A nuestros lectores y lectores les pedimos disculpas. Compromisos fuera de Chile han ocasionado ausencias de edición que ahora reparamos. El editor.
CONTENIDO
LOCALES
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, Movimiento por una Ciudad Democrática
Hechos históricos sobre la contaminación de Santiago
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, Defendamos la Ciudad
Ministro Erazo apuesta por restringir 4 dígitos catalíticos en 2009
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, por Víctor Zúñiga y Rodrigo cerda, El Mercurio
Ministra de Medio Ambiente opina igual
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, El Mercurio
Metro construirá guardería de bicicletas en estación Escuela Militar
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, El Mostrador
Venta de terreno del CENMA en La Reina desata nueva polémica
La Reina, domingo 23 de noviembre de 2008, por Víctor Zúñiga, El Mercurio
Fundación San José cumple 10 años en campañas de reciclaje
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, La Tercera
Carboréxicos: La nueva obsesión por no contaminar el medioambiente
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, por José Miguel Jaque, La Tercera
Directores de obras de Las Condes, San Miguel y La Reina denuncian persecución ante la Contraloría
Santiago, martes 25 de noviembre de 2008, por Rodrigo Silva, El Mercurio
NACIONALES
Organizaciones de la sociedad civil se unen para enfrentar el calentamiento global
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, La Nación
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, por Pablo Basadre, El Mostrador
La agenda atómica de Michelle Bachelet en Rusia
Santiago, martes 25 de noviembre de 2008, por Claudia Urquieta, El Mostrador
$92 millones para descontaminar el lago Rapel de aquí a fin de año
Rancagua, domingo 23 de noviembre de 2008, por Cristian Lucero, El Mercurio
Greenpeace lanza propuesta mundial de revolución energética
Coyhaique, lunes 24 de noviembre de 2008, La Tercera
Represas de la Patagonia en suspenso
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, por Daniela Estrada, IPS
Ambientalistas seguirán presentando observaciones a estudio HidroAysén
Coyhaique, lunes 24 de noviembre de 2008, La Nación
Santiago, viernes 21 de noviembre de 2008, El Mercurio
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, por Claudia Urquieta, El Mostrador
Derechos laborales siguen siendo un tema pendiente en la industria del salmón
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, Terram
GLOBALES
El cambio climático en el Perú: Vulnerabilidad y respuestas ecológicas locales
Ica, Perú, lunes 24 de noviembre de 2008, CODEHICA
Más que el TLC para el Perú, necesitamos el TLM: Todo lo Mejor para el País
Lima, Perú, lunes 24 de noviembre de 2008, por Blgo. Sandro Chávez, Cuarto Ambiente
Científicos plantean que un tsunami podría haber arrasado Manhatan hace 2.300 años
Nueva York, EEUU, lunes 24 de noviembre de 2008, La Segunda
Investigadores desarrollan un índice para medir el riesgo de desertificación
Madrid, España, martes 25 de noviembre de 2008, La Tercera
LOCALES
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, Movimiento por una Ciudad Democrática.- 41 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo asociaciones gremiales de arquitectos, exigen a la Presidenta Bachelet, mediante carta abierta entregada hoy, el inmediato retiro del proyecto que modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones del Senado, por sus marcados sesgos mercantilistas y por su total ausencia de participación ciudadana.
A las 10,30 horas de hoy lunes los dirigentes de estas organizaciones civiles, haciendo valer el derecho de petición consagrado en la Constitución Política del Estado, ingresaron en la Oficina de Partes del Palacio de La Moneda una carta abierta a la Presidenta Bachelet, en que solicitan consecuencia al gobierno respecto de los tratados internacionales que Chile ha suscrito, acerca de cómo deben las naciones del mundo hacer valer principios de equidad social, de desarrollo sustentable y de democracia representativa, en sus políticas internas en materia de vivienda, urbanismo y planificación territorial.
Por ello, en la misiva dirigida al Gobierno, tras la instantánea y masiva adhesión de la sociedad civil, se exige el inmediato retiro del proyecto que modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones, en materias de planificación urbana, poniendo en evidencia el proceso arbitrario que este ha sufrido, como los gruesos errores y omisiones que contiene dicho texto, elaborado por el Minvu, en conjunto con las asociaciones gremiales empresariales de la construcción y del sector inmobiliario, el cual, a todas luces, es contrario a los criterios de bien común necesarios en toda nueva legislación.
