viernes, 10 de septiembre de 2010

Boletin GAL 1041

BOLETÍN GAL

Nº 1.041. Viernes 10 de Septiembre de 2010. Año V. Boletín Electrónico de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Lectores(as): 31.837. Contacto: boletingal@gmail.com  Fonos: 56-02-7857084, 09-5732334.

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CONTENIDO

 

LOCALES

 

ONU-HABITAT participará en proceso de reconstrucción de zonas afectadas

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, ACHM

Sale a la Web el número 2º de la revista Sustentabilidad(es)

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, Revista SUSTENTABILIDAD(ES

Corte acoge reclamo de concejales en contra de alcalde Sabat por construcción de clínica en Ñuñoa

Ñuñoa, viernes 10 de septiembre de 2010, Radio Universidad de Chile

Un asado contamina igual que un recorrido de 400 kms del Transantiago

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, Publimetro, Ecoeduca.-

Inscripción Ecologista

Santiago, jueves 9 de septiembre de 2010, Partido Ecologista

Vitacura y Providencia alcanzan niveles de motorización de países desarrollados

Vitacura, viernes 10 de septiembre de 2010, por B. Alvarez y M. Fernández, El Mercurio

 

NACIONALES

 

Cuatro parlamentarios de oposición se suman a huelga de hambre de mapuches

Temuco, jueves 9 de septiembre de 2010, La Segunda

Revelan detalles sobre huelga de hambre de diputados

Temuco, viernes 10 de septiembre de 2010, Radio Universidad de Chile

Piñera desaloja a los diputados en huelga de hambre

Temuco, viernes 10 de septiembre de 2010, El Mercurio

Portavoz de mapuches en huelga: "Llegaremos hasta las últimas consecuencias"

Temuco, viernes 10 de septiembre de 2010, Radio Universidad de Chile

Nace Tribunal Ético contra minería de frontera

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, por Daniela Estrada, con aportes de Milagros Salazar (Lima), Franz Chávez (La Paz), Danilo Valladares (Guatemala), Emilio Godoy (México), IPS

Cuentas de luz subirían $10 mil si se implementa matriz energética con 20% de energía renovable no convencional

Santiago, jueves 9 de septiembre de 2010, La Segunda

Investigarán conflicto de interés y presiones en caso Barrancones

Valparaíso, viernes 10 de septiembre de 2010, El Mostrador

Chile y Argentina firman un acuerdo energético

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010,  Agencia EFE

Contaminante cancerígeno acecha a Arica

Arica, viernes 10 de septiembre de 2010, por Yael Schnitzer, El Mostrador

Conama inspecciona recambio de estufas de alta eficiencia

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, Conama

Senadores presentan ley para el fin de la explotación comercial de Parques Nacionales y Área Protegidas

Valparaíso, jueves 9 de septiembre de 2010, Prensa IEP

Solicitan derogación de decreto que autoriza tala de árboles declarados Monumento Natural

Santiago, jueves 9 de septiembre de 2010, Terram

Piden "Nuevo Trato" para la pesca artesanal

Valparaíso, viernes 10 de septiembre de 2010, La Nación.-

Ecologistas preocupados por fundo El Carmen

Valparaíso, viernes 10 de septiembre de 2010, El Mercurio de Valparaíso

 

GLOBALES

Argentina: En búsqueda de una política ambiental

Buenos Aires, Argentina, viernes 10 de septiembre de 2010, por Cristian Frers, Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social, Adnmundo

Países Andinos: Cambios climático golpea un recurso escaso, el Agua

Lima, Perú, viernes 10 de septiembre de 2010, por Milagros Salazar desde Lima, Noticias Aliadas, Adital

Cambio climático y recursos hídricos: Reto a nivel mundial

Cuernavaca, México, viernes 10 de septiembre de 2010, Ecoportal

Medidas para combatir el cambio climático

Madrid, España, viernes 10 de septiembre de 2010, Analítica

 

ESPECIAL: DOCUMENTOS

 

Las dos caras de la agenda de salud del gobierno

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, por Marcela Ramos, CIPER

 

LOCALES

 

ONU-HABITAT participará en proceso de reconstrucción de zonas afectadas

 

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, ACHM.- Una misión de Naciones Unidas a través de la agencia Habitat que aborda la temática de los asentamientos urbanos en el mundo, se encuentra en Chile para apoyar el proceso de reconstrucción luego del terremoto de febrero pasado en la zona centro-sur del país.

 

Con el fin de establecer las alianzas necesarias, Habitat tomó contacto primeramente con representantes del gobierno y a mediados de esta semana sostuvo una reunión oficial con la Asociación Chilena de Municipalidades a través de su Comisión de Vivienda.

 

Jaime Valdés, representante de la misión señaló que ONU identifica en los gobiernos locales como los municipios a los socios estratégicos para desarrollar el programa de apoyo.

 

Valdés, explicó a la Comisión de Vivienda de la ACHM que encabezan el alcalde de Isla de Maipo, David Morales como presidente y el concejal de La Reina José Manuel Palacios como vicepresidente que "así como Unicef se encarga de la temática infantil, Habitat realiza lo propio para Naciones Unidas respecto de los asentamientos urbanos".

 

"Como todo organismo de ONU –dijo- la entidad tiene roles específicos que cumplir, como el promover parte de los objetivos del milenio relacionados con el medio ambiente y el tener ciudades sustentables con agua y saneamiento que es de una alta prioridad".

 

ONU-Habitat interviene en muchos lugares del mundo como Pakistán, India, Guatemala, México, Haití. Son en total 136 países donde entrega asesoría, asistencia técnica, formación, seguimiento y en los últimos diez años ha trabajado mucho en lo que es reconstrucción por desastres.

 

En Chile Habitat no ha tenido hasta el momento ningún tipo de trabajo y la meta según explicó Jaime Valdés "es establecer ahora un programa de cooperación con las autoridades locales, el gobierno central y la sociedad civil que son los tres grandes socios que distinguimos".

 

"Si bien en Chile el terremoto no provocó los estragos como en Haití, el desastre reveló problemas administrativos y de respuesta rápida a la emergencia y los daños y el objetivo de la misión es reconocer esas fallas y superarlas. Ver cómo podemos diseñar y establecer las principales áreas de trabajo que pudiera tener ONU-Habitat para el desarrollo de los territorios en Chile porque no solo se trata de identificar los vacíos sino también las fortalezas y capacidades ya que el desarrollo sostenible se basa en las capacidades endógenas y de poner en valor las capacidades y recursos que tienen las ciudades, los territorios y los municipios".


"Cuando se hace una misión de ONU -explicó el experto- la intención es que se realicen acciones concretas con al menos una primera fase de fortalecimiento de capacidades. Dejar formado un equipo a nivel nacional y de regiones en unos seis u ocho meses, estructurado a fines de septiembre una propuesta de proyecto nacional suscrito por los socios del programa, donde estimamos una intervención global de unos cinco años.

 

La misión si bien surge producto de un terremoto creemos que un proceso de reconstrucción es aquel que se fusiona con el desarrollo y las actividades permanentes que se realizan en un país.

 

Sale a la Web el número 2º de la revista Sustentabilidad(es)

 

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, Revista SUSTENTABILIDAD(ES).- Querid@ amig@: Te escribo para contarte que hemos puesto en la web el número 2 de nuestra revista SUSTENTABILIDAD(ES).  http://sustentabilidades.siderpco.org

 

Este segundo número de Sustentabilidad(es) contiene once colaboraciones de muy diversa índole, así como tres reseñas y además un dossier que contiene el Acuerdo de los Pueblos redactado como declaración final de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra efectuada en Cochabamba, Bolivia, durante el pasado mes de abril. Todos estos textos, al igual que los publicados en el número inicial, apuntan en la perspectiva en la cual nos hemos propuesto avanzar mediante esta revista: desarrollar un proceso de profundización en las reflexiones en torno a la temática de la sustentabilidad.

 

El Indice de este número que es el siguiente, te dará una idea de los aportes presentados:

 

Artículos

 

Alberto Acosta: Sólo imaginando otros mundos, se cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen Vivir

Federico Aguilera Klirck: La economía como sistema abierto: de la disociación a la integración

Alba Carosio: La cultura del consumo contra la sostenibilidad de la vida

Lúcia Helena de Oliveira Cunha: Tradição e modernidade: novo encontro para a construção de sociedades sustentáveis.

Arturo Escobar: Ecologías Políticas Postconstructivistas

Armando Fernández Soriano: Los diversos rostros del ambientalismo en el Gran Caribe: acercamientos a los movimientos sociales y el medio ambiente caribeño 

Enrique Leff: Economía ecológica, racionalidad ambiental y sustentabilidad Elena Lucca: Sustentabilidad urbana, rural, natural 

Vicente Manzano: Decrecimiento y Poder 

Ana Patricia Noguera de Echeverri: Cuerpo-Tierra. Ethos ambiental en clave de la lengua de la tierra

Mariano Vázquez Espí y Agustín Hernández Aja: Clasificación multicriterio: una regla simple para tratar problemas complejos

 

Reseñas

 

Antonio Elizalde Hevia: Medio Ambiente y Sociedad. Conceptos, metodologías y experiencias desde las ciencias sociales y humanas de Enrique Aliste y Anahi UrquizaManuel Jacques: Derechos de la naturaleza. El futuro es ahora de Alberto Acosta y Esperanza Martínez (compiladores)

María Emilia Tijoux: Actuel Marx / Intervenciones N° 7, primer semestre 2009, Insustentabilidades del Capitalismo

 

Dossier

 

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra: Acuerdo de los Pueblos

 

Te agradeceremos si circulas esta información entre tus redes de amigos y conocidos, de modo de contribuir así a generar diálogos y debates académicos y ciudadanos, y esa es la mejor contribución que nos puedes hacer a quienes hacemos el esfuerzo para publicar esta revista cuatrimestralmente.

 

Cordialmente a nombre de nuestro equipo editorial.

 

Antonio Elizalde

Director Revista Sustentabilidad(es)

 

Corte acoge reclamo de concejales en contra de alcalde Sabat por construcción de clínica en Ñuñoa

 

Ñuñoa, viernes 10 de septiembre de 2010, Radio Universidad de Chile.- La Corte de Apelaciones acogió el reclamo de ilegalidad que seis concejales de Ñuñoa presentaron en contra del alcalde Pedro Sabat (RN), por la adjudicación de un millonario contrato para la construcción con recursos municipales de una clínica concesionada a privados.

 

Jaime Castillo (DC), José Labbé (UDI), Manuel Guerrero (Juntos Podemos), Maya Fernández (PS), Pablo Vergara (PPD) y Claudia Vera (RN) presentaron el recurso.

 

Los concejales acusan la aprobación, sin autorización del concejo municipal, de 4.600 millones de pesos para construir una clínica municipal que luego sería entregada en concesión. Según indican, Sabat contó solo con los votos de José Luis Rosasco (RN) y Andrés Zarhi (RN) en apoyo al proyecto.

 

Las autoridades acusan al edil de cometer una ilegalidad al no someterse a la votación del concejo, y una segunda al firmar un contrato que compromete fondos municipales sin contar con el financiamiento.

 

Enfatizan que los recursos municipales deberían usarse en la reconstrucción tras el terremoto del pasado 27 de febrero y no en el proyecto de clínica.

 

Además, Sabat habría ocultado que la construcción de la clínica no cuenta con la aprobación de los ministerios de Salud y Planificación y "entregó información falsa al concejo respecto del monto total del proyecto, aminorando su valor real", según indica el recurso acogido por la Corte. Fuente: http://www.facebook.com/l/4c4abTar0NJDPXdYkcqD_R223lA;radio.uchile.cl/noticias/82129/

 

Un asado contamina igual que un recorrido de 400 kms del Transantiago

 

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, Publimetro, Ecoeduca.-Una investigación señala que un asado de 2 kilos de carne y un kilo de carbón, emiten cerca de 19 gramos de material particulado. Un estudio de la Universidad Nacional Andrés Bello determinó que un simple asado contamina tanto como el recorrido de 400 kilómetros de un bus del Transantiago y que la carne de pollo a la parrilla es la que más aporta a la polución.

Imagen de Publimetro.cl

 

Marcelo Mena, director del Centro de Sustentabilidad de la U. Andrés Bello, dijo que el consumo de carne es uno de los causantes de las emisiones de dióxido de carbono.  Y, en efecto, explica, un asado contamina por dos grandes razones, por la carne misma o por el combustible que se usa.

 

Por ejemplo, un asado de 2 kilos de carne y un kilo de carbón, emiten cerca de 19 gramos de material particulado;  si se realiza con un kilo de pollo la emisión aumenta a 24 gramos de PM, mientras que dos kilos pescado sólo emiten 8 gramos de material particulado a la atmósfera.

 

Pero para que su consumo de carne sea aun más consciente y sepa comparativamente el aporte contaminante que hace al medioambiente cada vez que prepara carne a la parrilla, el académico entrega algunas sorprendentes referencias: "Un simple asado de carne es equivalente a 40 kilómetros recorridos de micros remodeladas, 400 kilómetros de un bus Transantiago o el equivalente a 1.300 días en metro (3 años y medio)".

 

Si bien las cifras son reveladoras e indica que hay una contribución importante de contaminación al medioambiente con los asados, Marcelo Mena va aún más allá. Explica que "desde el año 2.000 que en Santiago se han superado las normas diarias de material particulado PM 2.5 (norma actualmente utilizada en USA) cada 18 de septiembre y días asociados, en las estaciones de Parque O' Higgins, La Florida, e incluso Las Condes (el año 2005)".

 

Inscripción Ecologista

 

Santiago, jueves 9 de septiembre de 2010, Partido Ecologista.- Amigos: hay plazo sólo hasta mañana para inscribirse y participar de las elecciones del Partido Ecologista.

 

Si estás en Concepción: puedes ir a inscribirte a OHiggins 1104, Preuniversitario Campus, hasta mañana 10 de septiembre. Si estás en Santiago: llama a Pablo Riveros al 96306226 o Gilda Echeverria al 95342914, hasta el sábado.

 

Otras ciudades: bajar la ficha del link que está al final de este mensaje, imprimirla, llenarla, firmarla (sin notario) y enviarla por correo normal a Seminario 754 Ñuñoa Santiago, hasta el viernes 10 de septiembre.

 

Ficha: http://www.facebook.com/l/4c4abAkDjhtEfmaiNLiygSSj1QQ;partidoecologista.cl/upimages/files/463e34ac14008_Ficha_Afiliacion_Simple.pdf

Un abrazo, espero que puedan participar

 

Vitacura y Providencia alcanzan niveles de motorización de países desarrollados

 

Vitacura, viernes 10 de septiembre de 2010, por B. Alvarez y M. Fernández, El Mercurio.- Fenómeno es clave para entender los problemas de congestión vial del sector oriente de la capital: Vitacura y Providencia alcanzan niveles de motorización de países desarrollados. Ambas comunas están cerca de tener un vehículo por persona. El 32% del parque automotor de Santiago está en el sector oriente.  

