viernes, 24 de septiembre de 2010

Boletin GAL 1048

BOLETÍN GAL

Nº 1.048. Viernes 24 de Septiembre de 2010. Año V. Boletín Electrónico de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Lectores(as): 31.837. Contacto: boletingal@gmail.com  Fonos: 56-02-7857084, 09-5732334.

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CONTENIDO

 

ESPECIAL: HUELGA DE HAMBRE DE PRESOS MAPUCHE

 

Vocería de familiares de presos políticos mapuche rechazan mesa de diálogo y emplazan al gobierno

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, por Paulina Acevedo Menanteau, Observatorio Ciudadano

Familiares de presos mapuche ocupan CEPAL y sede de OIT

Santiago, jueves 23 de septiembre de 2010, EFE, El Mostrador

Se realiza primer contacto entre las partes

Santiago, viernes 24 de 2010, por Fabián Álvarez e Iván Fredes, El Mercurio

Carta abierta al Sr. Sebastián Piñera, Presidente de Chile, con ocasión de su intervención ante las Naciones Unidas

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, Observatorio Ciudadano

Declaración de Organizaciones Ciudadanas ante huelga mapuche

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, OLCA

Manifestación de Solidaridad con el Pueblo Mapuche frente a la Embajada de Chile en Francia

París, Francia, miércoles 22 de Septiembre de 2010, Colectivo de Solidaridad con el Pueblo Mapuche (Francia

Asamblea General de las Naciones Unidas: Caso Mapuches

Naciones Unidas, 24 de septiembre de 2010, ONU

 

LOCALES

 

Mapa de los conflictos urbanos en Santiago

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, Plataforma Urbana

Denuncian congelamiento de proyecto sobre uso de bicicleta

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, El Mostrador

Ingresan proyecto que sanciona mal uso de ciclovías

Valparaíso, viernes 24 de septiembre de 2010, Cámara de Diputados

Comunidad y Escuelas de Maipo: Trabajando juntos por el medio ambiente

Paine, viernes 24 de septiembre de 210, El Ciudadano

Lanzan libro sobre Transparencia pública y privada

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, Cámara de Diputados

 

NACIONALES

 

Prevén sequía en seis regiones

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, El Mercurio

Prevén sequía entre Regiones de Atacama y Bio Bio

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, por Juan Pablo Palacios, Radio Universidad de Chile

Embalses del Norte con déficit histórico

Atacama, viernes 24 de septiembre de 2010, por Rodrigo Chacón,  La Nación

Organizaciones acusan incertidumbre sobre políticas ambientales del gobierno

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, por Diana Porras, Radio Universidad de Chile

Proponen prohibir termoeléctricas en zona urbana de comunas

Valparaíso, viernes 24 de septiembre de 2010, Cámara de Diputados

Ministra de Medio Ambiente en EEUU

Nueva York, EEUU, viernes 24 de septiembre de 2010, Conama

Buscan apoyo europeo para rechazar HidroAysén

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, por Francisco Mardones, Radio Universidad de Chile

Endesa ejecutará hidroeléctrica desde la central Ralco

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, El Mercurio

Concursos Fondo de Medios 2010

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, Ministerio Secretaría General de Gobierno

 

GLOBALES

 

Ciudadanía climática prepara estrategia global para Cumbre de Cancún

Ciudad de México, México, viernes 24 de septiembre de 2010, Radioinformaremos

ONU: En Cancún no habrá acuerdo mágico

Naciones Unidas, viernes 24 de septiembre de 2010, Centro de Prensa de ONU

Proponen en Cumbre ONU que 2011 sea el Año de la Energía Nuclear para Todos y Armas Nucleares para Ninguno

Naciones Unidas, viernes 24 de septiembre de 2010, Centro de prensa de ONU

La nuclear es más barata sólo a corto plazo

Madrid, España, viernes 24 de septiembre de 2010, Cinco Días

Energía solar concentrada cambiaría mapa energético

Perpiñán Francia, viernes 24 de septiembre de 2010, Univisión

"La Niña" amenaza con sequía a países del MERCOSUR

Sao Paulo, Brasil, viernes 24 de septiembre de 2010, por Anella Reta y Mauricio Rabuffetti, Agencia AFP

Decretan estado de emergencia en Brasil por sequía

Brasilia, Brasil, viernes 24 de septiembre de 2010, Agencia EFE

WWF: Habrá acuerdo vinculante sobre cambio climático recién en Cumbre de Sudáfrica en 2011

Ciudad de México, México, viernes 24 de septiembre de 2010, El Universal

Evo Morales reitera en ONU rechazo a capitalismo

Naciones Unidas, viernes 24 de septiembre de 2010, SDP Noticias

Invertir en energías limpias podría disminuir la pobreza

San José, Costa Rica, viernes 24 de septiembre de 2010, por Leticia Vindas, El Financiero

Geoarqueología busca respuestas al cambio climático

Buenos Aires, Argentina, viernes 24 de septiembre de 2010, Terra

China hará un mapa de desastres naturales para planificar urbanismo futuro

Pekín, China, viernes 24 de septiembre de 2010, Finanzas

Europa ante el reto de la extrema derecha

París, Francia, viernes 24 de septiembre de 2010, por Gerardo Lissardy, BBC Mundo, París

 

DOCUMENTOS

 

Piñera y Medio Ambiente: Más incertidumbres que certezas

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, Departamento de Estudios Fundación Terram

 

ESPECIAL: HUELGA DE HAMBRE DE PRESOS MAPUCHE

 

Vocería de familiares de presos políticos mapuche rechazan mesa de diálogo y emplazan al gobierno

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, por Paulina Acevedo Menanteau, Observatorio Ciudadano.- Representantes del mundo eclesiástico, sindical, político, social, estudiantil y cultural estuvieron también presentes para manifestar su rechazo a la actitud del gobierno de negarse a un diálogo directo con los huelguistas y a la forma en que se ha enfrentado esta huelga de hambre que ya cumple 73 días.

 

Fuente Foto http://vozenfugaradio1mayo.blogspot.com

 

Manuel Chocori, vocero de la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago (COOAMS) y de la Coordinación de Familiares de los Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre, confirmó esta mañana en conferencia de prensa el más absoluto rechazo por parte de las organizaciones que representa a la "mesa de diálogo" anunciada el pasado viernes por el Presidente Sebastián Piñera, calificándolo de ser un anuncio distractor que no responde a las demandas de los presos que ya cumplen 73 días en huelga de hambre.

 

Por lo mismo, emplazó al gobierno a dar un "paso real y de verdadera voluntad política", instalándose como un actor protagónico -a través de la persona que designe para tales efectos- en la mesa conformada por el arzobispo Ezzati, por ser la única instancia válida para el desarrollo de este diálogo urgente y por tener el sacerdote "toda la confianza" por parte de los presos en huelga de hambre y sus familiares para desempeñar el rol de mediador.

 

El vocero se refirió también a los proyectos que se tramitan actualmente en el parlamento para modificar el Código Militar y la Ley de Conductas Terroristas (LCT), cuya presentación por el ejecutivo fue también anunciada en su momento por Piñera como supuesta solución al conflicto. Lo que se quiere es "perfeccionar la ley antiterrorista, dicen, pero lo cierto es buscan lavar su imagen, lo mismo que los seudogobiernos de la Concertación por su actuar los últimos veinte años".

 

Advirtiendo además que esta ley "sigue siendo discriminatoria y que no ha sido consultada para nada (como obliga el Convenio 169 de la OIT), sobrepasando estos acuerdos internacionales por los que el gobierno no ha mostrado el menor respeto".

 

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de la alimentación forzada, que ha sido solicitada por gendarmería a los tribunales de justicia e insinuada por Piñera durante actos del bicentenario donde fue consultado por el riesgo de vida de los huelguistas, argumentó que "la alimentación forzada viene a contravenir normas internacionales de salud (Convenio de Malta, Asociación Mundial de Médicos), que dicen que este tipo de alimentación constituye situación de Tortura".

 

Presencia de organizaciones sociales:

 

Durante la conferencia estuvieron presentes distintos representantes del mundo eclesiástico, sindical, social, político, estudiantil y cultural, entre ellos, Pierre Dubois, sacerdote diocesano; Raúl de la Puente, Presidente de la ANEF; Cristián Cuevas, Presidente Comisión de Trabajadores del Cobre y dirigente de la CUT; Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo; Pedro Lemebel, escritor; Sergio Grez, historiador; Francisco Villa, músico; Roberto Márquez, líder de Illapu; Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); Marcelo Castillo, Presidente del Colegio de Periodistas; Julio Sarmiento, Presidente FECH; Camilo Ballesteros; Presidente FEUSACH, Paul Floor Pilquil, Presidente U. Federico Santa María; Eduardo Salazar, Presidente de FEUTEM; Gabriel Iturra y Victoria Cárdenas, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES); Fernando Lira, Movimiento Humanista, junto a representantes de la Asamblea de Derechos Humanos.

 

Familiares de presos mapuche ocupan CEPAL y sede de OIT

 

Santiago, jueves 23 de septiembre de 2010, EFE, El Mostrador.- Rechazan "nula disposición" del gobierno para resolver huelga de hambre. Familiares de presos mapuche ocupan la Cepal y la sede de la OIT. Los representantes de los comuneros presos acusaron al Presidente Sebastián Piñera de estar "engañando y distrayendo a la opinión pública nacional e internacional con respecto a sus responsabilidades ante la grave situación" que enfrentan los ayunantes. La manifestación coincide con la intervención del jefe de Estado ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se espera su pronunciamiento respecto a la situación de los pueblos originarios.

Un grupo de familiares de los 35 mapuches en huelga de hambre ocupó este jueves, de forma pacífica, las dependencias de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la comuna de Vitacura.

 

María Tralcal y Rodrigo Curipan, dos de los portavoces de los indígenas y que se encuentran en el interior de la sede de la OIT, aseguraron en un comunicado que la ocupación responde a la "nula voluntad del Ejecutivo para solucionar la problemática" de los comuneros, veinte de los cuales están en ayuno desde hace 74 días.

 

Alrededor de una docena de personas señalaron que se quedarían de manera "indefinida" en el organismo encvabezado por Juan Somavía, mientras que otro grupo que intentó ingresar a la Cepal, ubicada a pocas cuadras, fue retenido por personal de seguridad.

 

Los portavoces de los comuneros expresaron su "absoluto rechazo" a las acciones emprendidas por el Presidente Sebastián Piñera, quien "paradójicamente" -dijeron- se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 

Los mapuches acusaron al mandatario de estar "engañando y distrayendo a la opinión pública nacional e internacional con respecto a sus responsabilidades ante la grave situación que enfrentan los comuneros mapuche en ayuno, quienes han entrado en fase crítica arriesgando sus vidas de manera irreversible".

 

Reiteraron el llamado a generar "una instancia de diálogo real" que de respuesta a las demandas de los huelguistas, que piden que no se les aplique la ley antiterrorista y no ser sometidos a un doble juicio ante tribunales civiles y militares.

 

Piñera insiste en que hay diálogo

 

Desde la sede de la ONU y antes de intervenir ante la Asamblea General del organismo internacional, Piñera reiteró su disposición al diálogo, el cual, subrayó, debe expresarse "con gestos por ambos lados".

 

El jefe de Estado se refirió puntualmente a la decisión de los representantes de los huelgustas de marginarse de la mesa de diálogo que el Ejecutivo instaló para abordar en su generalidad el conflicto mapuche y la situación de los pueblos originarios, de manera paralela a las labores que como "facilitador" realiza el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati.

 

De hecho, el mandatario aprovechó de pedir a la Iglesia Católica que no se margine de los esfuerzos para el acercamiento de las partes. "Nunca se resten de ninguna mesa de diálogo, ni de ningún camino", expresó.

 

"Nuestro gobierno está siempre abierto al diálogo y tiene una capacidad de escucharlos a todos", precisando que "hemos escuchado a los pueblos originarios, que son más de un millón de personas y por eso hemos elaborado este Plan de Reencuentro Histórico y este Plan Araucanía. Y también hemos escuchado a los comuneros", expresó.

 

Asimismo, aseguró que "estamos desarrollando dos grandes planes para el pueblo mapuche y los pueblos originarios: el Reencuentro Histórico, que parte por el reconocimiento constitucional y por un verdadero compromiso con su cultura, su lengua, sus tradiciones, y que está en marcha. Pero también el Plan Araucanía, que es el plan más grande y más ambicioso que se haya hecho nunca en nuestro país, para recuperar el tiempo perdido, para recuperar también las oportunidades y posibilidades de desarrollo del pueblo mapuche. Y eso lo queremos hacer en diálogo con el pueblo mapuche".

 

Finalmente afirmó que "el gobierno va a seguir dando pasos", remarcando que "el diálogo tiene que ser con gestos por ambos lados. Y por eso, con mucha humildad y respeto, insisto que la violencia y las huelgas de hambre no son el camino que el país necesita".

 

Se realiza primer contacto entre las partes

 

Santiago, viernes 24 de 2010, por Fabián Álvarez e Iván Fredes, El Mercurio.- Reservada cita se produjo el día previo a la instalación de la mesa de diálogo del Plan Araucanía: Voceros de mapuches en huelga mantienen primer contacto con Larroulet en casa de Ezzati. Previamente, el arzobispo de Concepción había criticado estrategia legislativa del Gobierno para lograr fin al conflicto. Ejecutivo habría ofrecido retirar sus querellas por Ley Antiterrorista en cuatro causas que involucran a ayunantes.  

A las 15:30 horas de ayer, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, llegó en completa reserva a la casa del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati. El motivo: La Moneda buscaba un acercamiento con los 34 mapuches que sostienen una huelga de hambre, en la víspera del lanzamiento de la mesa de diálogo con las comunidades indígenas por el Plan Araucanía en el cerro Ñielol de Temuco.

 

Si bien el ministro se había reunido en anteriores ocasiones con el prelado, en su calidad de facilitador del diálogo con los comuneros, la cita tuvo un componente adicional. Y es que hasta la casa de la calle Cochrane en la capital de la Región del Biobío llegaron también representantes de los mapuches en huelga de hambre, para sostener el primer contacto directo con Larroulet.

 

La reunión se mantuvo en pleno hermetismo hasta bien entrada la tarde de ayer. Incluso, en Temuco se esperaba la llegada de Larroulet para organizar los últimos detalles previo al comienzo de la mesa de diálogo. La primera señal del encuentro surgió a eso de las 19:25, cuando Natividad Llanquileo, quien en los últimos días ha actuado como principal representante de los mapuches en la zona del Biobío; Pamela Pessoa, pareja de quien es sindicado como el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) e ideólogo de la huelga, Héctor Llaitul, y el abogado penquista Adolfo Montiel, quien defiende a Llaitul, se retiraron de la residencia de Ezzati rumbo al Hospital de Concepción para informar del diálogo a los cinco comuneros que están en ese recinto. Y regresarían dos horas después, a las 21:30, para continuar la cita hasta las 1:55 de esta madrugada, cuando Llanquileo y Pessoa se retiraron del lugar. Sólo señalaron: "Estamos trabajando y conversando".

 

Según trascendió, el Ejecutivo habría planteado la posibilidad de retirar sus querellas por Ley Antiterrorista en cuatro procesos que involucran a comuneros en huelga de hambre. Se trata de las investigaciones sobre los ataques armados e incendiarios a la comitiva del fiscal Mario Elgueta, al peaje de Quino y a los perpetrados contra el fundo San Leandro.

 

En coincidencia con ello, esta madrugada el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter -quien ejerce como Vicepresidente ante la gira de Piñera a EE.UU.- reconoció a TVN que "hay una conversación directa" por el tema. "Nosotros hemos conversado con los representantes de los comuneros en más de una ocasión, y con representantes de alto nivel, incluido ministros", planteó.

 

Diálogo con Ezzati

 

Larroulet viajó a Concepción a reunirse con monseñor Ezzati para transmitir la propuesta del Ejecutivo en medio de la tensión surgida entre el facilitador del diálogo y el Gobierno. Durante la mañana, el arzobispo de Concepción había criticado a La Moneda por acotar la solución al conflicto sólo a la vía legislativa, mediante reformas a las leyes Antiterrorista y de Justicia Militar que se tramitan en el Congreso. "Si ése es el camino, a lo mejor vamos a tener un muerto", sentenció.

 

Además, el intendente de La Araucanía, Andrés Molina, confirmó que monseñor Ezzati no estaría presente hoy en el inicio de la mesa de diálogo, y que enviaría a un representante. El propio Ezzati había dejado en duda su participación antes de la cita con Larroulet: "Lo vamos a ver, porque tengo que ver todavía si yo puedo dejar lo que estoy haciendo en este momento (el rol de facilitador) para dedicarme a esa tarea. Pero en línea de principio, nosotros (la Iglesia Católica) no nos vamos a sustraer a una petición de diálogo y de aportar al diálogo", dijo.

 

 Ex juez Guzmán asume vocería internacional por el tema mapuche e impulsa demanda ante la CIDH. En la tarde del miércoles, el ex juez Juan Guzmán Tapia, quien encausó al general (r) Augusto Pinochet en procesos por derechos humanos, ingresó a la cárcel El Manzano de Concepción. Su propósito era verificar el estado de salud de Héctor Llaitul, uno de los líderes de los 36 comuneros mapuches que permanecen en huelga de hambre desde hace 74 días.

 

Era el encuentro de dos viejos conocidos. Guzmán había defendido a Llaitul en 2008 en un juicio oral en el que el Ministerio Público lo acusó de planificar un atentado incendiario en un fundo de la comuna de Cholchol. Y con éxito, pues consiguió la absolución del comunero, quien quedó en libertad.

 

Luego de ese episodio no tuvieron más contacto. Hasta el miércoles, en que el huelguista le solicitó que nuevamente asuma su defensa. El ex magistrado no dudó. No sólo aceptó la propuesta, sino que además le ofreció desplegar una suerte de vocería internacional en favor de la causa mapuche.

 

"A través de charlas que doy en universidades extranjeras, además de artículos en revistas y diarios, pienso hacer valer, a título personal, mi opinión sobre la situación de Chile y la aplicación de normas que no cumplen el debido proceso. Por ejemplo, cómo se usa el Código de Justicia Militar en situaciones que no corresponden", sostuvo ayer Guzmán.

 

El ex magistrado adelantó además que en las próximas semanas, y a nombre de la ONG Asociación de Juristas Americanos, impulsará la presentación de una demanda internacional en favor de los comuneros y en contra del Estado chileno. "A nombre de esta institución tenemos el propósito de llegar a la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) en una demanda en favor de la causa mapuche", explicó. En su conversación del miércoles en el penal El Manzano, Guzmán y Llaitul abordaron el tema de la mesa de diálogo que el Gobierno instalará hoy en el cerro Ñielol de Temuco.

 

El comunero, uno de los más radicalizados entre los mapuches en huelga de hambre, le planteó su reticencia a participar en una instancia que podría no resolver sus demandas. "Ellos estiman que no merece ninguna transacción lo que ellos solicitan. Piden concretamente que no se les aplique la ley de conductas terroristas, que no sean juzgados por el Código de Justicia Militar y que no se utilicen los testigos sin rostro que constituyen una desventaja muy grande", señaló el ex juez. Este último punto es el que utilizará como argumento ante el organismo internacional, pues, desde su punto de vista, el uso que se les da a los testigos protegidos es inconstitucional.

 

Mesa de diálogo para analizar la realidad indígena se constituye hoy en el cerro Ñielol

 

En el cerro Ñielol de Temuco, en donde se realizaron históricos parlamentos para llevar la paz a La Araucanía, se constituirá hoy la mesa de diálogo convocada por el Gobierno para analizar la situación de la población indígena del sur. A las 10 horas de hoy, en el restaurante "La Cumbre", está programada la reunión, en la cual La Moneda espera comenzar a destrabar las demandas mapuches.

 

Por parte del Gobierno asistirán el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet; Mideplan, Felipe Kast; el subsecretario de Bienes Nacionales, Carlos Llancaqueo; el coordinador de Asuntos Indígenas, Sebastián Donoso; y los intendentes Jacqueline van Rysselberghe (Biobío), Andrés Molina (La Araucanía), Juan Varas (Los Ríos), y Juan Montes (Los Lagos). Por parte de las iglesias y de la sociedad civil estarán el obispo de Temuco, monseñor Manuel Camilo Vial; el obispo auxiliar de Concepción, monseñor Pedro Ossandón Buljevic, en representación del arzobispo Ricardo Ezzati; el pastor del Consejo Evangélico, Andrés Millanao, y el rector (s) de la Universidad de la Frontera, Juan Manuel Fierro.

 

Entre los representantes del mundo indígena, ya confirmaron su asistencia Arnoldo Ñanculef, presidente de la Asociación Rewe, de Cholchol; el dirigente Hugo Alcamán, en representación de la recién creada Alianza de Territorios Mapuches; el lonco Patricio Paillacoy, de la comunidad Antonio Paillacoy, y dirigentes de comunidades de Tirúa, Alto Biobío, Lonquimay, Ercilla, Traiguén y Temuco, entre otros.

 

Fueron invitados por teléfono, pero no contestaron o declinaron asistir el dirigente Aucán Huilcamán, líder de la radicalizada organización Alianza Territorial; Juan Catrillanca, lonco de la conflictiva comunidad Temucuicui, y Jorge Huencullán, presidente de un grupo escindido de la primera, conocido como Temucuicui Autónoma. Además, la asociación Corp-Biobío también afirmó ayer en un comunicado que pese a ser invitada, declinó asistir, invitando a crear otras instancias para analizar "proyectos, iniciativas y acciones que favorezcan las demandas de los pueblos originarios".

 

Piñera critica en la ONU huelga de mapuches

 

En la mañana, mientras caminaba por uno de los jardines de la sede de la ONU en Nueva York, el Presidente Sebastián Piñera había confirmado que se referiría ante las Naciones Unidas a la situación de los comuneros mapuches en huelga de hambre, y que la contrastaría con los esfuerzos por mantener con vida a los trabajadores de la mina San José.

 

Horas después, en sus palabras ante la Asamblea General, expuso que "representa una paradoja que en nuestro país hayamos luchado tanto por salvar la vida de los 33 mineros y tengamos simultáneamente a 34 comuneros mapuches que atentan contra sus propias vidas a través de una huelga de hambre", lo que fue visto como una crítica a la postura de los huelguistas.