Por otro lado, las organizaciones sostienen que es una verdadera mofa para el país, que un Gobierno de sello Ciudadano, promueva una modificación legal que consagra en plenitud la desmedida injerencia del sector privado en las políticas de uso de suelo y crecimiento de las ciudades.
Las organizaciones promotoras de esta iniciativa, son partidarias de que, conjuntamente con el retiro del proyecto del Senado, la Presidenta Bachelet adopte las decisiones pertinentes, vía una reingeniería interna, para que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se enriele finalmente en la senda encomendada por los principios suscritos internacionalmente y que no sea el libertinaje del mercado el que regule los destinos de las ciudades y el territorio nacional, favoreciendo sólo a las minorías que detentan el poder económico, porque en definitiva el costo social siempre lo pagan las mayorías, que no forman parte del establishment.
El arquitecto Julio Alegría, presidente del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de Chile manifestó "La ausencia de una forma de participación efectiva, la pretendida eliminación del carácter territorial en lo pertinente a la planificación de los asentamientos humanos, la inconsistente y oscura presentación de los bonos transables del suelo, la falta de seguridad para un Desarrollo Ambientalmente Sustentable, así como la evidente falta de garantías a un crecimiento equilibrado y armónico dentro y fuera de los límites urbanos, nos llevan a la decisión de rechazar estas modificaciones y al mismo tiempo, de continuar trabajando, como Colegio, por la postulación de un nuevo Documento Consolidado Participativo, que contenga a los estamentos pertinentes: de las Organizaciones Vecinales, Universitarias, Profesionales, Municipales y Gremiales, en un nuevo espíritu y voluntad de los organismos estatales para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes."
La arquitecta Verónica Adrián, quién lidera el Movimiento Por Una Ciudad Democrática, y representante de la Red Ciudadana por Ñuñoa, señaló "Desde que el Ejecutivo ingresó dicho proyecto al Senado, en enero de 2007, las organizaciones ciudadanas hemos sido testigos de un deliberado ocultamiento de sus contenidos respecto a las verdaderas intencionalidades mercantiles y de especulación del suelo que promueve esa iniciativa legislativa por las autoridades del MINVU. También denunciamos la tergiversación de las observaciones realizadas por la ciudadanía durante el proceso de estudio en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, previo a la votación en general, en la sala. Hemos intentado infructuosamente abrir instancias de discusión y debate democrático acerca de una ley que concierne tan de cerca los destinos de la población del país, así como la administración de sus recursos y reservas naturales por el Estado, logrando sólo posponer su aprobación. Por la escandalosa falta de garantías democráticas de dicho proceso, y por los principios mercantiles que promueve, no vemos otra salida posible que la Presidenta de la República ordene su inmediato retiro del Senado".
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad señaló "el texto de la modificación legal es muy contrario a su texto preámbulo, razón por la cual este proyecto se desnaturalizó en su origen: querían pasar gato por liebre. El Minvu es partidario de entregarle mayores facilidades a quienes lucran con los cambios de usos de suelo que posibilitan grandes negocios inmobiliarios irrespetuosos de los equilibrios medioambientales. Es impresentable que en un país democrático, en donde debe primar el desarrollo urbano sustentable, preservando las extensiones agrícolas que nos permitirán disfrutar en el futuro de la necesaria independencia alimentaria, un díscolo ministerio cooptado por el sector privado, tome este tipo de burlescas iniciativas."
Patricio Rodrigo, Director de Chile Ambiente y vocero del Consejo de Defensa de la Patagonia, expresó "No es posible aprobar un proyecto de ley de Urbanismo a espaldas de la ciudadanía que se verá afectada por éste, ni tampoco un proyecto que responde sólo a una visión sectorial del problema del territorio y su poblamiento. Se requiere incorporar miradas sistémicas, de carácter transectorial y que respondan a los objetivos múltiples para el uso del territorio y zonas a urbanizar, organizando ciudades de verdad, con todos los servicios y no sólo ciudades dormitorios que responden más al interés inmobiliario que a resolver problemas de calidad de vida de la comunidad."
Contactos 4586013 - 2330321 – 90815275. Más adelante se aprecia la carta abierta entregada en La Moneda por las 38 organizaciones sociales, indicándose el nombre de cada una de ellas.