Siete y media de la tarde y los rostros de aburrimiento de los conductores detenidos en Estoril, frente a la Clínica Las Condes, lo dicen todo. La congestión en ese sector, donde confluye el tránsito de Costanera Norte, Av. Kennedy y Av. Vitacura, retrasa a diario a quienes regresan del trabajo o la universidad.

 

No es casual. Las seis comunas del sector oriente (Providencia, Ñuñoa, Vitacura, Las Condes, La Reina y Lo Barnechea) suman 362.534 vehículos, el 32% del parque automotor de la capital. Un porcentaje alto, si se considera que en dichos barrios sólo vive el 14% de la población de Santiago.

 

La presencia vehicular es tan alta en la zona que dos comunas alcanzan tasas de motorización equivalentes a las de países desarrollados (ver gráfico). Vitacura tiene 975 vehículos por cada mil habitantes, es decir, casi un auto por persona. Una tasa que supera incluso a la de Estados Unidos. Le sigue Providencia, con 1,63 personas por vehículo.

 

Cerca del peak

 

Por eso, no sorprende que, al analizar los 100 puntos que más episodios de alta congestión presentan al año en la ciudad (según los reportes diarios de la Unidad Operativa de Control de Tránsito), 65 de ellos se ubiquen en el sector oriente.

 

"Vitacura probablemente ya llegó a su peak en tasa de motorización", sostiene el experto en tránsito de la UDP, Louis de Grange. Afirma que, al alcanzar niveles de países desarrollados, es difícil que siga aumentando. Donde sí puede crecer y elevar la intensidad de los atochamientos es en sectores que han ido elevando sus ingresos, Maipú, La Florida, Puente Alto o Huechuraba. "Los tacos se van a expandir espacial y temporalmente; no sólo habrá tacos en más lugares, sino también durante más períodos del día", dice.

 

Similar a lo que pasa en el eje Estoril-Tabancura. No sólo la vía principal luce congestionada. También calles residenciales, como Corte Suprema, se han contagiado: en ella se forma una fila de autos y, en hora peak, los conductores tardan cinco minutos por cuadra.

 

Alejandro Torres, ingeniero civil especialista en ingeniería y seguridad vial de la Usach, sostiene que la mayor motorización se debe a los convenientes precios que han tenido los vehículos en los últimos años y a la falta de "un sistema de transporte público que incentive al usuario a dejar su auto en la casa".

 

En todo caso, cree que es posible combatir la congestión siguiendo las ideas de países europeos que tienen tasas de motorización tan altas como las del sector oriente: contar con un sistema de transporte público de calidad, políticas como el vehículo compartido (en que vecinos acuerdan viajar juntos en un mismo auto, por turnos), vías exclusivas en las autopistas para los vehículos con más de un pasajero y la tarificación vial.

 

NACIONALES

 

Cuatro parlamentarios de oposición se suman a huelga de hambre de mapuches

 

Temuco, jueves 9 de septiembre de 2010, La Segunda.- Se trata de Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez, Sergio Aguiló y Manuel Monsalves. A eso de las 12.30 llegaron a la cárcel de Temuco los parlamentarios Hugo Gutiérrez (PC), Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Aguiló (PS) y Manuel Monsalves (PS) quienes decidieron quedarse y sumarse a la huelga de hambre que realizan comuneros mapuche en ese recinto penitenciario y otros del sur del país, como medida de presión para que el Gobierno instaure una mesa de diálogo que ayude a resolver el conflicto indígena.

A esa misma hora arribó hasta el penal la marcha de apoyo a los comuneros convocada para hoy en Temuco. Alrededor de 150 personas fueron las que asistieron al llamado, en tanto la vocera de las familias de los comuneros huelguistas, María Tralcal, emplazó al Presidente Sebastián Piñera, diciendo que era doble estándar haber apoyado a los presos políticos de Cuba y luego decir que la huelga mapuche es ilegal.

 

Revelan detalles sobre huelga de hambre de diputados

 

Temuco, viernes 10 de septiembre de 2010, Radio Universidad de Chile.- Dirigente del PC revela detalles sobre la huelga de hambre de diputados en apoyo a mapuches. El dirigente del Partido Comunista (PC) en la Novena Región, Gustavo Carrasco, reveló detalles del ingreso de los diputados Tucapel Jiménez (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Sergio Aguiló y Manuel Monsalve (PS) a la cárcel de Temuco, donde los parlamentarios se sumaron a la huelga de hambre que realizan 34 comuneros mapuches hace dos meses.

 

En conversación exclusiva con radio Universidad de Chile, Carrasco relató que acompañó a los cuatro miembros de la Comisión de DD. HH. de la Cámara en una conversación con los presos sobre la movilización, cuyo objetivo es una mesa de negociación para modificar la Ley Antiterrorista y la Justicia Militar.

 

"Estuvimos con los presos comuneros en huelga de hambre conversando de la situación. Ellos están muy mal de salud, han bajado entre 15 y 20 kilos de peso", describió.

 

"Luego de la conversación y viendo la situación de los presos, los diputados tomaron la decisión de plegarse a la huelga de hambre en las mismas condiciones, hasta que el Gobierno instale una mesa de diálogo con los familiares de los presos, porque hasta el momento no ha habido ninguna conversación para negociar la situación", indicó.

 

Carrasco aclaró que el objetivo es apoyar la movilización y no convertirse en intermediarios en una eventual negociación: "Tajantemente no, solo se ofrecen como facilitadores de una mesa de diálogo, pero no como interlocutores directos. Lo que nos ha dicho Hugo (Gutiérrez) es que quien debe sentarse a discutir en la mesa son los familiares y el Gobierno", explicó.

 

Además, aseguró que los mapuches recluidos en Temuco recibieron en forma positiva la decisión de los diputados y dijo desconocer si Gendarmería, el Ministerio del Interior o el Gobierno había tenido comunicación con ellos.

 

"Depende del Gobierno la pronta salida a este conflicto. Creemos que es una muy buena medida la que han tomado los diputados para ayudar a la solución de este conflicto. Instalar una mesa de diálogo es lo que se está esperando y si el Gobierno lo asume así, esta situación no se prolongaría por más tiempo", finalizó.

 

Piñera desaloja a los diputados en huelga de hambre

 

Temuco, viernes 10 de septiembre de 2010, El Mercurio.- Cuatro representantes PC, PS y PPD ingresaron a la cárcel de Temuco pasadas las 12.30 horas de ayer: Piñera ordena desalojo de diputados que buscaban plegarse a huelga de hambre mapuche.  Mandatario dio luz verde a la medida al cumplirse a las 5 de la tarde el horario de visita del recinto penitenciario. Parlamentarios se resistieron a la expulsión y forcejearon con los gendarmes, tras lo cual reiteraron su adhesión a la protesta.  

A las 20.45 horas de ayer, un grupo de veinte gendarmes inició el desalojo de los cuatro parlamentarios opositores, miembros de la Comisión de DD.HH., que habían ingresado horas antes a la cárcel de Temuco para sumarse a la huelga de hambre que mantienen 34 comuneros mapuches.

 

La permanencia de los diputados Hugo Gutiérrez (PC), Tucapel Jiménez (PPD), Manuel Monsalve (PS) y Sergio Aguiló (PS) sorprendió a La Moneda, a la Iglesia y a la mesa de la Cámara de Diputados; desató un fuerte enfrentamiento entre la Alianza y la oposición, y complejizó las negociaciones que buscan poner término a la protesta que precisamente ayer cumplió 60 días. Los funcionarios de Gendarmería estaban vestidos con equipamiento especial antimotines y llegaron sorpresivamente a una sala contigua a la capilla del penal, donde están los huelguistas.

 

Los parlamentarios, que habían anunciado -entre otros a sus pares Alfonso de Urresti (PS) y Jaime Quintana (PPD), quienes los habían visitado durante la tarde- que se opondrían a un desalojo, se resistieron a la medida, lo que gatilló un fuerte forcejeo de cinco minutos con los gendarmes. Ninguno de los diputados evidenció lesiones graves y tras reunirse en la sede de la CUT en Temuco señalaron que mantendrían su adhesión a la huelga de hambre.

Fue el propio Presidente Sebastián Piñera -que se enteró de la decisión parlamentaria mientras visitaba Coquimbo- quien ordenó el desalojo de los representantes opositores.

 

Fuentes de La Moneda señalaron que la medida la adoptó luego que tanto los ministros de Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de Justicia, Felipe Bulnes, le comunicaron que terminado a las 17 horas el horario de visita de la cárcel de Temuco, los diputados no se quisieron retirar del recinto.

 

"El actuar de los diputados al negarse a abandonar el establecimiento y permanecer más allá de las horas de visita permitidas infringe las disposiciones básicas de nuestra legislación y reglamento penitenciario, que como se ha indicado, regulan perentoriamente las personas llamadas a permanecer en los establecimientos penitenciarios y las modalidades de visita", se lee en el comunicado que dio a conocer cerca de las 21 horas Gendarmería.

 

El desalojo -del que fue advertida la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, minutos antes de que se produjera- puso término a una jornada cruzada por diversas gestiones, las que se activaron pasadas las 13:30 horas cuando a través de una carta los diputados hicieron pública su decisión de plegarse a la huelga de hambre.

"Hemos considerado un deber humanitario acompañar a los presos en huelga de hambre al interior de la cárcel y en las mismas condiciones que ellos enfrentan, mientras no se garantice la constitución de una mesa de diálogo entre el Gobierno y los familiares", se lee en la misiva.

 

Fue entonces que Hinzpeter se comunicó con Alejandra Sepúlveda, y con el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, entre otros, para solicitarles intermediar para que los parlamentarios abandonaran la cárcel de Temuco.

 

Además, pidió mandatar al director de Gendarmería, Luis Antonio Masferrer, para convencer a los diputados a deponer su actitud y envió mensajes a través del senador Jaime Quintana (PPD) y Alfonso de Urresti (PS), quienes ingresaron al recinto penitenciario cerca de las 18.30 horas.

 

Aunque los diputados de oposición recibieron el respaldo de sus jefes de partido (ver nota relacionada), la presidenta de la Cámara reprochó en duros términos su actitud, la que estuvo a punto de generar una crisis institucional en la Corporación, luego que la Alianza evaluara presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir la cesación en el cargo de los parlamentarios.

 

"Esperamos que reine la cordura; más que diputados en huelga de hambre, los necesitamos votando porque la discusión va a ser compleja en el Parlamento", afirmó Sepúlveda. "Lo que han hecho altera y complica las negociaciones que se estaban haciendo. Altera la imagen en la opinión pública y no es bueno para la causa mapuche".

 

''No era conveniente que continuaran con esto. Siempre hay que privilegiar el diálogo y esto era muy inconveniente para el movimiento. Ellos saben que no es bueno lo que hicieron". ALEJANDRA SEPÚLVEDA, PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

 

''Todos, incluyendo sectores de la oposición, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para hacer un llamado conjunto para que se deponga la huelga. En este momento, sumarse a la medida es irresponsable". ENA VON BAER, VOCERA DE GOBIERNO

 

 Presidentes de los partidos de oposición salen a respaldar la actuación de los parlamentarios

 

Durante la tarde del miércoles, en la Cámara, el diputado PS Manuel Monsalve se acercó al presidente de su partido, Osvaldo Andrade, para notificarlo de su visita al día siguiente a la Cárcel de Temuco. En dicha conversación, el legislador le confidenció que existía la posibilidad de sumarse, junto al resto de los diputados opositores de la Comisión de Derechos Humanos, a la huelga de hambre que llevan adelante 34 comuneros mapuches al interior de diversos recintos penintenciarios del país.

 

El presidente del PS expresó, entonces, su respaldo a la decisión. Una postura que ratificaría públicamente apenas se conoció, cerca de las 13:30 horas de ayer, la materialización del encierro voluntario de los legisladores. "Respaldamos la decisión que ellos han tomado. Se han encontrado con una situación que está virtualmente al límite (...) No tengo otra alternativa, desde mi convicción, que respaldarla activamente", dijo Andrade. "Esta indolencia del Gobierno es de una irresponsabilidad mayor (...) Si para aquello es necesario que parlamentarios adopten las medidas que acaban de tomar, bienvenido sea", añadió.

 

Los dichos del dirigente socialista fueron secundados por el resto de los presidentes partidarios de oposición, desde el Partido Comunista hasta la DC. "Respeto la decisión de los parlamentarios, son definiciones personales, formas no violentas de manifestarse. Solidarizo con los dirigentes mapuches, hay varias anomalías en el procesamiento de la justicia militar, en las condiciones carcelarias, y nuestro deber como legisladores es impulsar aquellas reformas y buscar las condiciones para que exista un debido proceso", dijo a su turno el senador y presidente de la DC, Ignacio Walker.

 

En tanto, la directiva del PPD, encabezada por Carolina Tohá, emitió anoche una declaración en la que planteó que "el desalojo del que han sido objetos los parlamentarios en absoluto contribuye al clima de entendimiento". Y el presidente del PC, Guillermo Teillier, dijo estar a la espera de que la acción de los diputados "sensibilice al Gobierno y a la sociedad entera respecto del tema mapuche".

 

Portavoz de mapuches en huelga: "Llegaremos hasta las últimas consecuencias"

 

Temuco, viernes 10 de septiembre de 2010, Radio Universidad de Chile.- Portavoz de los presos mapuche en huelga: "Llegaremos hasta las últimas consecuencias"

En sus primeras declaraciones públicas desde que el pasado 12 de julio iniciara una huelga de hambre, el portavoz de los presos de la cárcel de Temuco, Mauricio Huaiquilao, aseguró que no depondrán la medida de presión hasta que el Gobierno entregue respuestas que incluyan las posturas de los comuneros en huelga. Huaiquilao indicó que el envío de proyectos de ley que modifican tanto la Justicia Militar como la Ley Antiterrorista no es suficiente porque, a su juicio, es una nueva imposición de esta administración.

 

Los comuneros mapuches encarcelados en el sur de Chile que mantienen una huelga de hambre desde hace casi dos meses están dispuestos a llegar "hasta las últimas consecuencias" si el Gobierno no se sienta a negociar con ellos.

 

"Hay un acuerdo general de resistir hasta las últimas consecuencias", afirmó el portavoz de los comuneros mapuche encarcelados en el penal de Temuco, Mauricio Huaiquilao, en sus primeras declaraciones públicas desde que el pasado 12 de julio iniciara junto a 31 presos más un ayuno para exigir a las autoridades que no les apliquen la Ley Antiterrorista ni les sometan a doble juicio (civil y militar).

