Nº 1.323. Miércoles 14 de Marzo de 2012. Año VII. Boletín Electrónico de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Lectores(as): 32.273. Contacto: boletingal@gmail.com Fonos: 56-02-7857084, 09-5732334. @BoletinGal
CONTENIDO
LOCALES
Un retroceso en la participación ciudadana
Santiago, miércoles 14 de marzo de 2012, por Danae Mlynarz, Asistente social y cientista política, Presidenta de la Agrupación Mujeres de Plaza Ñuñoa, El Mostrador
Piden decretar Zona de Catástrofe a Punta Arenas
Punta Arenas, miércoles 14 de marzo de 2012, La Nación
NACIONALES
Religiosos de Iglesia Católica de Chile se pronuncian sobre Aysén
Santiago, miércoles 14 de marzo de 2012, CONFERRE, Departamento de Justicia y Paz
Aysén: Acusan a Gobierno de intentar dividir el Movimiento Social
Puerto Aysén, miércoles 14 de marzo de 2012, El Mostrador
Gobierno inflexible en diálogo con ciudadanía de Aysén
Puerto Aysén. Miércoles 14 de marzo de 2012, por Alberto González, Radio Bio Bio
Calama: Alcalde y Ciudadanía llaman a preparar inminente movilización
Calama, miércoles 14 de marzo de 2012, El Ciudadano
Hualqui: Suspenden clases por sequía
Hualqui, miércoles 14 de marzo de 2012, por Denisse Charpentier, Radio Bio Bio
Las preguntas que debemos hacernos frente al caso Termoeléctrica Castilla
Santiago, miércoles 14 de marzo de 2012, por Lucio Cuenca, OLCA, Radio Universidad de Chile
Terram exige anular licitación en áreas protegidas
Santiago, miércoles 14 de marzo de 2012, Comunicaciones Terram
Santiago, miércoles 14 de marzo de 2012, Ecoticias
GLOBALES
Los Ministros de 130 países aprueban en Marsella hacer del Agua un tema central de acción
Marsella, Francia, miércoles 14 de marzo de 2012, EFE, La Información
Ministros de más de 80 países se comprometen a acelerar el acceso al Agua
Marsella, Francia, miércoles 14 de marzo de 2012, Terra
Lima, Perú. Miércoles 14 de marzo de 2012, Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas, Río+20
Intentarán renovar en Río de Janeiro compromisos sobre ambiente
Sao Paulo, Brasil, miércoles 14 de marzo de 2012, por Marielba Núñez, El Nacional
Lanzan concurso fotográfico regional "Agua, energía y seguridad alimentaria"
Montevideo, Uruguay, miércoles 14 de marzo de 2012, por Lucía Matteo, Oficial de Comunicaciones GWP Sudamérica
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LOCALES
Un retroceso en la participación ciudadana
Santiago, miércoles 14 de marzo de 2012, por Danae Mlynarz, Asistente social y cientista política, Presidenta de la Agrupación Mujeres de Plaza Ñuñoa, El Mostrador.- La participación ciudadana debe ser entendida como la intervención de los particulares en actividades públicas, en tanto portadores de intereses sociales. Ello hace referencia a una relación entre Estado y sociedad civil, a una acción de ésta sobre el primero. Es necesario diferenciar el concepto de participación ciudadana de otros tipos de participación -social, comunitaria y política-, reservándolo para hacer referencia a las formas de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios, incorporando sus intereses particulares -no individuales- respecto de determinadas temáticas.
El 10 de agosto de 2010 el Presidente de la República ingresa a discusión parlamentaria el mensaje "Sobre plebiscito y consultas de carácter comunal", que pretende potenciar la participación ciudadana de los vecinos y vecinas a nivel comunal. Los objetivos del proyecto son: "facilitar la realización de plebiscitos comunales y consultas no vinculantes a nivel local, y, segundo, reducir los costos que estos mecanismos de participación significan para los municipios del país".
Entre las facilidades propuestas por el ejecutivo en el proyecto de ley sobre plebiscitos comunales, se encuentran: 1) incorporar, aparte de los notarios y los funcionarios del Registro Civil, a un funcionario del Servicio Electoral como agente autorizado para validar las firmas de los ciudadanos que eventualmente soliciten un plebiscito al alcalde, al que estos tendrían que pagar las horas extras y el viático; 2) permitir que el plebiscito comunal se realice el mismo día de una elección parlamentaria y presidencial en caso de ser convocado, 3) reducir el período de prohibición para celebrar plebiscitos, limitando el período comprendido entre 90 días antes y 60 días después de una elección municipal (actualmente es de 240 días antes y 60 días después); 4) agregar entre las materias que pueden ser consultadas la "denominación, uso y conservación de bienes nacionales de uso público" y las ordenanzas municipales; 5) rebajar de 50% a 40% del electorado de la comuna el requisito de participación para que dicha consulta sea vinculante para la autoridad y; 6) establecer la posibilidad de levantar un procedimiento de reclamo ante el Tribunal Electoral Regional para impugnar el proceso de forma previa a la celebración del plebiscito en caso de eventuales irregularidades o parcialidades en la formulación y definición de la o las consultas.
Si bien, parece bastante loable lo propuesto por el ejecutivo y aprobado en primer trámite legislativo por el Senado tiene una contradicción vital que no se puede dejar pasar: aumenta de 5% a 10% la cantidad de firmas que requiere juntar y certificar la ciudadanía para requerir al alcalde la celebración de un plebiscito vinculante, estableciendo de esta forma una limitación para aquellos ciudadanos que quieran someter determinada materia a consulta y echando por tierra las pequeñas facilidades que el proyecto propone. El requisito actual para esta solicitud era 5% de los ciudadanos inscritos y comenzó a regir apenas desde febrero del año 2011, cuando entró en vigencia la ley 20.500 sobre "Participación Ciudadana en la Gestión Pública", que lo rebajó del 10% que estaba vigente. Sin embargo, en paralelo con este proyecto se estaba tramitando la inscripción automática y el voto voluntario que fue aprobado con fecha 31 de enero de 2012 que volvió a modificar la norma dejando el porcentaje de requisitos de firmas de vecinos y vecinas en 10%. En menos de un año se bajo de 10% a 5% y nuevamente se subió al 10%.