24 de Noviembre de 2008
Señora
Michele Bachelet Jeria
Excelentísima Presidenta de la República de Chile
PRESENTE.-
En nombre de las organizaciones ciudadanas abajo firmantes, que luchamos por defender nuestra calidad de vida y nuestros derechos y principios elementales en torno al hábitat y al medioambiente, hacemos a usted y a su Gobierno un urgente llamado a enmendar el rumbo frente a la enconada aplicación de políticas urbanas y medioambientales regidas por el libre mercado y la especulación del suelo, que como usted misma lo declarara recientemente durante su exposición ante las Naciones Unidas, sólo promueven la codicia de algunos pocos.
Solicitamos, por tanto al Gobierno de Chile, cumplir con los compromisos suscritos en el Protocolo de Santiago en el XII Foro Iberoamericano de Ministros y Autoridades máximas del sector Vivienda y Desarrollo Urbano, realizado en 2007, donde se reconoció que el derecho a la ciudad y a las políticas integrales de desarrollo urbano son estratégicas y prioritarias para lograr la reducción de la pobreza y la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento.
A partir de su ratificación por los Jefes de Estado y de Gobierno en su XVII Cumbre Iberoamericana, en el Punto 29 del Plan de Acción, ahora existe una instrucción precisa para avanzar hacia "la consagración del Derecho a la Ciudad mediante la generación de políticas públicas que aseguren el acceso al suelo, a viviendas adecuadas, infraestructura y equipamiento social y los mecanismos y las fuentes de financiamiento suficientes y sustentables".
De esta forma, nos hacemos eco de la Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante la XVII Asamblea MINURVI , para solicitar a los Jefes de Estado y Ministros de Vivienda y Urbanismo, así como a los gobiernos en los diferentes niveles, la creación de espacios institucionales necesarios y oportunos, a través de los cuales se pueda hacer efectiva la plena participación de la sociedad civil en las decisiones que afectan el presente y el futuro de las ciudades de América Latina.
Por ello es que solicitamos encarecidamente consecuencia al Gobierno de Chile, para que ponga en práctica los tratados y protocolos internacionales suscritos por nuestro país, y en ese predicamento y como procede, exigimos el inmediato retiro del Proyecto de Modificación a la Ley de Urbanismo y Construcciones por parte del Gobierno actualmente en discusión en el Senado, el que se funda exclusivamente en una lógica de libre mercado y de especulación del suelo urbano y rural, amparándose en una total laxidad respecto a la preservación del medio ambiente, del patrimonio cultural y las reservas vitales para la vida, todo lo cual redunda en un grave retroceso en materias de libertades individuales, del bien común y de los derechos civiles, principios consagrados en la Constitución Política de la República.
Señora Presidenta, hacemos ver a usted, que un proyecto de ley que concierne tan íntimamente las formas de habitar las ciudades, el campo, las montañas, el desierto y los bordes costeros del país, así como el derecho al sustento, a la preservación y al disfrute de las riquezas y bellezas naturales que nos brinda nuestro territorio patrio, no puede ni debe ser resorte de decisiones inconsultas, unilaterales y arbitrarias, por parte del Gobierno, ni mucho menos para favorecer los intereses de unos pocos por sobre el bien común, como queda de manifiesto en dicho proyecto de ley de urbanismo elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Las organizaciones sociales del país, las que hemos debido asumir la reconstitución de los tejidos sociales desbaratados durante los largos años en que en Chile no hubo democracia, contamos con plena legitimidad para exigir a las autoridades que nos gobiernan, que lo hagan de cara al país, y no en favor de los intereses del mercado.
Es en ese espíritu que esperamos un gesto desde el Gobierno en favor de las grandes mayorías del país que claman por el ejercicio de una democracia plena, de tal forma que se abra un verdadero debate nacional respecto a cómo queremos los chilenos habitar y organizarnos a lo largo de nuestro territorio, el que por esencia nos pertenece a todos.
Por ello solicitamos a usted, acceda a otorgar una audiencia a una delegación de 5 representantes de nuestras organizaciones, en consecuencia con el sello ciudadano de su Gobierno.