 

"Nosotros planteamos esta huelga de hambre como una forma de protestar contra las arbitrariedades que tenemos que soportar, ante la injusticia que nos toca vivir", manifestó el comunero.

 

Huaiquilao, quien está en prisión preventiva desde el 5 de febrero de 2009, dijo que la reforma legal anunciada ayer por el Presidente Sebastián Piñera "es una imposición que responde a la esencia misma del Gobierno, que no conversa". Piñera firmó el martes un proyecto de ley para modificar la justicia militar, pero los mapuches consideran que la medida sigue limitando su derecho a defenderse y a tener un juicio justo.

 

"Las modificaciones que pretenden con este proyecto de ley son una imposición más. Nosotros apelamos a la conciencia del Gobierno para que se siente a negociar con nosotros", señaló el portavoz de los comuneros. "No vamos a dejar la huelga hasta que no se termine con este tipo de imposiciones", advirtieron los presos, quienes reclaman la creación de una mesa de diálogo con representantes mapuches, autoridades "y garantes por ambas partes".

 

En este sentido, el Presidente Piñera manifestó el miércoles que la huelga de hambre que mantienen los presos mapuches "es un instrumento de presión ilegítimo en democracia" y reiteró su llamamiento para que depongan su actitud.

 

El Gobierno "tiene que saber soportar esa presión, porque si no lo hiciera, estaría sentando un muy mal precedente", señaló el mandatario, quien no obstante dijo que está "escuchando sus palabras". Los 32 comuneros mapuches que secundan el ayuno -a quienes el pasado día 1 se sumaron dos jóvenes recluidos en Cholchol- permanecen en prisión preventiva en las cárceles de Temuco, Concepción, Lebu y Angol por hechos ocurridos en el marco de las reclamaciones de tierras que consideran ancestrales.

 

"Nosotros vamos a morir, quizás no en esta huelga, pero nuestros hijos van a quedar, y los hijos de nuestros hijos van a tener que continuar este legado digno y de no sometimiento frente a la injusticia y la infamia del Estado", repuso Mauricio Huaiquilao.

 

El portavoz de los mapuches encarcelados en Temuco reveló que tras casi dos meses de ayuno algunos de los huelguistas están sintiendo los efectos de una medida que entraña "riesgo vital para algunos órganos". "Estamos sintiendo ya algunos efectos, como problemas en los riñones y la vista, calambres y desmayos. Son secuelas que vamos a cargar por el resto de nuestras vidas, pero lo hacemos con orgullo, sabiendo que estamos en una causa justa", enfatizó.

 

Huaiquilao manifestó que los comuneros recurrieron a esta medida de fuerza porque es la única que pueden realizar estando en la cárcel. "Esperamos resistir hasta el final y transformar esto en una forma de presión que tenga resultados. Nos sacrificamos en nombre de nuestro pueblo sin esperar que otros "peñis" (compañeros) tomen la misma decisión. Eso es criterio de cada uno. Si otros quieren sumarse, bienvenidos sean", declaró el portavoz.

 

Mauricio Huaiquilao señaló que el gobierno de Sebastián Piñera,  aplica la Ley Antiterrorista de la misma forma que lo hizo el de Michelle Bachellet. "Este Gobierno miente cuando dice que no ha aplicado la Ley Antiterrorista, el Gobierno puede decir cualquier cosa a través de los diarios y de la televisión, pero no se preocupa de ver lo que está pasando, el problema que le estamos ocasionando", dijo el dirigente mapuche.

 

Respecto a la conmemoración del Bicentenario de la independencia de Chile el próximo 18 de septiembre, Huaiquilao declaró que se trata de "una fiesta de ellos". "Nosotros, como nuestros abuelos, seguimos manteniendo la postura de que no somos chilenos, sino mapuche".

 

"El Bicentenario tiene poco tiene de celebración para nosotros, porque ignora nuestras demandas y los atropellos cometidos a lo largo de la historia contra nuestro pueblo (…), si tanto aman a su patria, deberían devolverle la tierra a los mapuches. No es ningún favor, es un deber moral del Estado chileno", concluyó.

 

Nace Tribunal Ético contra minería de frontera

 

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, por Daniela Estrada, con aportes de Milagros Salazar (Lima), Franz Chávez (La Paz), Danilo Valladares (Guatemala), Emilio Godoy (México), IPS.- Quieren llamar la atención sobre desarrollos mineros en zonas limítrofes o con repercusiones bilaterales. Son los activistas latinoamericanos que se reunirán en la capital chilena para "juzgar" proyectos que consideran negativos para las comunidades locales, el ambiente y la seguridad nacional.

 

"Una de las particularidades de la actividad minera hoy es la expansión hacia zonas tradicionalmente no tocadas, donde se impedía el ingreso por razones geopolíticas o de seguridad nacional, como las fronteras de los países", explicó a IPS Lucio Cuenca, del no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), de Chile.

El OLCA es uno de los organizadores del primer tribunal ético contra la minería de frontera, a realizarse el 30 de este mes en Santiago. En esa instancia se analizarán proyectos de Argentina y Chile, Ecuador y Perú, Bolivia y Brasil, El Salvador y Guatemala, México y Guatemala y el de Costa Rica y Nicaragua (mina Crucitas).

El ejemplo paradigmático lo constituyen Argentina y Chile, que en 1997 firmaron el Tratado de Integración y Complementación Minera. Hasta ahora cinco proyectos han recibido de parte de una comisión binacional el protocolo necesario para operar en la limítrofe cordillera de Los Andes, rica en glaciares.

Se destaca la cuestionada mina Pascua Lama, de la corporación canadiense Barrick Gold, en la norteña región chilena de Atacama y la noroccidental provincia argentina de San Juan, además de El Pachón, las Flechas, Vicuña y Amos-Andrés, todos de capitales extranjeros.

Aún está en trámite el proyecto Cerro Cuadrado, en la Patagonia, de la también canadiense Desarrollo de Prospectos Mineros SA. Todas presentan oposición de comunidades locales y ecologistas.

Según Cuenca, los efectos ambientales, sociales y políticos de esta minería, principalmente en manos de firmas trasnacionales, constituyen una "realidad nueva" que debe ser visibilizada, ya que no está siendo atendida por la "institucionalidad de protección a los derechos humanos, ni bilateral ni internacional".

Los activistas critican, además, el decidido apoyo de los gobiernos a las empresas. OLCA, por ejemplo, detectó complementariedad entre el tratado minero chileno-argentino y algunos proyectos IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana).

El tribunal ético, conformado por un panel de jueces y personalidades latinoamericanas, enjuiciará en distintos niveles a los Estados, las empresas mineras y a los países de origen de éstas.

Cordillera del Cóndor

 

En el norte de Perú, en el límite con Ecuador, las concesiones casi se han triplicado si se comparan los mapas de febrero de 2005 y junio de 2010, con dos casos simbólicos: el de la minera Afrodita, de capitales canadienses, y Río Blanco, de la compañía china Zijin.

Afrodita posee una concesión aurífera en plena cordillera del Cóndor, en la región Amazonas, donde habita el pueblo nativo awajún, y conocida por el conflicto bélico que enfrentó a Perú y Ecuador en 1995. Río Blanco explotaría cobre en una zona de campesinos de la región Piura.

Ambos proyectos están en etapa de exploración y son rechazados por la mayoría de las comunidades nativas y campesinas por temor a que se contaminen sus ríos y bosques. Un escenario similar se observa en las sureñas Puno y Tacna, que colindan con Bolivia y Chile, respectivamente.

José de Echave, de la no gubernamental CooperAcción de Perú, señaló a IPS que "el gobierno no tiene una política que considere los riesgos de seguridad y daño al ambiente antes de dar concesiones en zonas de frontera. Todo parece que se deja a la improvisación".

La Constitución de Perú prohíbe que se otorguen concesiones a capitales extranjeros en un rango de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se apruebe un decreto supremo que declare de interés nacional el emprendimiento. Entre 2002 y 2009 se emitieron 23 de estos decretos.

Magdiel Carrión, líder campesino de Piura y presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, se opone al proyecto de Zijin porque considera que afectará los páramos y el río Blanco, que da origen a otros dos cursos de agua en el límite con Ecuador.

Según Carrión, los proyectos generan división y violencia entre los que están a favor y en contra. "Espero que en el Tribunal Ético de Chile se ponga en evidencia lo que hacen estas empresas y se vea una forma de sancionarlas", planteó.

El Pantanal

 

En Bolivia, preocupa el proyecto siderúrgico del Mutún, en el oriental departamento de Santa Cruz, que limita con Brasil, a cargo de la compañía india Jindal Steel.

Patricia Molina, del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, señaló que el Mutún potenciará el polo siderúrgico de la región de Corumbá, en el sudoccidental estado brasileño de Mato Grosso do Sul, y dejará en segundo plano el interés boliviano por contar con materia prima y productos terminados derivados del hierro.

El gran impacto ambiental será percibido de inmediato en la región boliviana de El Pantanal, el humedal más grande del mundo con función reguladora del clima que se extiende también por Paraguay y Brasil, porque la industria siderúrgica requiere grandes volúmenes de agua para el proceso del hierro en su fase inicial, aseguró a IPS Molina. A cuatro años de la firma del contrato entre Jindal Steel y el gobierno no existen avances en el proyecto, pero algunas comunidades indígenas ya sufren la prohibición de usar lagunas naturales como fuentes hídricas, afirmó.

En el Norte


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, solicitó el 20 de mayo a Guatemala suspender la explotación de oro y plata de la mina Marlin, ubicada en el occidental departamento de San Marcos, fronterizo con México, al acoger una medida cautelar a favor de 18 comunidades indígenas.

No obstante, Montana Explotadora, subsidiaria de la canadiense GoldCorp, acusada de contaminar varios ríos, continúa operando la mina por retrasos administrativos en el trámite de suspensión.

Mientras tanto Entre Mares, otra filial de la corporación canadiense, está a cargo del proyecto Cerro Blanco en el sudoriental departamento de Jutiapa, limítrofe con El Salvador, al que se oponen grupos sociales salvadoreños y guatemaltecos. "Existe el riesgo de un conflicto político binacional porque El Salvador tendría los argumentos legales para afirmar que se violan los derechos humanos de sus ciudadanos" debido a la eventual contaminación de los compartidos río Lempa y lago Güija, que surten de agua a la población salvadoreña, sostuvo a IPS Rafael Maldonado, del no gubernamental Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala.

Natalia Atz, de la no gubernamental Asociación Ceiba de Guatemala, dijo a IPS que la realización de un tribunal ético contra la minería supone una gran oportunidad para mostrar los graves daños que esta industria está provocando a las comunidades en América Latina.

La mexicana Ana María Alvarado, de la directiva del no gubernamental Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, confirmó a IPS que expondrá en ese tribunal el caso de la empresa canadiense Blackfire Exploration, que extrae barita en el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

En noviembre fue asesinado Mariano Abarca, dirigente de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, reconocido opositor a Blackfire. Desde diciembre la mina permanece cerrada. Una misión de organizaciones no gubernamentales canadienses que visitó Chiapas este año constató daños ambientales, corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte de la minera.

Cuentas de luz subirían $10 mil si se implementa matriz energética con 20% de energía renovable no convencional

 

Santiago, jueves 9 de septiembre de 2010, La Segunda.- Esta cifra desvirtúa todos los pronósticos que ha hecho la industria eléctrica, en cuanto a que este tipo de energías encarecerían de forma importante los costos.

 

Si se decidiera implementar en Chile una matriz energética con 20% de energías renovables no convencionales (ERNC) al año 2020 las tarifas eléctricas se incrementarían cerca de $10 mil por cuenta al año, según informó la Asociación Chilena de Energías Renovables A.G. (ACERA).

Esta cifra desvirtúa todos los pronósticos que ha hecho la industria eléctrica, en cuanto a que este tipo de energías encarecerían de forma importante los costos.

En el "Foro ERNC: desafíos regulatorios para las energías renovables en el Bicentenario" se concluyó además que los porcentajes de participación de "energía verde" exigidos por ley no corresponden a los reales de participación de estas fuentes energéticas en la generación total de los Sistemas Interconectado Central (SIC) e Interconectado del Norte Grande (SING).

Esto implicaría que en 2010 el porcentaje efectivo de obligación de acreditación de ERNC en el SIC y SING sería sólo un 0.99%, en vez del 5% legal. "Pese a que se cumple legalmente la normativa –debido a los artículos transitorios que permiten exclusiones-, no se está cumpliendo el espíritu de ésta ley en cuanto a impulsar las ERNC", señaló José Ignacio Escobar, vicepresidente ejecutivo de ACERA

El representante del organismo explicó que "Chile obtendría otros beneficios más allá de aspectos medioambientales, como ahorro estatal en salud pública, competitividad internacional, desarrollo regional, generación de empleo, exportaciones bajas en huella de carbono, entre otros".

El dirigente agregó que "Debemos sincerar los precios, costos y beneficios de las diversas fuentes energéticas y dejar de lado grandes prejuicios y supuestos infundados que hay en torno a esta industria en nuestro país. Las ERNC proveerán a nuestro país de energía a un precio seguro y estable, sin riesgos de abastecimiento ni sujeto a precios internacionales".

 

Investigarán conflicto de interés y presiones en caso Barrancones

 

Valparaíso, viernes 10 de septiembre de 2010, El Mostrador.- Comisión especial de la Cámara de Diputados. Indagarán conflicto de interés y presiones en aprobación de proyecto Barrancones. Los diputados PS Marcelo Díaz y Alfonso de Urresti dieron cuenta de los serios vicios del proceso y exigieron respuestas respecto a las presiones provenientes del gobierno central para aprobar el proyecto energético, pese a los antecedentes que advertían su nocivo efecto hacia el medio ambiente.

La Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados consideró que existen méritos para que la Comisión Especial Investigadora de Resoluciones Coremas sobre proyectos energéticos indague las presiones y conflictos de interés en el proceso de aprobación del proyecto energético Barrancones de Suez Energy, independiente de que la presión social obligó al Presidente Piñera a intervenir para impedir que éste se ubicara en las cercanías de Punta de Choros.

 

El intendente de la Región de Coquimbo, Sergio Gahona, y la directora regional de la CONAMA de la Región de Coquimbo, Claudia Rivera, insistieron ante la instancia parlamentaria que el proceso de aprobación de la central termoeléctrica fue ajustado a las normas.

 

No obstante, los diputados PS Marcelo Díaz y Alfonso de Urresti dieron cuenta de los serios vicios del proceso y exigieron respuestas respecto a las presiones provenientes del gobierno central para aprobar el proyecto energético, pese a los antecedentes que advertían su nocivo efecto hacia el medio ambiente.