Hoy, cuando la crisis de representatividad de nuestro sistema político ha hecho crisis y se ha expresado en las calles, cuando los ciudadanos y ciudadanas desean expresarse sobre materias que los afectan directamente, no es plausible que el gobierno y el parlamento aprueben esta norma como se encuentra hasta el momento. La ciudadanía está realizando control social y no permitirá seguir con las incoherencias de señalar que se tramita un proyecto que facilita la participación ciudadana, mientras que en forma efectiva la restringe. Me imagino que con el entusiasmo de la aprobación de la inscripción automática no se cayó en cuenta de esta incoherencia, pero aún estamos a tiempo de revertirla.
La Cámara de Diputados donde el proyecto ha ingresado a trámite debería velar por mantener el 5% que incorporó la ley 20.500 estableciendo como universo electoral los participantes en la última elección que muestra un padrón efectivo y no ideal, para lograr que este proyecto sea un avance en participación ciudadana y no un retroceso. A nuestra democracia representativa le faltan variados mecanismos de democracia participativa, ¡avancemos en ellos!
Piden decretar Zona de Catástrofe a Punta Arenas
Punta Arenas, miércoles 14 de marzo de 2012, La Nación.- La parlamentaria Carolina Goic (DC) indicó que se necesita que los ministerios cuenten con fondos sin mayores trámites burocráticos para ser entregados en beneficio de la población con más rapidez.
Luego de recorrer este martes los sectores afectados con el desborde del río Las Minas en Punta Arenas, la diputada de la zona Carolina Goic (DC) solicitó al Gobierno decretar zona de catástrofe en el área dañada por las aguas.
La parlamentaria aseveró que "al decretarse una zona de catástrofe, se permite que todas las organizaciones del Estado, es decir, los ministerios tengan la disposición de fondos sin mayores trámites burocráticos, que pueden ser entregados en beneficio de la población con más rapidez, y eso es lo que hoy se requiere en Punta Arenas".
Subrayó que "el daño que se ha generado en el centro de la ciudad y zonas aledañas, barrio Croata y Playa Norte, entre otros sectores, requiere de ayuda en forma inmediata, por eso necesitamos que las autoridades cuenten con las facultades para que los distintos servicios del Estado puedan concurrir de manera integral en apoyo de las personas que hoy están afectadas".
La legisladora recalcó que "hoy se requiere en forma urgente garantizar la seguridad en el área, para llevar tranquilidad a los locatarios y a los habitantes de los sectores afectados".
Añadió que "me han planteado la necesidad de flexibilizar los requisitos para el pago de la bonificación a la mano de obra, porque hay muchos comerciantes que no van a poder hacer el pago de imposiciones en la fecha y van a perder estos recursos".
NACIONALES
Religiosos de Iglesia Católica de Chile se pronuncian sobre Aysén
Santiago, miércoles 14 de marzo de 2012, Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile (CONFERRE)
Departamento de Justicia y Paz.- Estimado Hermanas/os en la fe y ciudadanos de Chile: Como Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile queremos sumarnos a la gran cadena de solidaridad que se viene enlazando para apoyar a nuestros hermanos y hermanas de la Región de Aysén. Sabemos que lo que ocurre con ellos no es nuevo, sino producto de un sinnúmero de decisiones en donde los "alejados", los olvidados y los más pobres son siempre los más perjudicados.
Apoyamos con inmenso cariño las declaraciones de nuestro hermano Obispo de Aysén, Luis Infanti de la Mora; pastor de la Iglesia que peregrina en aquella región del sur de Chile. También apoyamos firmemente en la persona del dirigente y vocero del movimiento Sr. Iván Fuentes, a todos los dirigentes sociales que han asumido la voz de esta postergada zona de nuestro país. Creemos que el Movimiento de Aysén pertenece a todo Chile, como lo indica su lema: "Tu problema, es mi problema"; en especial a nuestros hermanos y hermanas trabajadores, pobladores, padres y madres de familia, gente honesta, pacífica y cansada de aguantar y ser víctimas de tanta injusticia por un tiempo tan prolongado.
Queremos afirmar, una vez más, que "los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo" (Concilio Vaticano II). Por eso los religiosos y religiosas de Chile, tenemos plena claridad que el papel de la Iglesia nunca ha sido la sola oración y que la oración sin acción es viento, "¿De que le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes les dice: "Váyanse en paz, abríguense y coman", pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe: si no tiene obras, está completamente muerta". (Santiago 2, 14 – 17).
Seguimos a Jesús, que con toda claridad echa a los mercaderes del Templo de Jerusalén (ver Juan 2, 13-25), símbolo religioso y comercial de su tiempo. Asimismo, siguiendo las enseñanzas del Maestro, nos indignamos ante lo que ocurre en Aysén y denunciamos cualquier tipo de acción violenta contra los ciudadanos, cualquier negación al ejercicio del diálogo pacífico. Nos manifestamos contrarios a cualquier posibilidad de aplicación de leyes (anti-terrorista, de Seguridad Nacional, por ejemplo) que no concuerdan con los problemas en cuestión.
Queremos anunciar la Esperanza, la Fraternidad y la Paz. Creemos en el ser humano y depositamos nuestra Fe en Aquel que nos amó y nos Liberó de toda opresión y muerte. Es posible construir la gran "mesa para todos" a través de la escucha del otro y de la empatía con nuestros hermanos más afectados.
Que el Espíritu del Resucitado nos guíe a encontrar las verdaderas sendas del amor y la justicia.
Departamento Justicia y Paz – JUPIC
CONFERRE- CHILE
Aysén: Acusan a Gobierno de intentar dividir el Movimiento Social
Puerto Aysén, miércoles 14 de marzo de 2012, El Mostrador.- Ejecutivo propuso instalar mesas sectoriales para avanzar en soluciones. Dirigentes de Aysén acusan al gobierno de intentar dividirlos y amenazan con nuevos bloqueos. Los representantes del Movimiento Social rechazaron la idea del Ejecutivo de trasladar desde Puerto Aysén a Coyhaique parte de las negociaciones y al mismo tiempo emplazaron a las autoridades a zanjar durante la presente jornada el punto número 1 de las negociaciones que dice relación con la aplicación de un subsidio regional al precio de los combustibles.
Los dirigentes del Movimiento Social por Aysén acusaron este martes al gobierno de intentar dividirlos, al plantear la instalación en Coyhaique de una mesa de negociaciones paralela a la de Puerto Aysén con el objetivo de avanzar con mayor celeridad en temas sectoriales.