Suscriben la presente Carta Abierta a nuestra Presidenta y su Gobierno, y la ponen en conocimiento ante aquellos gobiernos presentes en el "XII Foro Iberoamericano de Ministros y Autoridades Máximas del Sector Vivienda y Desarrollo Urbano", realizado en Chile en 2007, las más diversas organizaciones sociales de todo el país y que firman a continuación:
1. Red Ciudadana Por Ñuñoa
2. Defendamos la Ciudad
3. Colegio de Arquitectos, Delegación Valparaíso
4. Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de Chile
5. Instituto de la Vivienda Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile
6. Chile Ambiente
7. Salvemos Vitacura
8. Vecinos en Defensa del Barrio Yungay
9. Coordinadora Vecinal La Reina
10. Ciudadanos por Valparaíso
11. Comité de Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile
12. Instituto Ecología Política
13. Comité de Defensa Pedro de Valdivia Norte y Parque Metropolitano
14. No a la Planta de gas en Peñalolen
15. Acción Ecológica
16. Genera
17. Comité Pro Participación Ciudadana y Protección de Pirque
18. Junta de Vecinos de Maintencillo
19. Movimiento Populáricos
20. Vivamos Ñuñoa
21. Grupo de Desarrollo Local Plaza Ñuñoa
22. Junta de Vecinos Nº 3 Arturo Prat de Ñuñoa
23. Junta de Vecinos Nº 19 Universidad de Ñuñoa
24. Comité de Defensa de Valparaíso
25. Comité Desarrollo y Protección Villa Portales
26. Kryac (Kolectivo de Reflexión y Acción Ciudadana).
27. Centro de Desarrollo Urbano Medioambiente y Ecológico Viña Oriente
28. Movimiento Viña Oriente
29. Movimiento Nueva Izquierda
30. Agrupación Barrial Guillermo Francke, Ñuñoa
31. Movimiento Generación 80
32. Consejo Ecológico Puchuncaví
33. Organización de Base Comunitaria Chichimen
34. Comisión Territorial "Qué Comuna Queremos", El Quisco, V Región
35. Centro de Bicicultura
36. Festival Internacional de Bicicultura de Santiago
37. Amigos de La Reina Ambiental
38. Asociación Ciudadana Para el Desarrollo Local "Gran Peñalolen"
39. ANDES – Alternativa Nacional por la Democracia y la Soberanía
40. La Reina Decide
41. Sur Corporación
Saludan muy cordialmente a usted,
MOVIMIENTO POR UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA
Hechos históricos sobre la contaminación de Santiago
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, Defendamos la Ciudad.- "Defendamos la Ciudad" reproduce información descrita en el interesante libro "Catástrofes en Chile 1541-1992" de Rosa Urrutia de Hazbun y Carlos Lanza Lazcano. "El día 12 de enero de 1813, el cabildo de capitalino trató el problema de la quemazón de los campos inmediatos a Santiago. Estimó que llenaban la atmósfera de un humo espeso y caliente que causaba "variaciones en el temperamento". Debido a estas consideraciones, se acordó que uno de los regidores, el cabo de los alguaciles y cuatro ministros hicieran las investigaciones del caso e informaran. Luego se dio cuenta a la Junta de Gobierno, para que administrara las medidas pertinentes que evitaran este abuso"
En otro párrafo se recuerda que ya en 1849 existía, a nivel universitario, preocupación por la contaminación atmosférica de Santiago. "El doctor Javier Tocornal, exponía el 5 de abril de ese año, en la sesión de la Facultad de Medicina y de Ciencias Físicas y Matemáticas, presidida por el rector Andrés Bello, que la Universidad de Chile, llamada a ocuparse de trabajos especiales, del progreso intelectual y material del país, debía preocuparse de la calidad de la atmósfera de Santiago. Señalaba que la ciudad ubicada en terrenos bajos, lejos del mar, con vientos irregulares que no eran suficientes para renovar la atmósfera, se impregnaba fácilmente de las miasmas que se producían en los lugares pantanosos que había cerca de la población, con la descomposición continua de materias animales y vegetales que fermentaban en las acequias interiores de las casas por la acumulación de basura y otras inmundicias y por la falta general de aseo, haciendo perder al aire que se respiraba todas las propiedades saludables. A esto había que agregar -indicaba- la falta de vegetación abundante, capaz de suministrar los elementos necesarios para su renovación y la calidad del agua para beber que contenía excesos de sales y falta de oxigeno".