 

"Ha quedado en evidencia que fue un proceso ambiental lleno de dudas, presiones e intervenciones. El intendente reconoció que se reunió con Suez Energy, y que se reunió con los ministros, pero él no califica eso como presiones. Yo creo que acá hubo una decisión del nivel central para aprobar la central termoeléctrica Barrancones y, como se aprobó en esta comisión, vamos a pedir que todos los antecedentes sean entregados a la Comisión Investigadora de las Coremas", sostuvo el legislador.

 

El parlamentario sostuvo que a esa instancia se invitaría "a todo el comité técnico, al gobernador marítimo y a funcionarios que estarían en condiciones de entregar antecedentes que nos ayudarán a demostrar cómo en este proceso hubo una decisión política de aprobar este proyecto, más allá de las evaluaciones técnicas".

 

Chile y Argentina firman un acuerdo energético

 

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010,  Agencia EFE.- Los gobiernos de Chile y Argentina firmaron en Santiago un acuerdo para desarrollar un trabajo conjunto en el intercambio de energía, interconexión eléctrica, combustibles, biocombustibles y cooperación en energía nuclear, informaron fuentes oficiales. El documento fue suscrito por el ministro chileno de Energía, Ricardo Raineri, y por el ministro argentino de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido.

 

A través del acuerdo, según las fuentes, se crearán cuatro comisiones de trabajo que analizarán las tareas a desarrollar en cada una de las áreas mencionadas. El ministro Raineri, en la ocasión, destacó que ambas naciones tienen capacidades físicas, técnicas y de conocimiento que se pueden complementar en beneficio mutuo.

 

La comisión para el intercambio de energía se dedicará a evaluar la factibilidad de implementación de distintas modalidades de intercambio, mientras la dedicada a la interconexión eléctrica analizará las compatibilidades de los sistemas eléctricos de ambos países y mecanismos de coordinación. En tanto, la comisión de Combustibles y Biocombustibles fortalecerá la cooperación técnica e intercambio de información y experiencia en el sector, con el objetivo de fomentar el desarrollo de estos mercados.

 

Por su parte, el grupo de trabajo sobre energía nuclear se enfocará en el ámbito de la formación de recursos humanos y desarrollo de infraestructura. Los ministerios de cada país designarán a los representantes en un plazo de diez días, y las comisiones estarán constituidas dentro de un mes para establecer una agenda con cronograma y actividades específicas.

 

El acuerdo se concretó tras una reunión de ambos ministros en Buenos Aires, hace un par de semanas y posteriormente visitó Chile el secretario de Energía argentino, Daniel Cameron, para afinar los detalles del convenio. Julio de Vido también se reunió hoy en el Palacio de La Moneda con el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Hinzpeter; estuvieron presentes además los embajadores de Argentina en Chile, Ginés González García, y de Chile en Argentina, Adolfo Zaldívar.

 

De Vido, en la ocasión, destacó que Argentina tiene una experiencia importante en la producción de biodiesel y disposición "a transferir esos conocimientos", agregando que en su país hay excedentes exportables que pueden ser enviados a Chile. Por su parte, el ministro Rodrigo Hinzpeter afirmó que Argentina y Chile tienen "muchos desafíos por delante y un gran futuro en común no sólo en las relaciones comerciales, sino también en las humanas y culturales".

 

Julio De Vido estuvo hoy en la mina San José, en la región de Atacama, en la que desde el pasado 5 de agosto permanecen atrapados a 700 metros de profundidad 33 mineros, a quienes transmitió un saludo de la presidenta argentina, Cristina Fernández. En La Moneda, el ministro reiteró la disposición de su Gobierno a prestar la ayuda que sea necesaria para el rescate de mineros.

 

Contaminante cancerígeno acecha a Arica

 

Arica, viernes 10 de septiembre de 2010, por Yael Schnitzer, El Mostrador.- Residuos de empresa Promel en Copaquilla: Contaminante cancerígeno acecha a Arica. Según un estudio son altísimas las concentraciones de arsénico en el suelo y agua de Copaquilla. Un lugar que hace nueve años no presentaba estos niveles y donde la única explicación que encuentra el Dr. Tchernitchin, a cargo de la investigación, es la propagación de este contaminante por la ausencia de medidas preventivas por parte de las autoridades, frente a los acopios de una empresa en la zona.

En 2001 el servicio de salud de Arica ordenó la realización de análisis químicos en la localidad de Copaquilla y cuyos resultados no arrojaron valores alterados por arsénico. Pero hoy, nueve años después, un estudio realizado por el experto en toxicología de la Universidad de Chile, doctor  Andrei Tchernitchin, dio cuenta de un panorama totalmente distinto.

 

Esto, porque constató la presencia de altas concentraciones del químico  en el suelo y agua del sector. Para Tchernitchin esto "sugiere que la presencia actual de arsénico, demuestra que es una contaminación reciente y confirma, con alta probabilidad, que proviene de los acopios de Copaquilla". Copaquilla se encuentra a 100 kilómetros de Arica, lugar donde la empresa Promel arrojó, años atrás, dos mil toneladas de desechos químicos, entre ellos arsénico,  plomo y cianuro.

 

El experto sostiene que el problema no fue resulto en su momento, porque el arsénico  se propagó y actualmente afecta a lugares que antes estaban libres de este contaminante, que puede producir graves problemas a la salud como infertilidad y cáncer al pulmón, la vejiga, las vías urinarias, al riñón y a la piel.

 

Pero eso no es todo, ya que Tchernitchin asegura que también produce coeficiencia intelectual baja. "Eso significa fracasos escolares y por ende, mala calidad de vida". Y otro efecto que podría manifestarse en quienes están expuestos a sus efectos son una mayor agresividad, que a su vez "genera una tendencia a abusar de las drogas, por lo que tienen una alta probabilidad de irse por el camino de la delincuencia".

 

Agua contaminada

 

En el estudio se determinó que en la localidad de Livilcar, ubicada a unos 10 kilómetros al interior de Arica, el contenido de arsénico en el agua asciende a 94,4 microgramos  por litro, e incluso hubo mediciones que llegaron a 11 microgramos por litro. "En Copaquilla hay un altísimo nivel de arsénico y eso ya está contaminando el Valle de Azapa y pronto llegará a Arica", advierte el experto de la U. de Chile.

 

Andrei Tchernitchin sostuvo que estos resultados, que "están muy por encima de la norma de 10 microgramos por litro", sugieren que la contaminación también proviene de los acopios de Copaquilla, "desde el agua, contaminación del suelo y probablemente de las napas subterráneas".

 

Amenaza latente

 

Los problemas de contaminación con polimetales en Arica no son nuevos.  De hecho hace sólo un año se inició una investigación por la contaminación con plomo y arsénico en esa zona, donde se determinó la responsabilidad de la misma empresa: Promel.

 

Probablemente la falta de medidas de precaución, hace que hoy se abra un nuevo foco de contaminación. Y Tchernitchin advierte que si no se toman medidas esto puede continuar para volverse un problema que incluso podría afectar a la población de la capital de la Región de Arica y Parinacota. "En Copaquilla hay un altísimo nivel de arsénico y eso ya está contaminando el Valle de Azapa y pronto llegará a Arica", dijo.

 

La investigación ya está en manos del Colegio Médico, que anunció para el próximo martes la entrega de los problemas  más preocupantes y las posibiles consecuencias que podrían  enfrentar los sectores donde se concentra la mayor contaminación.

 

Conama inspecciona recambio de estufas de alta eficiencia

 

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, Conama.- Ministra de Medio Ambiente inspeccionó recambio de estufas de alta eficiencia. En un recorrido por la región del Biobío, la secretaria de Estado, verificó los nuevos calefactores que reemplazarán a los antiguos. La eficiencia estimada de estos equipos permite disminuir hasta 20 veces la concentración de material particulado en el aire.

Con el propósito de conocer en terreno la implementación del Programa de Recambio de Estufas en el Gran Concepción, la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, recorrió Talcahuano y Penco, para verificar en terreno el recambio de los calefactores. Se trata de un nuevo concepto de estufa de doble cámara con una alta eficiencia de combustión y que cumplen con las más altas exigencias ambientales.

 

La acción se contextualiza en el anuncio del Programa Nacional de Recambio de Calefactores a Leña, anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, y cuyo objetivo es reducir los índices de material particulado en el aire. La acción se desprende luego de la declaración de zonas saturadas y de latencia en varias ciudades del Centro Sur de Chile.

 

En el recorrido regional, la secretaria de Estado, destacó que la medida permitirá mejorar la calidad del aire y la calidad de vida de las personas, ya que "esto es parte de un programa de compensaciones de material particulado de un proyecto que contempla el retiro de un artefacto existente y la instalación de uno que contamine mucho menos" explicó la ministra.

 

La medida, anunciada por el Gobierno se lleva cabo gracias al apoyo de Colbún y Endesa, empresas que desarrollan los proyectos Bocamina y Coronel en la región. "Esta es sólo una parte de la solución al problema, ya que es una manera de gestionar mejor los impactos ambientales de proyectos con compensaciones adecuadas. Sin embargo, hay muchos actores y sectores involucrados que forman parte de una estrategia que tiene que ser mayor" agregó la ministra Benítez.

 

Cabe destacar que CONAMA Región del Biobío, ya había iniciado una medida de recambio de estufas convencionales por equipos de doble cámara, medida que el sector productivo regional ha visto como una forma de compensar emisiones de material particulado, especialmente de proyectos termoeléctricos. El plan de recambio de estufas convencionales por doble cámara, ha involucrado áreas poblacionales con históricos problemas de contaminación como son los casos de Talcahuano y Coronel.

 

Las nuevas tecnologías de los calefactores instalados posibilitarán disminuir la emisión de Material Particulado (MP10), ya que estos equipos tendrían una emisión anual entre 1 y 5 kg, que comparado con los 60 de las estufas actuales, las hacen veinte veces menos contaminantes.

 

Senadores presentan ley para el fin de la explotación comercial de Parques Nacionales y Área Protegidas

 

Valparaíso, jueves 9 de septiembre de 2010, Prensa IEP.- Parlamentarios de la Alianza y la Concertación, con apoyo de ecologistas, presentan ley que prohíbe intervención de mineras, hidroeléctricas, termoeléctricas y explotaciones con fines de lucro en áreas protegidas y glaciares.

 


Manuel Baquedano, Bernardo Zentilli, José Antonio Gómez y Sara Larraín

 

Esta mañana se dio a conocer la reforma a la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente presentada por los senadores José Antonio Gómez (PRSD), Hernán Larraín (UDI), Isabel Allende (PS), Jaime Quintana (PPD) y Fulvio Rossi (PS). La iniciativa tiene por objetivo prohibir el desarrollo de actividades o proyectos con impacto ambiental en Parques y Reservas Nacionales, Monumentos Naturales, Santuarios de la Naturaleza, Parques o Reservas Marinas, Humedales Protegidos o Glaciares; además de cualquier otra área bajo protección oficial y zonas aledañas de alto valor ambiental.

 

Los senadores fundamentaron la iniciativa en 3 puntos centrales: el mandato constitucional de preservar la naturaleza; las limitaciones y prohibiciones de actividades comerciales al interior de áreas oficialmente protegidas; y las recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, realizadas por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual Chile es miembro pleno.

 

 "Es vital que las organizaciones puedan hacer la presión, en la forma normal como se hace en democracia, para los efectos que este proyecto sea aprobado.", declaró el senador José Antonio Gómez, quien agregó que "no estamos en contra de que se avance, estamos a favor de defender el medio ambiente."

 

Los dirigentes ecologistas Fernando Dougnac, de FIMA; Manuel Baquedano, de IEP; Bernardo Zentilli, de CODEFF; Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad; Juan Pablo Orrego, de Ecosistemas y Sara Larraín, de Chile Sustentable; respaldaron la iniciativa, destacando que resulta un escándalo y un contrasentido que en Chile se use el Sistema de Evaluación Ambiental como vía para intervenir los Parques Nacionales y Áreas Protegidas.

 

Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, declaró que "aquí el problema de fondo es la institución presidencial de nuestro país, que es una monarquía disfrazada; y eso ha sido aplicado durante todos los gobiernos."

 

Se llegó a la conclusión de que actualmente en Chile, las áreas protegidas en realidad no existen, pues cualquiera puede planificar proyectos incompatibles dentro de sus límites y destacaron que esta ley viene a poner orden al caos regulatorio que sufren las Áreas Silvestres Protegidas en Chile.

 

Solicitan derogación de decreto que autoriza tala de árboles declarados Monumento Natural

 

Santiago, jueves 9 de septiembre de 2010, Terram.- Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, representados por el abogado Marcelo Castillo, entregan hoy una solicitud al Ministerio de Agricultura, para que anule el Decreto 654, de noviembre de 2009, que autoriza la tala de especies declaradas Monumento Natural, tales como alerce, araucaria, ruil, belloto del norte y del sur y pitao.

 

Esta petición se fundamenta en que el mencionado decreto contraviene una serie de normas legales de mayor rango vigentes en el país, tal como la Convención de Washington, que establece que los Monumentos Naturales son inviolables. Para el abogado Marcelo Castillo "no sólo están en peligro especies de alto valor ambiental, como el alerce, la araucaria y el ruil, sino también el estado de derecho y el cumplimiento de tratados internacionales suscritos por Chile".

 

"El Decreto 654 es un flagrante atropello de los compromisos suscritos por Chile, así como de la protección de nuestros bosques bajo constantes amenazas", señaló Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, que se hizo parte de la presentación. Además de Terram, firmaron la petición la Corporación Chileambiente, Ecosistemas, Corporación para el Desarrollo de Aysén (CODESA), Organización Comunitaria Chinchimen, Organización Aguas Libres, Fundación Ghut, Ética en los Bosques, Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Fundación Pumalin, Fundación Yendegaia. Además, a título personal, se sumaron Nicolo Giglo, José Opazo, Javiera Espinoza, Luis Andrés Ulloa, María Celeste Santibañez, Macarena Soler.

 

Bajo la Convención de Washington, las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, quedan bajo protección absoluta. En tanto, los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna, declarándolo inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.

 

De acuerdo a las organizaciones denunciantes, el Decreto 654 apuntaría a facilitar, en el futuro, la tramitación ambiental de la línea de transmisión del proyecto HidroAysén, que en su trayecto para trasladas la energía desde la Patagonia a la zona central del país, deberá pasar por numerosas zonas con especies protegidas. "Esta norma dictada por el Minagri debilita de una manera inaceptable la protección de especies forestales nativas en el país, y lo hace mediante un acto administrativo, evitando el debate público que significaría, por ejemplo, haber propuesto una modificación legal para ser discutida en el Congreso", agregó Flavia Liberona.