Esta es una de las condiciones que puso el Ejecutivo para la reanudación del diálogo, y que a grandes rasgos considera que en esa ciudad se reúnan comisiones técnicas en temas como transportes y combustibles. El establecimiento de un subsidio para estos últimos es uno de los temas más sensibles para los aiseninos, y de hecho está considerado en el punto número 1 de las demandas que presentaron al ministro de Energía, Rodrigo Álvarez.
Por ello, además de negarse a trasladar de lugar las negociaciones, varios dirigentes hicieron ver su molestia por el hecho que el gobierno siga dilatando una solución sobre esa materia. La posición más enérgica en contra fue la de los representantes de los pescadores artesanales, quienes se reunieron con el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, y con el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea.
Luego de esa cita el dirigente Henry Angulo dijo, en declaraciones a la radio Bío Bío, que no seguirán con las conversaciones mientras no haya acuerdo respecto al tema de los combustibles. Lo anterior, tras enterarse que fueron citados a una subcomisión para abordar materias específicas de su sector. En la oportunidad, los dirigentes aseguraron que no seguirán adelante con las conversaciones, mientras la mesa de diálogo no acuerde el primer punto del petitorio, respecto al tema de los combustibles.
"No vamos a negociar ningún punto, a menos que se zanje el tema del combustible", dijo, enfatizando que "no vamos a traicionar la mesa llevando un tema aparte". Consultado sobre qué les respondió Alvarado al conocer su posición, dijo que "bueno, el hombre tiene cuero de chancho, por lo tanto no reacciona".
Angulo afirmó que "aquí el que tiene entrampada la mesa es el gobierno, por su proceder y por no darnos lo que estamos pidiendo que es algo que nos merecemos, desde hace años, desde hace 30 años que estamos pidiendo lo mismo". Y concluyó que "si no sale bien la mesa, se sale otra vez a las calles, pero esta es la oportunidad que tiene la mesa para negociar, y si no negocian hoy día, a las calles otra vez de nuevo".
Gobierno inflexible en diálogo con ciudadanía de Aysén
Puerto Aysén. Miércoles 14 de marzo de 2012, por Alberto González, Radio Bio Bio.- Gobierno no flexibilizará propuesta pese a advertencia de dirigentes en Aysén. El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, señaló este martes en la Intendencia de Aysén que la posición del Gobierno es inalterable respecto a la negociación que llevan a adelante con la mesa de diálogo, que integran dirigentes sociales y gremiales de la región.
Según indicó, el Ejecutivo ha establecido un cronograma para avanzar en la totalidad de los puntos del petitorio, cuyo primer ítem es lo relacionado con los combustibles. Al respecto, el representante del Gobierno aseguró que no hay una propuesta diferente a la ya planteada, que consiste en un 70% de subsidio al transporte terrestre y un 50% al marítimo.
Según las autoridades, con estas medidas se bajarían los costos al momento de pagar por un litro de carburante entre un 3% y un 25%, lo que en términos monetarios significa rebajas de $8 en Aysén y Coiyhaique, y hasta $100 en localidades más apartadas como Villa O'Higgins, ubicada a 565 kilómetros al sur de la capital regional.
Tal como se adelantó, el Gobierno señaló que no se niegan a negociar con alguna organización, luego que trascendiera la articulación de otro grupo de dirigentes vinculados a entidades gremiales empresariales en Coyhaique, además de juntas de vecinos, que han mostrado su apoyo a la intendenta Pilar Cuevas en este proceso de negociación, valorando los beneficios ofrecidos a las autoridades.
En ese sentido, se estima que durante esta jornada se produzcan reuniones con dichas organizaciones en la capital regional de Aysén.
Por último, el titular de Energía sentenció que en el caso que se retomen acciones de protesta como la instalación de barricadas, se evaluará en su momento las acciones a seguir por parte del Gobierno.
Calama: Alcalde y Ciudadanía llaman a preparar inminente movilización
Calama, miércoles 14 de marzo de 2012, El Ciudadano.- Calama: Alcalde y Asamblea Ciudadana endurecen postura ante dichos de Piñera. Declaraciones que el Mandatario dio al programa Tolerancia Cero generaron rechazo en los loínos y estipularon, en declaración pública, que ya se sobrepasaron todos los límites. Pidieron a la comunidad prepararse ante inminentes movilizaciones comunales.
Este lunes el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, y la Asamblea Ciudadana de la ciudad llegaron hasta el Paseo Ramírez con un vistoso letrero, consignando "Presidente honre su palabra… ¡Fondos permanentes ahora!". En la oportunidad, leyeron una declaración, respondiendo a Sebastián Piñera, quien la noche del domingo, en el Programa Tolerancia Cero de Chilevisión, se refirió al conflicto en Calama, despertando aún más molestia en los loínos, toda vez que no hizo mención a la principal demanda calameña.
En la declaración emplazan al Presidente, desmienten a los ministros que aseveraron el pasado domingo que cumplido dos años de mandato han resuelto los compromisos del gobierno y, también, llamaron a la población calameña a prepararse para las próximas movilizaciones, toda vez que no ven disposición en el Ejecutivo de responder a la exigencia que hacen de percibir recursos permanentes del cobre que en la zona se produce.
A continuación, la declaración íntegra:
"Con fecha 12 de marzo del 2012, la Asamblea Ciudadana de Calama declara lo siguiente:
1.- Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante los dichos del Presidente Sebastián Piñera, el pasado 11 de marzo en el Programa Tolerancia cero de Chilevisión, donde planteó que tenía claro los compromisos que su gobierno tiene con Calama, haciendo mención a el nuevo hospital que está en construcción y un nuevo estadio de fútbol para la ciudad, sin embargo, el Mandatario comete una omisión grave: en ningún momento se refirió a nuestra demanda principal, que es percibir recursos permanentes del cobre en la ciudad.
Más grave es aún que el Presidente ni siquiera mencionó el compromiso que hizo públicamente con Calama y el norte de Chile, en tiempo de campaña, cuando aseveró que el FONDENOR sería parte de su programa de gobierno (FONDENOR es una de las alternativas propuestas para que queden en nuestra zona los recursos que demandamos). Se falta a la verdad, entonces, cuando ayer en las ceremonias oficiales conmemorando su segundo año de gobierno, los ministros aseguran que se ha cumplido cada uno de los compromisos hechos dentro de su agenda programática. A Calama le han fallado y Calama también es parte de Chile y no es precisamente una carga para el Estado, sino la ciudad que más le aporta y aún así, increíblemente, vivimos en un estado de abandono impresentable.