 

Sin embargo, mencionó brevemente la constitución de la mesa de diálogo y destacó la implementación del "Plan Araucanía" para promover el desarrollo de las comunidades indígenas. Pese a que el discurso original enfatizaba la disposición del Gobierno a dialogar sin condiciones ni imposiciones, y a que la contraparte depusiera la violencia y el enfrentamiento, el gobernante omitió esa parte -según se explicó- para no alargar su alocución. Sí mencionó la decisión de darles a los pueblos originarios el reconocimiento constitucional para reemplazar la estrategia de la "asimilación" por la de la "integración".

 

Gestiones del Gobierno

 

El ministro del Interior y vicepresidente, Rodrigo Hinzpeter, dijo esta madrugada a TVN que "hemos tenido reuniones privadas y públicas" con los representantes de los comuneros, y que tiene la esperanza de que haya una solución "en las próximas horas o días". Afirmó que se trabaja en "una solución que se puede implementar con cierta prontitud si es consensuada con los comuneros", y criticó a los gobiernos de la Concertación por el tema. "Nunca fueron capaces de hacer lo que hemos hecho en estos seis meses", dijo.

 

Carta abierta al Sr. Sebastián Piñera, Presidente de Chile, con ocasión de su intervención ante las Naciones Unidas

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, Observatorio Ciudadano.- El gobierno de Chile debe asumir con responsabilidad situación del pueblo mapuche.

 

Excelentísimo Señor Presidente,

 

De cara a su intervención, el día de hoy, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Observatorio Ciudadano quisieran comunicarle su seria preocupación por la situación de 34 comuneros mapuche en huelga de hambre y por la evidente falta de voluntad de su gobierno y su actitud dilatoria para dialogar con los mapuche.

Hoy, jueves 23 de septiembre, la huelga de hambre iniciada el pasado 12 de julio, por un grupo de comuneros mapuche completa 74 días. Recordamos que la mayoría de ellos están sometidos a una investigación judicial -y otros condenados- bajo la Ley Antiterrorista, algunos de ellos teniendo un doble procesamiento, civil y militar. Existen 34 comuneros en esta huelga, de los cuales dos son menores de edad y siete de ellos están en centros hospitalarios dada la gravedad de su estado de salud.

 

Como es de su conocimiento, los mapuche demandan el derecho a que se les someta a un juicio justo, el que no es garantizado por la aplicación de la ley antiterrorista y de la justicia militar. Exigen además la desmilitarización de las zonas mapuche en que las comunidades reivindican sus derechos humanos políticos y territoriales. Para la resolución de sus demandas han exigido la instalación de una mesa diálogo con la participación de sus representantes y del gobierno.

 

Lamentamos que Usted, Sr. Presidente, haya presentado tardíamente al Parlamento proyectos de reformas legales de la justicia militar (09 de septiembre) y de la ley antiterrorista (13 de septiembre). Además, estas iniciativas no dan cumplimiento a las demandas de los huelguistas mapuche, toda vez que éstas siguen sin garantizar un juicio justo. La reforma a la justicia militar mantiene la competencia de dicha justicia para conocer los delitos que militares y policías cometen en contra de civiles. El Parlamento solicitó al gobierno una ley corta para responder a las demandas de los mapuche, la que está aún en su primer trámite constitucional. Sobre la ley antiterrorista -aprobada en general- ésta sigue considerando como delitos terroristas aquellos cometidos contra la propiedad privada y no restringe adecuadamente el uso de testigos protegidos. Los llamados testigos sin rostro han vulnerado gravemente el desarrollo de juicios justos. El gobierno debe mejorar estos aspectos del proyecto.

 

Nos preocupa que los proyectos de reforma a la ley antiterrorista hayan tenido una compleja discusión, lo cual refleja las dificultades que para un sector del país tiene la incorporación de mejores estándares de derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esto retrasa la posibilidad de dar respuesta a las demandas que permitan poner término a la prolongada huelga de hambre de los presos mapuche.

 

Lamentamos además que su gobierno aun no haya dado una respuesta clara sobre su participación en una mesa de diálogo para atender las demandas de esta huelga. Si bien la presión obligó al gobierno a buscar la mediación de la Iglesia católica, no ha mostrado disposición al diálogo. Monseñor Ezzati, designado para esta mediación, ha dicho claramente que el gobierno no ha respondido a los mapuche en huelga y sus familias. Más aun, Usted anunció el 17 de septiembre una mesa de diálogo sobre sobre el Plan Araucanía, lo que ha generado confusión y puede provocar divisiones en el mismo pueblo mapuche. Este plan se refiere a temas de desarrollo social y productivo, pero excluye a los mapuche en huelga y sus demandas. Esto sólo agrava la situación de los presos en huelga de hambre.

 

La FIDH, el CODEPU y el Observatorio Ciudadano, quisieran recordar también que los distintos órganos y mecanismos de las Naciones Unidas han señalado en distintas ocasiones su preocupación por la aplicación discriminatoria y disproporcionada de la ley antiterrorista contra los mapuche, así como la mantención de la competencia de la justicia militar para conocer de casos que involucran a la población civil, y han llamado a su reforma para adecuarla con los estándares internacionales (ver anexo para más información). Sin embargo, Chile aun no ha cumplido con estas recomendaciones.

 

Por lo tanto, Sr. Presidente, la FIDH, el CODEPU y el Observatorio Ciudadano le solicitan:

 

Instalar urgentemente una mesa de diálogo para poder responder totalmente a las demandas planteadas por los mapuche y participar en la misma;

 

Impulsar que se reforme con celeridad la ley antiterrorista y de la justicia militar, a fin que se adecuen a los estándares internacionales que protegen los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas;

Incrementar los esfuerzos de su gobierno para que en Chile se respeten los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con las recomendaciones formuladas reiteradamente por los distintos órganos y mecanismos de las Naciones Unidas, se reconozca su carácter multicultural y se avance más rigurosamente en las recomendaciones que se han hecho para que perfeccione su democracia y su sistema institucional.

 

Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH

José Aylwin, Co-director del Observatorio Ciudadano

José Araya, Representante del CODEPU

 

CC: misiones permanentes de los Estados ante las Naciones Unidas en Nueva York

 

Anexo

 

Chile sigue violando los estándares internacionales en materia de derechos humanos y aun no ha cumplido con las numerosas recomendaciones formuladas por los distintos órganos de las Naciones Unidas.

 

Tanto el Comité de Derechos Humanos (CDH), como el Comité contra la Tortura (CAT) y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, han expresado su preocupación por el carácter demasiado amplio de la ley antiterrorista y llamado a su reforma. También han expresado su preocupación por su aplicación discriminatoria, « principalmente a miembros del pueblo mapuche, por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales, relacionados con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales » (CERD/C/CHL/CO/15-18, 7 de septiembre de 2009), y recomendado que su aplicación no sea discriminatoria (CDH, §7 ; CAT/C/CHL/CO/5, 23 de junio de 2009), y que se limite a « crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo » (CCPR/C/CHL/CO/5, 17 de abril de 2007).

 

También resulta contrario a los estándares internacionales, el sometimiento de civiles a la justicia militar. La FIDH, el CODEPU y el Observatorio Ciudadano recuerdan la recomendación del CDH llamando Chile a « agilizar la adopción de la ley que modifique el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar exclusivamente » (§12), la cual recién se está examinando en el seno del Senado y de la Cámara de diputados de Chile.

 

Recordamos también que, como lo señaló el Relator Especial sobre pueblos indígenas el año pasado (A /HRC/12/34/Add.6, 5 de octubre de 2009) « uno de los efectos colaterales de una política penal que ha sido materia de alegaciones sobre el incumplimiento de la normativa internacional y las garantías procesales internas, es la estigmatización de los indígenas y una dinámica general de controversia entre los mapuche y los autoridades estatales, que no contribuye a la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a determinar las orígenes de la protesta ».

 

De forma más general, destacamos el llamado del Relator Especial a que se instaure un diálogo de buena fe, única solución viable y duradera : el Relator Especial « insta a todas las partes interesadas a seguir fortaleciendo y hacer efectivos mecanismos de interlocución y concertación entre el Estado y los pueblos indígenas. En este sentido, el Relator Especial enfatiza al Estado la necesidad de crear condiciones de confianza y garantías entre las partes y desarrollar un procedimiento efectivo de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales obligatorios para el Estado ».

 

Finalmente recordamos que Chile también debe cumplir con las numerosas recomendaciones formuladas sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas durante el Examen Periódico Universal ante el Consejo de las Naciones Unidas (A/HRC/12/10, 4 de junio de 2009).

 

Contactos Prensa:

FIDH Karine Appy/Fabien Maitre 01 43 55 90 19/01 43 55 14 12

José Araya Cornejo

Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo - CODEPU

Santiago: Paseo Bulnes 188. Dpto. 62. Fono: (56) 2 6988863. codepu@codepu.cl

Valdivia: Carlos Anwandter 525. Fono: (56) 63 344738. valdivia@codepu.cl

www.codepu.cl

 

Declaración de Organizaciones Ciudadanas ante huelga mapuche

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, OLCA.- Por 74 días 34 Weichafes, luchadores por las justas e históricas demandas del pueblo Mapuche, se encuentran en huelga de hambre, herramienta que lamentablemente ha sido la única y última forma de hacerse escuchar y mantener la dignidad, el amor a la vida, y la lucha por el respeto al pueblo-nación Mapuche.

 

Por 74 días, los diferentes representantes de los prisioneros Mapuche han enviado emisarios y todas las señales al gobierno, al poder ejecutivo y legislativo para buscar una salida responsable, democrática, transparente, justa y coherente con el derecho internacional.

 

Desde que comenzó esta lamentable pero digna protesta, los representantes de los Prisioneros Mapuche, sus familias, sus comunidades y las organizaciones del Pueblo Mapuche, han instado a un diálogo respetuoso para encontrar mecanismos de resolución de este conflicto.

 

En los últimos días la salud de los prisioneros políticos mapuche se ha ido deteriorando de manera rápida y progresiva, sin que aún exista interés del gobierno por establecer espacios verdaderos de diálogo. La situación es tan grave que los peñis encarcelados no sólo están en riesgo de muerte, sino que de seguir la huelga de hambre unos días más, los efectos en su salud serán permanentes.

 

Es más, frente a esto, las dos derechas que co-gobiernan Chile, la derecha de Renovación Nacional y la Udi, y la derecha de la Concertación -con la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical y el PPD-, han contestado con violencia, desprecio y una visión política propia de una alianza de rufianes en lo económico, lumpenescos en lo cultural y mafiosos en los aspectos políticos.

 

Frente a la justa lucha del pueblo mapuche y de estos 34 prisioneros políticos, el Estado y los sectores políticos chilenos, han respondido con una Ley Antiterrorista creada por criminales en tiempos de dictadura, han respondido con dobles juzgamientos aplicando la Justicia Civil y la abusiva Justicia Militar, han respondido con los terroríficos testigos sin rostros para mantener encarcelados a los weichafes, y han respondido plagando con la policía militarizada los territorios mapuche.

 

Exigimos que no se acepte lo que quiere el gobierno que es que se siga criminalizando la protesta social mapuche y encarcelando a los representantes de las comunidades, endurecer la ley antiterrorista, comprar conciencias en el seudodiálogo del cerro Ñielol, e imponer frenos y cerrojos constitucionales contra los derechos colectivos tanto del Pueblo Mapuche como de la sociedad chilena.

 

El comportamiento del gobierno es una manifestación más de una oligarquía, una clase de comerciantes, una elite irresponsable que arrastra a un país entero a una de las peores tragedias de la historia reciente.

 

Por eso, como ciudadanía chilena y mapuche, exigimos  en forma urgente al gobierno y a todos los sectores políticos presionar para buscar una solución ahora a la huelga de los prisioneros Mapuche:

 

• Demandamos acciones urgentes para atender los requerimientos de los Prisioneros Políticos Mapuche y que estén acordes a la defensa de la vida, el resguardo de la salud física y psíquica de estos Weichafes y la dignidad y autodeterminación de cada uno de los huelguistas que además es avalada por el derecho internacional.

• Instalar urgentemente una mesa de diálogo en que participen en igualdad de condiciones los Prisioneros Mapuche y/o sus representantes directos.

• Exigimos la no aplicación de la Ley Antiterrorista en estos procesos.

• Exigimos no al doble juzgamiento por la Ley Civil y la Abusiva Ley Militar a los prisioneros Mapuche.

• Exigimos que no se usen los terroríficos testigos sin rostro en estos casos,

• Exigimos la desmilitarización de los territorios mapuche.

• Exigimos reformas democráticas, informadas y participativas a la ley antiterrorista y a la justicia militar, para que se adecuen a los estándares del derecho internacional relativo a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

 

Firman:

- Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social (Rajas)

- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

- Centro Ecoceanos

- Liga Ciudadana de Consumidores

- Radio del Mar

 

Manifestación de Solidaridad con el Pueblo Mapuche frente a la Embajada de Chile en Francia

 

París, Francia, miércoles 22 de Septiembre de 2010, Colectivo de Solidaridad con el Pueblo Mapuche (Francia).-Hoy, 22 de septiembre de 2010, respondiendo al llamado de la 6ª Jornada de movilización nacional e internacional en Chile, el Colectivo de solidaridad con el Pueblo Mapuche organizó en París una manifestación de protesta frente a la embajada de Chile en Francia.

 

Alrededor de una centena de personas, se dieron cita frente a la Embajada de Chile en Francia, en la Plaza Salvador Allende, para expresar su solidaridad con los 34 presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde hace 74 días.

 

Representantes de instituciones francesas (la Fondation Danielle Mitterrand-France-Libertes, le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples-MRAP), les asociaciones francesas (AEFNAC-Adopción de Niños Chilenos, el Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques CSIA Nitassinan) y las asociaciones franco-chilenas presentes, manifestaron su preocupación por la salud de los huelguistas internados en los hospitales (Angol y Concepción), dieron a conocer los comunicados emitidos en Chile por las Organizaciones Mapuche, en el exterior por las organizaciones de Solidaridad y expresaron su rechazo a la actitud del gobierno de negarse a un diálogo directo con los huelguistas y a la forma en que éste ha enfrentado la huelga de hambre.

 

Exigieron una vez más, la satisfacción de las reivindicaciones que originaron esta acción:

- El fin de la utilización de la Ley 18.134, conocida como ley antiterrorista

- La revisión de todos los juicios anteriores, que involucren a los miembros de las comunidades mapuches condenados bajo la Ley antiterrorista.

- El fin de los juicios dobles- civil y militar- impuestos a los inculpados mapuches por supuestos delitos de carácter civil.

- La desmilitarización de los territorios mapuche.

- El reconocimiento de sus derechos medioambientales, sociales, culturales y políticos, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, aprobado por el Congreso chileno y en vigencia desde septiembre 2009.

 

Participaron en la organización y apoyo a esta Jornada:

La Fondation France-Libertés, l'AFAENAC (Association des Familles Adoptives d'Enfants Nés au Chili), le MRAP (Mouvement Contre le Racisme et Pour l'Amitié entre les Peuples), le Collectif pour les Droits de l'Homme au Chili, le Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques (CSIA Nitassinan), le Comité Éthique Contre la Torture France, France Amérique Latine, l'Association des Ex-réfugiés politiques de Fontenay-sous-Bois, l'Association Pueblo, l'Association RELMU Paris, la Fedach, l'Association Terre et Liberté pour Arauco, l'Association Nuevo Concepto Latino, l'Association La Bizikleta, l'Association des ex-prisonniers politiques chiliens.

 

París, 22 de septiembre de 2010.

COLECTIVO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO MAPUCHE (Francia)

(libertadarauco@gmail.com)

 

Asamblea General de las Naciones Unidas: Caso Mapuches

 

Naciones Unidas, 24 de septiembre de 2010, ONU.- Chile: agravación del no respeto de los derechos humanos del pueblo Mapuche a 43 días del comienzo de la huelga de hambre de 32 prisioneros políticos mapuches [1].

 

La Fundación France Libertés, después de sus últimas declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y siguiendo las recomendaciones del grupo de trabajo del Examen Periódico Universal (A/HRC/12/10, 4 de junio de 2009) que estudió la situación de los derechos humanos en Chile, insiste hoy en denunciar la criminalización de los movimientos sociales y de las reivindicaciones que las Comunidades Mapuche mantienen sobre sus territorios. Esto a pesar de la entrada en vigor en septiembre del 2009 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

 

En la última sesión del Consejo, France Libertés anunció el envío de una Misión de observación, en el curso de la cual el Sr. Gilles Piquois, abogado de la Corte de París, pudo visitar a cinco prisioneros Mapuches, en la prisión de Temuco, condenados en el marco de la ley antiterrorista. En dicha ocasión, el abogado Gilles Piquois pudo constatar la situación real que enfrentan los miembros de dichas Comunidades e insistió en señalar que la aplicación de esta norma está en flagrante contradicción con el Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bomba (1997) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (1999). Ambos convenios, firmados por el Estado de Chile, establecen que "no serán aplicables cuando el delito se haya cometido en un Estado, el presunto delincuente y las victimas sean nacionales de ese Estado y el presunto culpable se halle en el territorio de ese Estado"; lo que permite concluir, que los hechos perseguidos a los comuneros Mapuches no pueden, en relación con el Derecho internacional ser asimilados al terrorismo.

 

Hoy, se cuentan 60 prisioneros políticos Mapuche, una gran parte de ellos estando inculpados o condenados por la ley antiterrorista, repartidos en varias cárceles del país y cuya situación se ha agravado considerablemente después de la Misión de France Libertés en enero del 2010.

 

Esta situación explica la decisión de quienes sufren estas injusticias a recurrir a la huelga de hambre indefinida que mantienen, por más de un mes, 32 prisioneros mapuches. Este movimiento fue iniciado el 12 de julio de 2010 y las autoridades chilenas, hasta el momento, no han entregado respuestas a sus exigencias.

 

Huelga de hambre indefinida. Situación actual de los prisioneros.

 

Una gran parte de ellos están imputados por delitos tipificados como "terroristas": por la destrucción de bienes y daños a propiedades de empresas forestales que operan en sus territorios y por la ocupación de tierras ancestrales usurpadas a las comunidades. Ocupación destinada a recuperar sus territorios.

 

Producto de la ley 18.314, conocida como ley antiterrorista, modificada por la Ley 19.241 del 28/08/1993, los acusados se encuentran judicialmente desprovistos de todos los medios de defensa de Derecho común, lo que se traduce en una serie de irregularidades entre las cuales se pueden mencionar: detenciones arbitrarias, torturas y castigos sicológicos, detenciones provisorias prolongadas, desconocimiento de los cargos establecidos contra ellos, traslados arbitrarios y acusaciones basadas en declaraciones de testigos "sin rostro" con los cuales finalmente no habrá careo.

 

Como consecuencia de esta nueva huelga de hambre, varios de los prisioneros Mapuches presentan un cuadro de salud inquietante pues ya han perdido una decena de kilos. Muchos de ellos están recluidos desde hace más de dos años en malas condiciones carcelarias: alimentación insuficiente, falta de reconocimiento de sus particularidades culturales, carencia de condiciones higiénicas normales y carencia de cuidados médicos, lo que aumenta esta inquietud por su estado.

 

Por otra parte, la jurisdicción de los tribunales militares para juzgar civiles mapuches está en flagrante contradicción con las normas internacionales en la materia. El 19 de agosto pasado, el policía Walter Ramírez, responsable de la muerte de un joven mapuche Matías Catrileo, en 2008, fue condenado a tres años por la Corte Marcial. Sin embargo, podrá cumplir su condena en libertad, ya que esta Corte le concedió el beneficio de la libertad vigilada (el fiscal militar de Temuco había solicitado inicialmente una condena de 10 años de cárcel, sin beneficios para el efectivo policial).

 

En Chile y en el extranjero, varias organizaciones de la Sociedad civil y de las Naciones Unidas (UNICEF, Amnesty International, Comisión Ética contra la tortura, CODEPU, Observatorio Ciudadano), así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos

(recientemente creado) y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, han mostrado su preocupación por esta huelga y sobre todo por la indiferencia y menosprecio de las autoridades chilenas frente a las legítimas demandas de los prisioneros.

 

Reiteramos de suma urgencia nuestra solicitud al Consejo de Derechos Humanos, para que por intermedio del Alto Comisionado, intervenga en:

 

• El fin de la utilización de la ley 18.134, conocida como Ley antiterrorista, aplicada especialmente contra el pueblo Mapuche;

• El fin del doble juicio – civil y militar – impuesto al mismo tiempo a los inculpados mapuches para causas de carácter civil.

• La revisión de todos los juicios pasados de los miembros de comunidades mapuches condenados por la ley antiterrorista.

• El reconocimiento de sus derechos ambientales, sociales, culturales y políticos, en acuerdo al Convenio 169 de la OIT.

 

Lista de los presos políticos mapuche en huelga de hambre al día 23 de agosto 2010

 

Complejo Penitenciario de CONCEPCION "El Manzano" (Camino a Penco Nº 450)

 

1. Luis Guillermo Menares Chanilao, Comunidad Nalcahue, Cholchol.

2. José Santiago Huenuche Reiman, De Cañete.

3. Jonathan Sady Huillical Mendez, De Labranza.

4. Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman.

5. Héctor Javier Llaitul Carillanca.

* El Lunes 12 de Julio inician huelga de hambre líquida.

 

Centro de Detención Penitenciario (CDP) de LEBU (J.J. PEREZ Nº 775)

 

6. Carlos Andrés Muñoz Huenuman, Comunidad Venancio Ñeguei, Tirúa

7. Eduardo César Painemil Peña, Comunidad Pascual Coña de Lleu Lleu, Cañete.

* Desde el jueves 29 de Julio se suman a la huelga de hambre líquida.

8. Juan Carlos Parra Leiva, Comunidad de Puerto Choque, Tirúa.

* Desde el martes 10 de agosto se suma a la huelga de hambre líquida.

 

Centro de Detención Preventiva (CDP) de ANGOL (Los Confines S/N)

 

9. Waikilaf Cadin Kalfunao, Comunidad Juan Paillalef, Cunco.

10. Victor Adelino Llanquileo Pilquimán, Comunidad Esteban Yevilao, Tirúa.

* Ambos desde el miércoles 21 de Julio se suman a la huelga de hambre líquida.