 

Piden "Nuevo Trato" para la pesca artesanal

 

Valparaíso, viernes 10 de septiembre de 2010, La Nación.-Escalona y Ascencio piden "Nuevo Trato" para la pesca artesanal. El senador del PS Camilo Escalona y el diputado DC Gabriel Ascencio pedirán al Gobierno un "nuevo trato" con la pesca artesanal, con motivo del Bicentenario, que considere la creación de un Fondo de Compensación incluido en la Ley de Presupuesto del año 2011.

 

Este fondo permitiría establecer un seguro de vida universal para la pesca artesanal; aportes previsionales y de salud; un sistema de becas que asegure la educación superior de las nuevas generaciones; y, recursos suficientes que permitan mejorar la infraestructura de los pescadores artesanales para el desarrollo de sus faenas.

 

"Mientras el sector industrial ha tenido el tiempo y las condiciones para obtener y generar millonarias utilidades, la pesca artesanal se ha visto profundamente afectada y disminuida", acusaron los parlamentarios por la Región de Los Lagos.

 

Agregaron que con la Ley Corta de Pesca, aprobada el año 2002, la pesca artesanal quedó "limitada en su capacidad de captura y en las zonas de mayor peso ocupacional, lo cual le significa enfrentar severas dificultades económicas". A ello suman como dificultades la falta de tecnología y el acceso a créditos.

 

"Entonces, mientras los industriales, gracias a esta legislación, conseguirán utilidades por sobre 2000 millones de dólares en diez años, los artesanales deben recurrir permanentemente a canastas familiares o manifestaciones para conseguir una atención mezquina que no les resuelve sus problemas", añadieron.

 

Ecologistas preocupados por fundo El Carmen

 

Valparaíso, viernes 10 de septiembre de 2010, El Mercurio de Valparaíso.- Expusieron que analizan acciones legales para lograr la protección definitiva del predio.

En alerta se encuentran nuevamente activistas ecológicos de Quilpué respecto del futuro del Fundo El Carmen, ante una nueva tramitación del Plan Intercomunal del Gran Valparaíso (Premval) en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a fines de agosto con las observaciones que realizó la Contraloría en septiembre del 2009 tras su aprobación en el Consejo Regional.

 

Susana Soto, quien junto a la abogada Ana Cuadros interpusieron recursos judiciales en contra del Premval, para evitar que el Fundo El Carmen fuera incluido en una zona de extensión urbana y con ello dejar abierta la posibilidad de que se desarrollen proyectos inmobiliarios en el predio, contó que el 12 de agosto se reunieron con el seremi de la Vivienda, Matías Avsolomovic para tratar el tema.

 

"Se nos informó que el Fundo El Carmen, "que va desde Paso Hondo hasta El Retiro no se incluía en la zona de extensión urbana y que se dejaba como área rural, que se había conversado con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso –dueña del terreno- y que estaba dispuesta a donar 40 hectáreas para implementar un parque y que los otros fondos de quebradas quedaban protegidos por ley", precisó la dirigenta ecológica.

 

Susana Soto agregó que quedó la preocupación de que al calificarse la zona en cuestión como "rural, sin la especificación de esparcimiento y turismo vigente desde 1971 cuando se firmó el decreto presidencial N° 270, queda la posibilidad de subdivisiones de loteos prediales mínimos de 350 metros cuadrados, de acuerdo con la modificación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por lo que al final sería lo mismo con otro nombre".

 

La dirigenta comentó que de aprobarse la calificación de la zona como exclusivamente rural "tendremos que estudiar la posibilidad de iniciar nuevas acciones legales para proteger el fundo, como la presentación de un recurso de nulidad de Derecho Público, como el que se dio en el caso de Los Cerrillos en Santiago".

 

Respecto de las gestiones que paralelamente realizan ante la Conama para lograr que El Carmen sea considerado como Sitio Prioritario para Conservación de la Biodiversidad, Nº 57 (hay 56 en Chile), Susana Soto dijo que "hemos llamado insistentemente y hasta ahora no hay repuesta".

 

Por su parte, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, reiteró su postura en cuanto a proteger el fundo como como zona de parque y área verde. "Como municipio hicimos el planteamiento oficial ante la Comisión Territorial del CORE, en presencia del seremi de la Vivienda y solicitamos que esa zona sea un parque intercomunal", acotó.

 

"La determinación ahora queda en manos de los consejeros regionales, pero si no se cumple apelaremos a los tribunales correspondientes, con el objeto de que se respete la voluntad del donante, porque aquí no hablamos de una decisión antojadiza, sino que se basa estrictamente en el concepto legal del cumplimiento del modo, es decir, ejecutar la voluntad de quien hizo la donación", puntualizó.

 

GLOBALES

Argentina: En búsqueda de una política ambiental

 

Buenos Aires, Argentina, viernes 10 de septiembre de 2010, por Cristian Frers, Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social, Adnmundo.-  "Gran parte del problema de deterioro ambiental en Argentina se debe a la ausencia de coordinación en la aplicación de las normas".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, cuando utilizamos la palabra política, junto con un adjetivo que la califica, por ejemplo: política ambiental, lo hacemos con la finalidad de designar un conjunto de acciones que se estiman necesarias, con base en ciertas previsiones, para alcanzar una serie de objetivos como conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar el desarrollo sostenible.

A estos objetivos se deben incorporar decisiones y acciones específicas destinadas al cumplimiento de los mismos, con el respaldo de normas, instituciones y procedimientos que permitan lograr la funcionalidad de dichas políticas.

La idea de política ambiental representa una especificidad de la idea más general de política, ya que designa un conjunto de acciones, diseñadas habitualmente por el Estado, que se consideran indispensables para lograr una ordenación racional del ambiente; y que de no mediar tales acciones sería imposible de lograr. La política ambiental es, por decirlo de una manera simple, la respuesta a la pregunta sobre el ¿qué hacer? para conseguir una ordenación racional del ambiente. Se trata, en síntesis, de determinar como debe actuarse sobre la realidad para generar ciertos efectos ambientales positivos, que de acuerdo con las tendencias actuales, de esta realidad no podrían generarse.

Muchas veces la falta de coordinación y de planificación de las acciones de los gobiernos han derivado en una total ineficacia de sus políticas, y han significado, en las cuestiones ambiente y de infraestructura, la necesidad de volver al principio, a cero. Por ejemplo, las muy pocas veces que se han establecido medidas anticontaminación de los cursos de agua, se acciona contra diversas empresas, pero no se tienen en cuenta los basureros a cielo abierto, que siempre se encuentran a la vera de los ríos, o se vierten líquidos cloacales sin tratamiento alguno, o simplemente se fugan efluentes con la complicidad de ciertos funcionarios que hacen la vista gorda.

Llevar a cabo una buena planificación ambiental significa desarrollar un buen plan de manejo ambiental donde se deben establecer las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad incluyendo también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia.

El diseño e implementación de una política ambiental en los países actualmente en desarrollo, se erige como una condicionante importante para lograr la equidad, el desarrollo económico e indiscutiblemente, el cuidado del ambiente. Dicha política ambiental deberá reunir características de estabilidad a través del tiempo; consistencia con el desempeño institucional y general; y de consideración de las capacidades de liderazgo público y privado, así como de las condiciones económicas, políticas y sociales municipales. Aún más, el éxito de la gestión ambiental deberá fundarse en una clara definición de objetivos y prioridades que, además debe ser congruentes con las necesidades reales de la sociedad. 

Las políticas ambientales, sobre todo aquellas dirigidas a frenar el daño que causa la contaminación deben ser a todo o nada, es decir que si se emprende una campaña no se pueden dejar fisuras o empezar por pequeñeces. No sirve llevar a los jardines de infantes a juntar papelitos, mientras se deja que una poderosa industria desvíe su efluente contaminante de la planta de tratamiento. No es eficiente hacer un llamado a la adhesión voluntaria a un plan de producción limpia, al que acudirán los que siempre colaboran, pues aquellos a quienes la producción limpia no les interesa seguirán contaminando libremente.

Gran parte del problema de deterioro ambiental en Argentina se debe al convencimiento de que los recursos naturales son ilimitados e invulnerables, a la falta de una política adecuada, a la ausencia de coordinación en la aplicación de las normas y a la insuficiencia de información y conciencia publica sobre la protección de la naturaleza y el alcance de los sistemas de protección.

Sufrimos perjuicios por las inundaciones rurales y urbanas, por la desertización de los suelos y la deforestación. Más del 22% de los habitantes de la argentina carecen de agua potable y al menos el 44% no tiene cloacas. Enfrentamos el problema de qué hacer con los desechos. Debemos promover la industria del reciclaje. Estamos ante la depredación de la pesca, y hay otros muchos casos que afectan el desarrollo, la salud, los intereses y el bienestar de los ciudadanos. Siempre se reacciona cuando ocurren las crisis, pero no se piensa ni se actúa para prevenirlas.

Es por eso que creo fervientemente que la municipalidad de la ciudad de Carmen de Areco – Provincia de Buenos Aires, debería dar origen a una secretaria de desarrollo sostenible para que planifique: La evaluación de los proyectos a desarrollarse en el Municipio, que determine cuales de ellos tienen efectos sobre el ambiente o sobre la salud de la población y que garantice la participación de los vecinos en consultas sobre dichos proyectos conforme a las leyes y, además, para capacitar a los técnicos y profesionales en los temas relacionados con la gestión ambiental.


Esta secretaria serviría a su vez para:

Ø Que las autoridades se comprometan a resolver el problema de los residuos sólidos urbanos creando un programa progresivo que permita la reducción, reciclado y reutilización de los residuos producidos en las casas de familia. Cerrando los basureros abiertos actuales poniendo en marcha su remediación. Realizar un relevamiento médico epidemiológico para determinar las causas de enfermedad en la zona urbana y rural; implementar un registro confiable y poner en marcha un plan de salud acorde con los resultados obtenidos.
Ø Sanear los cursos de agua urbanos y rurales (arroyos, ríos, canales y zanjones) en pro de la salud comunitaria.
Ø Promover la educación ambiental como herramienta para la formación de las nuevas generaciones en ámbitos formales y no formales.

Esta secretaria actuaría como la Autoridad de Aplicación en cuanto a los problemas ambientales y sería la generadora de las ordenanzas municipales referidas a la gestión, uso y saneamiento del agua, a la implementación y gestión de la educación ambiental, entre otras.

Es importante tener en cuenta que la elaboración de una política ambiental regional satisface importantes necesidades para todos los sectores de la vida local.


Ella demanda, que cada comunidad regional haga un balance ambiental sobre el proceso histórico de desarrollo regional. También exige elaborar un diagnóstico actualizado, definiendo cómo esa realidad ambiental es afectada hoy por su entorno económico, social, cultural, institucional, nacional e internacional. Cada región muestra una realidad ambiental específica, en sus recursos naturales y potencialidades, en la diversidad y magnitud de los problemas que debe enfrentar.

 

Países Andinos: Cambios climático golpea un recurso escaso, el Agua

 

Lima, Perú, viernes 10 de septiembre de 2010, por Milagros Salazar desde Lima, Noticias Aliadas, Adital.- Los países andinos, ubicados en la zona tropical del planeta, están marcados por la Cordillera de los Andes, caracterizada por su altitud y diversos escenarios naturales que son fuentes de recursos hídricos y condiciones climáticas. Los Andes albergan decenas de zonas de vida, según el sistema de clasificación creado por el científico estadunidense Leslie Holdridge que incluye aspectos climáticos, atmosféricos e hídricos. Si esta maquinaria natural es afectada, todo cambia, y el agua es una de las piezas en riesgo, y la más vital.


En los países andinos, que conviven en un escenario de fragilidad que se agudiza cada vez más con los efectos del cambio climático, el agua se reparte de manera desigual. La mayor parte de la población vive donde el agua es escasa, y el agua llega donde hay menos gente.

 

En el Perú, el 70% de sus casi 30 millones de habitantes se concentra en la costa desértica y dispone de apenas 1.8% del agua de los ríos, en contraste con la disponibilidad del recurso en la Amazonia, que bordea el 98% a pesar de que alberga sólo una cuarta parte de la población del país.

 

En Bolivia la situación es más grave aún, sobre todo en el altiplano, que concentra a la mitad de los 10 millones de habitantes, que sólo tienen acceso a 500 m³ de agua al año. Ecuador registra la menor desigualdad hídrica entre los tres países, según el libro El agua, ante nuevos desafíos, publicado en 2009 por la organización internacional humanitaria Oxfam y el no gubernamental Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Mientras un habitante de la costa peruana dispone de 2,000 m³ de agua al año, uno del Ecuador tiene acceso a 12,000 m³.

 

Con el cambio climático, el ciclo hidrológico se altera y las vulnerabilidades se incrementan, coinciden los expertos.

"Menos lluvia en algunas zonas, inundaciones en otras, retroceso de los glaciares, cambios en las filtraciones de agua en el suelo y otros aspectos que revelan que los procesos, velocidades y distribución del agua se van presentando de manera diferente", explica el ingeniero forestal peruano Carlos Alberto Llerena, profesor principal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en Lima, y fundador del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua.

 

Los efectos y la incertidumbre

Aunque la variabilidad climática siempre ha existido, el fenómeno del cambio climático es algo nuevo, porque acelera estos procesos naturales al punto que se vuelven inmanejables por los seres humanos y generan incertidumbre.

 

"Los estudios pueden mostrar algunas tendencias, pero no se sabe cuándo habrá lluvias intensas o cuándo predominará la sequía. Los indicadores, o las señas en el mundo andino, ya no funcionan", señala Pedro Ferradas, gerente del Programa de Prevención de Desastres de la organización internacional Soluciones Prácticas-ITDG, dedicada a la difusión de tecnologías apropiadas para poblaciones de menores recursos, y coordinador de la Red Global de Organismos de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres en América del Sur.

 

La disminución de los glaciares como consecuencia del incremento de las temperaturas por el calentamiento global, generado por la emisión en exceso de gases de efecto invernadero, representa uno de los problemas más preocupantes, ya que estos nevados son fuentes de almacenamiento de agua.

 

Entre los países andinos, Perú es el más afectado, porque alberga el 71% de los glaciares tropicales de los Andes. Le siguen Bolivia con el 22%, Ecuador con 4% y Colombia con 3%, según el informe "Glaciares y Cambio Climático", publicado por la Comunidad Andina en el 2007.

 

Los glaciares forman parte de los ecosistemas de montaña, que abarcan otras fuentes de agua y que resultan clave para garantizar la calidad y cantidad del recurso para las comunidades y las ciudades. Su importancia se constata con las cifras globales: sólo el 3% del agua que se consume en el mundo es dulce, y de ese pequeño porcentaje, 79% proviene de los glaciares, 20% representa agua subterránea y 1% son aguas superficiales.