2.- Ante los trascendidos de que la respuesta del gobierno comprometida para este mes iría en la línea de crear la nueva Región de El Loa, cuya capital sería Calama, queremos señalar, enfáticamente, que dicha propuesta no nos satisface si no viene de la mano con los recursos del cobre que demandamos. Tenemos una experiencia muy cercana; la de la región de Arica y Parinacota, que lejos de ser la solución a los problemas de esa zona, no ha hecho más que subrayar las deficiencias, puesto que entendemos al final esa decisión sólo fue repartir "la pobreza".
3.- Asimismo, queremos señalar que si el gobierno anuncia un plan de inversión que permita la concreción de los proyectos que establezca el plan Calama Plus (Plan Urbano Sustentable), tampoco lo tomaremos como respuesta definitiva a nuestra demanda principal. Aquello puede dar respuesta a los requerimientos de "Compensación por todos los años que no hemos percibido recursos del cobre", pero no así a la exigencia de un fondo a perpetuidad; esto último es intransable.
4.- Ratificamos nuestro estado de movilización y alerta. Reforzamos la convocatoria para la marcha del 20 de marzo. Pedimos a la comunidad que nos acompañe en dicho hito y que se organice para las próximas eventualidades, toda vez que no vemos ni disposición, ni claridad en el Presidente Piñera, ni mucho menos en sus portavoces.
5.- Sabemos que las demandas de nuestra ciudad están en la agenda del gobierno, al que desde ya le decimos que la forma de calmar el "estallido social" que ellos mismos avizoran, no será en ningún caso reprimiendo, ni postergando; sino dando soluciones reales, concretas y oportunas a las demandas de una comunidad que está cansada de la postergación y que no echará pie atrás hasta conseguir lo que en justicia merece.
6.- Por último, cabe consignar que venimos desde el 2009 dialogando, no hemos roto ninguna mesa, hemos propiciado la diplomacia, por eso no aceptamos más dilaciones, ni mucho menos amenazas de opresión. Calama ha sido un ejemplo en cuanto a manifestación social se refiere y pese a ello hemos recibido solo portazos. Que mañana, cuando llegue nuestra respuesta drástica, no nos digan que no estuvimos dispuestos a tratativas; todo tiene su límite y en Calama ya se sobrepasó."
Hualqui: Suspenden clases por sequía
Hualqui, miércoles 14 de marzo de 2012, por Denisse Charpentier, Radio Bio Bio.- Escuela rural de Hualqui suspende clases debido a sequía: no hay agua para servicios básicos. Escuela rural de Hualqui se mantiene sin clases debido a la sequía que afecta la zona. Determinación la tomó la Seremi de Salud debido a que el recinto no cuenta con agua potable para servicios básicos.
Primero fueron cuatro escuelas y ahora sólo queda una sin poder recibir a los alumnos en Hualqui, esto simplemente porque no hay agua para los servicios sanitarios y alimentarios. Se trata de la escuela "La Calle", ubicada en la zona centro norte de la comuna.
El Seremi de Salud en el Bío-Bío, Boris Oportus, confirmó la situación y reiteró que se debe a la situación de sequía por la estaría atravesando la zona. Según indicó el alcalde Ricardo Fuentes, durante 4 años se le ha informado al Gobierno Regional de la falta de agua, la que el edil atribuye a las plantaciones de las forestales cercanas.
Fuentes agregó que se está la espera de una bomba de agua nueva, esto porque la que había en la escuela está mala. Indicó además que los recintos educacionales se abastecen del líquido con un camión cisterna que, todos los días debe hacer un recorrido y que apenas se solucione el problema los alumnos podrán volver a clases a la escuela La Calle.
Las preguntas que debemos hacernos frente al caso Termoeléctrica Castilla
Santiago, miércoles 14 de marzo de 2012, por Lucio Cuenca, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Radio Universidad de Chile.- El reciente fallo de la Corte Apelaciones de Antofagasta sobre el recurso de protección interpuesto por la Junta de Vecinos de Totoral, la Mesa Social de Copiapó y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales-OLCA, impugnando el modo de operar arbitrario del Seremi de salud de Atacama, es sin duda una muy buena noticia para el país, por su contundencia jurídica, por el resguardo de los derechos ambientales en los que se sustenta constitucionalmente, y por el criterio unánime que lo anima. Pero además es una muy buena noticia porque nos abre la posibilidad de resituar en el debate público el modelo de desarrollo que han impulsado tanto los gobiernos de la Concertación como de la derecha y los mecanismos de los que se valen para ejecutarlo, contra la voluntad de las comunidades y contra el espíritu de las leyes que se supone debieran normar nuestra democracia.
El proyecto Castilla estaba pensado para surtir entre un 10 y 15% de la capacidad de generación eléctrica instalada de Chile, siguiendo la meta gubernamental de duplicar la generación eléctrica para los próximos 10 años. Meta, que tal como revela un estudio de Energía Inteligente se justifica en el aumento de la demanda cuyo 70% responde a los requerimientos de los megaproyectos mineros transnacionales aprobados en nuestro suelo. Estos megaproyectos han sido fuertemente cuestionados y resistidos por todas las localidades vecinas a ellos, y como ya ha sido contundentemente demostrado, implican la fuga acelerada de nuestros bienes comunes, en la mayoría de los casos evaden los exiguos impuestos que debieran cancelar y externalizan los costos sociales y ambientales de sus operaciones, con lo cual termina siendo el Estado el que debe invertir para reparar los daños una vez que la extracción concluye.
Pese a esto, el extractivismo sigue siendo la apuesta de los gobiernos, seguramente la falta de políticas de Estado y el funcionamiento en torno a meros planes cortoplacistas de gobierno, tiene mucho que ver con esto. Es que el extractivismo otorga liquidez en el corto plazo, las empresas para lograr la licencia social para operar invierten porcentajes ínfimos de sus operaciones, pero de todas maneras cuantiosos, en programas de salud, educación, cultura, obras públicas, etc, bajo el rótulo de Responsabilidad Social Empresarial, lo que tiene un doble efecto, fortalecer la imagen de las transnacionales como necesarias y responsables, y liberar a los gobiernos de las demandas regionales en el corto plazo.