También es bueno recordar que en 1945, "los pilotos de aviones dieron la voz de alarma: Santiago empezaba a tener casi permanentemente, una capa nebulosa de partículas en suspensión. En el Seminario del Gran Santiago organizado por la Universidad de Chile, en septiembre de 1957, para tratar los problemas de la urbe, también se abordó el tema por los representantes del Servicio Nacional de Salud; en esa oportunidad se dijo que la contaminación del ambiente era uno de los problemas que requerían urgente solución ; que el aire de la capital estaba contaminado por la combustión incompleta de las cinco mil industrias que había, por el humo de la chimeneas y por el desprendimiento de gases de alrededor de cien mil vehículos que circulaban por las calles de Santiago".
Ministro Erazo apuesta por restringir 4 dígitos catalíticos en 2009
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, por Víctor Zúñiga y vRodrigo cerda, El Mercurio.- Titular de Salud dice que existen antecedentes para aplicar tal medida: Ministro Erazo apuesta por restringir 4 catalíticos en 2009. Autoridad subrayó que mantiene su planteamiento y coincidió con la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, que ello es lo que corresponde.
Las vueltas de la vida. Ahora al nuevo ministro de Salud, Álvaro Erazo, le corresponderá defender desde esa cartera los drásticos argumentos que abogan por medidas más efectivas para descontaminar Santiago entre abril y agosto. Y entre ellas está la aplicación de la restricción vehicular a 4 dígitos catalíticos en preemergencia ambiental como lo estableció un decreto de Gobierno y que en el último minuto de marzo pasado fue reducido por Transportes a 2 dígitos.
Como intendente de Santiago, el doctor Erazo libró un tanto solo la batalla por los 4 dígitos catalíticos en marzo pasado y a la larga el Transantiago de Cortázar lo arrolló públicamente, puesto que prevaleció la idea de que el plan de transporte público de buses y el Metro no estaba en condiciones de recibir el impacto de usuarios que debían dejar en sus casas 300 mil vehículos por la restricción decretada en casos de preemergencia. Si bien debió "agachar el moño", como dice el aforismo, el médico advirtió que no cesaría en adoptar medidas drásticas para limpiar el aire capitalino.
Intentó imponer la prohibición permanente a las estufas y chimeneas, pero no le fue posible, y sorprendió a muchos cuando en julio pasado, cuando presentó el Plan de Prevención de Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago, dijo ante la prensa: "Éste será el último año en que no se va a aplicar la medida de restricción de 4 dígitos a los vehículos catalíticos. Esa es una decisión de la Intendencia y de cada uno de los servicios involucrados". Sobre el tema el ministro de Transportes, René Cortázar, dice que aún no es el momento de definir nada. "Eso se decidirá en marzo de 2009. Por el momento, no hay nada que decir", explicó. Pese a la insistencia de "El Mercurio", Cortázar insistió en lo mismo: "Reitero, eso se decidirá en marzo del próximo año".
En tanto, el ministro de Salud, que estuvo el sábado en una actividad pública en la Quinta de Tilcoco, en la VI Región, adelantó que su cartera de Estado insistirá en los 4 dígitos catalíticos en preemergencia, puesto que existen antecedentes suficientes de salud pública para proponer ello, aunque acotó que es una materia que deberá discutirse en los próximos meses.
-¿Cómo se viene la mano en materia de contaminación de Santiago el 2009, ministro?
"Estoy convencido de que va ser mejor".
-¿Va a cumplir su promesa de aplicar 4 dígitos catalíticos en preemergencia?
"Eso está en manos de las autoridades correspondientes. Yo hice mi compromiso".
-¿Pero usted va a insistir con los 4 dígitos?
"Como autoridad sanitaria, voy a hacer todos los esfuerzos por mantener ello".
-La ministra Uriarte dice que corresponden los 4 dígitos, salvo casos excepcionales.
"Está claro eso. Mantengo mi planteamiento. Tenemos antecedentes sanitarios suficientes".
Ministra de Medio Ambiente opina igual
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, El Mercurio.- Ana Lya Uriarte afirmó que sólo mediante una excepción justificada Transportes podría aplicar algo distinto mediante decreto. La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, recordó que Santiago cuenta con un Plan de Episodios Críticos que rige entre el 1 de abril y el 31 de agosto. "Lo que hoy día estaría vigente para el año 2009 es la aplicación de 4 dígitos catalíticos en preemergencia. Por lo tanto, lo que corresponde es hacer una evaluación previo al 1 de abril de acuerdo con las condiciones que tengamos en la región, particularmente en lo referido al transporte público", dijo.