 

Lo preocupante es que sólo en el Perú, en los últimos 30 años se ha perdido un 30% de la superficie de los glaciares en la Cordillera Blanca, en el centro del país, cantidad equivalente al abastecimiento de agua a Lima, la capital, por 10 años. Aunque inicialmente esta desglaciación puede significar más agua para las comunidades, lo alarmante es que son recursos no recuperables.

 

Y van camino a la extinción, como ocurrió con el glaciar Chacaltaya, en Bolivia, ubicado a 5,300 msnm, que el año pasado terminó de derretirse, seis años antes de lo previsto.

 

En Ecuador, el Cotopaxi y el Antisana ya han perdido entre 30% y 50% de su cobertura de hielo, lo cual ha puesto en peligro el abastecimiento de agua de riego para los valles centrales del país y el suministro de agua de consumo para Quito, la capital. En Colombia, ocho de sus 15 glaciares se extinguieron en los últimos 50 años, y en los restantes siete se ha evidenciado un retroceso de aproximadamente 20 metros por año en la última década.

 

"Pero además, en las épocas de estiaje [los glaciares] constituyen una fuente de agua fundamental para los ríos que alimentan a las ciudades y sirven de materia prima para las centrales hidroeléctricas", informa Jorge Recharte, director del programa andino del Instituto de Montaña, dedicado a la conservación de la biodiversidad en las zonas de montaña.

 

Lo que sucede en las partes altas tiene repercusiones en las ciudades más pobladas. En el Perú existen 19 cordilleras nevadas, que tienen un total de 3,044 glaciares, de los cuales 1,129 están en la cuenca del Pacífico y abastecen de agua a la costa.

 

"El aporte de agua de estos glaciares a las cuencas dependerá del caudal y la extensión de los ríos. Por eso es importante investigar cuánto aporta cada glaciar a cada cuenca", enfatiza Llerena.

 

Recharte, por su parte, sostiene que "estos ecosistemas son la infraestructura natural del agua y tienen un valor enorme, porque ahí se almacena el recurso, se regula, se conserva".

 

Los páramos, enormes humedales ubicados sobre los 3,500 msnm, son parte de esta infraestructura verde de los países andinos, y regulan el ciclo hídrico. Su conservación o destrucción tiene un impacto en las zonas bajas. Todo está conectado.

 

Algunos de estos páramos están siendo amenazados por proyectos mineros como sucede en la región norteña de Piura, Perú, donde se desarrolla el proyecto cuprífero Río Blanco.

 

El agua y la minería

 

La minería en las cuencas hidrográficas donde se encuentra el mineral y nacen los ríos, es una actividad que debe analizarse en un contexto de cambio climático.

 

"¿Cómo armonizar la necesidad de agua con la explotación de minerales? Habrá circunstancias en las que se tendrá que elegir por un recurso y no se podrá compatibilizar", asegura Llerena. La preocupación surge por la minería a gran escala y la informal debido a los niveles de contaminación de los ríos. También por otras fuentes nocivas aportadas por los fertilizantes de la actividad agrícola.

 

Como parte de la solución, los expertos recomiendan la realización de estudios de hidrología e invertir en instituciones clave como unidades de glaciología, que en el caso del Perú, por ejemplo, dependen de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura, que usualmente operan con pocos recursos y personal, asegura Recharte.

 

Pero quizás la apuesta mayor debe ser por la adaptación ante un proceso irreversible. Ferradas resalta que en ese camino hay que rescatar los saberes de las comunidades para el almacenamiento de agua, como la construcción de lagunas artificiales.

 

Llerena asegura que está en marcha una transformación global en que el aspecto climático es un solo componente, al que se suman cambios en el uso de la tierra por la deforestación, en la composición atmosférica y por la pérdida de la biodiversidad. "Son procesos paralelos y que se complican uno al otro", enfatiza.


Cambio climático y recursos hídricos: Reto a nivel mundial

 

Cuernavaca, México, viernes 10 de septiembre de 2010, Ecoportal.- Se refieren a que los futuros proyectos de cuencas hidrológicas deberán incluir acciones relacionadas con el manejo sostenible y la protección de los ecosistemas forestales.

 

José Luis Luege Tamargo, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que se deben evitar asentamientos en zonas de riesgo y es necesario establecer una política estricta de ordenamiento territorial, a lo cual coincidieron representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Belice, República Dominicana y México, el la clausura de el Encuentro Mesoamericano de Cuencas Hidrológicas, en Cuernavaca, Morelos.

 

El titular de la Conagua resaltó que en estos momentos el reto en el sector hídrico es la adaptación al calentamiento global, por lo que se requiere aplicar la visión de cuenca en la gestión integral del recurso hídrico con el objetivo de lograr un cambio en el escenario futuro de nuestro país hacia la sustentabilidad, tal como se plantea en el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2007- 2012.

 

Destacó que "el futuro de la humanidad está en las acciones urgentes que tomemos para el uso eficiente del agua y el ordenamiento del territorio", y puntualizó que los estados y municipios deben desarrollar planes de ordenamiento donde se establezca como eje principal el respeto de las áreas verdes, de cultivo, y, sobre todo, las zonas inundables o de riesgo.

 

Respecto al uso eficiente del agua, agregó que "muchas de las experiencias abordadas en este Encuentro estuvieron enfocadas a la tecnificación del riego agrícola y modernización de los organismos operadores municipales". Ante esto, explicó que el Gobierno Federal, a través de la Conagua, trabaja para reducir el porcentaje del agua que se destina al campo y promueve el intercambio de agua de primer uso por tratada en el riego agrícola. Asimismo, apoya e incentiva a los sistemas operadores para que eficienten sus actividades.

 

Por su parte, Max Campos Ortiz, Jefe de División de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la Organización de Estados Americanos (OEA), agradeció a México la cooperación lograda en materia hídrica desde hace 10 años, periodo en el que se han compartido prácticas exitosas relacionadas con la gestión integral de los recursos con visión de cuenca, de las cuales se derivaron varios modelos que se aplicaron en países de la región mesoamericana.

 

Previo al acto de clausura, Patricia Ramírez Ovando, Secretaria Técnica del Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de Integración Centroamericana, informó que entre los principales acuerdos alcanzados destaca la determinación de que el siguiente Encuentro se realice del 22 al 26 de noviembre próximos en la ciudad de Panamá, Panamá, con la temática "Legislación en Materia de Aguas".

 

En este próximo evento, apuntó, se impulsarán las modificaciones necesarias en las legislaciones locales que permitan fortalecer el enfoque de cuenca como base de las acciones encaminadas a la gestión integrada del recurso hídrico.

 

El pleno de los participantes también coincidió, de conformidad con la propuesta desarrollada por la Conagua, en que se solicitará a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que en 2011 y 2012 se de continuidad al Proyecto de Cooperación Técnica para el Manejo de Cuencas Hidrológicas. Esto debido a los beneficios que se han obtenido en el desarrollo de políticas públicas en los países participantes del Mecanismo de Diálogo de Tuxtla.

 

Otros puntos pactados se refieren a que los futuros proyectos de cuencas hidrológicas deberán incluir acciones relacionadas con el manejo sostenible y la protección de los ecosistemas forestales, a fin de mejorar la capacidad de infiltración del agua, lo que mejoraría la calidad de vida de las poblaciones.

 

Finalmente, cabe señalar que este Encuentro Mesoamericano se desarrolló en el marco del Proyecto "Manejo de Cuencas Hidrológicas" que forma parte del Programa Mesoamericano de Cooperación, derivado de la Octava Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla IV.

 

Medidas para combatir el cambio climático

 

Madrid, España, viernes 10 de septiembre de 2010, Analítica.- El cambio climático es un problema ecológico mundial del que cada vez menos gente duda. Incluso uno de los portavoces del eco-escepticismo, Bjørn Lomborg, ha reconocido su gravedad y ha solicitado a los gobiernos que actúen. Las medidas para frenarlo y adaptarse a sus consecuencias son muy diversas. Además de servir contra el problema, estas iniciativas contribuyen a crear un mundo mejor. Todos, desde las instituciones internacionales hasta las locales, y los consumidores, pueden contribuir a ello.

 

Planes globales: de Kyoto a México

 

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es una de las principales acciones que se han encomendado la mayoría de los gobiernos de todo el mundo. De la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) surgió en 1997 el Protocolo de Kyoto, el primer acuerdo global en la lucha contra este problema.

El objetivo mundial del Protocolo se marcó para reducir en 2012 un 5,2% las emisiones de GEI, con respecto a los niveles de 1990. La Unión Europea (UE) se comprometió a reducir aún más éstas (un 8% entre 2008 y 2012), pero Estados Unidos (EE.UU.), uno de los mayores emisores de GEI, no quiso firmar el Protocolo.

 

Las medidas que pueden tomar los países para reducir sus emisiones son muy diversas y sirven a la vez para crear un mundo mejor: evitar el derroche energético y cambiar los combustibles fósiles por energías renovables, sustituir el transporte privado por otro público y sostenible, construir viviendas y edificios ecológicos, detener la deforestación y regenerar los bosques, cambiar las técnicas agrícolas intensivas por otras sostenibles, ayudar a los países en vías de desarrollo para que mejoren sin copiar los malos hábitos del denominado primer mundo, estimular una I+D que mejore el bienestar humano y ayude a conservar la naturaleza, fomentar el uso de las tres erres (reducción, reutilización y reciclaje), sustituir materiales y procesos contaminantes, etc.

 

Los límites de emisiones no son iguales para todos los países porque se tomó en cuenta su desarrollo energético. A España se le permite generar un 15% más que en 1990 y, aunque realiza un esfuerzo considerable, en 2004 había llegado a un 47%. Las instituciones han aprobado diversas iniciativas para reducir estos números, como la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Este plan, presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), reúne 170 medidas para coordinar los esfuerzos del Gobierno, las comunidades autónomas y los municipios.

 

El Protocolo de Kyoto cuenta con los "Mecanismos Flexibles" para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de forma indirecta, si no es posible mediante los sistemas convencionales:

 

*Comercio de derechos de emisión: las empresas pueden superar su cuota a condición de que otras empresas con menores emisiones les vendan las suyas.

 

* Fondos de carbono: el exceso en las cuotas se cubre mediante la financiación de proyectos para reducir las emisiones de GEI en países en vías de desarrollo y en economías en transición, a través de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y de Aplicación Conjunta.

 

A pesar de contar con la aceptación internacional, los Mecanismos Flexibles se han criticado por su diseño y su eficacia se ha puesto en duda. Como alternativa han surgido los Mercados Voluntarios de Carbono (MVC). Sus responsables son ciudadanos particulares y organizaciones públicas y privadas que de forma voluntaria participan de manera activa. El primero fue el banco HSBC, que anunció en 2004 su decisión voluntaria de convertir en "neutra" su operación en carbono. En España, iniciativas como CeroCO2 o Ekopass permiten a través de sus páginas web calcular y compensar emisiones, además de aprender a reducirlas.

Por otra parte, los responsables institucionales aplican medidas de adaptación para preparar a sus economías y a sus ciudadanos frente a los posibles extremos ambientales que el cambio climático pueda causar en las próximas décadas. España es el primer país que realiza una contribución voluntaria (45 millones de euros para 2010) al Fondo de Adaptación para el Cambio Climático. Este nuevo sistema, creado en la reciente cumbre del clima de Copenhague, financia proyectos relacionados con la adaptación a este problema global.

 

La Conferencia de las Partes sobre el Clima de Naciones Unidas (COP) se realiza cada año para intentar tomar decisiones vinculantes sobre el problema. En noviembre de 2010, la COP 16 reunirá en México a los principales representantes mundiales para tratar de superar el Protocolo de Kyoto, que expira en 2012.

 

El gran poder de las pequeñas instituciones

 

Piensa en global, actúa en local. Aunque el cambio climático es un problema de escala planetaria, las instituciones regionales y locales disponen de competencias y recursos suficientes para hacer más por ayudar a combatirlo. Según el MARM, las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden contribuir hasta en un 40% en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Gobierno para reducir las emisiones contaminantes de CO2.

 

Los responsables de estas instituciones pueden desarrollar proyectos para aumentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables, implantar medidas para generalizar el transporte sostenible o sistemas de gestión de basuras que reduzcan la contaminación y aprovechen los residuos, como la biomasa o el compostaje, actuar sobre la iluminación pública, poner en marcha campañas de educación medioambiental ciudadana o subvencionar a los consumidores para el desarrollo de acciones particulares contra el cambio climático.

 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pretende impulsar estas medidas locales mediante la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC). Compuesta por más de un centenar de ciudades, su objetivo es que los gobiernos locales asuman compromisos para frenar el cambio climático.

 

Qué pueden hacer los consumidores

 

Los consumidores también pueden, en la medida de las posibilidades de cada uno, aplicar en su vida cotidiana diferentes acciones para combatir el cambio climático:

 

*Ahorrar energía, utilizar el transporte público, ir a pie o en bicicleta, regular la calefacción de manera que no sobrepase 20º C, aislar bien la casa, comprar aparatos eficientes (bombillas de bajo consumo, electrodomésticos de clase A o superior).

 

*Utilizar energías renovables en casa: paneles fotovoltaicos o pequeños cargadores solares para cargar pilas reutilizables o el móvil, paneles solares térmicos para calentar el agua o biocombustibles para el automóvil.

*Combatir la pérdida de bosques: evitar situaciones de riesgo que puedan provocar incendios, plantar árboles, comprar productos de madera o papel certificados con el sello FSC.

 

Desde España se ha creado el Movimiento Clima, impulsado por cuatro organizaciones nacionales e internacionales y con el apoyo del MARM, para reclamar la participación de los ciudadanos.

 

Nuevas tecnologías contra el cambio climático

 

Cada vez cobran más fuerza diversas medidas basadas en la aplicación de nuevas tecnologías. Para evitar que llegue a la atmósfera, se baraja el sistema de captura y almacenamiento de CO2 (CCS), un conjunto de diversas tecnologías que capturaría este gas en las industrias donde se genera para transportarlo y almacenarlo después en el mar o bajo tierra. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), hasta 2100 las emisiones se podrían reducir entre un 15% y un 55%.

 

Por otra parte, el concepto de "geoingeniería" abarca una serie de propuestas para controlar el clima a voluntad, como fertilizar los océanos con hierro, bombear azufre en la estratosfera, instalar espejos gigantes entre la Tierra y el Sol, crear nubes con sal marina, fabricar árboles artificiales, etc.

 

Sin embargo, diversos expertos dudan de la viabilidad o la seguridad de estos sistemas y subrayan las posibles consecuencias negativas que podría entrañar su uso. Su generalización, afirman, requeriría grandes cantidades de dinero que podrían dedicarse a otras tecnologías más ecológicas y que han demostrado su eficacia.