La perversión de este modelo es tan evidente, como asombrosa nuestra incapacidad de hacerle frente. Por ejemplo, todo el debate energético que se ha sostenido en el país, se ha centrado en qué oferta debe ser la más adecuada para satisfacer la demanda, pero no nos estamos preguntando para qué es esta demanda, si responde o no a los desafíos de desarrollo que como cada región hemos determinado darnos. El centralismo en Chile está demostrando su miopía y absurdo ¿no basta con Magallanes, Aysen, Calama, para que nos demos cuenta?
Como el compromiso con el modelo de desarrollo extractivista es tan ciego en nuestras autoridades, incurren en una serie de despropósitos que contravienen los derechos fundamentales de todos los chilenos y chilenas, y que socavan las bases de nuestra institucionalidad. En este sentido el caso Castilla es sumamente revelador.
En el Informe de Contraloría de Septiembre del 2011 sobre Castilla, requerido por el diputado Robles a instancias de las comunidades afectadas, se dio cuenta de que ya el proceso de modificación del Plan Regulador de Copiapó resuelto por el alcalde concertacionista Marcos López Rivera a fines de 2008, luego de perder la elecciones y justo antes de dejar el mando, había sido completamente irregular. Esto fundamentalmente por dos razones: los estudios técnicos que lo sustentaban no habían sido financiados por la Municipalidad como exige la ley de Urbanismo, sino que por la empresa MPX, hasta el punto de tener el logo de la misma, y además, el municipio no cumplió con los plazos requeridos para asegurar la debida participación e información ciudadana que se exige en estos procesos. Recordemos que esta alteración del plano regulador, fue la que, por presión de la empresa brasilera, cambió la calificación del sector Punta Cachos, Bahía Salados, comuna de Copiapó, lugar donde se quería emplazar Castilla, de zona ecológica protegida con vocación turística, a zona industrial para actividades inofensivas y molestas. Una vez hecho esto, la empresa presionó para que se cambiara la calificación de "contaminante" emanada de la Seremi de Salud Pilar Merino. Con el cambio de gobierno en marzo de 2011 asumió la seremi Raúl Martínez, quien modificó la calificación de la termoeléctrica a "molesta", en un proceso del todo irregular, lo que fue fallado por la Corte de Apelaciones de Copiapó y la Corte Suprema, de forma unánime, ante el requerimiento de los vecinos que se oponían a la construcción de la central, fallo que motivó de hecho la renuncia del profesional.
En este contexto se encontraba el proyecto cuando asume como SEREMI el ginecólogo Nicolás Baeza, a quien se refiere el fallo de la Corte de Antofagasta, determinando que su accionar fue arbitrario al cambiar nuevamente a través de otro procedimiento administrativo la calificación de esta termoeléctrica, 5 veces más grande que la rechazada Barrancones, como industria solo molesta. Sin embargo, este actuar no fue en solitario, el informe de la Contraloría da cuenta de la constitución durante el gobierno de Sebastián Piñera de un Comité de Agilización de Inversiones CAI, que realizó todas las gestiones pertinentes, incluyendo reuniones fuera de la institucionalidad y presiones a funcionarios para que en marzo de 2011 el proyecto alcanzara una calificación ambiental favorable.
Según Contraloría, este Comité es muy frágil jurídicamente, pues debió ser constituido por decreto ministerial de cada uno de los organismos del Estado involucrados, cuestión que no ocurrió, pero además, al menos en el caso Castilla, hay pruebas suficientes que dan cuenta que se excedió en sus funciones, tomando para sí atribuciones que son de exclusiva competencia presidencial. En carpeta de este Comité no solo estaba Castilla, sino que al menos habían otros 32 proyectos, que nos imaginamos han sido objeto de las mismas presiones que el caso que nos ocupa en esta columna.
Con todo lo señalado, nos parece entonces que aunque el fallo de Castilla es sumamente relevante y auspicioso, y sienta un muy importante precedente en la historia jurídica ambiental chilena, no nos puede llevar a concluir que se ha restablecido el Estado de derecho en nuestro país. Más bien, constituye una muy buena posibilidad para que como sociedad dimensionemos la arbitrariedad del modelo de desarrollo que se impone cada día, la vulnerabilidad de nuestro Estado de derecho frente a las presiones transnacionales, y la necesidad de generar un proceso real de exigencia de nuestros derechos y de fortalecimiento de nuestra escuálida democracia, de manera que, por ejemplo en Castilla no permitamos otra vez más el chantaje y las presiones de los voceros directos o indirectos de los intereses eléctricos y mineros, que seguramente buscarán crear un clima de terror ante un presunto desabastecimiento de electricidad, tal como han hecho con Hidroaysén, durante el tiempo que dure la apelación en la Corte Suprema.
Terram exige anular licitación en áreas protegidas
Santiago, miércoles 14 de marzo de 2012, Comunicaciones Terram.- El anuncio efectuado desde la Subsecretaría de Turismo de licitar 30 parques y reservas nacionales durante los próximos ocho años, es un hecho que reviste la mayor gravedad, y que debe ser denunciado a la opinión pública. El gobierno de Sebastián Piñera pretende licitar, sólo dentro del presente año, terrenos en seis parques nacionales, entre ellos Radal Siete Tazas y Pan de Azúcar.
Llama poderosamente la atención que esta medida esté impulsada y encabezada por la Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Economía, en coordinación con los Ministerios de Bienes Nacionales y de Agricultura, en un proceso en el que aparentemente no ha participado el Ministerio de Medio Ambiente, entidad encargada de la protección y conservación del patrimonio natural de Chile.
La finalidad de las áreas protegidas públicas, tanto terrestres como acuáticas, es conservar el patrimonio natural, especialmente ecosistemas y especies, tal como lo señala la legislación nacional y establecen tratados internacionales suscritos por Chile. Entre sus objetivos no se encuentra generar negocios ni beneficios económicos a quienes las administran. Por ello, es fundamental respetar los objetivos primarios para los que estos parques y reservas fueron creados; actividades como el turismo sólo deberían poder realizarse en la medida que no afecten el objetivo primario para el cual se crearon dichas zonas, esto es, las tareas de conservación y protección de ecosistemas y especies.