11. Víctor Hugo Queipul Millanao, Comunidad Autónoma Temucuicui, Ercilla.

12. José Eugenio Queipul Huaiquil, Comunidad Autónoma Temucuicui, Ercilla.

13. Camilo Hipólito Tori Quillanao, Comunidad Autónoma Temucuicui, Ercilla.

14. Felipe Ricardo Huenchullan Cayul, Comunidad Autónoma Temucuicui, Ercilla.

15. Lorenzo Alex Curipan Levipan, Comunidad Mapuche Rankilko, Collipulli.

16. Fernando Enrique Millacheo Marin, Comunidad Newen Mapu de Chequenco, Ercilla.

17. José Guillermo Millacheo Marin, Comunidad Newen Mapu de Chequenco, Ercilla.

18. Eduardo Javier Oses Moreno, De Ercilla, Wenuy de la causa Mapuche.

* Desde el lunes 26 de Julio se suman a la huelga de hambre líquida.

 

Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de TEMUCO (Av. Balmaceda Nº 450)

 

19. Mauricio Armando Huaiquilao Huaiquilao, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.

20. Luís Sergio Tralcal Quidel, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.

21. Pablo Canio Tralcal, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.

22. Pedro Alberto Cheuque Aedo, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.

23. Sergio Marcial Catrilaf Marilef, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.

24. Daniel Domingo Canio Tralcal, Comunidad Juan Catrilaf II, sector Tres Cerros, Vilcún.

25. Ángel Reyes Cayupan, Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.

26. Jorge Eduardo Cayupan Ñirripil, Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.

27. Francisco Javier Cayupan Ñirripil, Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.

28. Elvis Favio Millán Colicheu, Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.

29. Eliseo Efraín Ñirripil Cayupan, Comunidad Mateo Ñirripil, sector Muco Chureo, Lautaro.

30. Marco Mauricio Millanao Mariñan, Comunidad Pascu

31. Claudio Andrés Sánchez Lorca, Wenuy de la causa Mapuche.

* El Lunes 12 de Julio inician huelga de hambre líquida.

 

Cárcel Concesionada de Llancahue, Valdivia (Isla Teja)

 

32. Ignacio Andrés Gutiérrez Coña, De Nueva Imperial.

* Desde el Lunes 19 de Julio se suma a la huelga de hambre líquida.

 

LOCALES

 

Mapa de los conflictos urbanos en Santiago

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, Plataforma Urbana.- En los últimos años en Chile hemos sido testigos del aumento de organizaciones y movilizaciones sociales que han comenzado a inquietar la pasividad característica de hace algunos años atrás. El caso de la termoeléctrica Barrancones o el mall Martín de Zamora demuestra cómo la ciudadanía se ha ido empoderando y ganando cada vez más cuotas de participación en torno a decisiones que competen y afectan directamente su calidad de vida.

Este fenómeno tiene una expresión particular en el ámbito urbano, asociado a conflictos que emergen producto del crecimiento de nuestras ciudades y la falta de planificación o regulación que muchas veces acompaña a estos procesos. En torno a esto, la corporación SUR reseño 69 casos de conflictos urbanos importantes que se han vivido al interior de la Región Metropolitana. Muchos de estos se han resuelto o extinguido, pero aún quedan varios que prometen polémica y nuevas movilizaciones.

 

Para Sur los conflictos urbanos deben ser entendidos como acciones colectivas que manifiestan públicamente problemas y tensiones subyacentes al modelo vigente de producción de ciudad. Son luchas que no sólo se dan en el espacio urbano, sino que este mismo se convierte en el centro mismo de la disputa.

 

En Santiago, por ejemplo, los grandes proyectos urbanísticos o el deterioro de los espacios públicos, y sobre todo aquellos relacionados con el cambio en el uso de suelo son los que generan mayor conflicto entre los vecinos. Quienes viven en barrios constituidos normalmente por casas, no quieren grandes edificios residenciales ni comerciales cerca de sus puertas o atochamientos.

 

En este sentido, junto a los conflictos relativos a la demanda por vivienda, que tradicionalmente correspondían con el debate sobre la cuestión urbana en el siglo XX, en los últimos años han ido emergiendo nuevos tipos de conflictos y movimientos, que variando en sus contenidos temáticos, formas y estrategias de acción, han ido modificando el curso del proceso urbano e incidiendo sobre el destino del territorio.

 

La corporación clasificó los conflictos urbanos en; acceso a la vivienda, consecuencias del crecimiento urbano, medioambiente y deterioro de espacios públicos. Para conocer los conflictos urbanos y su ubicación pincha aquí

Ver: http://mapadeconflictos.sitiosur.cl/index1.php

 

Denuncian congelamiento de proyecto sobre uso de bicicleta

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, El Mostrador.- Centro de Bicicultura denuncia congelamiento de proyecto que fomenta el uso de la bicicleta. A pesar de los avances en esta materia, Amarilis Horta señaló en SDA Entrevistas de El Mostrador.tv que el proyecto de ley que fomenta el uso de este medio de transporte se mantiene estancado en el Congreso

El pasado miércoles se desarrolló con éxito en el país el Día Mundial Sin Autos, que se celebra en más de mil 500 ciudades en el mundo con la idea de hacer que las personas que viven y trabajan en la ciudad tengan la oportunidad de ver y recorrer sus calles libres de automóviles. En este sentido, la directora del Centro de Bicicultura, Amarilis Horta, indicó en SDA Entrevistas de El Mostrador.tv, que Chile se ha sumado a la tendencia mundial de introducir el uso de bicicletas como medio masivo de transporte.

 

"El crecimiento del uso de la bicicleta es permanente, constante y cada vez más fuerte, se calcula que ha aumentado de 300 a 500 mil viajes diarios, ya es considerable, se pueden encontrar ciclistas en las calles y no es raro como antes", afirmó Horta. A juicio de Amarilis Horta el crecimiento exponencial que ha tenido la bicicultura en el país, se debe a una serie de factores que van desde la toma de conciencia de la ciudadanía por temas de contaminación, ecología y salud; pasando por diferentes campañas de organizaciones sociales y las políticas públicas que han incentivado el uso de este transporte como medio de movilización.

 

"En los últimos años de la Concertación hubo una toma de conciencia fuerte por los personeros políticos, pero también por los técnicos que trabajan en los ministerios de que la bicicleta debe ser un eje de políticas de salud, medioambiente, participación, democracia y apropiación del espacio público, entre otros", agregó la directora del centro. Sin embargo, un proyecto de ley que fomenta el uso de la bicicleta, que fue aprobado en términos generales en 2009 por la Comisión de Transportes, se mantiene congelado en el Congreso desde enero, esperando su discusión en detalle.

 

"El sistema en Chile es que solo el Ejecutivo marca urgencia, entonces es potestad del jefe de Gobierno de turno determinar qué es lo que se ve o no se ve, porque en comisiones como la de Transportes tiene miles de temas y, obviamente, si no se da la suma urgencia a este proyecto no se va a tratar", aseguró Horta. Para Amarilis la discusión específica de la normativa que regulará el uso de la bicicleta en Chile no es menor, pues "en esa ley hay varios aspectos que las organizaciones de bicicletas necesitamos cambiar".

 

Aunque se trata de pequeños detalles que para el grupo que no utiliza la bicicleta como medio de transporte pueden ser insignificantes, Horta señaló que la obligatoriedad de un espejo retrovisor o la instalación de una campanilla, son factores que pueden determinar las consecuencias que, por ejemplo, podría tener un accidente en bicicleta, "es causal suficiente para que pierdas un juicio o una indemnización", finalizó.

 

Ingresan proyecto que sanciona mal uso de ciclovías

 

Valparaíso, viernes 24 de septiembre de 2010, Cámara de Diputados.-  Diputados ingresan proyecto que sanciona el mal uso de las ciclovías.

El texto sanciona el mal uso de ciclovías por parte de personas que transiten en ellas con coches, motos u otros medios de transporte y a quienes, existiendo ciclovías, transiten en bicicleta por la calzada vehicular.  El proyecto de ley (Boletín 7173) reconoce que una de las principales ventajas que ofrece la bicicleta es su bajo costo, lo que la hace ser un medio de transporte accesible a la gran mayoría de la población y que además su uso normal de la bicicleta mantiene al usuario haciendo un nivel de ejercicio adecuado para la salud.

Sin embargo, se señala que la principal desventaja que tiene la bicicleta es la poca seguridad que ofrece al usuario, razón por la cual el ciclista es tan vulnerable como el peatón, ya que el compartir el tráfico con vehículos motorizados es bastante peligroso.

Esto se suma a que actualmente, aun cuando existen ciclovías habilitadas muchas de ellas son mal utilizadas transitando con otros medios distintos a la bicicleta como carros, coches, motos, etc. Esta mala utilización pasa por la falta de una normativa que sancione a quienes dan este mal uso.

Los diputados señalan además que "quien no usa la ciclovía, existiendo ésta, pone en riesgo su vida, y la de otras personas debido a la latente posibilidad de provocar algún accidente de tránsito".

Por todo lo anterior, la iniciativa legal modifica la Ley 18.290 sobre Tránsito, estableciendo que serán infracciones leves el conducir bicicletas por la calzada vehicular cuando existan ciclovías habilitadas para dicho fin y el transitar por ciclovías habilitadas con cualquier otro medio distinto a la bicicleta como carros, motos o coches.

El texto legal -que fue presentado por los diputados Osvaldo Andrade (PS), René Manuel García (RN), Hugo Gutiérrez (PC), Pablo Lorenzini (DC), Fernando Meza (PRSD), Adriana Muñoz (PPD), Clemira Pacheco (PS), José Pérez (PRSD) y Gabriel Silber (DC)- será analizado por la Comisión de Obras Públicas.

 

Comunidad y Escuelas de Maipo: Trabajando juntos por el medio ambiente

 

Paine, viernes 24 de septiembre de 210, El Ciudadano.- "Comunidad y Escuela: Trabajando Juntos por el Medio Ambiente en el Maipo". La Corporación El Canelo de Nos por estos días está ejecutando el proyecto Conama/FPA "Comunidad y Escuela: Trabajando Juntos por el Medio Ambiente en el Maipo". Proyecto que tiene como principal objetivo Fomentar la Educación para la Sustentabilidad y el cuidado al medio ambiente en comunidades de la Provincia del Maipo ligadas a organizaciones sociales de base y a comunidades educativas.

Para cumplir con el objetivo es que organizaciones y comunidades educativas visitan el circuito ambiental "Planeta Canelo"que es un parque educativo donde se puede aprender sobre medio ambiente, cambio climático y ecología. Utiliza una metodología lúdica e interactiva, donde las experiencias prácticas y la participación son esenciales.

 

Planeta Canelo consta de 3 módulos: "La Aldea de Los Granjeros", donde se conoce la experiencia de visitar un huerto orgánico con diversas formas de cultivo, "Taller de los Creadores" se puede conocer y construir algunas innovaciones tecnológicas tendientes al ahorro energético. La Olla Bruja que cocina sin gastar gas es una de ellas. Por último el "Taller de las 5 R", donde se descubre la trasformación de basura en cosas útiles.

 

De la provincia de Maipo hemos elegido a 10 organizaciones y 10 comunidades educativas, con el fin de organizar 20 visitas de 40 niños y niñas, con lo que se logrará que 800 de ellos conozcan el Circuito Educativo Medioambiental.

 

Siempre pensamos que es relevante un planteamiento integral, por ello es que el proyecto contempla realizar talleres para pobladores, profesores y apoderados ligados a las organizaciones sociales y comunidades educativas como Taller de Cocina Bruja, Consumo, Vida Cotidiana y Medio Ambiente y Taller de Huerto Orgánico. Además de 2 talleres para Profesores involucrados en la iniciativa.

 

Ya nos han visitado el colegio Montessori de San Bernardo, Colegio Nuestra Sra. de las Nieves, Centro de Padres Escuela de Valdivia de Paine, Escuela de Lenguaje Mundo Palabra, Escuela Alemania de Paine, Junta de Vecinos Baquedano I de Paine, Liceo Poetisa Gabriela Mistral de Calera de Tango, Escuela Humberto Moreno Ramírez, Escuela Básica y Parvularia Belgica, Escuela Dr. Luis Sepúlveda.

 

Lanzan libro sobre Transparencia pública y privada

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, Cámara de Diputados.- Lanzarán libro: "Transparencia en el ámbito público y privado: Balances y Desafíos pendientes". El lanzamiento del libro que se enmarca en la celebración del Congreso Nacional del Día Internacional de la Democracia, se realizará el próximo 27 de septiembre en el ex Congreso Nacional en Santiago a las 12 horas.

 

El evento estará encabezado por la Presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, el Presidente de Chile Transparente, Juan Carlos Délano y la Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, Soledad Ferreiro.

La publicación tiene como objetivos esenciales servir de plataforma para la difusión y discusión del estudio académico de la transparencia; dar a conocer el desarrollo del acceso a la información pública; difundir las nuevas herramientas para combatir la corrupción en el sector público y privado y, finalmente, resaltar los avances que han existido en distintos ámbitos del quehacer nacional en materia de transparencia.

Los artículos incluidos en esta publicación han sido escritos por reconocidos académicos, autoridades investigadores y líderes de opinión -Cristián Larroulet, Ramiro Mendoza, Matías Larraín, entre otros- quienes invitados por Chile Transparente, analizaron diversas materias de estudio, desde sus respectivas disciplinas.

Durante el lanzamiento del libro se hará entrega de un ejemplar a cada uno de los asistentes

 

NACIONALES

 

Prevén sequía en seis regiones

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, El Mercurio.- Temporada de riego 2010-2011: Prevén déficit hídrico en seis regiones del país. La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) pronosticó que la temporada de riego 2010-2011 entre las regiones de Atacama y Biobío presentará un déficit hídrico, con valores inferiores al 40% de los promedios históricos, debido a las menores precipitaciones registradas durante el invierno y la menor acumulación de nieve.

 

La subsecretaria de Obras Públicas, Loreto Silva, destacó especialmente la situación de Copiapó, donde las reservas son escasas, lo que supondrá severas limitaciones de uso y la aplicación de medidas especiales para asegurar la eficiencia durante la temporada de riego (septiembre-marzo).

 

Los embalses de uso hidroeléctrico presentan en su conjunto un déficit de 44%, situación que se profundiza hace cinco años. En Laja, la baja de reservas, al 31 de agosto, es de 78% comparada con la capacidad del tranque y de 63% respecto del promedio de dicho mes, mientras que Ralco está 50% por debajo del nivel que presentaba en el mismo lapso de 2009.

 

Prevén sequía entre Regiones de Atacama y Bio Bio

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, por Juan Pablo Palacios, Radio Universidad de Chile.- Anticipan déficit en nivel de embalses desde Atacama al Bío Bío. De acuerdo al reporte anual de la Dirección General de Aguas para la temporada de riego de cultivos 2010-2011, se prevé una situación deficitaria de recursos hídricos entre las regiones de Atacama y Bío-Bío.

 

La autoridad indicó que los embalses deberían terminar el año con volúmenes inferiores a los actuales, sin embargo, esto no traería problemas en la disponibilidad de generación eléctrica.

 

Desde la cuenca del Río Copiapó hasta el Itata, los volúmenes de deshielo esperados para la presente temporada de riego serán deficitarios respecto de sus promedios históricos, mientras que sólo en Bío-Bío se acercan a los promedios estadísticos, señala el informe anual de la Dirección General de Aguas sobre la disponibilidad de recursos hídricos en el país.

 

La falta de lluvias registradas este año entre las regiones de Atacama y la Araucanía sería la razón principal de este escenario. En las regiones de Atacama y Coquimbo, el déficit esperado en los deshielos alcanza a un 40% de la media histórica, mientras que en otras alcanza al 25%. En el caso de los embalses utilizados para generación hidroeléctrica, la mayoría se encuentra por debajo de los niveles registrados el año pasado, y en niveles muy inferiores a sus promedios históricos.

 

Este fenómeno, a juicio de la subsecretaria de Obras Públicas, Loreto Silva, obligará a adoptar medidas para optimizar el uso del agua en riego de cultivos, particularmente en el río Copiapó.

 

La autoridad, eso sí, indicó que las organizaciones de usuarios serán los principales responsables de realizar un uso racional del elemento vital: "A la luz de estos antecedentes, queremos reiterar y destacar la labor que tienen que tener las organizaciones de usuarios frente a esta situación. Las organizaciones de usuarios son las encargadas de administrar el agua y de fiscalizar que se utilice adecuadamente, por lo tanto, tienen un rol fundamental para enfrentar este tipo de situaciones en forma eficiente y pronta", explicó.

 

El director general de Aguas, Matías Desmadryl, a su vez, reconoció que todos los embalses finalizarán el año en niveles menores a los actuales. Sin embargo, descartó que esta situación traiga problemas para la generación de electricidad.

 

"El caso de Colbún, Rapel, los embalses de la VIII región, del Maule y el Laja, se observa que tienen niveles de acumulación de agua inferiores a los promedios históricos. Esto no quiere decir que no haya capacidad de generación. Hay disponibilidad para la generación y en un país como el nuestro, con una matriz energética diversificada, probablemente hay otras fuentes generadoras de energía", indicó.

 

En el Lago Rapel, el volumen de agua embalsada hasta el 31 de agosto muestra una caída de 19,7% respecto del año 2009; en Colbún la baja es de 0,2%; en Laguna del Maule se registra una leve alza de 1,6%; Pangue se mantiene en el mismo nivel de 2009; en Ralco la caída es de 50,4%, mientras que en Lago Laja la caída es de 36,23%.

 

Embalses del Norte con déficit histórico

 

Atacama, viernes 24 de septiembre de 2010, por Rodrigo Chacón,  La Nación.- Un informe de la DGA del Ministerio de Obras Públicas dio cuenta del problema que afecta especialmente a Atacama y Coquimbo. El llamado es a optimizar el uso del vital elemento.

El embalse La Paloma, ubicado en la cuenca del Limarí, Región de Coquimbo, es uno de los afectados con la falta de agua.  Foto: UPI

 

La falta de precipitaciones y la baja en los deshielos han impactado negativamente en los 15 embalses existentes entre las regiones de Atacama y Biobío. El déficit en Atacama y Coquimbo alcanza a un 40 y 25%, respectivamente, si se le compara con la media histórica en los últimos 100 años.

 

Un informe de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas dio cuenta de la falta del vital elemento para la temporada de riego 2010 -2011. La subsecretaria de Obras Públicas, Loreto Silva, dijo ayer que los deshielos esperados para esta temporada de riego son menores a sus promedios desde la cuenca de Copiapó hasta la cuenca del río Itata.

 

Sólo en la Región del Biobío el volumen hídrico se acerca a los promedios normales. "Los volúmenes de deshielo esperados para la temporada en las regiones de Atacama y Coquimbo presentan valores inferiores al 40% del promedio histórico, lo que obliga a tomar medidas importantes para optimizar el uso del agua, particularmente en el río Copiapó", sostuvo Silva.

 

La subsecretaria señaló además que, según los estudios realizados, los embalses deberían terminar la temporada con volúmenes inferiores a los actuales y a modo de ejemplo señaló que en los embalses de Santa Juana y Puclaro se acumularían valores que serán inferiores a 100 millones de metros cúbicos. En tanto La Paloma tendrá 110 millones de metros cúbicos, los que no es suficiente para la temporada de riego 2011 – 2012.

 

Uso eficiente

 

Se espera que la difusión de este informe sea de apoyo para las organizaciones regantes del país, con el fin de que se puedan administrar de la mejor forma los recursos hídricos durante los próximos meses. La idea es que estos estudios también sirvan para que los agricultores tomen las mejores determinaciones tendientes a qué especies plantar y en qué cantidad.

 

Por su parte el director general de Aguas, Matías Desmadryl, calificó de grave lo que ocurre en Copiapó. "Éste es el único sector donde hay una restricción y una limitación grave que amerita una actuación muy cuidadosa. Estamos trabajando con las organizaciones de usuarios (agricultores y regantes) fortaleciéndolas y dándoles todo el apoyo necesario para que el uso del recurso sea lo más eficiente posible", sostuvo.

 

Además entre las principales iniciativas para paliar este problema figura el mejoramiento del embalse Lautaro en Copiapó y el entubamiento de cinco importantes canales de regadío. A ello se suman las gestiones del gobierno regional para estimular programas de estudio y monitoreo del río.

 

Organizaciones acusan incertidumbre sobre políticas ambientales del gobierno

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, por Diana Porras, Radio Universidad de Chile.- El Análisis de Coyuntura del Departamento de Estudios de Fundación Terram, "Piñera y Medio Ambiente: Más incertidumbres que certezas", hace un exhaustivo análisis de los primeros seis meses del gobierno de Sebastián Piñera en materia ambiental, examinando los anuncios y los hechos concretos, y apuntando especialmente a los desafíos futuros de la actual administración.

 

Esta breve revisión de temas  no ofrece una perspectiva demasiado alentadora. Por el contrario, comienzan a cobrar fuerza ciertos temores respecto a las prioridades del nuevo Ejecutivo y el énfasis en una perspectiva economicista a la hora del análisis para la toma de decisiones clave para el futuro del país.

 

Las organizaciones dicen que el presente año debiera ser clave. Por ejemplo, la toma de decisiones de gran trascendencia en materia de conservación y protección de la biodiversidad en Chile, decisiones cuyas consecuencias probablemente se sentirán durante varias décadas.

 

Además, la implementación de la Ley N° 20.423, conocida como Ley de Turismo, promulgada en enero de 2010 por el Gobierno de Bachelet, y que cambia el nombre del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción por el de Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y crea la Subsecretaría de Turismo y el Consejo de Ministros para el Turismo.

 

Flavia Liberona de la Fundación Terram explicó cuáles son los conflictos de este gobierno: "El hecho de tener un Presidente que la primera vez que fue candidato y ahora que fue electo, se comprometió en temas medioambientales y siempre trató de dar una imagen 'verde'. Lo segundo es que, siendo un empresario y viniendo del sector privado, el tema ambiental está cruzado por conflictos de interés muy explícitos en este momento, lo cual también lo hace complejo. Y lo tercero es que el Presidente toma una actitud frente a Barrancones con lo cual cuestiona todo", explicó.

 

El documento agrega que transcurridos seis meses de su período, no se vislumbran señales que den claridad del avance de los procesos normativos heredados de la gestión de Michelle Bachelet –norma de material particulado fino, norma de emisión de termoeléctricas, revisión y actualización de DS 90 y DS 46 de SEGPRES, entre otros.

 

A la falta de información pública, ahora se deben añadir claras señales de parte del gobierno en abierto apoyo a la proliferación de transgénicos, tanto así que Piñera lo explicita y lo integra a su programa de gobierno.

 

Preocupa a Terram que en los últimos meses se han multiplicado las amenazas de desafectación de áreas silvestres protegidas para instalar en ellas proyectos productivos.