 

ESPECIAL: DOCUMENTOS

 

Las dos caras de la agenda de salud del gobierno

 

Santiago, viernes 10 de septiembre de 2010, por Marcela Ramos, CIPER.- Mientras la crisis hospitalaria sigue afectando a los sectores más vulnerables del país, los grandes grupos económicos olfatearon el negocio de la Salud en expansión y comenzaron a mover sus motores. Construyeron torres junto a las clínicas privadas, hicieron alianzas con el retail, levantaron centros médicos al costado del mall. La nueva aventura va de la mano de un sector de consumo conocido por ellos y que creció en democracia. Son los "aspiracionales", familias afiliadas a Fonasa que están dispuestas a sacar plata de su bolsillo con tal de que sus hijos nazcan en la Clínica Dávila y no en un hospital público. El gobierno de Piñera mira sin complejos el fenómeno. Es más: lo anima bajo la premisa de aplicar su propio modelo para solucionar la crisis. La Concertación acusa una privatización encubierta. Pero no puede hacer mucho más. La puerta de la colaboración público-privada quedó entreabierta desde el gobierno pasado.

La salud se ha convertido en uno de los grandes negocios en Chile, como antes ocurrió con la educación superior y con el retail. El nicho del que menos se habla es el de los sectores "emergentes" de Fonasa. Matrimonios afiliados al seguro público que suman ingresos por 500 ó 600 mil pesos, pero que están dispuestos a poner de su bolsillo 100 mil pesos con tal de que sus hijos nazcan en una clínica privada y no en un hospital. Personas que toman la decisión de internarse en un establecimiento evaluando los planes de salud, el equipo médico, pero también si hay un plasma en las piezas.

 

Según un estudio realizado por la Asociación Gremial de Clínicas de Chile, entre 2005 y 2008 "los potenciales beneficiarios provenientes de Fonasa crecieron en un 10,8% y los de las isapres en un 4,5%". De todas las prestaciones que entregó el sector privado en 2008 (consultas, terapias, intervenciones quirúrgicas), un 45% de ellas correspondió a afiliados a Fonasa frente a un 56% de isapres. Esos beneficiarios son los grupos C y D del seguro público, poco más de cuatro millones de personas (entre cargas y cotizantes) que viven fundamentalmente en la Región Metropolitana, en Concepción y Valparaíso.

 

El mercado le ha seguido el pulso a estos movimientos de la población. Entre 2002 y 2008, las clínicas más grandes incrementaron su capacidad instalada en un 79%. Los proyectos de expansión alcanzan los 500 millones de dólares.

 

Uno de los actores de este pujante negocio es el holding de empresas Banmédica, que posee dos isapres, siete clínicas y diversos negocios en el área de la salud, en Chile y en el extranjero. A comienzos de agosto, la Clínica Dávila (que pertenece al holding) inauguró un edificio médico de 10 pisos. El Presidente Sebastián Piñera, cortó la cinta en la ceremonia (uno de los dueños de Banmédica es su gran amigo Carlos Alberto Délano).

 

En la inauguración, Fabio Valdés, presidente del directorio de la Clínica Dávila, destacó que en los últimos diez años habían triplicado su capacidad, pasando de 180 camas a 550, lo que los llevó a convertirse en el centro asistencial privado "más grande del país", y "el segundo en número de atenciones (…) con más de 32 mil pacientes al año, siendo superado sólo por el Hospital Sótero del Río".

Entusiasmado con las comparaciones, Valdés planteó frente al Presidente, su amigo por más de 50 años: "Mediante una inteligente distribución de los subsidios estatales para la salud, esperamos que algún día podamos estar celebrando también inauguraciones análogas para los sectores más desposeídos de la población".

 

La invitación de Fabio Valdés a realizar "una inteligente distribución de los subsidios estatales" se produce en un momento particular de la Salud en Chile, con los astros alineados para que una de las almas del programa de gobierno de Piñera, la colaboración público-privada, tome forma y avance con rueditas en los tres años que vienen.

 

La escenografía es perfecta, urgente: al déficit histórico de 3.000 mil camas se suman unas 2.000 que se perdieron con el terremoto; este año se agregaron 10 nuevas patologías al Auge, hay listas de espera y Fonasa está en campaña para que las personas exijan el cumplimiento de sus garantías. A causa de las crisis de invierno, las listas de espera No Auge o la gripe H1N1, en los últimos años se han multiplicado los convenios entre hospitales públicos y clínicas privadas, por lo que la puerta de la colaboración quedó entreabierta, una operación ejecutada por la propia Concertación.

 

Pero además están los emergentes, ese grupo que prefiere mil veces más pagar por tener a su guagua en la Clínica Dávila o en el Hospital de la Universidad de Chile, "antes que lo cogoteen en el San José", como ironiza un profesional del sector resumiendo una serie de polémicos episodios que han ocurrido en ese hospital. Esas personas, a través de mecanismos de financiamiento que combinen seguros más isapres o Fonasa más seguros, podrían acceder perfectamente a los recintos privados, como imagina un creativo gerente de una clínica aspiracional.

 

Juan Eduardo García-Huidobro, uno de los expertos que más ha estudiado el sistema educacional chileno, planteó hace años que con la creación del financiamiento compartido, la Concertación sepultó la educación municipal, pues la convirtió en el ghetto de los que no pueden pagar. "Las familias ven que por fin también son elite, porque pueden decir mi niñita tiene mejor educación que la de la señora de al lado, que es rasca y manda a su hija a un colegio municipal", explicaba.

 

Un observador de los cambios que están ocurriendo en Salud, cree que el proceso aquí es similar: "Aunque paguen 20 mil pesos, las personas ya sienten que están en otro nivel y van a hacer todo lo posible por no caer en un hospital", analiza.

Algunos concertacionistas temen que si este proceso se extiende y multiplica en los próximos años, lo que se va a producir es la "privatización de la salud", impulsada por el gobierno de Piñera.

 

Para otros, también de la Concertación, si eso ocurre, la responsabilidad es del ex conglomerado de gobierno, particularmente de la administración Bachelet, pues durante esos años "los hospitales se dejaron botados y se abrió paso a la privatización por vocover, pues la Concertación no se presentó al campo de juego".

 

Un profesional que formó parte de los grupos Tantauco, donde se generó el programa presidencial de Piñera, cree que esa es la verdadera agenda del gobierno, y lo que se está preparando es el escenario para hacer el anuncio.

 

Gestión, gestión, gestión

 

Si el partido de la privatización se está jugando hoy en Salud, uno de sus protagonistas es Mikel Uriarte, el nuevo director de Fonasa, la institución que recauda y administra las cotizaciones de la mayoría de los chilenos y distribuye los recursos a los servicios de salud y hospitales.

 

Uriarte llegó a Fonasa después de trabajar casi diez años en el área de los seguros. Encabezó el gremio y llegó a ser gerente general de Seguros Cruz del Sur, del grupo Angelini. Ahora que está frente al mayor seguro público, también se siente un gerente. "No hay ninguna duda dentro del ministerio que estoy manejando todo esto", afirma.

El poder de Fonasa es grande en materia sanitaria. Tiene 12,5 millones de asegurados (el 73% de la población chilena), y casi 5 millones de cotizantes. De hecho, cuando a comienzos de año se informó que Mikel Uriarte estaba negociando con los acreedores de Fonasa una fórmula de "pronto pago", hubo más de algún abogado que equiparó su postura con la de los grandes supermercados frente a los proveedores; y planteó que podía acusarse a Uriarte de abusar de su "poder de compra".

 

Según el director de Fonasa, al asumir su nuevo cargo se encontró con un desastre que lo desesperó: una deuda hospitalaria "que estaba escondida"; listas de espera Auge y no Auge poco claras (ver recuadro); una institución minimizada, que pese a proveer y administrar los recursos del sector, no tenía ningún poder de decisión; y una larga fila de acreedores con los que aún está negociando. La semana pasada cerró pagos por $15 mil millones y Fonasa estima que aún se le adeudan $122 mil millones.

 

-Fonasa fue perdiendo su rol y el presupuesto de Salud pasó a ser manejado por los hospitales. Pero de aquí a fin de año esto va a cambiar. Recuperé el prestigio y el manejo del presupuesto -plantea Uriarte a CIPER.

Desde que asumió, el director de Fonasa se ha hecho conocido en el mundo de la Salud por su tono fuerte.

A los acreedores (laboratorios, clínicas y hospitales universitarios), les exigió mostrar y demostrar la deuda que Fonasa tenía con ellos. Frente a los directivos de los hospitales y servicios públicos ha sido aún más duro. Varios médicos comentan que han asistido a reuniones donde Uriarte ha planteado a las jefaturas de servicio que, si no son capaces de financiarse, "tendrán que cerrar el hospital".

 

Para explicar su actitud, Uriarte muestra un gráfico con los datos de la evolución mensual de la deuda hospitalaria de los últimos tres años. Ese cuadro indica básicamente dos cosas: que entre 2007 y 2010, la deuda se multiplicó por siete, pasando de los 10 mil a los 70 mil millones de pesos; y que cada año, en noviembre, se les traspasaban a los Servicios de Salud miles de millones de pesos para que cancelaran parte de lo que debían a cuenta del presupuesto futuro. La Concertación, en vez de enfrentar los problemas estructurales asociados a la deuda, habría optado por una suerte de "bicicleta financiera".

 

"A fin de año se mandaban un perdonazo. Como te acostumbras a eso, al año siguiente la deuda era más alta todavía. Aquí existió la costumbre de ir manejando la deuda. Yo me desesperé con el tema y me propuse mostrar la realidad", acusa Uriarte, quien decidió aplicar su lógica de gestión: generar incentivos para que los directores de hospitales y servicios cumplan con el presupuesto; transparentar la información; hacer competir a los recintos.

 

-Vamos a pagarles a los hospitales en función de lo que producen. Porque aquí lo que se hacía era que se firmaban convenios y se les adelantaba la plata; y si no cumplían con las prestaciones comprometidas, se hacía una nueva programación. Yo hice un cambio en las reglas del juego, y voy a ir pagando por mes vencido. Entonces las próximas cuentas van a llegar en septiembre, vamos a revisar el plan que teníamos, me van a decir cuánto hicieron y voy a girar el cheque -explica Uriarte.

 

También anunció licitaciones, para que los sectores público y privado, más que colaborar, compitan.

Por ejemplo, para hacer que los hospitales cumplan con la mayor cantidad de garantías Auge retrasadas y disminuyan los incumplimientos, se les puso una meta: 30 de septiembre de 2010. Si para esa fecha no se ha terminado con los retrasos, aseguró Uriarte, abrirá el sistema a los privados, a través de una licitación que les permitirá a clínicas y centro médicos postular para hacerse cargo de las garantías pendientes. En la actualidad, cuando se produce un retraso, a los afiliados de Fonasa se les asigna un prestador, que puede ser público o privado. Con el nuevo sistema, los asegurados podrán "vitrinear" y elegir entre los prestadores licitados. En estos días Fonasa está trabajando en las bases de la licitación, las cuales contemplarían "canastas de prestaciones" para las distintas patologías.

 

El paso no es menor. Lo que se está haciendo es una suerte de "piloto" del "Bono AUGE", una medida anunciada por Piñera durante la campaña, y que busca que el subsidio estatal asociado a las garantías del AUGE sea portable, es decir, que los pacientes decidan dónde usarlo: en el sistema público o en el privado. Se trata de un símil de la subvención escolar inventada por los "Chicago Boys", donde el Estado paga por alumno sin importar si éstos asisten a colegios municipales o particulares.

El nuevo director de Fonasa también llegó a un acuerdo con las clínicas privadas. "A ellas se les pagará directamente, sin pasar por los servicios, lo que servirá para no dilatar los pagos y evitar que la deuda hospitalaria siga acumulándose. Esto constituye parte fundamental de la complementariedad público-privada", anunció hace unos días.

 

Pero, ¿cuál es la música detrás de estas medidas? ¿Cuál es el objetivo de la política pública que explica tal o cual incentivo?

 

Según la ex ministra de Salud María Soledad Barría, lo que quiere hacer este gobierno es abrir el sistema a los privados. Para ello está sometiendo al sector público a presiones que no puede cumplir, como terminar con las listas de espera.

 

-El sector privado regula por precio. Si usted tiene que operarse de la vesícula, no la ponen en ninguna lista, pero le dicen que le va a costar 500 mil pesos. Usted se va a su casa y cuando junta la plata, vuelve. Eso es una regulación por precios. Ahora, en todas partes del mundo, donde no existe barrera económica de entrada, lo que existe es regulación por lista de espera. Y de lo que se trata es que esa lista sea sensata: que la gente que se va a morir no tenga que esperar y que la lista tenga una rotación adecuada. Para ello hay que gestionar la lista. Pero si mando a todos al sector privado, lo que estoy haciendo es descapitalizar al sector público –plantea Barría.

 

Una fuente cercana al gobierno coincide con Barría. El objetivo de las nuevas autoridades es incentivar de manera creciente la participación de los privados e ir dejando morir el sistema público, al menos como se conoce hasta ahora. "Pedirles a los hospitales que aumenten la atención y al mismo tiempo reduzcan su deuda es tramposo, pues para ajustar la deuda tendrían que hacer menos actividades, pero si hacen menos actividades, las listas de espera aumentan", resume.

 

Las cuentas de la Concertación

 

María Soledad Barría, ex ministra de Salud, tiene un gráfico en sus manos. Allí se muestra el gasto del sector versus la expectativa de vida al nacer de los ciudadanos de los países afiliados a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la imagen, Chile está bien rankeado. Los chilenos exhiben una expectativa de vida de casi 78 años contra un gasto en Salud de 7%, lo que ubica al país entre las naciones más eficientes (el promedio de países OCDE tiene expectativas de vida similares y gasta arriba del 10%). "Ese es el sistema de salud en Chile, tremendamente eficiente", resume la ex ministra.

La OCDE tiene una evaluación parecida. En 2008 analizó cuán "costo-efectivo" era el gasto público en Educación y Salud de Chile. Concluyó lo siguiente: " (…) La proporción de trabajadores de la Salud (médicos y enfermeras) y camas de hospital para la población son muy inferiores a la media de la OCDE. Sin embargo los resultados (esto es, esperanza de vida, mortalidad infantil, tasas de inmunización) son comparables al promedio de los países OCDE. El sistema de atención de salud chileno se las arregla para conseguir resultados relativamente buenos usando comparativamente menos recursos".

 

Según la OCDE, desde una perspectiva de eficiencia, Salud se ubica justo "en la vereda opuesta" a Educación.