Reconoció que Transportes tiene una prerrogativa legal al definir finalmente las acciones mediante la dictación de un decreto, sin perjuicio que sus antecedentes deberá compartirlos con los otros sectores involucrados y así permitir la pertinencia técnica y la conveniencia social de la evaluación final en el tema. "Insisto, el 2009 corresponde aplicar 4 dígitos a catalíticos en preemergencia, salvo que un decreto de Transportes diga algo distinto por excepción", dijo.
Metro construirá guardería de bicicletas en estación Escuela Militar
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, El Mostrador.- Esta guardería se suma a las cuatro ya inauguradas a comienzos de agosto, las que han presentado un nivel de ocupación de un 72% promedio durante el mes de octubre. Además se ampliará la guardería ubicada en estación Colón, que presentó un nivel de ocupación de un 100% durante octubre. Metro de Santiago anunció este lunes la construcción de una nueva guardería para bicicletas, la quinta del proyecto BiciMetro, que estará ubicada en estación Escuela Militar, lejos la más votada de las 92 estaciones de la red (con un 15%) en la encuesta "Al Metro en bicicleta" publicada en nuestra página web (http://www.metrosantiago.cl) y en el grupo de Facebook "Que hagan estacionamientos de bicicletas en el Metro".
La guardería de Escuela Militar tendrá capacidad para 30 bicicletas y estará ubicada en la galería SubCentro. Esta guardería se suma a las cuatro ya inauguradas a comienzos de agosto y que están ubicadas en las estaciones Vespucio Norte (L2), Cristóbal Colón (L4), Grecia (L4) y Las Mercedes (L4). El nivel de ocupación de éstas ha crecido sostenidamente desde su puesta en marcha, llegando a un 72% de ocupación promedio durante el mes de octubre. "Estamos muy contentos. Los resultados que hemos obtenido están muy por sobre lo que esperábamos. Ojalá que cada vez más los usuarios se atrevan a dejar sus autos en las casas y llegar con sus bicicletas hasta Metro. BiciMetro es un aporte a la descongestión y descontaminación de la capital: conecta dos modos de transporte no contaminantes", señalo Clemente Pérez, presidente del Directorio de Metro de Santiago.
La guardería ubicada en estación Colón es la más demandada: presentó un nivel de ocupación de un 100% durante octubre, a tres meses de su inauguración. Es por esto que se ampliará su capacidad, agregando 15 lockers más. Esto confirma la estrategia de Metro de Santiago de ir construyendo celdas modulares, lo que permite responder rápidamente ante la demanda de nuestros usuarios.
Venta de terreno del CENMA en La Reina desata nueva polémica
La Reina, domingo 23 de noviembre de 2008, por Víctor Zúñiga, El Mercurio.- v Rector Víctor Pérez confirmó la intención de enajenar media hectárea con el fin de disponer recursos para plan de un campus. El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, ratificó la intención de vender la propiedad de La Reina, en donde está instalado el Centro Nacional del Medio Ambiente (Cenma), medida cuestionada por su antecesor, Luis Riveros, por considerar que ello complica a futuro compromisos asumidos con los gobiernos de Chile y de Japón.
El rector Pérez precisó que su plantel deberá colocar $15 mil millones para ejecutar el proyecto de reforma de Humanidades y Ciencias Sociales en el Campus Juan Gómez Millas. El anuncio de enajenación del terreno de media hectárea, ubicado en Av. Larraín 9975, significó a fines de agosto pasado la remoción del director ejecutivo del Cenma, Eugenio Figueroa, quien se opuso a tal venta. Otra de las partes implicadas es la Comisión Nacional del Medio Ambiente -que representa al Gobierno chileno- y su director ejecutivo, Álvaro Sapag, quien explica que hay un acuerdo con la U. de Chile de no vender tal terreno del Cenma hasta el 31 de diciembre de 2010.
Explicó que acaba de firmarse un acuerdo de "Alianza Estratégica" por el cual el Cenma se convierte en un Laboratorio de Referencia Nacional al servicio exclusivo de las tareas ambientales que requiera el Estado chileno en vista de la creación del ministerio y de la superintendencia respectivas. Este giro ha significado que el Gobierno le transfiera recursos públicos a la U. de Chile por tres años para llevar a cabo estas nuevas tareas, y que sólo para 2009 le significará a la "U" $1.700 millones.