 

Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política, manifestó cuáles son los desafíos: "En lo inmediato, decidir una política de Estado en relación al cambio climático. Se avecina en diciembre la Convención de Cancún sobre cambio climático y creo que es bueno que se dé a conocer una política de Estado sobre el tema que involucre a todos los actores, no solo al mundo empresarial. Se ha constituido a sugerencia nuestra una comisión de la sociedad civil en la Conama y estamos trabajando para que podamos tener una política consensuada", dijo.

 

Como una de las consecuencias más inmediatas del episodio Barrancones, el Presidente de la República solicitó a la Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, la elaboración de un mapa que identifique, a través de una semaforización, zonas en las que la instalación de proyectos de inversión generan o podrían generar conflictos ambientales, por localizarse en zonas de interés turístico, zonas de protección indígenas, parques o reservas marinas.

 

No queda claro si este proceso se traducirá en un proyecto de Ley o si sólo será indicativo; la ministra Parot ha señalado al respecto que esta decisión depende exclusivamente del Presidente.

 

Proponen prohibir termoeléctricas en zona urbana de comunas

 

Valparaíso, viernes 24 de septiembre de 2010, Cámara de Diputados.- Moción propone prohibir instalación de plantas termoeléctricas en radio urbano de las comunas.

La iniciativa legal busca prohibir la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica dentro del radio urbano de las comunas y hasta 30 kilómetros al exterior de dicho límite.

 

Los autores del proyecto (boletín 7176) señalan que la normativa legal y administrativa establece diversos requisitos para la instalación y funcionamiento de actividades riesgosas o contaminantes, tanto en lo referido a la ubicación como a sus procesos, pero en años recientes desgraciados sucesos en materia ambiental han puesto en evidencia la ineficacia de la institucionalidad y las regulaciones para el cuidado de la naturaleza.

A modo de ejemplo mencionan el caso de la planta de Celco en Valdivia y los irreparables perjuicios que provocó a la flora y fauna del lugar.

Asimismo, hacen presente que los habitantes de zonas del país como Ventanas, Huasco, San Pedro (Quillota), Tocopilla y Coronel han apreciado los inconvenientes que para su vida cotidiana y actividades productivas tradicionales ocasiona la instalación de plantas de generación termoeléctrica, con efectos como la elevación de la temperatura de las aguas, la emisión de gases de efecto invernadero y la polución derivada del uso de combustibles altamente contaminantes como carbón, petróleo o petcoke, que desprenden azufre y hollines.

Los patrocinantes del proyecto subrayan que las evidencias existentes, particularmente en el caso de Río Cruces, en Valdivia, demostrarían que las medidas de prevención y mitigación resultan insuficientes cuando el daño ya se ha producido y por ello estiman razonable prohibir derechamente la instalación de plantas termoeléctricas en el perímetro urbano de las ciudades y zonas aledañas, como también en las áreas silvestres protegidas, áreas costeras y marinas protegidas y santuarios de la naturaleza.

El proyecto presentado es de artículo único y señala: "Prohíbese la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica dentro del radio urbano de las comunas y hasta 30 kilómetros al exterior de dicho límite".

"Asimismo, tampoco podrán ubicarse a menos de 30 kilómetros de todo tipo de áreas silvestres protegidas, áreas marinas y costeras protegidas y santuarios de la naturaleza".

Los autores de la moción son los diputados socialistas Juan Luis Castro, Alfonso De Urresti, Marcelo Díaz. Manuel Monsalve, Clemira Pacheco y Denise Pascal; el comunista Guillermo Teillier; el DC Patricio Vallespín y los UDI Andrea Molina y Manuel Rojas.

La iniciativa quedó radicada para su estudio en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.

 

Ministra de Medio Ambiente en EEUU

 

Nueva York, EEUU, viernes 24 de septiembre de 2010, Conama.- Una exigente agenda cumple la ministra del Medio Ambiente en Nueva York. Integrando la comitiva nacional en la Asamblea General de la ONU, la titular del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, participó en reuniones internacionales para analizar el trabajo de conservación de la biodiversidad nacional.

Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez junto al jefe de la División de Recursos Naturales Renovables y Biodiversidad, Leonel Sierralta

 

Una destacada participación ha tenido la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, donde integra la comitiva nacional que viajó junto al Presidente de la República, Sebastián Piñera. La Secretaria de Estado ha sostenido reuniones de alto nivel para analizar los medios para ejecutar la estrategia de conservación de la biodiversidad, junto con velar para que las medidas en caminadas a cumplir los objetivos de este Convenio, se sustenten y refuercen.

 

Finalmente, la ministra Benítez, asistió a una recepción en el Central Park Zoo, donde analizó junto a representantes de Wildlife Conservation Society, el trabajo de preservación que realiza Chile.

 

Prevén sequía entre Regiones de Atacama y Bio Bio

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, por Juan Pablo Palacios, Radio Universidad de Chile.- Anticipan déficit en nivel de embalses desde Atacama al Bío Bío. De acuerdo al reporte anual de la Dirección General de Aguas para la temporada de riego de cultivos 2010-2011, se prevé una situación deficitaria de recursos hídricos entre las regiones de Atacama y Bío-Bío.

 

La autoridad indicó que los embalses deberían terminar el año con volúmenes inferiores a los actuales, sin embargo, esto no traería problemas en la disponibilidad de generación eléctrica.

 

Desde la cuenca del Río Copiapó hasta el Itata, los volúmenes de deshielo esperados para la presente temporada de riego serán deficitarios respecto de sus promedios históricos, mientras que sólo en Bío-Bío se acercan a los promedios estadísticos, señala el informe anual de la Dirección General de Aguas sobre la disponibilidad de recursos hídricos en el país.

 

La falta de lluvias registradas este año entre las regiones de Atacama y la Araucanía sería la razón principal de este escenario. En las regiones de Atacama y Coquimbo, el déficit esperado en los deshielos alcanza a un 40% de la media histórica, mientras que en otras alcanza al 25%. En el caso de los embalses utilizados para generación hidroeléctrica, la mayoría se encuentra por debajo de los niveles registrados el año pasado, y en niveles muy inferiores a sus promedios históricos.

 

Este fenómeno, a juicio de la subsecretaria de Obras Públicas, Loreto Silva, obligará a adoptar medidas para optimizar el uso del agua en riego de cultivos, particularmente en el río Copiapó.

 

La autoridad, eso sí, indicó que las organizaciones de usuarios serán los principales responsables de realizar un uso racional del elemento vital: "A la luz de estos antecedentes, queremos reiterar y destacar la labor que tienen que tener las organizaciones de usuarios frente a esta situación. Las organizaciones de usuarios son las encargadas de administrar el agua y de fiscalizar que se utilice adecuadamente, por lo tanto, tienen un rol fundamental para enfrentar este tipo de situaciones en forma eficiente y pronta", explicó.

 

El director general de Aguas, Matías Desmadryl, a su vez, reconoció que todos los embalses finalizarán el año en niveles menores a los actuales. Sin embargo, descartó que esta situación traiga problemas para la generación de electricidad.

 

"El caso de Colbún, Rapel, los embalses de la VIII región, del Maule y el Laja, se observa que tienen niveles de acumulación de agua inferiores a los promedios históricos. Esto no quiere decir que no haya capacidad de generación. Hay disponibilidad para la generación y en un país como el nuestro, con una matriz energética diversificada, probablemente hay otras fuentes generadoras de energía", indicó.

 

En el Lago Rapel, el volumen de agua embalsada hasta el 31 de agosto muestra una caída de 19,7% respecto del año 2009; en Colbún la baja es de 0,2%; en Laguna del Maule se registra una leve alza de 1,6%; Pangue se mantiene en el mismo nivel de 2009; en Ralco la caída es de 50,4%, mientras que en Lago Laja la caída es de 36,23%.

 

Buscan apoyo europeo para rechazar HidroAysén

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, por Francisco Mardones, Radio Universidad de Chile.-  Consejo de Defensa de la Patagonia busca apoyo europeo para rechazar proyecto Hidroaysén. Con una presentación artística a cargo del cantautor nacional Ángel Parra el pasado miércoles en Roma, Italia, fue lanzada la campaña internacional del movimiento ambientalista chileno que pretende sensibilizar a autoridades y principalmente altos ejecutivos de las empresas energéticas europeas sobre el impacto del proyecto Hidroaysen.

 

Patricio Rodrigo, director de la campaña internacional de Patagonia sin Represas indicó que esta primera actividad ha permitido concretar acercamientos con organizaciones europeas dedicadas a la defensa del medioambiente, así como a parlamentarios de ese continente.

 

Según explicó el ambientalista del Consejo de Defensa de la Patagonia, la idea es llevar el mensaje a los países de origen de empresas como la italiana ENEL y la española Endesa, que están a cargo del proyecto Hidroaysén.

 

"Queremos ir a Europa a sensibilizar a las casas matrices de las compañías, a sus ejecutivos, a sus accionistas y a la comunidad en general. Ya en abril el obispo Infanti habló en la junta de accionistas de ENEL y ahora Juan Pablo Orrego está trabajando con las ONG italianas y algunas españolas para concientizar a la opinión pública del viejo continente sobre lo nefasto que es esta iniciativa para Chile y para el resto del mundo", dijo.

 

Según Patricio Rodrigo, en Europa existe una creciente preocupación por la situación medioambiental de Chile por la instalación de grandes proyectos energéticos a lo largo del país, sobre todo porque en los países de origen de estas empresas jamás se permitiría la instalación de semejantes centrales.

 

El ambientalista adelantó además que esta preocupación se concretará con una visita a Chile de representantes de importantes organizaciones europeas que visitarán la Región de Aysén, los Ríos Baker y Pascua y buscarán reunirse con autoridades políticas y eventualmente con ejecutivos de Hidroaysén.

 

"Va a venir a Chile una delegación de ONG´s españolas y europeas que van a conversar con las comunidades de la zona para conocer los problemas de este proyecto e informar en Europa el daño que esto implica para el país", aseguró Rodrigo.

 

En el Consejo de Defensa de la Patagonia se mostraron satisfechos por los primeros frutos otorgados por esta ofensiva comunicacional en Europa, donde se refuerzan los nexos entre las diversas organizaciones de ese continente.

 

Lo anterior considerando el crecimiento del negocio de las energéticas que también comienzan a ganar terreno en otros países sudamericanos como Colombia, donde Endesa pretende instalar un proyecto hidroeléctrico en el Río Magdalena, la principal cuenca del país, y que significará que 450 familias deban dejar sus casas, terrenos y actividades productivas.

 

Endesa ejecutará hidroeléctrica desde la central Ralco

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, El Mercurio.- Estará en Colombia: Endesa ejecutará mayor hidroeléctrica desde la central Ralco. El proyecto de 400 MW de capacidad instalada demandará US$ 837 millones.  

Endesa Chile, filial de generación del holding Enersis, construirá en Colombia su mayor proyecto hidroeléctrico en América Latina, desde la central Ralco (690 MW) inaugurada en Chile en 2004. Se trata de Quimbo, unidad ubicada en el departamento de Huila, al sureste del país cuya capacidad será de 400 megawatts (MW). La inversión estimada es por US$ 837 millones.

 

Enersis, el grupo a través del cual Endesa España desarrolla sus actividades de generación y distribución eléctrica en América Latina, informó ayer que ésta es la primera hidroeléctrica que será construida por privados en Colombia y, junto a la unidad Betania, atenderá el 8% de la demanda local. Este proyecto implicará reubicar a 450 familias que viven en parte de las ocho mil hectáreas que requiere la instalación.

 

Se estima que la demanda eléctrica en Colombia crecerá a una tasa anual de 3,4% hasta 2020, lo que sumado al alto potencial hídrico de ese país, llevó al gobierno a subastar energía a firme, principalmente a través de proyectos hidroeléctricos.

 

En el marco de este proceso, en 2008 Endesa, a través de su filial Emgesa contrató la producción de esta central durante 20 años a un precio de US$ 14 por MWh. Enersis también está desarrollando en Chile las hidroeléctricas Palmucho (32 MW) y Ojos de Agua (9 MW). Además, está mejorando centrales ya operativas (El Guavio, en Colombia, y Arroyito, en Argentina).

 

Concursos Fondo de Medios 2010

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, Ministerio Secretaría General de Gobierno.- El Ministerio Secretaría General de Gobierno, convoca a los medios de comunicación social a presentar sus proyectos para postular al Concurso de Fondo de Medios de Comunicación.

El objetivo principal del Fondo es financiar, en forma complementaria, proyectos relativos a la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional o local, que permitan reforzar el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural del país, rescatando la propia identidad de cada una de las regiones, informando sobre su  acontecer económico, artístico y cultural; y fortaleciendo los procesos y estrategias educativas locales.

Cabe destacar, que este año 2010, el Concurso de Fondo de Medios, excepcionalmente, podrá financiar labores de reconstrucción o reparación de infraestructura dañada a los medios de comunicación social de las regiones consideradas Zona de Catástrofe (Regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O'Higgins, Maule, Bio Bío, La Araucanía y Metropolitana).

Además, financiar proyectos de adquisición e instalación de grupos generadores electrógenos respecto de los servicios de radiodifusión sonora en todas las regiones del país.

El presente Fondo dispone de $525.000.000.- (quinientos veinticinco millones de pesos), disponibles para financiar estos proyectos a nivel nacional.

I.- Quiénes pueden postular

-          Radioemisoras

-          Periódicos

-          Revistas

-          Otros medios de comunicación social de acuerdo a la definición que entrega la Ley de Prensa.*

 

*Para todos los efectos legales, son medios de comunicación social "aquellos aptos para transmitir, divulgar o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado". ( art. 2 ley de Prensa)

 

II.- Tipos De Proyectos

Los proyectos postulados deberán ser concebidos para insertarse en la oferta programática de los medios de comunicación regional, los que deberían abarcar una amplia cantidad de géneros o contenidos, tales como: campañas de bien público, historias, series, documentales, guiones, microprogramas, spots, reportajes, representaciones, narraciones, suplementos, entre otros.

En las siguientes temáticas:

-          Equipamiento e Inversión

-          Reparación de la Infraestructura (zona catástrofe)

-          Arte y cultura regionales

-          Educación

-          Historia regional

-          Iniciativas de identidad cultural y género

-          Economía y desarrollo regionales

-          Información regional, provincial y comunal

-          Medio Ambiente


III.- Postulación

Los proyectos deben ser presentados en CD e impresos en un original y 2 copias (para favorecer el proceso de revisión y evaluación), acompañados de toda la documentación requerida en el Formulario de Postulación, en un sobre cerrado, adjuntando una portada como se indica en el archivo: Recomendaciones Fondo Medios 2010

Estos deben ser presentados en las respectivas oficinas del Ministerio en cada región hasta el 30 de septiembre del 2010*.

 

* Infórmese de las fechas que afectan a su región en la respectiva SEREMI de Gobierno


IV.- Descargas

 

Bases Técnicas Generales Fondo de Medios 2010

Anexo I - Formulario Postulación 2010

Anexo II - Formulario Postulación 2010

Anexo III - Formulario Postulación 2010

Recomendaciones Fondo de Medios 2010

 

V.- Oficinas Ministeriales

 

Región

Dirección

Teléfonos

I

Av. Arturo Prat N° 1080. Iquique.

(57) 361202 - 361203

II

Av. Arturo Prat N° 384 piso 4, Antofagasta.

(55) 251567 - 264185

III

Vallejos N° 471, Copiapó.

(52) 212766 - 217468

IV

Brasil N° 330, La Serena.

(51) 215143 - 213563

V

Melgarejo N° 669 piso 16, Valparaíso.

(32) 2518800- 2518801

VI

Plaza Los Héroes s/n° piso 4. Intendencia Regional, Rancagua.

(72) 227151 - 233654

VII

2 Poniente 920, Talca.

(71) 227273

VIII

Aníbal Pinto N°442 piso 3, Concepción.

( 41) 2741070 / 71 / 72 / 73 / 74

IX

Arturo Prat N° 535 piso 1, Temuco.

(45) 210990 – 212712

X

Av. Décima Región N° 480. Edifício Anexo Piso 2, Intendencia Regional, Puerto Montt

(65) 317718

XI

Almirante Barroso N°623, Coyhaique.

(58) 217531

XII

Plaza Muñoz Gamero 1028 piso 2, Punta Arenas.

(61) 203727

XIV

O'Higgins 543, 5º piso, Valdivia.

(63) 283880

XV

Avda. General Velásquez N° 1775, piso 1, Arica

(58) 207371

RM

Villavicencio 361 of 104, Santiago

(02) 6640400

 

 

GLOBALES

 

Ciudadanía climática prepara estrategia global para Cumbre de Cancún

 

Ciudad de México, México, viernes 24 de septiembre de 2010, Radioinformaremos.- Organizaciones de todo el mundo se pronuncian por justicia climática y soluciones reales rumbo a Cancún. Desde Copenhague y Cochabamba a Cancún y más allá: organizaciones de todo el mundo se pronuncian por justicia climática y soluciones reales.

Difusión Cencos México D.F., 20 de septiembre de 2010. Boletín de prensa OSC de medio ambiente

 

Desde que el debate sobre el Cambio Climático ganó un nuevo impulso, a partir de la divulgación del informe del IPCC y las conferencias de Bali, Copenhague y la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba, los movimientos y organizaciones sociales, junto a las redes y articulaciones internacionales, hemos venido construyendo un conjunto de iniciativas populares para fortalecer un movimiento global por justicia climática.

 

Estas iniciativas comparten -desde su diversidad- una misma perspectiva estratégica. Para hacer frente a la grave crisis climática global es necesario llevar a cabo cambios de fondo y abandonar las falsas soluciones que agravan el problema, poniendo los derechos de los pueblos y la naturaleza en el centro mismo del debate.

 

Consideramos que es necesario cambiar el sistema de producción y consumo imperante basado en un modelo de desarrollo y un relacionamiento con la naturaleza depredador, injusto y excluyente y transitar hacia nuevos modos de vida basados en la justicia social, ambiental y climática.

 

Para nosotros y nosotras, las soluciones reales frente al calentamiento global pasan por lograr una reducción efectiva en las emisiones de gases de efecto invernadero y por el resarcimiento de la deuda climática que el Norte industrializado ha acumulado con el Sur. Las soluciones reales son la justicia climática, ambiental y social, el respeto a los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos, la soberanía alimentaria, la recuperación de territorios y la reforma agraria, la agricultura campesina y la integración y solidaridad entre los pueblos.

 

Luchamos por el reconocimiento de responsabilidades y compromisos diferenciados tanto en las reducciones como al asumir los costos de la adaptación y mitigación. Luchamos por una transición justa, basada en la justicia climática, ambiental, social y de género hacia un nuevo modelo que garantice el trabajo decente, la creación de buenos empleos y el respeto de los derechos de las y los trabajadores. Luchamos por la defensa del agua, su gestión democrática, social y comunitaria que ayude a detener la crisis climática. Luchamos por una reforma agraria y el impulso a la agricultura campesina-indígena local que ha mostrado su capacidad de producir en armonía con la naturaleza. Luchamos por la protección y manejo comunitario y sustentable de los bosques, y por la transición hacia una generación de energía limpia y renovable.

 

Frente al débil y problemático "Entendimiento de Copenhague", los pueblos y los movimientos sociales estamos comprometidos en la construcción y profundización del "Acuerdo de los Pueblos". Consideramos que el Acuerdo de los Pueblos alcanzado en la Cumbre de Cochabamba es nuestro punto de partida, que debe ser profundizado y debatido en la misma lógica en la que fue construido, esto es, en el marco de los debates y propuestas de los propios pueblos, movimientos y organizaciones sociales.

 

Las movilizaciones, foros, debates, reuniones y actividades que se realizarán por parte de las redes y organizaciones sociales en Cancún, México, en paralelo y hacia dentro de la COP 16, marcarán un momento clave para la continuidad de este proceso de acumulación y fortalecimiento del movimiento global por justicia climática.

 

Nos convocamos a:

 

a)       Impulsar un amplio intercambio global de visiones y perspectivas, continuando los debates que se realizaron en Cochabamba y que se extenderá mas allá de Cancún, para construir desde los pueblos, las medidas y demandas concretas que deberán ser adoptadas para revertir la crisis climática y avanzar hacia la justicia climática.

b)       Movilizarnos en Cancún y en todo el mundo, para rechazar a las estrategias de lucro, cabildeo y mercantilización que están realizando las empresas transnacionales, los bancos e intereses financieros, los gobiernos de los países industrializados y sus instituciones internacionales para seguir eludiendo sus responsabilidades históricas Apoyar y promover movilizaciones descentralizadas en todo el mundo, como el llamado de la Vía Campesina a llevar adelante "miles de Cancún por la Justicia Climática".

c)        Desenmascarar las falsas soluciones a la crisis climática, y acusar a sus responsables, con testimonios, evidencias y pruebas concretas de los impactos negativos a nivel mundial de los mercados de carbono, los transgénicos, agrocombustibles, geoingeniería, la energía nuclear,  la captura y almacenamiento de carbono, los "Mecanismos de Desarrollo Limpio" y los actuales proyectos REDD que se están impulsando sin atender las reales necesidades de los pueblos

d)       Sacar al Banco Mundial y a sus brazos financieros regionales e internacionales de todos los planes de gestión y financiamiento frente al cambio climático y la crisis ambiental global, porque es uno de los principales responsables de los desastres actuales, de la imposición de un modelo de desarrollo excluyente y depredador y de los condicionamientos financieros y políticos sobre los países empobrecidos. Además de que han mantenido una fuerte inversión en la extracción y utilización de combustibles fósiles

 

Como parte de una Estrategia Global de Acción, proponemos:

 

  1. Realizar una jornada global de acciones, el 8 de octubre, exigiendo "Banco Mundial, fuera del clima!", en paralelo al inicio de la reunión anual de esta entidad responsable de múltiples políticas desastrosas para los pueblos y como parte de la "Semana de Acción Global contra la deuda y las IFIS" del 7 al 17 de octubre.
  2. Participar y apoyar las movilizaciones convocadas por la CSA, la CSI y las centrales sindicales el 7 de octubre, en la jornada mundial por el trabajo decente.
  3. Movilizarnos en todas partes el día 12 de octubre, realizando una Minga Global en Defensa de la Madre Tierra y la Justicia Climática-Ambiental.
  4. Llevar a cabo un día común de movilizaciones, el 29 de noviembre, día que dará inicio la COP 16 en Cancún, en todo el mundo.
  5. Realizar movilizaciones y acciones a nivel global durante la próxima Reunión del G20, incluyendo en Seúl, donde se producirá esta cumbre y el tema de cambio climático será central, para tender el puente "de Seúl a Cancún" entre las movilizaciones y reivindicaciones que allí se harán.
  6. Realizar movilizaciones, foros, actividades, debates y acciones en Cancún, en paralelo a y hacia adentro de la COP 16, en un a gran espacio global por la justicia climática, estando alerta y rechazando cualquier mal acuerdo que eventualmente salga de esas negociaciones.
  7. Realizar en Cancún, en paralelo a la COP 16, una Audiencia del Tribunal Internacional de los Pueblos sobre Deuda Ecológica y Justicia Climática, para labrar un acta de acusación sobre crímenes climáticos y ambientales
  8. Construir una estrategia de comunicación descentralizada y multisectorial, horizontal, colaborativa y abierta, en forma de minga global, para compartir de forma permanente las iniciativas, actividades, informes y testimonios de las acciones que se realizarán en todo el mundo, posiciones y propuestas para una solución de fondo de la crisis climática. Esta estrategia incluiría tanto nuestros propios medios alternativos de comunicación como la incidencia en los medios informativos nacionales e internacionales que estarán presentes en Cancún
  9. Impulsar el proceso de preparación y discusión para la realización de una Consulta/Referéndum Global sobre las políticas frente al cambio climático.