Lo que esas evaluaciones muestran es que a nivel macro la gestión ha sido bastante exitosa. Sobre todo si se toma en cuenta que Chile tiene un sistema mixto pero profundamente desigual: en Salud se gasta un 7% del PIB. De eso, un 3,8% se destina a la atención del 80% de la población (los que están en Fonasa); y un 3,2% al 20% restante (los afiliados a isapres). Es decir, al igual que en Educación, en una gran mayoría se gasta muy poco y en un grupo reducido, todo el resto.

 

Sin embargo, hay más cáncer y diabetes entre los afiliados a Fonasa. Parte importante de los adultos mayores, los niños y las mujeres en edad fértil están en Fonasa. Además hay 3 millones de personas que no cotizan, pues tienen ingresos menores a 165 mil pesos. Y todos ellos se atienden en los hospitales y en el sistema público de atención primaria.

 

Con estos datos sobre la mesa, la deuda hospitalaria se vuelve algo más compleja que un problema de gestión. Los pacientes más caros están en Fonasa y se invierte poco en el sistema público de salud (de ese 3,8% mencionado, la mitad lo ponen las personas con su cotización).

 

Patricio Lagos, jefe de Presupuestos de Salud en la época del ministro Álvaro Erazo, tiene un power point con el informe que presentó el año pasado en el Senado para la discusión presupuestaria. Allí se explica que la deuda hospitalaria básicamente está compuesta por: aumento de los precios de los productos farmacéuticos y otras adquisiciones; mayor complejidad en las prestaciones e incremento de los beneficiarios de Fonasa, sobre todo los más caros, que son también los más viejos que han sido excluidos de las isapres.

 

En los últimos años, de manera sostenida, Fonasa se ha llenado de adultos mayores y, contra lo que se previó, los más jóvenes, que habían saltado de las isapres al seguro público producto de las últimas crisis, no echaron pie atrás cuando la economía comenzó a recuperarse. "La deuda es un resultado, no es una culpa espantosa", resume Barría, para explicar los números.

 

Quién manda en Salud

 

En el mundo de la salud es comentario obligado el protagonismo que ha adquirido el director de Fonasa. Al traspasarle Piñera el control de gran parte del manejo financiero del Ministerio de Salud le dio fuerza a la muñeca negociadora de Mikel Uriarte frente a los privados y aumentó su poder sobre los servicios públicos (mal que mal, es el que abre o cierra la llave). Como consecuencia de ello, el ministro Jaime Mañalich y sus subsecretarios se han concentrado en "lo sanitario"; y cada tanto se los menciona como candidatos a dejar sus cargos en un eventual cambio de gabinete.

 

Pero hay otro hecho en este cambio de roles y planes pilotos que ha pasado mucho más inadvertido: el peso del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet. En el gobierno confidencian que monitorea en forma constante lo que pasa en Salud y que su influencia es notoria en las decisiones del área.

 

Su interés no es nuevo. En 2008, el entonces director del Instituto Libertad y Desarrollo publicó un artículo en La Tercera. Allí señaló, a propósito de la vergonzosa inauguración del hospital de Curepto -con camas y pacientes prestados-, que "cada cierto tiempo la prensa nos informa de casos de negligencia, de incumplimiento de los compromisos del Auge y largos tiempos de espera".

 

Según Larroulet, esto era consecuencia de que los hospitales públicos no poseían la institucionalidad adecuada. "No están los incentivos ni la organización adecuada para el buen servicio", sentenció. Y propuso entonces tres políticas que podrían solucionar los problemas. La primera era permitirles a los ciudadanos que escogieran libremente dónde atenderse: hospital público o privado. Para ello se les entregaría, "a los sectores bajos y medios", un bono de salud "que haga posible la libertad de elección".

 

Su segunda propuesta fue "permitir la competencia" entre todas las instituciones de Salud. Así, "éstas se esfuerzan para atender mejor a los enfermos". La tercera era cambiar la organización de los servicios públicos, transformando a los hospitales y consultorios "en empresas estatales con autonomía y flexibilidad".

 

Larroulet imaginaba sociedades anónimas hospitalarias, constituidas "con participación minoritaria del Estado, dando una opción preferente a sus funcionarios y abiertas a la incorporación de entes privados interesados en asociarse".

 

Ahora que Larroulet está en el motor principal del gobierno, muchos piensan que tiene en su mano la llave para aplicar sus recetas. Una fuente oficialista asegura que la agenda privatizadora de Libertad y Desarrollo pesa en Salud. Larroulet habría sugerido algunos de los puestos clave de esa cartera, incluyendo la subsecretaria Lilian Jadue y los principales asesores.

 

Otro factor que refuerza esa influencia es la composición de la comisión de expertos creada por Piñera para reformar la salud. Entre los doce convocados, casi la mitad están vinculados directamente a la salud privada: Fabio Valdés, director de la Clínica Dávila e íntimo amigo del Presidente; Rafael Caviedes, director ejecutivo de la Asociación de Isapres y director de la Asociación Latinoamericana de Salud Privada; Gonzalo Simón, gerente de estudios de la Asociación de Isapres; César Oyarzo, gerente general de Integramédica y Andrés Tagle, ex vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Isapres

 

-Siempre hay intereses detrás de estas comisiones, pero lo bueno es que aquí están explícitos –se consuela uno de los integrantes de esa comisión, quien dudó si valía la pena integrarse a ella.

En la Concertación analizan los pasos a seguir. Ex autoridades del ministerio se han agrupado para oponerse a lo que estiman un proceso privatizador en marcha. Pero el debate interno es ácido: un sector de la DC le echa la culpa al PS por parar las concesiones de hospitales que Lagos había comenzado y Bachelet tenía que inaugurar. Mientras allí se discute, los que saben de este negocio siguen moviendo sus fichas.

 

A comienzos de mayo el Grupo Said, controlador de Parque Arauco y la embotelladora Andina, anunció la compra de Integramédica, una red de trece centros que en 2009 tuvo ingresos por 120 millones de dólares y que se presenta como "el principal prestador de salud ambulatoria del país" en las páginas económicas de los diarios. Para adquirir Integramédica, los Said se asociaron con el fondo de inversión Linzor Capital.

 

El mismo equipo adquirió a fines de 2007 la isapre ING, la cual, ahora como Cruz Blanca, dio vida a un holding que hoy está compuesto por la isapre, la red de centros Integramédica y otras tres clínicas privadas. El domingo 5 de septiembre, en El Mercurio, los rostros de este negocio ahondaron en sus planes futuros. "Lo esperable es que la industria como tal se duplique de aquí a un período de 10 años. Eso abre un enorme campo de oportunidades para seguir creciendo", afirmó Tim Purcell, fundador de Linzor Capital, director de Celulosa Arauco y Cruz del Sur. De acuerdo a revista Qué Pasa es conocido en el mundo de los negocios como un "cazador de oportunidades", un talento que varios ejercitan en estos días para maximizar los beneficios que se esperan en el mercado de la salud.

 

El error de las listas de espera

 

A fines de julio, el Presidente Piñera hizo un anuncio espectacular: en sólo 70 días su gobierno había logrado reducir a la mitad las listas de espera Auge. Sin invertir más recursos ni realizar operativos especiales, su administración había avanzado en sólo dos meses más que la Concertación en los cuatro años del Auge.

 

"De las 360 mil personas que teníamos (en listas de espera) el 21 de Mayo, 180 mil han sido atendidas en estos 70 días y las listas de espera se han reducido a la mitad, es decir, a 180 mil personas. Y esa es una muy buena noticia", se felicitó el Presidente. Estaba en La Moneda, rodeado por los 12 profesionales del Panel de Expertos en Salud convocados para abordar temas de fondo: proponer las bases para una gran reforma a la Salud y hacerse cargo de los efectos del fallo del Tribunal Constitucional entre los afiliados a las isapres, entre otros puntos.

 

Tras la noticia, llovieron las acusaciones. Vivianne Bachelet, vocera del Frente Amplio de Defensa de la Salud Pública, señaló que el anuncio era tramposo, pues tras la reducción no había acciones médicas sino informáticas.

A los pocos días el Presidente reconoció que sí, que había existido una depuración. Pero afirmó que se trataba de 40 mil casos, un porcentaje menor, que no opacaba el logro. De acuerdo a los antecedentes recogidos por CIPER, al Presidente le faltó aclarar otro error de su anuncio: en la lista de espera Auge no se suman personas sino garantías. Esto quiere decir que, si hubo una disminución del 50%, no significa, como se dijo, que 180 mil personas fueron atendidas y de alguna manera sacadas del sistema. Sino que X personas (no sabemos cuántas), beneficiarias de 180 mil "garantías de oportunidad", fueron atendidas. Ahora, es muy probable que esas personas hayan salido de una lista para ingresar a otra, pues una misma enfermedad puede generar varias garantías. El sistema es una trenza y cada problema de salud tiene sus etapas y tiempos de atención.

El Presidente tampoco explicó de dónde sacó los 360 mil casos que fijó el 21 de Mayo. "Esa cifra viene de la investigación que hizo el gobierno y ellos determinaron que había 360 mil", justifica Mikel Uriarte, director de Fonasa, institución que administra el sistema informático del Auge.

 

Días después del discurso ante el Congreso, El Mercurio informó que los casos atrasados sumaban 272.278. Luego, el 9 de julio, La Nación publicó que, al mes de junio, los retrasos eran 246.724. Es decir, en un mes, las garantías retrasadas ya habían disminuido en 100 mil.

 

¿Puede explicar cómo lo lograron?, consultó CIPER a Uriarte.
-Las primeras bajas que existieron fueron 40 mil por temas estadísticos, personas que estaban muertas, gente que se fue a la libre elección. Después se disminuyeron 120 mil reales. Al final los servicios empezaron como locos a hacer las cataratas, lo que tenían pendiente, y ya estamos en 180 mil.

 

-El milagro de las cataratas podría llamarse…
-No, además hubo otras cosas, que son muy sencillas.

 

Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos son los retrasos reales en las garantías del Auge. Ni el Presidente ni el director de Fonasa ni los encargados del sistema informático del Auge, el SIGGES. Por varias razones: porque el sistema tiene inconsistencias; porque el Ministerio no puede hacer un seguimiento al detalle de las atenciones por nombre o RUT del paciente; y porque hay enormes diferencias informáticas entre los hospitales y los consultorios, encargados de ingresar los datos al sistema.

 

En septiembre de 2007, la Cámara de Diputados creó una Comisión Especial Investigadora para indagar sobre las causas de retrasos e incumplimientos en el Auge. Una de sus "áreas de trabajo" fueron las serias deficiencias del SIGGES, pues costó caro (5 mil 600 millones de pesos) y no funciona bien. Como el Transantiago.

 

Según se explica en el informe ejecutivo de la Comisión Investigadora, "no existen mecanismos de control que permitan asegurarse que los funcionarios del sistema digiten la información y el registro de las atenciones". Luego se concluye: "FONASA se ha demostrado incapacitado para operar el sistema informático diseñado por Entel. Esto trae como consecuencia que todo el registro del Plan GES y su fiscalización no es confiable, poniendo en peligro la reforma completa".

 

Un año después del informe de la Comisión de la Cámara, la Contraloría realizó una investigación en Fonasa. El objetivo era evaluar el funcionamiento integral del servicio y rápidamente se les apareció el SIGGES. Tras dos años de investigación, a comienzos de 2010, Hernán Monasterio (PS), ex director de Fonasa, fue sancionado por no haber puesto término al contrato con Entel, pese a las evidentes fallas del sistema.

 

Camas millonarias, por Lissette Fossa

 

"Todos vamos a tener que hacer el esfuerzo de llevar los precios de las prestaciones privadas a los aranceles de Fonasa", decía en marzo el empresario Andrés Navarro, al anunciar que la Clínica Las Condes, de la cual es socio, participaría en la licitación de camas que el gobierno haría para suplir los espacios que se perdieron producto del terremoto. Finalmente la oferta de dicho centro asistencial privado para camas UTI fue la más cara: $963.707 por día.

 

Si bien la Clínica Las Condes es la más cara y exclusiva del mercado, la experiencia abre dudas sobre cuán conveniente resulta la anunciada alianza público-privada para satisfacer las demandas que los servicios estatales no pueden cubrir. Los gremios de la salud exigen abrir más camas en los hospitales, pero el modelo apunta a complementarlo con una mayor participación de los establecimientos privados.

 

El Ministerio de Salud se ha centrado en la respuesta inmediata, que consiste en facilitar la compra de días camas a entes privados, un proceso iniciado en los últimos años de gobierno de la Concertación. Se argumenta que la nueva versión ha abaratado costos, pues se ha eliminado la incertidumbre del costo final de las prestaciones logrando buenos precios de camas integrales (que incluyen medicamentos y exámenes). Sin embargo, el precio pactado con muchas de las clínicas puede llevar a pagar el doble o el triple de lo presupuestado inicialmente.

 

Ya en 2005 y 2007 Fonasa había licitado ciertas prestaciones médicas, éstas últimas con otro tipo de cama integral. El convenio fijaba precios de referencia, como una cama UCI adulto en $165.610 y una cama básica adulto en $26.000. La adjudicación de 2007 bordeaba esas cifras, siendo la más costosa una cama UCI para adultos: $345.000. Desde 2009, los pacientes eran derivados por la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) del ministerio, que privilegiaba las camas disponibles en el sistema público y luego en el privado, desde la más económica hasta la más cara.

 

Sin embargo, en abril de este año, el nuevo equipo ministerial decidió realizar una nueva licitación, con camas integrales que incluían más atenciones. A pesar de las expectativas, sólo se logró licitar 708 camas.

 

El análisis de los datos recopilados por CIPER muestra que el valor licitado es alto: las camas más demandadas, UCI y UTI adulto, presentan un valor promedio de la licitación de $1.048.000 y $720.000 respectivamente. En el caso de la cama básica, el valor promedio es de $313.000. Entre los oferentes más caros en camas UCI en regiones se encuentra la Clínica Universitaria de Concepción, con $1.500.000, mientras que en Santiago, las más caras son la Clínica Santa María, Clínica Alemana y Clínica Las Condes, que sobrepasan el millón de pesos por día cama UCI.

 

La licitación supone que se fije un precio promedio por todo lo que incluye la cama integral, es decir, el servicio es el mismo en todas las instituciones, pero debido a que el riesgo de los pacientes es alto, varias clínicas fijaron el precio en el valor más alto que podría costar el día cama, aunque esos exámenes o medicamentos pueden no realizarse.

Comparado con el precio que tienen las clínicas normalmente (sin prestaciones extras) en UCI adulto, en Santiago, la Clínica Santa María sumó al valor de mercado de día cama cerca de 725 mil pesos más. A ésta le sigue la Clínica La Condes, que sumó a su valor normal, 549 mil pesos.

 

 

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