Lamentablemente, una vez más el actual gobierno impone una mirada economicista y de corto plazo, que pone en riesgo el patrimonio natural que nos pertenece a todos.
Es importante recordar que en la actualidad el Congreso Nacional discute un proyecto de ley con el objetivo de crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín 7487), entidad que precisamente deberá hacerse cargo de las tareas de administración y de la implementación de planes de conservación en las áreas protegidas del Estado y que dependerá de la cartera de Medio Ambiente. Resulta contradictorio, entonces, que paralelo a esta discusión parlamentaria, otros tres Ministerios se atribuyan la facultad de implementar un sistema de licitaciones para las áreas protegidas, marginando a Medio Ambiente; este hecho representa una evidente contradicción entre diferentes estamentos del gobierno.
Con este anuncio, el gobierno de Sebastián Piñera no sólo exhibe un gran desprecio por la institucionalidad ambiental del país, y por la iniciativa legal que el mismo gobierno patrocina, sino que también por los procesos democráticos y participativos que en principio impulsa, para luego tomar decisiones inconsultas y destinadas únicamente a beneficiar a algunos privados, con la explotación de un patrimonio natural que pertenece a todos los chilenos.
Fundación Terram exige al gobierno que deje sin efecto la decisión de licitar los parques y reservas nacionales, tomada entre cuatro paredes, y se comprometa a no licitar áreas protegidas públicas mientras no se apruebe e implemente la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pues queremos que esta futura institución tenga un patrimonio efectivo que resguardar. Más informaciones: Comunicaciones Terram 2694499- 7- 9584543. Santiago, 13 de marzo 2012
Santiago, miércoles 14 de marzo de 2012, Ecoticias.- Por su parte, los investigadores Patricio Arce y Mónica Vásquez, del departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas UC.
El proyecto liderado por el académico de la Universidad Pontificia (UC) Patricio Arce, en el que participa también la investigadora Mónica Vásquez, ambos del departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas, busca caracterizar cepas de microalgas chilenas para la producción de biodiésel. El trabajo, que comenzó en 2011 bajo el nombre Algae fuels Consorcio Tecnológico Empresarial de Biocombustibles a partir de microalgas en las regiones del norte de Chile, nace con el objetivo de incorporar a la matriz energética de Chile la producción de un nuevo biocombustible renovable, no convencional.
Por su parte, los investigadores Patricio Arce y Mónica Vásquez, del departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas UC, están a cargo de generar el conocimiento científico relacionado con la caracterización metabólica y molecular de una selección de cepas de microalgas chilenas destinadas a la producción de biodiésel.
Específicamente, ellos caracterizarán el metabolismo lipídico en cuanto al tipo y cantidad de ácidos grasos producidos por las microalgas. Luego, identificarán los genes claves responsables de la regulación de esta ruta metabólica y caracterizarán la inocuidad microbiológica de las harinas resultantes de la extracción lipídica para su posible uso en alimentación animal.
Este proyecto cuenta además con la colaboración de un equipo de la Facultad de Ingeniería, liderado por el académico UC César Sáez, del departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos. Ellos serán los responsables del desarrollo de los procedimientos de cosecha y extracción de biomasa microalgal de una planta piloto experimental localizada en la Central Termoeléctrica E-CL, Mejillones de Antofagasta. En este mismo lugar también se establecerá una planta demostrativa industrial de producción de aceite de microalgas, la que estará dirigida por Agnes Cadavid, de Algae fuels.
Estratégicamente, se han asociado en este proyecto las empresas privadas E-CL S.A., COPEC S.A., RENTAPACK S.A. y entidades tecnológicas del más alto nivel, como la Universidad Católica y BIOSCAN S.A. Esta asociación reúne un know how estratégico, científico tecnológico y comercial, que contribuirá notablemente al éxito del proyecto y su sustentabilidad en el largo plazo, con impacto nacional e internacional.
Esta investigación tendrá una duración de cinco años y se espera que al cabo del quinto se disponga de una colección de las mejores cepas de microalgas y la experiencia para la producción de biomasa microalgal. Además, Se aprovecharán las condiciones naturales del desierto del norte de Chile donde se realizará el proyecto, el cual empleará CO2 a escala industrial para la obtención de aceite para producir biodiésel líquido y harinas para la industria de los alimentos, pecuaria y acuícola.
El desafío que se propuso el consorcio es que al cuarto año de operación, el sector productivo adquiera la tecnología para poner en marcha los primeros centros de producción de microalgas en una extensión de 300 hectáreas.
GLOBALES
Los Ministros de 130 países aprueban en Marsella hacer del Agua un tema central de acción
Marsella, Francia, miércoles 14 de marzo de 2012, EFE, La Información.- Los ministros y jefes de delegaciones ministeriales de los 130 países representados en el Foro Mundial del Agua de Marsella subrayaron hoy, en una declaración conjunta, la urgencia para aplicar soluciones eficaces y sostenibles en la gestión del agua.
Los ministros y jefes de delegaciones ministeriales de los 130 países representados en el Foro Mundial del Agua de Marsella subrayaron hoy, en una declaración conjunta, la urgencia para aplicar soluciones eficaces y sostenibles en la gestión del agua.
El documento constata que "el agua es un factor clave para la paz y la estabilidad" y, tras la declaración del acceso al agua potable y el saneamiento como parte integrante de los derechos humanos por la Asamblea General de la ONU en 2010, hace hincapié en la "aceleración de la implementación de las obligaciones" en esa materia.
El texto, presentado a la prensa por el ministro francés de cooperación, Henri de Raincourt, subraya las interrelaciones entre el agua, la energía y la seguridad alimentaria, y toma como prioridad "la total coherencia de las políticas vinculadas con el agua con vistas a explotar las sinergias y evitar los efectos negativos entre sectores".
Esta declaración, no vinculante, aboga además por el intercambio de prácticas adecuadas y lecciones aprendidas entre todos los actores vinculados con ese recurso, y a promover también la cooperación fuera del sector.
Su contenido, contestado por algunas ONG, es fruto de los tres años de trabajo que han pasado desde el foro de Estambul y las discusiones, según explicó el presidente de la comisión política de este encuentro, Sujiro Seam, fueron "difíciles" por aspirar a objetivos ambiciosos, pero no evitaron que se llegara a la unanimidad.