 

Para realizar esto convocamos a:

 

a)       Conformar un Comité Internacional abierto a todas las redes, movimientos, campañas y organizaciones internacionales, que trabaje con sentido de operatividad, unidad y solidaridad, complementando los grandes esfuerzos de articulación, movilización y logística que están realizando las organizaciones mexicanas para asegurar una presión y seguimiento de la COP 16 en Cancún, así como de las movilizaciones descentralizadas que se realizarán durante ese momento clave en otros lugares.

b)       Conformar un grupo de trabajo internacional para concretar la estrategia de comunicación global, basándose en las redes ya existentes de comunicación alternativa y en profesionales que apoyen la incidencia en los medios internacionales convencionales.

c)        Utilizar el sitio en internet de Diálogo Climático- Espacio Mexicano www.dialogoclimatico.org para informar las actividades y movilizaciones que se realizarán en cada país o región, inscribir acciones y eventos auto-organizados en Cancún y estar informado sobre los avances logísticos, organizativos y de agenda para los días de actividades y movilizaciones en Cancún.

 

Redes Regionales: Alianza Internacional de Habitantes, Alianza Social Continental – ASC, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – ATALC, Campaña Mesoamericana de Justicia Climática, Convergencia de Movimientos de Pueblos de las Américas –COMPA, Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas –CSA, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI, Encuentro Sindical Nuestra América, Jubileo Sur-Américas, Marcha Mundial de las Mujeres – MMM, Red Internacional de Género y Comercio IGTN, Redes y organizaciones nacionales: Blue Planet Project, Common Frontiers – Canadá, Dialogo Climático- Espacio Mexicano – México, Ditsö- Costa Rica, Ecologistas en Acción – España, Fundación Solón – Bolivia, Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático –Bolivia, Rede Brasileira pela Integração dos Povos – REBRIP Brasil, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Mons. Romero" –SICSAL, Servicios Ecuménicos de Formación Cristiana – SEFCA – Guatemala, Solidariedade e Educação- FASE Brasil, Unidad Ecológica Salvadoreña- UNES – El Salvador.

 

Descarga el Boletín de Dialogo Climático- Espacio Mexicano donde encontraras actividades y más información rumbo a Cancún.

 

ONU: En Cancún no habrá acuerdo mágico

 

Naciones Unidas, viernes 24 de septiembre de 2010, Centro de Prensa de ONU.- Cambio climático: Líder negociadora advierte que no hay soluciones simples. En Cancún, no habrá un acuerdo mágico que solucione todos los problemas del medio ambiente de forma inmediata, advirtió hoy la jefa de las negociaciones de la ONU sobre Cambio Climático.

Christiana Figueres

 

En una conferencia de prensa en la sede de la ONU, Christiana Figueres dijo que esperar soluciones simples en el próximo encuentro sobre el tema es ingenuo. No obstante, confió que los gobiernos arribarán a un acuerdo para combatir ese flagelo que incluya una reducción de las emisiones de gases dañinos para el ambiente.

"En Cancún, los gobiernos podrán decidir cuándo y cómo concretar las promesas hechas, incorporando disposiciones obligatorias y con mecanismos de rendición de cuentas. Pueden suministrar los recursos financieros a corto plazo para las necesidades urgentes de los más pobres y vulnerables; y decidir sobre un grupo de medidas sobre las cuales actuar", subrayó la experta.

Figueres explicó la carencia de suministro de energía, el agotamiento de los recursos naturales, el crecimiento de la población, y el cambio climático amenazan el futuro de la humanidad. Agregó que los gobiernos tienen la opción de unirse para afrontar esas amenazas y transformarlas en un nuevo paradigma de desarrollo.

 

Proponen en Cumbre ONU que 2011 sea el Año de la Energía Nuclear para Todos y Armas Nucleares para Ninguno

 

Naciones Unidas, viernes 24 de septiembre de 2010, Centro de prensa de ONU.- El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, propuso hoy que 2011 sea proclamado el "Año de la Energía Nuclear para Todos y Armas Nucleares para Ninguno".  El mandatario iraní intervino ante el 65º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Irán propone el año de la energía nuclear para todos.

 

Elogió las cualidades de la energía nuclear, a la que calificó de "regalo del cielo", como alternativa para reducir las emisiones contaminantes de los combustibles fósiles. En cambio, dijo que la bomba atómica es el arma más inhumana y debe ser eliminada. Señaló que el Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe su fabricación y almacenamiento.

"Sin embargo, vean lo que algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad han hecho: han equiparado la energía nuclear con la bomba nuclear, y han puesto esta energía fuera del alcance de la mayoría de las naciones al establecer monopolios", dijo Ahmadinejad. El presidente iraní lamentó que no sólo no se haya logrado el desarme atómico, sino que además la bomba ha proliferado en algunas regiones.

 

La nuclear es más barata sólo a corto plazo

 

Madrid, España, viernes 24 de septiembre de 2010, Cinco Días.- La Agencia Internacional de la Energía insta a los Gobiernos a resistir la presión de la crisis y a mantener su apuesta renovable.

 

El giro nuclear de Alemania ha encontrado un aliado de peso en el debate sobre el futuro energético en Europa. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) reconoce en su informe Perspectivas tecnológicas 2010, presentado esta semana en Madrid, que la electricidad sería un 20% más barata para el consumidor si su producción se realizara a través de la energía nuclear.

 

En el documento, este organismo distingue dos escenarios energéticos. En el primero, el actual, el precio del barril de crudo pasará de 78 dólares a 120 dólares. El segundo escenario prevé la apuesta por el incremento de las renovables en el mix energético y augura un repunte del precio de barril de petróleo a 90 dólares y una caída hasta los 70 dólares en 2050. En esta segunda hipótesis, la AIE calcula que el proceso de descarbonización de la economía será un 20% más barato si se realiza con energía nuclear.

 

Alemania ha tomado esta senda. El Gobierno de Angela Merkel prolongará la vida útil de las centrales nucleares de 2022, cuando estaba prevista, hasta el año 2044.

 

La medida, que ha sacado a miles de personas a la calle, prevé destinar los impuestos de la energía atómica a la financiación de las renovables, aunque ya han surgido las dudas sobre el interés de las empresas en invertir en un sector muy caro. El organismo que dirige el japonés Nobuo Tanaka, apunta que los Gobiernos de los países desarrollados están revisando sus prioridades políticas respecto a las renovables.

 

La AIE no empezó a considerar en serio la descarbonización de la economía hasta 2008. Desde ese año reclama el 50% de reducción de emisiones contaminantes en el horizonte de 2050. Sin embargo, la Unión Europea apuesta por el medio plazo en sus objetivos energéticos. Para el año 2020, el 20% de la energía deberá ser de origen renovable. Para alcanzar semejante meta se necesita una fuerte inversión en tecnología, complicada en plena crisis económica e intentos por recortar el déficit público.

 

Según cifras de este organismo, la inversión en tecnología energética de bajas emisiones ha alcanzado los 165.000 millones de dólares en los últimos tres años. En 2030, esta cifra habrá crecido hasta los 750.000 millones. Tales cifras se antojan superlativas en pleno ajuste de los presupuestos públicos.

 

En Francia, cada vez más voces critican la apuesta de Nicolas Sarkozy por la energía eólica marina, en pleno despegue en Europa. El Ejecutivo ha sacado a concurso la concesión de 600 turbinas en las costas galas por 10.000 millones de euros. Los opositores a la medida critican la ingente inversión que se necesita cuando el Gobierno lucha por contener el déficit y está poniendo en duda el actual sistema de pensiones.

 

Desde la AIE se insta a los Gobiernos a confiar en el potencial de las energías renovables a largo plazo y que resistan a las presiones de costes "más a corto plazo", según Tanaka, que imponen la crisis y los mercados. En ese caso, el consumo de gas, carbón y petróleo serían "menores a los actuales".

 

No habrá impuesto verde al carburante

 

La idea de las empresas fotovoltaicas de crear un impuesto sobre los carburantes que sirva para financiar las renovables "ni se plantea ni se estudia" por parte del Gobierno, según recoge Europa Press.

 

El Ejecutivo se ha dicho dispuesto a desarrollar una fiscalidad verde, aunque supeditado a los avances de la Unión Europea en esta materia. La idea de un impuesto verde de las fotovoltaicas parte de que el sector eléctrico tendrá que integrar en su matriz de generación un 40% de energías limpias en 2020, mientras que a otros sectores como el transporte, que funciona a base de combustibles fósiles, no se les exige un esfuerzo de este tipo.

 

Según las estimaciones de las empresas fotovoltaicas, la aplicación de este impuesto serviría para repartir los costes del cambio de modelo energético y supondría el desembolso de 3.528 millones de euros del sector petrolero y 1.197 euros del gas.

 

Energía solar concentrada cambiaría mapa energético

 

Perpiñán Francia, viernes 24 de septiembre de 2010, Univisión.- Sistema aportará el 10% de la producción mundial. La energía solar concentrada, producida por centrales dotadas de espejos que reflejan los rayos del sol para accionar una turbina, podría cambiar el mapa energético mundial, según las estimaciones de expertos reunidos en un coloquio en Perpiñán (sur de Francia).

En 2050, este tipo de energía renovable podría aportar cerca del 10% de la producción mundial de electricidad en el Planeta.

 

En 2050, este tipo de energía renovable podría aportar cerca del 10% de la producción mundial de electricidad, estima la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Países del norte de África, Australia, India, Sudáfrica, España, Portugal podrán albergar este tipo de centrales que necesitan mucho sol, indicó el experto de la AIE Cédric Philibert, en ocasión del coloquio "Solarpaces".

Espejos móviles


Estas centrales, denominadas "termodinámicas", están dotadas de un espejos móviles que concentran la energía solar hacia un tubo que contiene un fluido que se calienta. Este calor produce un vapor de agua que hace funcionar una turbina.

Con la baja de los precios de los materiales y el aumento del consumo de electricidad, la energía solar concentrada podrá volverse competitiva a partir de 2020, estimaron los 800 expertos de más de 40 países reunidos en Perpiñán.

El Emirato de Abu Dabi tendría de aquí a dos años la central solar a concentración más grande, con una capacidad de 100 megavatios, un proyecto llevado adelante por el grupo francés Total y el español Abengoa por 600 millones de dólares.

Países líderes


Entre los países desarrollados, España y Estados Unidos lideran el sector, con varias centrales en actividad y "una enorme ola de proyectos", según Philibert. Sin embargo, los futuros proveedores de electricidad para Europa podrían encontrarse en el norte de África.

Un grupo de expertos habían lanzado algunos años atrás la idea de que la totalidad de la electricidad consumida en el mundo fuese producida por una central solar de una superficie equivalente al 1% del desierto del Sahara. Ya se instaló una unidad en Marruecos, que podría producir cerca de dos gigavatios, y otra en Egipto. Hay proyectos en discusión en Argelia.

Plan solar Mediterráneo

Estas iniciativas se inscriben en el Plan Solar Mediterráneo (PSM), que prevé la construcción hasta 2020 de capacidades de producción de electricidad renovable, por ejemplo con energía solar, en el sur y el este de la cuenca mediterránea. Parte de esa producción sería exportada a Europa, por lo que ciertas empresas ya comenzaron a estudiar la posibilidad de desarrollar una red bajo el Mediterráneo que permitir transportar esta electricidad hacia el norte.

Existe ya una línea entre Algeciras (sur de España) y Tánger (norte de Marruecos). Por el momento, la energía transita de España hacia Marruecos, pero en el futuro la situación podría invertirse. Por su parte, Francia es pionera en esta tecnología, con la puesta en funcionamiento en 1969 en los Pirineos del horno solar de Odeillo, el aparato de este tipo más potente construido hasta el día de hoy (1.000 kilovatios).

 

"La Niña" amenaza con sequía a países del MERCOSUR

 

Sao Paulo, Brasil, viernes 24 de septiembre de 2010, por Anella Reta y Mauricio Rabuffetti, Agencia AFP.- 'La Niña' amenaza con un período de sequía a los países del Mercosur. El fenómeno climático de 'La Niña' amenaza con llevar un período de sequía a los países del Mercosur y afectar los rendimientos de la producción agropecuaria, señalaron expertos consultados por la AFP.

 

En Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el fenómeno podría provocar precipitaciones por debajo del promedio para la primavera y el verano australes, aunque, según los especialistas, el déficit no alcanzaría la intensidad de años anteriores en los que 'La Niña' golpeó a la región.

 

"'La Niña' afecta a una normalidad" y explica que el volumen de lluvia sea menor a la media para esta época de sequía en Brasil, señaló a la AFP la meteoróloga Ester Regina Ito, del Centro de Previsión del Tiempo (CPTEC/INPE).

 

'La Niña' es un fenómeno inverso al de 'La Niño', que se caracteriza por una elevación de las temperaturas en la superficie del mar en los sectores central y oriental del Pacífico y genera habitualmente períodos de sequía en Sudamérica.

 

La sequía está afectando principalmente al sector ganadero brasileño y, junto a una fuerte demanda, impulsa los precios de la arroba de carne (medida equivalente a 11,5 kilos) que han subido un 16,5% desde mayo, según el Centro de Estudios de Agropecuarios de la Universidad de Sao Paulo (CEPEA). En el caso de los granos, hasta la semana pasada no se liberaron los suelos para la próxima zafra, aunque algunas siembras -particularmente la de maíz- vienen con retraso por la falta de agua.

 

"Todavía estamos muy en el inicio del período de cultivo en Brasil. Aunque si la sequía se prolonga en 15 o 20 días más, sí se pueden tener efectos más expresivos", explicó a la AFP Lucilio Rogerio Alves, investigador del CEPEA. "Si demora mucho en empezar a llover tendríamos problemas en términos de oferta (al exterior) o una baja en comparación con la buena zafra de granos de 2009-2010", precisó Alves, quien descartó problemas en el abastecimiento local.

 

Los científicos brasileños prevén que para septiembre-octubre-noviembre llueva menos que el promedio para esa época, especialmente en los estados sureños de Rio Grande do Sul (fronterizo con Uruguay), Santa Catarina y Paraná.

 

Hasta ahora, el oficial Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) prevé para 2010 la mayor cosecha de granos de la historia del país, con 146,4 millones de toneladas (+9% sobre 2009). Brasil lidera las exportaciones mundiales de carne bovina y es el segundo vendedor de soja en grano.

 

En Argentina, en tanto, aunque las precipitaciones deberían ser inferiores al promedio histórico, no se espera una sequía como la que en 2008-2009 golpeó a la producción agropecuaria, según Eduardo Sierra, de la Universidad de Buenos Aires.

 

"Así como el año pasado fue 'Niño' por gran cantidad de lluvias desde septiembre a marzo, este año será a la inversa. Uno no tiene la certeza de cómo y cuánto va a llover, pero se avecina una primavera con lluvias por debajo de lo normal, un diciembre con menos precipitaciones y un enero y febrero complicado", anticipó por su lado Guillermo Cavallero, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

 

En Argentina, las dos últimas campañas de trigo soportaron graves sequías. Sin embargo, este año, el retraso del fenómeno climático podría favorecer el desarrollo del cereal en el ciclo 2010-2011, que alcanzaría una cosecha superior a 10 millones de toneladas, según los especialistas.

 

En Uruguay en tanto, la Dirección Nacional de Meteorología alertó sobre la llegada de una "fuerte sequía" que podría prolongarse durante la primavera y verano y cuyos efectos se sentirán hasta el próximo invierno.

 

Ya a finales de agosto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, demostró preocupación ante la consolidación de 'La Niña' en el Pacífico central. "Eso no quiere decir necesariamente que va a ocurrir una sequía en el próximo verano, pero sí hay una probabilidad más alta de que tengamos un déficit hídrico", explicó, por lo que anunció medidas para respaldar fundamentalmente a los pequeños productores, en particular ganaderos.

 

Por su lado, 'La Niña' vaticina un año difícil para el agro paraguayo, advirtió a la AFP Edgar Mayeregger, coordinador de la unidad de riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, según el funcionario, Paraguay tiene la ventaja de que la siembra coincide con las precipitaciones de octubre, infalibles aún con el fenómeno climático. "Con las lluvias de octubre y enero se pueden amortiguar bastante los efectos negativos del evento", explicó.

 

Decretan estado de emergencia en Brasil por sequía

 

Brasilia, Brasil, viernes 24 de septiembre de 2010, Agencia EFE.-  Brasilia decreta el estado de emergencia ambiental por la sequía y los incendios. El Gobierno del Distrito Federal de Brasilia instauró hoy el estado de emergencia en la capital brasileña para combatir los incendios como el que consumió esta semana una cuarta parte de la superficie de un parque nacional.

 

El decreto, que entró en vigor hoy, permitirá aumentar la disponibilidad de recursos con los que minimizar los efectos de los incendios que proliferan en el entorno de Brasilia por la sequía que dura desde el pasado abril, según explicó el gobernador del Distrito Federal, Rogerio Rosso, en un comunicado.

 

El incendio que arrasó un 25% del Parque Nacional de Brasilia empezó el domingo pasado y se extinguió esta madrugada fue considerado como el mayor que se ha registrado en los últimos tres años en la capital brasileña.

El fuego consumió un área de 10.000 hectáreas de esta área protegida vecina a la capital, según el Instituto Chico Mendes, órgano del Gobierno que se ocupa de la conservación de la biodiversidad.

 

Cerca de 300 personas trabajaron para apagar las llamas que en algunos lugares alcanzaron los diez metros de altura y que se propagaron rápidamente a causa de los fuertes vientos y de la baja humedad del aire, según el gobierno capitalino.

 

La semana pasada se registraron otros tres incendios alrededor de la reserva, uno de los cuales afectó una línea de alta tensión de la Compañía Eléctrica de Brasilia, lo que causó un corte de energía en una parte de la ciudad. Asimismo, a unos 200 kilómetros al norte de Brasilia, otro incendio devoró esta semana casi 30.000 hectáreas de sabana, equivalente a 35% de la extensión, del Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por la riqueza de su fauna y su flora.

 

Unas 70 personas, entre bomberos y voluntarios, trabajan en la contención de las llamas en la zona, según la administración del parque que prohibió a los turistas que accedieran al mismo. El portavoz de los bomberos de Brasilia, el coronel Paulo Roberto, afirmó que la intensa sequía, que en esta región del centro de Brasil dura desde el pasado abril, causó un aumento de un 85% en los incendios en todo el país comparado con el promedio de años anteriores.

 

Los incendios forestales son habituales en cada invierno austral en el centro de Brasil, donde prácticamente no llueve nunca entre mediados de abril y comienzos de octubre, cuando comienza la estación húmeda.

 

WWF: Habrá acuerdo vinculante sobre cambio climático recién en Cumbre de Sudáfrica en 2011

 

Ciudad de México, México, viernes 24 de septiembre de 2010, El Universal.- Cumbre de Cancún, sin acuerdos vinculantes: WWF. El representante de la WWF en México prevé que en Cancún no se llegue a ningún acuerdo vinculante, mas esperan que se asienten las bases para lograrlo en Sudáfrica 2011

Al Gore será uno de los oradores de la reunión del sector privado en Octubre (Foto: EFE )

 

Los próximos cuatro y cinco de octubre se reunirán en México medio millar de representantes del sector privado para analizar las posibles contribuciones que podría tener el sector para disminuir los efectos del cambio climático.

Uno de los objetivos de la reunión es unificar las propuestas del sector privado para presentarlas ante los representantes de más de 190 naciones que acudirán a Cancún para la Cumbre del Cambio Climático  que tendrá lugar en noviembre y diciembre de este año. Asimismo se pretende ejercer presión sobre los gobiernos, dado que esta será la primera vez que este sector participe en el evento.

 

El evento cuenta con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) , el Gobierno de México y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).  El director de WWF México, Omar Vidal, afirmó que en Cancún no se alcanzará un acuerdo vinculante para frenar el cambio climático, en la cita se deberán dar los pasos necesarios para que el consenso se alcance en la reunión de Sudáfrica, en 2011.

 

Los empresarios pedirán una mejor definición de los mecanismos financieros fijados en la cita de Copenhague, donde se establecieron unos fondos iniciales de ayuda de 30 mil millones de dólares entre 2010 y 2012 y que no llegan adecuadamente a los países en desarrollo. Entre los conferenciantes estarán el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, el gobernador del Estado de California, Arnold Schwarzenegger; el secretario de Medio Ambiente de México, Juan Elvira Quesada, y la canciller Patricia Espinosa, entre otros.

 

Evo Morales reitera en ONU rechazo a capitalismo

 

Naciones Unidas, viernes 24 de septiembre de 2010, SDP Noticias.- El modelo capitalista actual es "insostenible e inviable'' porque no garantiza los derechos de la naturaleza ni de la humanidad, denuncio hoy el presidente de Bolivia, Evo Morales, de visita en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

"El capitalismo no es una solución ni siquiera para los capitalistas. No es una solución para la vida, para la Madre Tierra ni para la humanidad'', sentencio Morales en rueda de prensa, tras participar en la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

 

Morales, quien ha promovido internacionalmente la celebración del Día de la Madre Tierra, aseguro que es "esencial'' que se garanticen los derechos de la naturaleza, y que en ese punto ha encontrado una profunda resistencia de parte de "capitalistas''.

 

"No solo los seres humanos tienen derecho a la vida, sino también la Madre Tierra. No solo los humanos tenemos derecho a regenerarnos, sino también la naturaleza'', declaro.