El director del Cenma, Ítalo Serey, ratificó la intención de reconvertir el predio, decisión tomada por el consejo y senado universitarios. Añadió que el Cenma funcionará allí hasta diciembre de 2010 y que se analizará el traslado porque "la Universidad honra sus compromisos". El ex rector Luis Riveros sostuvo que es "una mala señal" de su sucesor la intención de vender el terreno de La Reina, "puesto que se vulneran compromisos asumidos con los gobiernos de Chile y de Japón sobre el funcionamiento de ese organismo".
Fundación San José cumple 10 años en campañas de reciclaje
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, La Tercera.- Para celebrar las iniciativas en reciclaje de papel se reunirán más de 10 mil empresas socias de las obras. Fundación San José para la Adopción, en alianza con Sorepa (Sociedad Recuperadora de Papel) de la CMPC, celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre la primera década de existencia de las campañas de reciclaje "Bota por mi Vida" y "Diario Vivir".
Además de ser un aporte a mejorar la cultura medioambiental a nivel nacional, estas iniciativas, llevadas a cabo hace ya 10 años por una organización social en conjunto con una reconocida empresa, buscan reunir fondos para financiar los gastos de Casa Belén, lugar donde residen los recién nacidos de la Fundación mientras dura el proceso de discernimiento de sus madres biológicas. Allí reciben todo el cuidado, cariño y estimulación necesarios para desarrollarse sanamente, a través de un equipo profesional de médicos pediatras, matronas, educadora de párvulos, nutricionista, enfermeras especializadas, auxiliares de enfermería y un voluntariado calificado.
Para conmemorar el aniversario número 10 de estas campañas de reciclaje de papel, se convocó a un importante número de las más de 10.000 empresas socias que colaboran con la obra que desarrolla la Fundación San José para la Adopción, cuyo lema es la "Opción por la Vida", y que vela por la urgente necesidad de solucionar problemas sociales derivados del embarazo no deseado como el aborto, maltrato y abandono de niños, presentando como alternativa la adopción.
Carboréxicos: La nueva obsesión por no contaminar el medioambiente
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, por José Miguel Jaque, La Tercera.- Este término agrupa a quienes tienen manías en su vida cotidiana por evitar las emisiones contaminantes. Bernardo Reyes y su familia reciclan. La mayor parte de la basura va a los centros Punto Limpio y la otra, al patio de su casa. Con los desechos orgánicos produce el humus que abona su huerta de tomates, lechugas, ajos y frutillas. De hecho, no usa bolsas plásticas para evitar contaminar. En la cuadra lo conocen como "el señor de las bolsas de género". Las manías de Bernardo lo encasillan dentro una nueva categoría: los carboréxicos (carborexic, en inglés, una derivación de anoréxicos de energía).
Nuevo estilo de vida
El término fue acuñado en Estados Unidos y califica a quienes tienen obsesión por emitir bajos niveles de CO2 y combatir así los efectos del calentamiento global. Hablamos de gente que, según el periódico The New York Times, vive desenchufada de la corriente eléctrica, que su auto parece un adorno más y que prefiere una edición de "Una verdad incómoda", de Al Gore, para hacer un regalo.
"¿Carboréxico? Mmhh... Los que conocemos el gran desafío de adaptación que plantea el cambio climático tenemos que ser carboréxicos", responde Reyes sin pudor. Según calcula, el ahorro de emisiones en su casa llega al 60%. Y aunque en Chile se trata de una tendencia que recién comienza, de a poco suman seguidores. Maruja González, sicóloga del instituto de desarrollo personal Tierra Sana, instaló en su casa una planta de tratamiento de aguas servidas. Cuesta más de un millón de pesos y le permite reutilizar el agua para regar el amplio jardín de su casa. "Mi casa es como una isla", comenta. La isla está ubicada en el corazón de Ñuñoa. "La gente debiera estar masivamente eliminando el gas licuado y reciclando el agua", dice ella. "¿Obsesión? Más que obsesión, tengo claridad intelectual".
Marcelo Mena, director de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la U. Andrés Bello, paga los contaminantes que emite a través del sitio terrapass.com. Cuando le toca viajar en avión por trabajo, pone su país de origen y el destino y la página calcula la cuenta por el CO2 que debe compensar. "Ya pagué todas las emisiones de mi casa este año. Fueron 40 mil pesos", concluye.