Su firma era uno de los platos fuertes políticos de esta cita inaugurada el lunes, y sumado a las soluciones que se vayan promoviendo hasta la clausura del sábado, los ministros esperan que sea tenido en consideración en la cumbre "Río+20" del próximo junio.
Ministros de más de 80 países se comprometen a acelerar el acceso al Agua
Marsella, Francia, miércoles 14 de marzo de 2012, Terra.- Los ministros de Medio Ambiente de más de 80 países reunidos en el Foro Mundial del Agua se comprometieron el martes en Marsella (sur de Francia) a "acelerar el acceso al saneamiento y el agua potable", del que aún están privados unos 80 millones de habitantes en el mundo.
En una declaración adoptada el martes "por aclamación", los titulares del Medio Ambiente presentes en el Foro de Marsella expresaron su compromiso "para acelerar el acceso al agua potable y el saneamiento por todos los medios apropiados", en señal de "nuestros esfuerzos por superar la crisis del agua".
Pero, en declaraciones a la AFP poco después de la adopción del documento, el ministro boliviano del Medio Ambiente, Felipe Quispe Quenta, expresó su rechazo a la Declaración Ministerial adoptada en el segundo día del Foro del Agua.
"No acompañamos esa Declaración" adoptada por los ministros, porque creemos que estimula "la privatización de los servicios del agua", declaró Quispe Quenta, quien añadió que su país considera "obligación del Estado garantizar y gestionar el derecho al agua". El titular del Medio Ambiente boliviano expresó su descontento al considerar que el Foro, organizado por el Consejo Mundial del Agua, habla sobre todo de inversiones privadas.
Pero "el agua no es una mercancía. Y para garantizar el acceso al agua, se requieren más inversiones públicas, no privatizar los servicios" de agua, afirmó el ministro boliviano. "En Bolivia fracasó la privatización del agua", porque "el agua es un derecho humano universal, es un derecho para garantizar otros derechos humanos", afirmó. "Y en Marsella, no hemos sido oídos", se quejó Quispe Quenta.
El Sexto Foro Mundial del Agua reúne durante seis días a responsables gubernamentales, empresarios, asociaciones y organizaciones no gubernamentales en torno al tema de los recursos hídricos, amenazados por el crecimiento de la población y el cambio climático.
Lima, Perú. Miércoles 14 de marzo de 2012, por Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas, Río+20.- Los pueblos indígenas andinos y sus organizaciones nos preparamos para participar en Río+20. Porque estamos convencidos que tenemos mucho que aportar: nuestros conocimientos y prácticas ancestrales sobre el uso y la conservación del agua, nuestra riquísima biodiversidad natural y social, nuestra propuesta paradigmática de Buen Vivir. Y porque para ello necesitamos que el mundo comprenda que las soluciones de mercado son inviables, que la salida es cambiar la matriz capitalista de producción y consumo, que todo proyecto debe respetar los derechos humanos y colectivos de todos y todas.
Para la construcción de nuestras propuestas, debemos conocer cuál ha sido el proceso de discusión global sobre desarrollo y medio ambiente, para situarnos en el contexto actual y proyectarnos hacia el futuro.
Contexto de las discusiones
Mucho ha cambiado el mundo desde que, en los años setenta del siglo pasado, el tema ambiental pasó a ser parte de la agenda pública. Fue entonces cuando en los propios países industrializados se empezó a cuestionar la viabilidad de un modelo que elevaba cada vez más los estándares de producción y consumo y se basaba en una matriz energética sustentada en el creciente consumo de petróleo. Y que empezaba a mostrar diversas manifestaciones de su crisis: los conflictos en Medio Oriente, por ejemplo, que elevaron estratosféricamente los precios del petróleo.
Es así que una comisión internacional emitió el informe Los límites del crecimiento, documento que fue la base de la convocatoria de la I Conferencia Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente, que se reunió en Estocolmo, Suecia, en 1972. Allí se hizo un primer diagnóstico de los ecosistemas y se evidenciaron los problemas del cambio climático y de los ecosistemas. Y se habló de la búsqueda de un modelo que no tenga como único eje el crecimiento económico.
De estas primeras discusiones deriva el concepto de desarrollo sostenible, el cual plantea sostener un modelo económico sin afectar la disponibilidad de recursos de las generaciones futuras.
Doce años después, en octubre de 1984, se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, atendiendo el llamado de la Asamblea General de Naciones Unidas para establecer una agenda global para el cambio. Esta Comisión publicó en abril de 1987 su informe Nuestro Futuro Común, el cual plantea la posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión de recursos ambientales.
Como vemos hasta aquí, el mundo podía admitir, en mayor o menor medida, la crisis del sistema. Pero no planteaba un cambio radical, solo algunas políticas de mitigación. No contaba con que el poder económico de las corporaciones multinacionales pasaría a consolidarse también como un creciente poder político.
Derechos indígenas
De manera paralela a esta discusión, se desarrollaba otro proceso: el de la emergencia del movimiento indígena a nivel internacional. En los años sesenta y setenta ya habían aparecido las primeras organizaciones nacionales, en los años ochenta nacen las organizaciones regionales. Y se realizan conferencias internacionales.
Entonces el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, constituido principalmente por organizaciones norteamericanas, europeas y amazónicas, empieza a visibilizar las perspectivas de los pueblos indígenas, que hasta entonces estaban mediadas por los representantes de los gobiernos en espacios como la Organización Internacional de Trabajo (OIT), cuya Conferencia General adopta en 1989 el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Casi dos décadas después, la Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre del 2007 la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La Conferencia de Río'92
La Cumbre de la Tierra Río 92 hace posible visibilizar los derechos de los pueblos indígenas en relación al medio ambiente. Hasta entonces eran dos temas que marchaban por cuerdas separadas, sin articularse. Por primera vez también se vinculan la diversidad natural y la diversidad biológica, al reconocer que la mayor parte de las regiones del mundo con alta biodiversidad se ubica en territorios de pueblos indígenas.
Estos reconocimientos derivan al tema de los conocimientos ancestrales y por este camino se llega hasta el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en 1992.
En Río+20 se dice que los Estados deben garantizar el control de los pueblos indígenas a sus territorios, incluidos sus lugares sagrados, que contienen la biodiversidad más rica del mundo. Deben garantizar también la participación de los pueblos indígenas en la conservación y uso racional de su medio ambiente. Y deben respetar nuestros conocimientos tradicionales.