 

El presidente boliviano también indico que por ello ha promovido negociaciones internacionales para combatir los efectos del cambio climático en el mundo, que incluyen la creación de un tribunal internacional para juzgar a los países y entidades que incumplan con sus compromisos con el medio ambiente.

 

Asimismo, destaco que la propuesta de Bolivia y otros países en desarrollo ha sido evitar que la temperatura de la Tierra aumente mas de un grado centígrado, mientras que las negociaciones de la última Cumbre sobre Cambio Climático, celebrada el ano pasado en Copenhague, se propone limitar el aumento a dos grados centígrados.

 

"Al paso que vamos de destrucción de la naturaleza, en 30 anos necesitaríamos todos de uno nuevo planeta para vivir'', opinó. Morales insistió además en su propuesta de crear un banco multilateral de desarrollo para los países emergentes, los cuales podrían aportar un monto de sus reservas internacionales en lugar de depositarlas en instituciones financieras de las economías desarrolladas.

 

"Nosotros proponemos crear una institución financiera internacional que sirva para el desarrollo, pero que no nos chantajee con prestamos con condiciones'', asevero, en relación al Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

Mencionó igualmente que había esperado tener una buena relación con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pero que las actividades apoyadas por el gobierno estadunidense en contra de la administración boliviana lo han convencido de que la situación no ha mejorado. "Creí en un principio que la combinación de un negro y de un indígena darían una buen yunta'', aseguro Morales, en referencia a Obama y a su propia ascendencia indígena aymara.

 

Resaltó además que durante su visita a Estados Unidos ha podido constatar que varios carteles en las calles de Nueva York critican al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad y a sus políticas en contra de los derechos humanos, lo que lo hacían suponer una invasión estadunidense a ese país asiático.

 

"Obama está preparando a su pueblo para una posible intervención en Irán'', enfatizo Morales, quien participa en la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, a partir del jueves próximo, en la sesión 65 de la Asamblea General de la ONU.

 

Invertir en energías limpias podría disminuir la pobreza

 

San José, Costa Rica, viernes 24 de septiembre de 2010, por Leticia Vindas, El Financiero.- Invertir en áreas como energía limpia, transporte sustentable, bosques y modos de agricultura amigables con el ambiente, podría contribuir a lograr el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la pobreza en el mundo.

 

Esta es una de las principales conclusiones del estudio "Un resumen para tomadores de decisiones sobre Economía Verde y los Objetivos de Desarrollo del Milenio", dado a conocer ayer lunes por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( Pnuma ). El informe explica que algunos países y comunidades están encontrando que las mejoras ambientales generadas pueden ser una importante parte de la solución del problema de la pobreza, señala el estudio.

 

Dentro de esos países se destaca Costa Rica y las inversiones que ha realizado para impulsar la expansión de áreas protegidas y Parques Nacionales a más del 25% de la superficie terrestre del país. Invertir y reinvertir en los bosques , no solo contribuirá a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que también reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con la deforestación, indicó la publicación.

 

Casos con tendencias "verdes"

 

Además de Costa Rica, el informe destaca la política energética que China ha establecido en su undécimo plan a cinco años cubriendo el período 2006-2010, impulsando un incremento rápido en la manufactura e instalación de energía renovable. Otro caso es Nepal, donde 14.000 grupos de comunidades Usuarios de los Bosques han revertido las tasas de deforestación con relación a 1990, a través de políticas inteligentes y centradas en la comunidad.  Otros enfoques de economía verde se destacan en Bangladesh, donde una subsidiaria del Banco Grameen – Grameen Shakti – ha sido pionera de un micro-financiamiento para ayudar a la población local a comprar sistemas solares de calefacción.

 

Geoarqueología busca respuestas al cambio climático

 

Buenos Aires, Argentina, viernes 24 de septiembre de 2010, Terra.- Geoarqueología busca en antiguo Egipto respuestas al cambio climático. Expertos de 25 países reunidos en El Cairo tratan de entender la manera en que los egipcios de los tiempos faraónicos enfrentaron desafíos medioambientales que se podrían comparar con el actual cambio climático. Así, los templos de Karnak, al borde del Nilo, tal vez hayan estado alguna vez rodeados por agua, mientras que también cabe la posibilidad de que haya habido árboles frutales en lugares en los que hoy sólo hay desierto.

 

La geoarqueología procura conocer mejor la interacción entre el hombre y el medio ambiente y así entender cómo los seres humanos lograron adaptarse a los cambios de la naturaleza en el pasado, con el fin de aplicar estos conocimientos en el futuro. "La egiptología tiene que adaptarse a nuevos enfoques", tales como "la reconstitución de paisajes en los que vivió la gente", afirmó Yann Tristant, del Instituto Francés de Arqueología Oriental (IFAO), uno de los organizadores de un coloquio sobre la "arqueología del paisaje" que finalizaba este martes.

 

Los otros organizadores del evento, que reunió en El Cairo a unos 200 investigadores (arqueólogos, geógrafos, historiadores, geólogos y paleobotánicos, entre otros), son el Centro Nacional francés de Investigaciones Científicas (CNRS) y el Consejo Superior de Antigüedades (CSA) de Egipto. "Estudios especiales de arquitectura histórica e investigaciones sobre el medio ambiente brindan información sobre los riesgos naturales", afirmó un investigador del CNRS, Pierre Zignani.

 

Así, se examinan los monumentos de la época faraónica para ver cómo, al construirlos, se tomaron en cuenta riesgos naturales (terremotos, inundaciones o lluvias torrenciales), que se consideran vinculados con cambios climáticos. Un estudio del CNRS y el CSA basado, entre otras cosas, en una datación por carbono 14 de muestras de subsuelo volvió a poner sobre el tapete la hipótesis de que los célebres templos de Karnak hayan estado total o parcialmente rodeados por agua.

 

Más hacia el norte, se piensa que examinando el delta del Nilo se podría conocer el impacto que causaron en la población las fluctuaciones del litoral o las modificaciones de meandros del río a través de los tiempos.

 

La geoarqueología procura aportar conocimientos que se puedan usar en el presente, en momentos en que el calentamiento del planeta podría acentuar la erosión de la costa y el retroceso de las tierras fértiles del delta, con el consiguiente riesgo de provocar un éxodo de millones de personas en los próximos 90 años.

 

"Durante 3.000 años generaciones enteras de habitantes de la región sufrieron inundaciones, tsunamis, terremotos, deslizamientos de terreno, y lograron sobrevivir y, además, crearon una civilización formidable", subrayó Yahia Shawkat, de la Universidad estadounidense de El Cairo. "Al entender mejor cómo sociedades del pasado se adaptaron a este medio ambiente, estaremos en condiciones de prepararnos mejor para los desafíos actuales y futuros", agregó, refiriéndose a las "amenazas que pesan sobre el delta".

 

China hará un mapa de desastres naturales para planificar urbanismo futuro

 

Pekín, China, viernes 24 de septiembre de 2010, Finanzas.- China elaborará un mapa nacional estableciendo las zonas de mayor riesgo de verse afectadas por desastres naturales, que servirá para asesorar en la planificación urbana y prevenir grandes mortandades en terremotos, inundaciones y otras catástrofes, informó hoy la agencia oficial Xinhua.

 

Los trabajos para el diseño de este mapa se iniciaron en agosto, destacó el director de atención en desastres naturales del ministro chino de Asuntos Civiles, Zou Ming. El mapa ayudará a planificar ciudades y barrios futuros evitando zonas de alto riesgo, susceptibles de sufrir terremotos, inundaciones, tifones o corrimientos de tierra, sufridos con frecuencia por China y que este año han sido especialmente fatales para país.

 

Grandes desastres naturales sufridos en China han estimulado a elaborar este mapa, tales como los terremotos de Wenchuan y Yushu (en 2008 y 2010) o el alud que enterró la localidad de Zhouqu el pasado mes de agosto. Las tres zonas afectadas por esos desastres se encuentran en el oeste de China, con menor densidad de población que el este, pero menos desarrollada y más sensible a las catástrofes naturales, por lo que será uno de los lugares donde este mapa será más útil, destacó Xinhua.

 

Europa ante el reto de la extrema derecha

 

París, Francia, viernes 24 de septiembre de 2010, por Gerardo Lissardy, BBC Mundo, París.- La creciente aceptación de las ideas de extrema derecha y los discursos anti-inmigrantes en varias sociedades europeas le plantea un desafío a los partidos políticos mayoritarios, que están buscando cómo adaptarse mejor al fenómeno.

El rechazo a la xenofobia se ha expresado en manifestaciones en varios países de Europa.

 

En varios países del continente, grupos de extrema derecha han obtenido progresos electorales recientes con base en discursos calificados como racistas, xenófobos o anti-islámicos por críticos y observadores.

 

Y en países como Francia o Italia el fenómeno ha alterado las plataformas políticas de los partidos mayoritarios, que temen perder respaldo popular en tiempos de crisis económica y angustia social. Los expertos creen que las acciones recientes contra inmigrantes gitanos impulsadas en ambos países, y la prohibición de la burka islámica que acaba de aprobar el Parlamento francés, son un ejemplo de su respuesta a ese reto.

 

"Hay que mirar a los partidos políticos, pero también a las ideas, y veremos especialmente en Italia y en Francia que la influencia de los ideales de extrema derecha van mucho más allá de su reserva electoral", dijo el politólogo francés Jean-Yves Camus en diálogo con BBC Mundo.

 

Estragos

 

En Suecia un partido de extrema derecha acaba de alcanzar representación parlamentaria.

 

El pasado fin de semana, Suecia se convirtió en el último país europeo donde un partido de extrema derecha obtuvo un resultado histórico en las urnas, al lograr por primera vez representación en el parlamento. Los 20 escaños que obtuvo el partido Demócratas de Suecia (con 5,7% de los votos) causaron una protesta de miles de personas el lunes en Estocolmo, pero también el regocijo de los ultraconservadores europeos.

 

"Los pueblos comienzan a darse cuenta de que la globalización causa los mismos estragos en todas partes", sostuvo el eurodiputado francés Bruno Goldnish, de la alianza europea de grupos de extrema derecha. Y además de Suecia, grupos de extrema derecha y anti-inmigrantes han logrado representación parlamentaria en otras naciones europeas como Austria, Bulgaria, Dinamarca, Hungría y Holanda.

 

En el caso holandés, el Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders quedó tercero en las elecciones de junio con una plataforma anti-islámica y las encuestas sugieren que hoy podría ser la primera fuerza política del país. La influencia de los ideales de extrema derecha van mucho más allá de su reserva electoral: Jean-Yves Camus, politólogo  En Italia, la autonomista Liga del Norte es un pilar del gobierno de Silvio Berlusconi y el partido que crece más rápidamente en el país.

 

Entre sus iniciativas figuran una ley para detener a inmigrantes sin papeles y un proyecto para copiar la prohibición de la burka islámica que aprobó el parlamento francés la semana pasada. Mientras que en Suiza todavía resuenan los ecos de la prohibición que los votantes impusieron a la construcción de minaretes islámicos en noviembre, en un referéndum impulsado por un partido local de derecha.

 

Refugio

 

Camus descartó que Europa viva una oleada política de extrema derecha y notó que en otros países del continente los partidos de esa ideología son virtualmente inexistentes.

"Todos somos extranjeros", dice la pancarta de un participante en una marcha en Francia contra la xenofobia.

 

"Pero esto no significa que las ideas de extrema derecha sean marginales", aclaró el experto francés del Instituto francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas. A su juicio, muchos europeos afectados por la crisis económica, o inquietos por la llegada de inmigrantes África y Asia, "buscan refugio" en propuestas de extrema derecha.

 

Analistas creen que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, pretende captar a nivel doméstico el apoyo de esos votantes con sus polémicas iniciativas para prohibir la burka o expulsar inmigrantes gitanos. "Sería injusto decir que Sarkozy o su gobierno pertenecen a la extrema derecha", dijo Camus. "(Pero) como Sarkozy quiere ser reelecto en 2012, tiene que darle algo al electorado del (ultraderechista) Frente Nacional".

 

"Límites"

 

Para la centro-izquierda europea, a menudo defensora de los derechos de los inmigrantes, el desafío parece mayor: el número de países con gobiernos de esa orientación en la Unión Europea (UE) cayó de 11 a seis en la última década.mHay límites, que son los principios básicos sobre los cuales está fundada Europa, incluido el respeto de los derechos fundamentales: Sergio Carrera, Centro de Estudios de Política Europea

 

La pregunta que muchos se hacen es cuánto más podrá crecer la influencia de la extrema derecha en un continente que en el pasado ya ha sufrido las consecuencias del extremismo político. Pero Sergio Carrera, del Centro de Estudios de Política Europea en Bruselas, destacó que Europa cuenta actualmente con instituciones y un marco jurídico que limita la acción de los gobiernos.

 

El choque de la semana pasada entre la Comisión Europea y Francia por la expulsión de gitanos tal vez fue una señal en ese sentido. "Es un mensaje destinado a todos los gobiernos de la UE", dijo Carrera a BBC Mundo. "Hay límites, que son los principios básicos sobre los cuales está fundada Europa, incluido el respeto de los derechos fundamentales", concluyó.

 

 

DOCUMENTOS

 

Piñera y Medio Ambiente: Más incertidumbres que certezas

 

Santiago, viernes 24 de septiembre de 2010, Departamento de Estudios Fundación Terram[2].- El Presidente Sebastián Piñera cumplió sus primeros seis meses a la cabeza del gobierno y, si bien podría parecer un lapso breve para realizar una evaluación o análisis de su gestión, lo cierto es que una serie de decisiones y anuncios han comenzado a marcar un importante giro en materia ambiental en el país, entregando señales que es necesario poner sobre el tapete de la discusión pública de la manera más temprana posible, con la finalidad de favorecer un debate indispensable para el futuro de mediano y largo plazo.

 

Este período marca la instalación del primer gobierno de derecha elegido democráticamente en el país en más de 50 años, con la particularidad que el actual Jefe de Estado se presentó durante la campaña electoral como una persona sensible frente a los temas relacionados con el medio ambiente y la ecología, y manifestó su compromiso explícito respecto a una serie de temas relativos a conservación y protección de la naturaleza, contaminación, cambio climático, institucionalidad ambiental, entre otros. De hecho, la promesa hecha en una entrevista televisiva por el Presidente Piñera durante la campaña presidencial, y que luego éste se sintió forzado a intentar cumplir, relativa a impedir la construcción de la termoeléctrica Barrancones en la zona de Punta de Choros, marcará un antes y un después en materia ambiental para el actual gobierno y para el país. La intervención directa e informal del Jefe de Estado ante la empresa franco-belga Suez Energy, que tras este diálogo optó por desistir de la central respondiendo así a la petición de relocalización del presidente, implica un indiscutible triunfo inmediato para la ciudadanía, que salió masivamente a protestar por la aprobación ambiental otorgada por la Corema de Coquimbo al proyecto. Sin embargo, abre al mismo tiempo una serie de interrogantes, debido a la fórmula decidida por Piñera para resolver el tema. Esto, pues la recién reformada institucionalidad ambiental claramente sale muy mal parada de este impasse, con lo cual nace debilitada y con severos problemas de credibilidad, que el gobierno deberá buscar cómo resolver.

 

La imagen de ecologista proyectada antes de las elecciones por Sebastián Piñera, y que ha intentado reforzar con el episodio Barrancones y con la creación de nuevos parques nacionales, entre otros hechos, tiene su contraparte en una serie de otras decisiones y actitudes tomadas en los primeros seis meses de gobierno, tanto por el propio Presidente como por funcionarios de su confianza que ejercen funciones a distinto nivel en su gobierno, y que se detallarán en el presente Análisis de Coyuntura. Si bien a nivel del discurso –como el pronunciado el 21 de mayo dando cuenta del estado de la Nación y señalando el rumbo de su gestión- Piñera insiste en su preocupación por los temas medioambientales, esta vocación se ve claram ente cuestionada por los hechos.

 

1. Institucionalidad ambiental, política y gestión ambiental

 

Con el gobierno de Piñera se dio inicio al proceso de implementación de la Ley ambiental 20.417, promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet el 12 de enero del presente año. Es importante señalar que esta ley ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones ciudadanas y ambientales, pues no abordó ni solucionó los problemas más relevantes que dieron origen a la Reforma de la Institucionalidad Ambiental. Estos cuestionamientos se han mantenido e incluso profundizado durante el proceso que desarrolla el actual Gobierno para la instalación del nuevo Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia Ambiental.

 

En primer término, en una de sus más tempranas decisiones, la recién asumida Ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, dejó sin efecto un ordinario de la administración Bachelet que, con fecha 25 enero de 2010, impartía instrucciones a los organismos públicos acerca de las modificaciones introducidas por la Ley 20.417 a la Ley 19.300. Con esta acción, entre otros efectos, se postergó la implementación de la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos de inversión que ingresan al SEIA vía Declaración de Impacto.

 

En segundo término, la nueva autoridad decidió retirar de Contraloría los Decretos con Fuerza de Ley (DFL) que establecían las plantas profesionales y administrativas de las tres nuevas instituciones y los plazos para la implementación de la nueva estructura institucional, retrasando el proceso de instalación y operacionalización de la misma.

 

Por otra parte, no se debe perder de vista que el acuerdo político firmado entre el Gobierno de Bachelet y la Alianza (hoy Coalición por el Cambio) para viabilizar la creación de la nueva institucionalidad ambiental, significó supeditar la entrada en vigencia de la Superintendencia Ambiental al ingreso, aprobación en el Parlamento y puesta en marcha de los Tribunales Ambientales, proyecto de ley que debió haberse aprobado antes del 11 de marzo de 2010, pero que actualmente aún se discute en el Congreso en primer trámite constitucional. En la práctica esto implica que en el intertanto, funcionará una Superintendencia sin poder de fiscalización. Peor aún, una vez que desaparezca la CONAMA de pleno derecho, cuestión prevista para octubre próximo, no habrá ningún órgano de la administración del Estado que tenga facultades fiscalizadoras ni sancionatorias en materia ambiental, lo que sin lugar a dudas es un hecho grave. A favor del gobierno de Piñera y de la Ministra del ramo se puede mencionar el envío al Parlamento, a mediados de septiembre, de un proyecto de Ley (Boletín Nº 7213) que busca subsanar este impasse. No obstante, en el período de transición o mientras no se apruebe el proyecto ingresado recientemente, el país se encontrará a la deriva en materia de fiscalización y sanción ambiental.

 

En el ámbito de la institucionalidad ambiental, no se puede dejar de mencionar la incertidumbre que introdujo el episodio Barrancones, que implicó que, mediante una intervención al margen del marco institucional vigente, las normas y procedimientos legales, el Presidente consiguiera que una empresa desistiera de realizar un proyecto energético que ya contaba con los permisos ambientales necesarios para instalarse, respondiendo con ello a su pedido de relocalización de la iniciativa. Si bien Barrancones fue evaluado bajo la ley 19.300, lo cierto es que todas las falencias que presentaba el marco regulatorio, es decir el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), y que de una u otra manera quedaron en evidencia con este caso, no fueron subsanadas en la nueva Ley 20.417, por lo que se mantiene la incógnita y, sobre todo, la necesidad de mejorar con urgencia aspectos clave de la institucionalidad ambiental del país.

 

Un tema de gran relevancia que quedó pendiente en el marco de la discusión parlamentaria de la

Reforma Ambiental, es la institucionalidad para la protección de la biodiversidad y las áreas silvestres. En su defecto, la Ley 20.417 incluyó el artículo 8º transitorio que establece que "dentro del plazo de un año desde la publicación de esta Ley, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado. El rediseño a que se refiere el inciso anterior se efectuará resguardando los derechos de los trabajadores de la referida Corporación".

 

Por tanto, se estipuló que el Ejecutivo tendría un plazo de doce meses para enviar uno o más proyectos de ley al Parlamento que aborden esta materia. Con ello, se abrió una discusión que está actualmente en pleno desarrollo, pero en la que existen hasta ahora más interrogantes que certezas, pues se han conocido varias proposiciones emanadas de distintos ministerios e instancias públicas, que tienen por objetivo hacerse cargo tanto del servicio de biodiversidad y áreas protegidas como de un sistema que administre las áreas silvestres protegidas. Esto, debido a que existe una gran confusión entre las atribuciones de un servicio público de dedicación exclusiva a la protección de la biodiversidad y lo que debe ser la administración de un sistema integral de áreas silvestres, cuestión que delata la falta de claridad entre los funcionarios públicos, el escaso conocimiento de la historia de la Ley 20.417, así como la falta de una adecuada coordinación interna y planificación de objetivos y metas de mediano y largo plazo al interior del gobierno.

 

Al margen de las disputas internas del gobierno, lo cierto es que el presente año debiera ser clave para la toma de decisiones de gran trascendencia en materia de conservación y protección de la biodiversidad en Chile, decisiones cuyas consecuencias probablemente se sentirán durante varias décadas. Además de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se espera avanzar en la adecuada implementación de un Sistema de Áreas Protegidas, el que deberá integrar una variedad de categorías o tipos de áreas silvestres ya sea públicas o privadas, tanto terrestres, como acuáticos, incluyendo áreas marinas y humedales. Esta última instancia debiera esperar para su plena implementación hasta el 2014, cuando concluya la ejecución del proyecto GEF -SNASP "Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operativa". Si bien la creación del Servicio público mencionado en el artículo 8° transitorio de la Ley 20.417 en teoría contempla la administración del sistema de áreas silvestres, se trata de dos instancias diferentes, que a menudo aparecen confusas en el debate público, pero que deben diferenciarse claramente; es necesario elaborar un diseño adecuado para cada uno, teniendo como preocupación central el fortalecimiento de la protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales, así como el respeto a todos los tratados y convenios internacionales suscritos por Chile en estas materias.

 

A esta discusión se debe sumar, en el ámbito institucional, la implementación de la Ley N° 20.423,

conocida como Ley de Turismo, promulgada en enero de 2010 por el Gobierno de Bachelet, y que cambia el nombre del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción por el de Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y crea la Subsecretaría de Turismo y el Consejo de Ministros para el Turismo. La nueva legislación impone la creación de una Política Nacional de Turismo, que deberá velar por el fomento de la actividad en un marco de participación, respetando la vocación y el rol de las regiones y las comunidades locales. Además, crea un sistema de clasificación, calidad y seguridad de los servicios turísticos, y propone el establecimiento de Zonas de Interés Turístico, así como la promulgación de una reglamentación para el uso turístico de las Áreas Silvestres Protegidas que sean propiedad del Estado.

