en otorgar energía a precios menores, agua casi sin costo, y en infraestructura de transporte."[9]
¿Se han presentado estas evaluaciones? Definitivamente, no, probablemente porque el asumir estos costos disminuiría notablemente la rentabilidad de las empresas y se pondría en evidencia los magros beneficios para el gobierno. Antes de abrir las puertas a este tipo de explotación, el gobierno debería "realizar un análisis costo¬ beneficio a escala nacional, bajo amplias escalas de tiempo (de 50 a 100 años para la minería), y con una contabilidad en serio, incorporando los costos ocultos y todos los subsidios y transferencias sociales."
Como hemos visto, aun con la mejor voluntad, se vuelve imposible practicar una minería responsable, sustentable o bien hecha. A su realización se oponen múltiples obstáculos que tienen que ver con el contexto internacional y con la realidad nacional. El tipo de actores transnacionales mineros presentes en el país, como lo demuestra la historia minera industrial reciente, no es motivo de tranquilidad, todo lo contrario. La minería "sustentable" aparece aquí como el "nuevo terno" del imperio de la industria minera; "todavía tiene las mismas viejas y crudas ambiciones".[10]
Cabe señalar que la industria minera mundial no está sujeta a ningún marco legal internacional. A lo sumo ésta se compromete -siempre de manera voluntaria- a regular sus actividades a través de la firma de numerosos convenios: el Council for Responsible Mining in Ecuador (CONMIN), el ISO 26000, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Principios de Ecuador, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Global Reporting Initiative, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE), el Código del Cianuro, entre otros. Sin embargo, el alcance de estos instrumentos es sumamente limitado. Nunca hay garantías reales para que las empresas respeten sus compromisos, en la medida que estos instrumentos no cuentan con herramientas para aplicarlos en caso de incumplimiento.
Consecuentemente, al entrar en una fase de explotación intensiva de sus recursos minerales, más que caminar hacia un desarrollo sostenido y sustentable, el Ecuador corre el riesgo de enfrentar una serie de consecuencias nefastas tanto para su economía y estabilidad política, cuanto para la protección y conservación de un medio ambiente sano, viendo amenazadas su soberanía alimentaria y energética, su salud pública y la riqueza cultural de sus diversas naciones.
La megaminería en la senda de la maldición de la abundancia
Es necesario señalar la falta de experiencia del sector minero ecuatoriano en la minería industrial. Siendo una actividad que requiere gran nivel de especialización, existe el riesgo de que el Ecuador siga actuando como país primario-exportador, al vender el mineral en bruto a los países occidentales o emergentes, sin recibir la plusvalía resultante de su transformación.
Como en el caso del petróleo, muchos países que conocieron el advenimiento de la gran minería están sujetos a la llamada "maldición de los recursos" o "la paradoja de la abundancia". Es decir, la abundancia de recursos naturales tiende a "distorsionar la estructura y la asignación de los recursos económicos del país, redistribuye regresivamente el ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas manos, mientras se generaliza la pobreza. Esta realidad da paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que consolida mentalidades "rentistas", [y] profundiza la débil y escasa institucionalidad".[11]
Para concluir esta rápida reflexión sobre los posibles impactos de la megaminería en Ecuador, recordemos que todas las evidencias históricas apuntan en la misma dirección: a la larga, la exportación de materias primas no renovables tiende a "desarrollar el subdesarrollo", es decir, a profundizarlo en nuestros países. El problema radica casi exclusivamente en nuestros gobiernos y en nuestras élites, sumisos a los capitales transnacionales. Gobiernos, como el actual, son incapaces de superar la maldición del extractivismo, para dar paso a propuestas concretas que promuevan la transición de nuestra economía hacia la autodependencia, la integración nacional y la ampliación del mercado interno. Lo que demanda un uso sustentable y racional de los recursos naturales disponibles sobre la base de alianzas y consensos que conduzcan a la construcción del Buen Vivir, que definitivamente está en la dirección contraria al extractivismo minero o petrolero.
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[1] « Aboriginal Peoples and Mining in Canada: Consultation, Participation and Prospects for Change », North-South Institute, Working Discussion Paper, enero de 2002, y Royal Commission on Aboriginal People, Restructuring the Relationship (Volume 2), 1996.
[2] Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales, Canadá, NACIONES UNIDAS, CERD/C/CAN/CO/18, 25 de mayo del 2007.
[3] Handal, L., "Le soutien à l'industrie minières: Quels bénéfices pour les contribuables?", Institut de Recherche et d'information Socio-Économique (IRIS), Montréal, Québec, Canada, abril 2010.
[4] Mudd, G., 2008, « Sustainability Reporting and Water Resources: a Preliminary Assessment of Embodied Water and Sustainable Mining », Mine Water Environ, 27:136-144.
[5] Mudd, G., 2007, « Global trends in gold mining: Towards quantifying environmental and resource sustainability? », Resources Policy, 32:42-56.
[6] Ecuacorriente S.A. – Terrambiente Co. Ltda., « Alcance al Estudio de Impacto Ambiental Ampliatorio Proyecto Mirador ».
[7] Foro Recursos Hídricos, "Agua, minería y conflictos socio-ambientales", Camaren-CARE, Quito, 2008.
[8] Report on the application of the convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions and the 2009 revised recommendation on combating bribery in international business transactions, OCDE, 18 de marzo de 2011. Cabe destacar que este informe analiza el estado de situación de la corrupción por parte de intereses canadienses en el extranjero. En particular, la OCDE deplora la debilidad de las leyes canadienses para controlar estas prácticas e insta al Canadá a reforzar de manera urgente la lucha contra la corrupción de funcionarios extranjeros.
[9] Gudynas, E., « ¿Hicieron las cuentas? Los costos de la minería a cielo abierto", 12 de agosto del 2011.
[10] Whitmore, A., 2006, "The emperors new clothes: Sustainable mining?", Journal of Cleaner Production, 14, 309-314.
[11] Acosta, A., « La Maldición de la Abundancia », Abya-Yala, Quito, 2009.
Nota sobre los autores:
William Sacher: PhD en ciencias atmosféricas y oceánicas. Investigador del colectivo de autores académicos Recursos de África, Montreal, Canadá.
Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador. Profesor honorario de la universidad Ricardo Palma, Lima Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.
Coordinación de la serie Los perversos versos de la minería: Carlos Zorrilla, William Sacher, Alberto Acosta. Responsabilidad de los textos: cada autor o autora.
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