Los documentos oficiales de Río'92 evidencian las amenazas a los territorios y hábitats indígenas: megaproyectos de infraestructura, actividades extractivas como minería, petróleo, gas, forestales, monocultivos, agroindustria, que causan el desplazamiento de los pueblos indígenas. Se aprueba la Agenda 21, con líneas específicas, indicadores y plazos que luego son recogidos en el Protocolo de Kioto. Se incorpora el tema de la pobreza al debate sobre el desarrollo sostenible.
El debate sobre medio ambiente y desarrollo siguió produciendo nuevas reuniones e instrumentos internacionales: el Foro Medioambiental Mundial, la Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar, la Convención para la protección del Patrimonio Cultural y Natural del Mundo de la UNESCO, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, el Fondo Medioambiental Mundial, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Grave retroceso
Diez años después de Río+20 se reúne en Johannesburgo, Sudáfrica, una nueva Cumbre que significó graves retrocesos en lo avanzado en la primera Cumbre de la Tierra respecto del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Desde la organización misma de la Cumbre de Johannesburgo se bloqueó el trabajo de incidencia de los movimientos sociales y los organismos no gubernamentales, los que incluso fueron reprimidos, con detenciones y requisa de materiales. Es allí donde se consagra la "economía verde", que es la mercantilización de la naturaleza con que se pretende legitimar un modelo económico, social, ambiental y políticamente en crisis.
En Johannesburgo triunfa el neoliberalismo, predominan los intereses de las corporaciones multinacionales y de la Organización Mundial de Comercio. Los fondos para la protección del medio ambiente son drásticamente recortados.
Este es el proceso global que nos lleva hasta Río+20, donde los pueblos indígenas debemos estar presentes para incorporar importantes temas a su agenda: entre ellos poner énfasis en los derechos territoriales, la diversidad biológica y cultural, el balance del cumplimiento de los objetivos de Río'92, la protección y promoción de los conocimientos ancestrales, la participación, la consulta y el consentimiento previo libre e informado.
Intentarán renovar en Río de Janeiro compromisos sobre ambiente
Sao Paulo, Brasil, miércoles 14 de marzo de 2012, por Marielba Núñez, El Nacional.- En la mesa de negociaciones tratarán de imponer una óptica ecológica para medir el crecimiento económico. En la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, 102 jefes de Estado lograron una serie de acuerdos inéditos en materia de protección del medio ambiente, entre ellas los convenios sobre diversidad biológica y sobre cambio climático.
Dos décadas después, están en marcha los preparativos para la cumbre Río+20, en la que intentarán, en junio próximo, renovar aquellos compromisos y fortalecer el tema de la protección de los ecosistemas en las agendas públicas.
La discusión, sin embargo, no se avizora fácil. El propio Brasil está actualmente sacudido por una polémica por un nuevo Código Forestal, que ha sido cuestionado porque flexibiliza la protección con la que contaban las áreas naturales de ese país. La presidenta Dilma Rousseff recibió la semana pasada una carta, acompañada de 1,5 millones de firmas, en la que ambientalistas y ciudadanos le piden que vete el instrumento legal si el Congreso llega a aprobarlo.
En medio de esa agitación se plantearán en Río cuestiones no menos controversiales. Una de ellas será la propuesta de imponer el término Economía Verde, para tratar de emular el éxito del concepto Desarrollo Sostenible, que encontró un espaldarazo en los acuerdos de 1992. Sin embargo, todavía no parece haber un consenso sobre lo que quiere decir el término.
"Una de las aspiraciones es lograr que la economía sea el centro de la conferencia Río+20, porque actualmente parece haber una desconexión entre las aspiraciones de productividad y el medio ambiente", señaló Ricardo Ambramovay, profesor de la Facultad de Economía, Contabilidad y Administración de la Universidad de Sao Paulo, quien intervino en la jornada Río+20, Periodismo en Debate, organizada por la Fundación para la Protección de la Investigación de Sao Paulo. "Ya somos 7 millardos de personas en el mundo y para 2050 seremos 9 millardos. El planeta no soportará un crecimiento con el consumo actual de recursos que tenemos".
Para Andrés Correa Lago, director del departamento de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la Economía Verde será precisamente uno de los puntos más difíciles de la discusión, que involucrará a 193 países. "Una de las ideas es que se incorpore la dimensión ambiental a la economía, como se hizo con la seguridad social".
Fabio Scarano, vicepresidente para América de la ONG Conservación Internacional, señala que por Economía Verde podría entenderse un modelo de desarrollo "donde el capital natural se mantiene o se amplía, y que contribuye a recuperar áreas degradadas".
Nuevos parámetros. La discusión sobre la posibilidad de un desarrollo amigable con el medio ambiente tocará también la posibilidad de crear un parámetro distinto al Producto Interno Bruto, que permita medir el crecimiento económico bajo una óptica distinta, que tome en cuenta el impacto del desarrollo sobre los ecosistemas y las condiciones sociales de las naciones.
Scarano pone como ejemplo al propio Brasil, que tiene "el sexto PIB más alto del planeta", pero también encabeza la lista de distribución desigual de los ingresos. "Es absurdo asumir que el PIB es una medida de bienestar, así que no se trata de complementarlo, sino librarse de él", señaló José Eli Vega durante la conferencia Ciencia y Política para una Economía Verde en el contexto de Río+20.
Lanzan concurso fotográfico regional "Agua, energía y seguridad alimentaria"
Montevideo, Uruguay, miércoles 14 de marzo de 2012, por Lucía Matteo, Oficial de Comunicaciones GWP Sudamérica.- Estimado miembro de la Red de Comunicadores GIRH: Nos es grato informarle que, en ocasión del Día Mundial del Agua, hemos lanzado el concurso fotográfico regional "Agua, energía y seguridad alimentaria" con el objetivo principal de concientizar al público en general sobre la estrecha interrelación entre estos tres sectores y el rol fundamental del agua en especial para garantizar la seguridad alimentaria.
Encontrará información detallada sobre el concurso en nuestra página web: http://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/ El plazo para presentar fotografías es hasta el 20 de marzo de 2012.
Le invitamos a participar ,agradeciendo desde ya su difusión.
Atentamente,
Lucía Matteo
Oficial de Comunicaciones
GWP Sudamérica
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Tel: +598 2708 87 27
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