 

Por otra parte, Piñera ha prometido eficiencia y eficacia en la gestión de su Gobierno, lo que podría ser un gran aporte en el ámbito normativo que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, teniendo presente el débil marco regulatorio ambiental heredado de los gobiernos de la Concertación y la falta de una línea base ambiental del país. Sin embargo, transcurrido seis meses de su período, no se vislumbran señales que den claridad del avance de los procesos normativos heredados de la gestión Bachelet –norma de material particulado fino, norma de emisión de termoeléctricas, revisión y actualización de DS 90 y DS 46 de SEGPRES, entre otros. Tampoco se han dado señales de cuáles serán los procesos normativos que impulsará la nueva administración y que presentan mucho retraso.

 

Finalmente, uno de los hechos más grave en términos de gestión e instalación de la nueva institucionalidad ambiental es que todavía no se conoce el número de reglamentos para operativizar la ley 20.417, ni cuál será el cronograma del gobierno para su elaboración. Esto, en la práctica, puede significar contar con una Ley que nunca llegue a estar plenamente operativa, tal como sucedió con la Ley 19.300.

 

Transgénicos, la discusión que se viene

 

La preocupación por la introducción y los efectos de los cultivos genéticamente modificados ha ido creciendo en la última década, tanto en Chile como en el resto del mundo. Sin embargo, en nuestro país el debate en torno a este tema es débil y la información se ha mantenido en el mayor de los secretismos, mientras que en nuestros campos ha aumentado de manera sostenida la superficie de plantas transgénicos cultivada para la producción de semillas, llegando en la actualidad a cerca de 30.000 hectáreas distribuidas en distintas regiones. A la falta de información pública, ahora se deben añadir claras señales de parte del gobierno en abierto apoyo a la proliferación de transgénicos, tanto así que Piñera lo explicita y lo integra a su programa de gobierno.

 

En este marco se inscriben las declaraciones del ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, efectuadas en julio, en el sentido que desde el Ejecutivo se trabaja en la elaboración de un marco jurídico que permita el desarrollo de vegetales genéticamente modificados "en condiciones seguras". Así, se pasó de una situación ambigua en el gobierno precedente, en el que existían opiniones divididas y por lo tanto nunca se adoptó una postura definitiva, a una posición de claro apoyo al desarrollo de este tipo de tecnologías desde el Ejecutivo, saltándose el necesario debate abierto e informado. Si bien el actual gobierno ha expresado una clara posición a favor de los transgénicos, esta no es una discusión zanjada; es deber de las autoridades garantizar el bienestar de toda la población, y por lo tanto posibilitar el desarrollo de todo tipo de actividades económicas, considerando todas las posiciones en el debate.

 

Por otra parte el año 2002 Chile suscribió el Protocolo de Bioseguridad, que emana de la Convención de Biodiversidad, pero aún está pendiente su ratificación. Esto reviste un problema pues, debido a la no ratificación de este compromiso suscrito por el país, el Estado chileno no tiene aún la obligación de establecer mecanismo para realizar el seguimiento y exigir identificación y separación en origen de los insumos y/o productos transgénicos que ingresan al país, cuestión que facilitaría el seguimiento, rotulación e identificación de productos que contengan elementos transgénicos. Pero, al igual que los gobiernos anteriores, hasta ahora el Ejecutivo no se ha manifestado en relación a la ratificación del Protocolo de Bioseguridad.

 

Un tema relacionado a este, es el proyecto de ley que regula los derechos de obtenciones vegetales y que se encuentra actualmente radicado en el Senado, después de haber siso aprobado en primer trámite legislativo por la Cámara de Diputados a fines de 2009. Este es un compromiso asumido por el Estado de Chile en el marco del TLC con EE.UU. y que ha sembrado la alarma en los pequeños campesinos que ven en él una amenaza para sus prácticas tradicionales. Hasta ahora, el actual gobierno no ha impulsado la tramitación de esta iniciativa, sin embargo se espera que en cualquier momento se reanude el trámite en el Senado, lo que obligará al gobierno a tomar una posición y/o subsanar los problemas que la iniciativa legal presenta.

 

La herencia de la Concertación

 

En otro ámbito, en los últimos meses se han multiplicado las amenazas de desafectación de áreas silvestres protegidas para instalar en ellas proyectos productivos. Un caso emblemático es el anuncio hecho por el propio Presidente Sebastián Piñera en junio, quien aseguró en una visita a Arica que sería desafectada una parte del Parque Nacional Lauca para dar paso a faenas de explotación minera. A esto se suman las presiones por desafectar otras áreas bajo protección legal en la actualidad, con la finalidad de instalar proyectos productivos de diversa índole, muchos de ellos vinculados a la energía.

 

Es importante señalar que todas las áreas silvestres del estado (parques, reservas, monumentos

naturales, etc.) se encuentran teóricamente protegidas en su integridad tanto por regulaciones nacionales como por tratados internacionales –concretamente por la Convención de Washington, firmada y ratificada por Chile-, por lo que cualquier modificación en su estatus o en sus límites, especialmente en la caso de los parques nacionales, debe necesariamente derivar de un proyecto de ley, aprobado por el Poder Legislativo.

 

Pese a ello, la presión de grandes grupos económicos ha llevado a la autoridad a tolerar la transgresión de la legislación vigente, permitiendo diversos tipos de emprendimiento con autorizaciones otorgadas por la vía administrativa. En este sentido se avizora un panorama complejo, considerando que el Presidente en su programa de gobierno se ha manifestado abiertamente a favor de la gran minería, actividad que sin lugar a dudas será la que mayor presión ejerza para la desafectación de áreas silvestres protegidas.

 

A ello se debe sumar la aplicación del Decreto 654 del Ministerio de Agricultura, dictado en noviembre de 2009, que autoriza la tala de especies arbóreas declaradas Monumento Natural, entre ellas el alerce, el ruil, el belloto y la araucaria. Al respecto, se espera la respuesta del gobierno a la petición de un grupo de organizaciones y ciudadanos, entre ellos Fundación Terram, que presentaron una solicitud formal al Ministerio de Agricultura para derogar este Decreto, argumentando que contraviene leyes y convenios internacionales suscritos por Chile. La reacción frente a esta demanda, que pese a ser bastante menos mediática pero con consecuencias potenciales tan graves como las que habría tenido Barrancones, sin duda serán un indicativo relevante respecto a la actuación del gobierno en materia ambiental, más aún cuando este Decreto ha sido cuestionado por parlamentarios de todos los sectores y fue dictado con el propósito de facilitar las actividades de una empresa minera.

 

Una cuestión que también debe tomarse en cuenta es que, tanto la desafectación de áreas protegidas como el Decreto 654, parecen apuntar a generar un escenario favorable de cara a la próxima tramitación de uno de los más grandes proyectos que se han presentado al sistema de evaluación ambiental: la línea de transmisión eléctrica para el proyecto HidroAysén, y que de acuerdo a los planes debería atravesar varias áreas protegidas.

 

En tanto, como una de las consecuencias más inmediatas del episodio Barrancones, el Presidente de la República solicitó a la Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, la elaboración de un mapa que identifique, a través de una semaforización, zonas en las que la instalación de proyectos de inversión generan o podrían generar conflictos ambientales, por localizarse en zonas de interés turístico, zonas de protección indígenas, parques o reservas marinas, así como en las cercanías de parques y reservas nacionales y monumentos naturales, entre otras. En el entendido que esta es una problemática de gran complejidad, se ha iniciado un trabajo de mayor envergadura con miras a la zonificación territorial. Para ello se ha formado un comité de ministros integrado por Medio Ambiente, Energía, Minería, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y el propio Bienes Nacionales. Con este mismo fin se ha convocado a distintos actores de la sociedad, entre las que destacan académicos, organizaciones ambientales y de conservación. Sin embargo, no queda claro si este proceso se traducirá en un proyecto de Ley o si sólo será indicativo; la ministra Parot ha señalado al respecto que esta decisión depende exclusivamente del Presidente. En contraposición, Fundación Terram considera que esta decisión amerita una discusión más amplia, pues de ella depende en gran medida el país que queremos construir.

 

En otro tema que ha cobrado cada vez más relevancia en los últimos años, el Calentamiento Global y el Cambio climático, y con motivo de la última conferencia mundial sobre el tema (COP 15), realizada en Copenhague a fines de 2009, la Administración anterior formuló una posición-país y declaró la intención de asumir un compromiso voluntario de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), a través de una desviación significativa de la línea de base hasta en un 20% al año 2020, financiada fundamentalmente con recurso nacionales. En su discurso del 21 de mayo, el Presidente Piñera fue más allá señalando que "el país se comprometió y cumplirá una reducción del 20% de sus emisiones de GEI al 2020". Recientemente, sin embargo, el gobierno ha dado a conocer la posición país formalizada a través del llenado del Anexo 2 del "Acuerdo de Copenhague", documento en el que reitera que el país se compromete a una desviación del 20% de las emisiones de GEI al 2020 tomando como año base el 2007, evidenciando una descoordinación entre el Presidente, los personeros de gobierno a cargo del tema y sus negociadores internacionales.

 

Paralelamente, en el ámbito interno, se han iniciado conversaciones, para lo cual se constituyó una mesa de conversación público-privada (con representantes de empresas) y otra mesa público-sociedad civil; además, se constituyó el Consejo de Ministros sobre Cambio Climático. Sin embargo, pese a estas iniciativas, permanece una alta cuota de incertidumbre respecto a la visión y planificación del gobierno respecto a acciones al interior del país en relación al cambio climático, así como la manera en que se incorporará a la ciudadanía, tanto a nivel nacional como regional, en la posición de Chile, así como en el diseño de los planes de adaptación y mitigación.

 

2. Energía

 

La temática energética ha estado marcada, indudablemente, por el conflicto desatado por la termoeléctrica Barrancones y la solución propuesta por el Presidente Sebastián Piñera. Además de todas las incertidumbres generadas, este caso ha permitido abrir a la opinión pública el debate sobre la matriz energética eléctrica que debe implementarse en el país para sustentar su desarrollo económico en las próximas décadas. Ha quedado en evidencia que una situación como la ocurrida con esta térmica ha sido posible exclusivamente porque el país no cuenta con una política energética clara y consensuada, que entregue los lineamientos generales dentro de los cuales se desarrolle la iniciativa privada en la materia.

 

El episodio Barrancones ha abierto la discusión en varios frentes y, entre otros efectos, le ha otorgado argumentos a las actuales autoridades en el sentido de potenciar la utilización de los recursos hídricos del país, allanando de esta manera el camino a las mega centrales de HidroAysén en la Patagonia, o la necesidad de viabilizar la opción nuclear dentro de la matriz. En este marco se anunció la implementación de cambios institucionales y legales dentro de la Comisión de Energía Nuclear –algunos de ellos gestados en el Gobierno de Bachelet-, así como el inicio de un programa para la generación de capacidades en la materia.

 

En tanto, si bien existe un compromiso explícito del Gobierno, anunciado por el propio Presidente durante la cuenta pública el 21 de mayo, de llegar a un 20% de ERNC en la matriz energética eléctrica al año 2020, hasta ahora este compromiso no se ha expresado en ninguna política, programa, regulación, proyecto de ley, etc., que lo viabilice. Aún más, desde el punto de vista de la implementación de la nueva estructura institucional energética del país, lo que se ha verificado apunta en sentido contrario: una reducción en términos presupuestarios, de recursos humanos y de capacidad técnica, del Centro de Energías Renovables No Convencionales y del Programa País Eficiencia Energética. Por tanto, las acciones emprendidas hacen dudar de la implementación de esta promesa, más aún cuando Piñera probablemente no será Presidente el 2020.

 

El lobby de los megaproyectos

 

Específicamente en relación al proyecto HidroAysén, Piñera ha sido poco claro respecto a la posición

del gobierno. Cuando todavía era candidato, manifestó su preocupación por la construcción de las mega represas en la Patagonia, aunque apuntando más particularmente al tendido eléctrico, pero una vez instalado en el gobierno, su representante en estas materias, el Ministro de Energía, Ricardo Raineri, se ha manifestado abiertamente a favor de la aprobación de HydroAysén en varias ocasiones. La primera señal en este sentido la dio el 17 de marzo, apenas asumida la nueva administración, cuando declaró que el proyecto era "tremendamente atractivo"[3] . A lo anterior se suma la reunión que el Presidente Piñera y el propio ministro Raineri tuvieron a comienzos de mayo con Fulvio Conti, máximo ejecutivo de la empresa italiana Enel, socia del proyecto. El lobby del grupo Enersis continuó el 26 de mayo, cuando la prensa nacional dio extensa cobertura a la primera donación con motivo de la reconstrucción post-terremoto, en el marco de la aprobación de la Ley de Donaciones. En esa ocasión el grupo Enersis -que incluye a las empresas Enersis, Endesa Chile y Chilectra– entregó diez millones de dólares (USD 10.000.000) para ser utilizados en la reparación del mobiliario dañado por el terremoto; el problema surgió cuando el presidente de Enersis, Pablo Irarrazabal, aprovechó la ocasión para referirse al proyecto HydroAysén, en presencia del Presidente Piñera, solicitando un trato más "equitativo" en la calificación ambiental.

 

A este abierto lobby se suman las múltiples gestiones efectuadas a favor de otro megaproyecto energético: la central termoeléctrica Castilla, impulsada por la empresa MPX, de propiedad del multimillonario brasileño Eike Batista. Además de reuniones celebradas en el Palacio presidencial por el propio Batista y ejecutivos de su empresa con Piñera, son conocidas las gestiones que ha realizado el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, en nombre del Presidente Lula da Silva, cercano al empresario. Si bien puede parecer legítimo el derecho de Batista de hacer todas las gestiones que considere necesarias a favor de su proyecto, lo que preocupa es la facilidad con la que consigue hacerse oír directamente por las más altas autoridades del país, fuera de los canales y procedimientos establecidos dentro del sistema legal vigente. Todavía más considerando que la propuesta de Castilla constituye uno de los proyectos energéticos más grandes que se han presentado al Sistema de Evaluación Ambiental, con 2.340 MW de potencia, impulsados en su mayor parte por carbón, es decir, uno de los combustibles más baratos pero al mismo tiempo más

contaminantes que existen.

 

En todo caso, cabe señalar que la Corte de Apelaciones de Atacama acaba de fallar, con argumentos contundentes, en contra de la iniciativa, en una resolución que restituye su calificación como industria "contaminante", lo que, de seguirse el proceso de calificación ambiental sin intervenciones externas, determina un seguro rechazo del proyecto en la Corema. La resolución final de este caso, entonces, será decidora respecto a la verdadera vocación ambiental del actual gobierno.

 

3. Recursos naturales

 

Aguas

 

En julio de 2010 el Ministerio de Obras Publicas, a través de la Resolución Exenta Nº 1800, estableció una serie de criterios para la Dirección General de Aguas. De acuerdo al análisis del Consejo de Defensa de la Patagonia, esta resolución buscó entregar una solución frente a los vicios de la presentación de HydroAysén en relación a la indeterminación del área de inundación de sus megarepresas, en el sentido de aceptar meras referencias o reseñas para su establecimiento. Esto vulnera el Código de Aguas, así como sendos dictámenes de la Contraloría General de la República. Además, la Resolución Nº1800 allana el camino para que HydroAysén obtenga la totalidad del agua en la cuencas de los ríos Baker y Pascua (derechos permanentes y eventuales), y pretende aplicarse a casos presentados con anterioridad a su vigencia, pese a que con ello contraviene la Constitución Política. La mencionada resolución desnaturaliza los derechos de aprovechamiento de aguas, generando absoluta incertidumbre respecto la forma en que se realizará su ejercicio, infringiendo las normas que rigen la materia.

 

Otro hecho relevante relativo al manejo del agua en Chile es la reforma constitucional enviada el 6 de

enero de 2010 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet al Parlamento con el propósito de declarar las aguas bienes nacionales de uso públicos, "cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares". Esta propuesta e stablecía que le correspondería a la ley regular los procedimientos de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares, considerando la diversidad geográfica y climática del país. Además, entregaba a la autoridad competente la facultad de reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico.

 

Con la llegada al gobierno de Piñera y los cambios en el equipo de la DGA que esto implicó, se produjo un cambio de orientación en las políticas de agua. Esto queda reforzado con la presencia de Maria Luz Domper, ex profesional de Libertad y Desarrollo, que de acuerdo a diversos artículos de prensa actúa como asesora del Ministro de Obras Públicas e ideóloga de las políticas de aguas del actual gobierno. La visión de Domper es claramente neoliberal y, en consecuencia, contraria a establecer el agua como un bien nacional de uso público, y con ello otorgar un rol relevante al Estado para garantizar el acceso al agua para todas las personas. Por el contrario, prevalece una visión mercantilista, en el marco del cual los problemas asociados a la gestión del agua los debe solucionar el mercado. Esta postura es coherente con lo planteado por Sebastián Piñera en su programa de gobierno, en el que propone que la gestión de las aguas quede sujeta a una ampliación de facultades en la ley de concesiones de Obras Públicas. Es evidente, entonces, que el nuevo gobierno no tiene intenciones de insistir en la tramitación de la reforma constitucional ingresada en enero por el gobierno de Bachelet.

 

El Presidente Piñera deberá, entonces, enfrentar los problemas derivados de la reciente aprobación por parte de Naciones Unidas de la resolución que estableció el acceso al agua como un derecho humano, lo que claramente se contrapone con la visión del actual gobierno chileno y en particular de Libertad y Desarrollo. Paralelamente, Piñera deberá trabajar en la implementación del Ministerio del Medio Ambiente, una de cuyas funciones es velar por la protección de los recursos hídricos desde una perspectiva ambiental.

 

Minería

 

Los temas ambientales asociados a la minería han sido poco considerados en las políticas públicas.

Esto probablemente es atribuible a que históricamente, Chile ha sido un país minero, con lo que este sector ha tenido una vital importancia en las exportaciones y ha contribuido de manera significativa al PIB nacional, lo que ha incido en que sea un gremio difícil de regular.

 

En este primer semestre de gobierno, la contribución que la minería hace al país ha sido puesta en el

tapete del debate público a raíz de la propuesta del Ejecutivo de aumentar el impuesto específico a la minería, más conocido como royalty, y al mismo tiempo extender la invariabilidad tributaria a las grandes mineras. Esta discusión ha permitido abrir la polémica sobre las enormes ganancias de las grandes empresas mineras, en su mayoría de capitales extranjeros, así como su creciente demanda energética. Al respecto, ha cobrado fuerza el consenso respecto a la necesidad de aumentar el nivel de exigencias al sector, y para ello elevar los impuestos y establecer un verdadero royalty. Pese a ello, la temática ambiental sigue sin ser abordada en forma integral, y hasta ahora sólo ha habido un esbozo de discusión frente a esta problemática.

 

Respecto precisamente a los efectos de la minería en el medio ambiente, en marzo de 2009 el gobierno de Bachelet envió al Parlamento un proyecto de ley para regular el cierre de faenas mineras. El propósito del texto era solucionar en parte el problema que generan los desechos de la industria minera, aunque no se hacían propuestas que permitieran resolver el problema de los pasivos ambientales. La iniciativa legal busca simplemente regular el cierre de instalaciones y faenas mineras en funcionamiento, con el propósito de prevenir y controlar riesgos, problemas ambientales, contaminación y proteger la salud de la población. Como una forma de promover el cumplimiento de la regulación, se estipuló en el proyecto la obligación legal de establecer una garantía financiera. El proyecto de carácter sectorial, impulsa una planificación más integral de las operaciones, incorporando desde el inicio de la faena la planificación de su cierre. Con ello reduce eventuales cargas para el Estado derivadas de las operaciones mineras en funcionamiento. Sin embargo, la propuesta no incluye como faenas mineras ni las instalaciones petroleras ni la extracción de áridos, entre otras actividades, y señala que las empresas deben presentar un plan de cierre de faenas que operará como un permiso sectorial y no ambiental. El proyecto establece la forma de los planes de cierres de faenas mineras para operaciones que cuentan con permiso ambiental y también para aquellas que están operando desde antes de la entrada en vigencia de la ley Nº 19.300.

 

Este proyecto de ley fue aprobado en primer trámite constitucional y el gobierno de Piñera, a través del Ministro del ramo, Laurence Golborne, anunció en junio modificaciones a la propuesta legislativa y una tramitación rápida. Los cambios apuntarían a flexibilizar la forma en que se establece la garantía legal, permitiendo que ésta sea cancelada durante los años de operación de la faena, lo cual evidentemente le resta fuerza al objetivo central del proyecto, que es liberar al Estado de la carga que representan los pasivos ambientales. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo ha sido divulgada sólo por la prensa, y no se conoce el texto de las indicaciones presentadas.

 

En tanto, a raíz del accidente que tiene atrapados a 33 mineros en la Región de Atacama, Golborne anunció la creación de una Superintendencia de Minería con mayor capacidad fiscalizadora y sancionatoria.

 

Según el Ministro, esta instancia "fiscalizará la industria en lo relativo a seguridad, incluyendo las sanciones a los infractores, y se encargará de las mensuras y otras estadísticas asociadas"[4]. Una vez más, esta propuesta no aborda los temas ambientales.

 

La actual Administración ha sido muy clara, tanto en su programa de gobierno como en declaraciones de diversos personeros públicos, en cuanto a apoyar el desarrollo de la gran minería en Chile.

 

Al respecto, en junio último el Presidente anunció en Arica la desafectación de una parte del Parque Nacional Lauca -que junto con la Reserva Nacional Las Vicuñas y el Salar de Surire constituyen una reserva de la Biosfera- para permitir allí exploraciones mineras. Lo que resulta altamente preocupante es que de acuerdo a un informe de Cochilco (Comisión Chilena del Cobre), sólo hasta el 2015 se podrían materializar proyectos mineros en cobre y oro por USD 50.000 millones; sin un adecuado marco legal y un estricto control y fiscalización, evidentemente esto generará un mayor número de problemas y conflictos ambientales, tanto por el agua, los desechos, los pasivos ambientales, la contaminación, salud de las personas, entre otros.

 

Incertidumbre y falta de información de la "nueva" salmonicultura

 

En el sector de la salmonicultura, el gobierno de Sebastián Piñera inició su mandato justo en el momento de mayores cambios en la historia de este sector productivo en materia legal, socio-laboral y en su localización geográfica a causa de la crisis provocada por el virus ISA. En abril de 2010 se aprobaron las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA, Ley 20.434), que definió un nuevo marco regulatorio en materia sanitaria, de fiscalización (entregando más funciones a Sernapesca), en el ámbito ambiental, así como en los procedimientos para la entrega de concesiones. Tras la aprobación de la ley, quedó pendiente la dictación de aproximadamente 18 reglamentos; es en este ámbito en el que el actual gobierno no ha dado señales claras en relación a plazos e implementación, con lo que ni la sociedad civil ni los habitantes de las regiones salmoneras han podido tener claridad sobre cómo será la "industria 2.0" que se ha anunciado. De acuerdo a información entregada a la prensa por el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, "a la fecha se ha avanzado con los reglamentos sanitarios, el posicionador satelital, concesiones, importación y certificadores ambientales, la metodología de bancos naturales de recursos hidrobiológicos (para evitar la interferencia con la pesca artesanal) y se inició el proceso de relocalización de concesiones" (Diario Estrategia, 14 de septiembre).

 

Pero estos son sólo algunos de una larga lista de temas del ámbito ambiental y sanitario que no han sido implementados; por otra parte, las modificaciones al reglamento sanitario vigente a que se refiere Galilea, fueron dictadas en el gobierno de Bachelet y se desconoce si se está trabajando en un nuevo reglamento sanitario o cuál es su estado de avance.

 

Junto con ello, se ha apreciado una nula capacidad de las autoridades para dar respuestas a la crisis laboral que azota principalmente a la Región de Los Lagos como efecto de la crisis salmonera. No existen datos oficiales sobre el número de personas cesantes; tampoco se ha definido acciones tendientes a dar empleo temporal o apuntar a la reconversión laboral, lo que aleja la posibilidad de alcanzar una solución. A esto se suma que al inicio de este gobierno se puso fin a los programas de empleos implementados durante la era Bachelet y se determinó la reducción del presupuesto regional, mientras que las OMIL (oficina municipal de intermediación laboral), que habían tenido un papel relevante, están siendo evaluadas. El problema de la cesantía en las zonas salmoneras debe ser abordado de manera global, y no sólo como un problema puntual de despedidos de la industria salmonera, pues involucra a más personas que los que ejercían funciones como trabajadores directos de la industria.

 

Por otra parte, se registra una serie de posibles cambios en el ámbito social y laboral producto de las

modificaciones a la LGPA. Por ejemplo, no se ha definido la modalidad que tendrán los nuevos contrato de trabajado de la industria, que podrían pasar de ser de "plazo indefinido" a contratos por faenas o temporales, vinculados con los períodos de descanso establecidos en el nuevo sistema de barrios que se está implementando. Esto reportaría una serie de consecuencias y un incremento de la precarización laboral, debilitando, por ejemplo, la posibilidad de efectuar negociaciones colectivas, además de efectos en los salarios y bonos de producción. Así, a la ausencia de información, se suma una falta de previsión y protección por parte del Estado frente a los nuevas problemáticas que traerá esta "nueva" salmonicultura.

 

Finalmente, cabe destacar que el actual gobierno terminó en la práctica con el cluster acuícola. Hoy se avizora y se requiere que las autoridades se hagan cargo de un panorama no exento de tensiones, tal como ya se ha visto al interior de las empresas, o en lo que será la implementación de las áreas de manejo sanitario y la zonificación del borde costero, pero sobre todo en la nueva localización de la industria, presumiblemente en las Regiones de Aysén y Magallanes. Los ciudadanos/as, trabajadores/as de la salmonicultura y en general todos los actores locales y nacionales que se relacionan con esta actividad, requieren que las autoridades entreguen antecedentes y se elabore una adecuada planificación e implementación de esta nueva forma de producir salmones en Chile; de lo contrario se podrían pagar costos ambientales y laborales más altos que los registrados con la crisis del virus ISA.

 

Política forestal: postergando cambios que apremian

 

En el ámbito forestal, un aspecto fundamental que se encuentra pendiente está vinculado a la

institucionalidad sectorial. El artículo 8º transitorio de la Ley 20.417, además de establecer un plazo de un año para que el Ejecutivo elabore un proyecto de ley para crear un servicio de protección de la biodiversidad, impone la necesidad de resolver el problema de la institucionalidad forestal, actualmente a cargo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), un organismo de derecho privado con facultades y presupuesto públicos. Esta situación, altamente anómala y que se arrastra por décadas, fue puesta de relieve por el Tribunal Constitucional con ocasión del examen efectuado a la Ley de Bosque Nº 20.283 en 2008; en esa ocasión se estableció la necesidad perentoria de resolver el problema, que ahora se reitera con la Ley 20.417. En consecuencia, al interior del Ministerio de Agricultura y específicamente en CONAF, se trabaja en una propuesta para crear la "CONAF pública", pero se desconocen los alcances de esta propuesta más allá de lo expresado por el director de esa entidad, Eduardo Vial, en el sentido de intentar resolver el tema de la institucionalidad pública de CONAF junto con fortalecer sus competencias. También ha expresado por la prensa que, con el fin de potenciar las áreas silvestres, trabajan en el diseño del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, pero se desconoce la coordinación que existe entre esta entidad y el Ministerio de Medio Ambiente; sólo se han conocido trascendidos que dejan ver un alto nivel de tensión y pugna al interior del gobierno respecto a cual será el Ministerio responsable de tener la tutela de la nueva institucionalidad del servicio de biodiversidad.

 

El programa de gobierno del Presidente Piñera, en su capítulo denominado "Chile, Potencia

Agroalimentaria", dedica su segundo eje al sector forestal, temática en la que señala que se aumentará la forestación a una tasa de 200 mil hectáreas por año, para lo cual se perfeccionará y prorrogará el DL 701. También promete que se dictará una ley orgánica para CONAF, potenciando así su importante labor; que se crearán áreas silvestres y turísticas protegidas para preservar el medio ambiente y desarrollar las economías locales.

 

Finalmente, señala que se creará un sistema de certificación de leña para incentivar el uso de leña seca y se establecerán nuevos estándares para cocinas y chimeneas, para así reducir la contaminación ambiental.

 

Por ello, no es de extrañar que en el ámbito legislativo, un anuncio relevante lo hizo en julio el Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, en el sentido de prorrogar la vigencia del DL 701, que expira el 01 de enero de 2011, por dos años, e introducir modificaciones en su reglamento, proyecto que ingresó al Parlamento (boletín 7102) y comenzó su discusión a mediados de agosto. El DL 701 data del año 1974 y su objetivo fue promover la plantación de árboles y con ello impulsar la actividad forestal a través de exenciones tributarias del impuesto territorial y subsidio directo a la forestación, reforestación y trabajos de poda y raleo. Este objetivo fue ampliamente alcanzado y durante sus primeros 20 años de vigencia el 701 representó un impulso fundamental  para la plantación de especies forestales exóticas, principalmente pino radiata y, en la última década, eucaliptus globulus, lo que permitió la consolidación de la industria forestal chilena. Entre sus mayores beneficiarios se encuentran las dos grandes empresas del sector: Arauco y CMPC. En 1998, cuando ya estaban cubiertas de pinos y eucaliptos miles de hectáreas continuas en el sur del país y escaseaban paños de gran tamaño para continuar el proceso de forestación en forma masiva –el que en muchos casos se realizó a costa del bosque nativo, a través de la sustitución por plantaciones exóticas-, el DL 701 fue modificado y reenfocado hacia los pequeños y medianos propietarios forestales. Si bien en primera instancia esto significó una desaceleración del ritmo de forestación, a finales de la década pasada el promedio anual era de más de 10.000 hectáreas, lo que representa un tercio de la superficie total plantada por año en el país.

 

Al acercarse la fecha de expiración de estos beneficios, desde el gremio forestal se insistía en la

necesidad de prorrogarlo, cuestión que enfrentó posiciones y término en la práctica con la negativa del gobierno anterior. Se señaló que la fórmula del 701 se encuentra agotada y que en su reemplazo deben buscarse otros mecanismos de apoyo al sector forestal, especialmente a pequeños y medianos campesinos forestales, dentro del marco de la Ley de Bosque Nativo 20.283, aprobada en 2008, y como complemento a ésta en lo que se refiere a forestación y reforestación; de esta manera, podría generarse un nuevo 701, pero con un espíritu distinto, orientado a apoyar a los pequeños propietarios. La decisión del gobierno de Piñera de prolongar por dos años más la aplicación del 701 e incluir la definición de mediano propietario forestal, no viene más que a diluir en el tiempo definiciones de carácter urgente para ayudar a los pequeños propietarios forestales, y prolonga prácticas nocivas como la tala rasa. Además, no resuelve el tema de la sustitución del bosque esclerófilo, no ayuda a combatir la erosión ni aporta a la reducción de gases de efecto invernadero (la forestación tiene un plazo fijo y tras 12 a 15 años, llega la cosecha y los suelos quedan no sólo desprotegidos sino que definitivamente dañados), algunos de los principales argumentos usados para defender esta norma.

 

Pero tal vez la dificultad más relevante es que este proyecto de ley inicia su tramitación sin que se haya resuelto el problema de la institucionalidad pública de CONAF, y por tanto es muy probable que debido a sus características y contenido, el Tribunal Constitucional lo termine rechazando, ya que entrega nuevamente facultades a CONAF, siendo esta una entidad de derecho privado.

 

Paralelamente, la implementación de la Ley 20.283, no ha estado exenta de problemas. Por una parte, el actual gobierno ha planteado una flexibilización del reglamento de aguas, suelos y humedales, tema que quedó pendiente de envío a Contraloría a fines del gobierno de Bachelet. Este reglamento, crucial para la protección de cursos de aguas y suelos, fue elaborado recopilando información existente sobre el trema y encargando estudios que dieron una justificación a la normativa. Con la llegada del nuevo gobierno se planteó una flexibilización de la norma, sin respaldo científico-técnico y más bien amparado en el lobby del sector forestal maderero. A esto se suma que la nueva autoridad se ha propuesto enviar al Parlamento una reforma a la Ley de Bosques que, a todas luces, pretende flexibilizar sus criterios ambientales. Un análisis exhaustivo al respecto sólo será posible tras conocer los próximos anuncios del gobierno, aunque lamentablemente, dado lo enunciado en el Programa de Gobierno de Piñera y considerando la visión que han mantenido las actuales autoridades, es esperable que en futuro próximo seamos testigos de un fuerte impulso al establecimiento de plantaciones forestales exóticas, en contraste con una menor relevancia para el sector del bosque nativo.

 

4. Evaluación ambiental del terremoto

 

El comienzo del gobierno de Piñera se ha visto fuertemente marcado por la catástrofe ocurrida el 27 de febrero, cuyas consecuencias probablemente se sentirán durante varios años. Como es lógico, la primera prioridad de la nueva autoridad fue proteger las vidas humanas e intentar entregar condiciones mínimas de habitabilidad a las miles de familias afectadas. Independiente de la evaluación que en términos generales se pueda hacer respecto a la respuesta del gobierno ante la crisis, desde el punto de vista estrictamente ambiental y transcurrido ya más de medio año desde el terremoto y tsunami, queda claro que la autoridad optó por priorizar el fomento productivo frente a la evaluación y protección del medio ambiente en todos los aspectos relativos a la reanudación de actividades económicas. De hecho, ni siquiera ha existido una preocupación seria por enfrentar una tarea tan básica como la realización de un catastro exhaustivo de la situación ecológica, sanitaria y ambiental y los alcances de las contaminaciones producidas tras el cataclismo natural. Como consecuencia, existe una completa desinformación al respecto, cuestión que ha repercutido en que la toma de decisiones en este ámbito ha recaído de manera casi exclusiva en manos privadas –las empresas-, sin prácticamente ninguna supervisión, fiscalización o seguimiento de parte de ninguna autoridad del Estado, con los evidentes riesgos que esto conlleva. Muchas empresas reiniciaron sus laborares sin que exista una evaluación ambiental de las condiciones en que reiniciaron sus operaciones; tampoco se sabe si su puesta en marcha se hizo de acuerdo a las resoluciones de calificación ambiental, a la normativa vigente o si están generando mayor contaminación o provocando algún otro problema ambiental.

 

Por otra parte, en cuanto a las tareas de reconstrucción, se han constatado importantes déficits en

términos de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Un evento crítico como éste constituye también una oportunidad para incorporar la voz de la comunidad, cuestión que hasta ahora ha sido inexistente o se ha dado sólo de manera muy marginal, mientras que todas las decisiones importantes se han dado de manera centralizada y, como mucho, consultando pequeños círculos particulares, vinculados tanto al ámbito de la caridad mediante múltiples "campañas solidarias", como de grandes empresas con las cuales el Estado ha buscado alianzas para la reconstrucción.

 

5. Comentario final

 

Esta breve revisión de temas permite señalar que los primeros meses del gobierno de Sebastián Piñera no ofrecen una perspectiva demasiado alentadora. Por el contrario, comienzan a cobrar fuerza ciertos temores respecto a las prioridades del nuevo Ejecutivo, y el énfasis en una perspectiva economicista a la hora del análisis para la toma de decisiones clave para el futuro del país.

 

Esta primera etapa está, sin duda, marcada por el episodio de la termoeléctrica Barrancones. La actitud del Presidente frente al tema, si bien permitirá salvar un ecosistema frágil de su inminente destrucción, lejos de cerrar un problema como pretendía el Mandatario, abre una serie de interrogantes, por su implicancia en materia de institucionalidad ambiental, política energética, relación con la comunidad y resolución de conflictos, entre otras materias.

 

Por lo pronto, uno de las consecuencias que puede resultar más grave es el evidente debilitamiento de la reforma a la institucionalidad ambiental, que ya enfrentaba una serie de desafíos complejos y presentaba importantes carencias, especialmente referidas a la falta de participación ciudadana. En efecto, la negociación política que se realizó el año pasado, y que llevó al acuerdo parlamentario que selló la aprobación de la Ley 20.417, que creó el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental, implicó cercenar de la propuesta aspectos de gran relevancia. Como consecuencia, la Ley que fue promulgada carece de la fuerza necesaria, y dejó fuera una serie de temas claves, que en la actuales circunstancias queda claro que era necesario incorporar (ver recuadro). Ello, inevitablemente, lleva a plantearse la necesidad de impulsar una nueva reforma institucional, pese a que la actual ni siquiera ha logrado implementarse plenamente. Sólo una discusión profunda, que permita incorporar la voz de todos los sectores de manera equitativa y equilibrada, podrá dar origen a un esquema institucional-legal justo y equitativo para el manejo de los temas ambientales del país.

 

Sin embargo, la actuación del gobierno en diversos ámbitos genera dudas y preocupaciones respecto a las futuras decisiones del Ejecutivo. A los temas sectoriales enumerados en este documento, se suman una serie de cuestiones transversales, tales como el problema de los conflictos de intereses que afectan a diversos funcionarios de gobierno, partiendo por los del propio Presidente de la República, y que se repiten en ministros, subsecretarios, intendentes, jefes de servicio, etc. Estos conflictos de interés, incluso cuando no constituyen una trasgresión a la legalidad vigente, lo que hacen es contribuir a un clima de confusión y poca claridad en la toma de decisiones, restándoles legitimidad y sembrando dudas innecesariamente. El origen de la inmensa mayoría de los nuevos funcionarios públicos, vinculado a la esfera privada, sumado a la ideología libremercadista declarada del propio Jefe de Gobierno, instala una lógica en la toma de decisiones que tiende inexorablemente a convertir al ciudadano en mero objeto de consumo, con escasos derechos como ciudadano, al mismo tiempo que minimiza el rol del Estado al priorizar la entrega de la administración de bienes que debieran ser comunes y beneficiar a toda la sociedad, a entidades privadas cuya primera prioridad es, por definición, el beneficio propio y no el bien común.

 

Si Piñera tiene aún la intención de cumplir sus promesas electorales y su plan de gobierno en materia medio ambiental, debe en primer término clarificar su posición frente a temas claves, modificar prioridades en la toma de decisiones, y emitir señales potentes en torno a la importancia de garantizar el bien común y proteger el medio ambiente y la salud humana.

 

Barrancones: la resolución de conflictos según Piñera

 

Antes de cumplir seis meses en el poder, el Presidente Sebastián Piñera tomó una decisión en materia ambiental que, probablemente, lo acompañará en el resto de su mandato. Esto, por el revuelo que generó en la opinión pública su intervención directa y fuera del marco institucional para solicitar a la empresa franco-belga Suez Energy la relocalización de su central termoeléctrica Barrancones. Ello, pese a que el proyecto había recibido la autorización ambiental por parte de la Corema de Coquimbo apenas 48 horas antes para instalarse en el sector de Punta de Choros, un sitio de alto valor de conservación, después de pasar por toda la tramitación que establece la Ley 19.300 en relación a la evaluación ambiental de proyectos. En todo caso, es importante señalar que, pese a este anuncio público, el de Barrancones no es un caso cerrado, pues la mencionada ley establece la vigencia indefinida de las autorizaciones ambientales y, dado que la empresa a la fecha no ha cumplido con el trámite formal de desistirse del proyecto, la Corema dio curso a la autorización ambiental, que actualmente obra en manos de Suez Energy.

 

Sin duda, esta intervención presidencial, pese a ofrecer solución ante un problema concreto y de paso cumplir una promesa de campaña, abre una serie de interrogantes e incertidumbres. Por un lado, este caso viene a cristalizar una serie de demandas locales provenientes de diversas comunidades costeras, ubicadas entre las regiones de Tarapacá y Bio Bío, que desde hace varios años protagonizan una lucha permanente contra la proliferación de centrales de generación termoeléctrica en su mayoría sustentadas en el uso de carbón, debido a los impactos sociales, ambientales y económicos provocados por sus emisiones al aire y al agua. Estos efectos nocivos están relacionados principalmente con tres aspectos: la degradación de los recursos naturales (agua, aire y suelo); impactos sobre otros sectores productivos (pesca, agricultura y turismo); impactos sobre la salud de la población.

 

Las demandas de estas comunidades organizadas en torno a proyectos termoeléctricos a carbón, tales como Los Robles (750 MW, Región del Maule), Castilla (2.340 MW, Región de Atacama) o Campiche (270 MW, Región de Valparaíso), son similares a las que potenciaron la oposición a Barrancones, razón por cual, tanto autoridades políticas como las propias comunidades han emplazado al Presidente Piñera a actuar bajo la misma lógica de su intervención en el proyecto Barrancones: la preservación del medioambiente y la protección de la salud de las personas. Pese a que el Mandatario ha asegurado que el tema Barrancones es "único" y que no será replicado frente a otros proyectos, lo cierto es que las condiciones similares que comparten este con otros varios proyectos termoeléctricos debilitan este argumento y dan fuerza a la demanda de una solución "express", como la que se dio con la central en Punta de Choros. Sin embargo, esto sin duda genera una cuota importante de incertidumbre en material institucional.

 

Por un lado, deja en evidencia las amplias falencias del sistema normativo del país. Una prueba de ello es la larga tramitación de la Norma de Emisiones al aire para Termoeléctricas, que data desde hace más de diez años. Esta ausencia implica que, pese a la proliferación de centrales termoeléctricas que se ha registrado en el país, no existe una norma específica que las regule y, en consecuencia, estas unidades funcionan sin tener que cumplir ninguna obligación en relación a sus emisiones contaminantes al medio ambiente.

 

Pero probablemente uno de los efectos más notorios es que introduce una importante cuota de

incertidumbre en la recién reformada institucionalidad ambiental, y especialmente en el Sistema de Evaluación Ambiental, también en proceso de transformación. Sin lugar a dudas, el episodio Barracones marca un antes y un después para la institucionalidad ambiental que nace al alero de la Ley 20.417. Este proyecto de inversión fue evaluado bajo el esquema de la Ley 19.300 (aún vigente para la evaluación de los proyectos de inversión), pero las incógnitas y discusiones que se abrieron a partir de la intervención presidencial no fueron abordadas ni incorporadas en la nueva ley ambiental. Como consecuencia, la actuación presidencial impone una lápida final no sólo a la CONAMA y a la Ley 19.300, sino también a la reciente Reforma. Hoy estamos ante la necesidad de discutir una nueva y profunda Reforma que no sólo se oriente a mejorar la arquitectura institucional, sino que incorpore temas de fondo y sustantivos para la protección del medio ambiente y del patrimonio natural de nuestro país. Esto significa incorporar instrumentos tales como el ordenamiento territorial, la participación ciudadana en la toma de decisión, la necesidad de un fondo de asesoría a las comunidades, la mediación y resolución de conflictos, los efectos sinérgicos de proyectos, establecer la negociación incompatible, evaluar retroactivamente todos los proyectos en funcionamiento, entre otros. Muchas de estas necesidades fueron presentadas por Fundación Terram en el marco de la reforma a la institucionalidad ambiental, tras lo cual fueron patrocinadas por algunos parlamentarios como indicaciones en su debido momento en ambas cámaras pero, debido a los acuerdos políticos entre la Concertación y la derecha, ni siquiera fueron discutidas. Hoy, son precisamente estos los temas que demuestran la fragilidad de la nueva institucionalidad ambiental.

 

Además, el episodio Barrancones pone una serie de otros elementos en el tapete, vinculados con la

generación eléctrica. Entre ellos, la nula facultad del Ejecutivo para direccionar una política de generación eléctrica, pues son las empresas las que definen cuándo, cómo y dónde instalan sus proyectos, con el único requisito de atenerse a las leyes vigentes. También quedó en evidencia la proliferación de termoeléctricas en los últimos años, las que se han instalado sin que existan regulaciones sobre sus emisiones al aire y al agua, así como la inexistencia de normativa relativa a la calidad de los combustibles fósiles; el Ejecutivo tampoco cuenta con facultades para establecer la renovación del parque o el uso de la mejor tecnología disponible, por sólo mencionar algunos temas.

 

Sin duda, Barrancones marca el inicio para la discusión de una nueva institucionalidad ambiental, al

dejar en evidencia que la Ley 20.417 no es ni será capaz de responder a las necesidades del país, así como la urgencia de discutir e implementar una adecuada política y normativa para la generación eléctrica en Chile.

 

 

 

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[1]  L'Association Terre et Liberté pour Arauco (France), le Collectif pour les Droits de l'Homme au Chili (France), Le Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques – CSIA Nitassinan (France),

Las ONG sin estatus consultivo también comparten las opiniones expresadas en esta declaración.

[2]  Autoras: Flavia Liberona, Paola Vasconi, Paulina Vera, Luz María Fariña

 

[3] Publicado en diario La Tercera , fuente Bloomberg News - 17/03/2010 -

 

[4] El Mostrador 27.08.2010

 

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