Directores de obras de Las Condes, San Miguel y La Reina denuncian persecución ante la Contraloría
Santiago, martes 25 de noviembre de 2008, por Rodrigo Silva, El Mercurio.- Presentación contra alcaldes de Las Condes, San Miguel y La Reina: Directores de obras denunciarán persecución ante la Contraloría. Afirman que el cargo se encuentra completamente desprotegido ante la voluntad de los ediles, quienes responden que aplican sanciones según la ley vigente.
Directores de obras de Las Condes, San Miguel y La Reina acusarán a sus respectivos alcaldes de persecución laboral ante la Contraloría General de la República, respaldados por la Asociación de Empleados Municipales (Asemuch), cuyo presidente expondrá los casos próximamente ante el contralor general, Ramiro Mendoza. María Eugenia Vial, de Las Condes; Manuel Grille, de San Miguel, y Miguel Ramos, de La Reina, denuncian que la salida de sus cargos fue provocada por presiones indebidas y sumarios poco transparentes (ver nota relacionada).
El presidente de la Asemuch, Óscar Yáñez, dijo que, en una reunión que tiene programada con Mendoza, le explicará que "hay un tremendo vacío legal que perjudica a los directores de obras, ya que dependen administrativamente de los alcaldes, pero técnicamente de la Secretaría Regional Ministerial (seremi) de Vivienda. Ante esa dualidad, muchas veces se encuentran ante una dura disyuntiva: si obedecen las instrucciones de Vivienda o las de los alcaldes, que muchas veces son completamente contrarias". Yáñez aseguró que presentarán los casos para que sean investigados como "persecución", y que si no obtienen un resultado satisfactorio entonces recurrirán a los tribunales del trabajo por acoso laboral.
El presidente de los funcionarios municipales explicó que "cada uno de los casos está respaldado con documentos, e incluso en dos de ellos la Contraloría ordenó a los alcaldes restituir a estos funcionarios. Además, tenemos la confianza que nos da el hecho de que este organismo ha realizado una excelente labor en el tema municipal, su fiscalización ha sido muy buena, y pediremos también que ésta sea reforzada para evitar más abusos de este tipo en los municipios".
Sostuvo que en muchos casos los directores de obras han sido sometidos a sumarios a cargo de directores jurídicos, que son funcionarios de confianza del alcalde. "Aquí en Santiago ya contamos tres casos, pero en el resto del país sabemos que hay al menos diez o quince", afirmó. Agregó que están en conversaciones con parlamentarios para impulsar modificaciones legales que permitan que los directores de obras dejen de ser subordinados de los alcaldes "para que sus decisiones, que son eminentemente técnicas, no sean influenciadas por presiones políticas", dijo Yáñez.
Las denuncias de persecución, afirman fuentes de Contraloría, se analizan con especial cuidado debido a que conllevan un alto grado de subjetividad. Dependerán, en gran medida, del equilibrio entre la gravedad de la falta cometida y el castigo impuesto, explican en el organismo. Por ejemplo, si a un funcionario lo someten a sumario por llegar atrasado, habría que revisar, entre otros antecedentes, el registro de asistencias para determinar si es una conducta constante en el funcionario, y con ello se justifica una investigación; o bien sólo llegó tarde un par de veces y por motivos razonables, en cuyo caso se podría comprobar una persecución, además de la consideración de otros elementos.
Lo que Contraloría sí deja en claro es que la seremi de Vivienda es la autoridad competente en temas técnicos y es el superior jerárquico de los directores de obras, por ejemplo, en lo que respecta a la aprobación de un proyecto inmobiliario o comercial en la comuna. El alcalde tiene autoridad sobre este funcionario en cuanto al ámbito administrativo de un municipio. Lo que reclaman los funcionarios destituidos o suspendidos es que tomaron decisiones acerca de diversos proyectos de construcción siguiendo las disposiciones de la seremi de Vivienda, lo que después entró en conflicto con las posturas de los alcaldes.
Los tres casos en Santiago
MARÍA EUGENIA VIAL LE ROY. Directora de obras de Las Condes entre 1994 y 2006. Fue removida oficialmente de su cargo en 2008. Hace dos años, el alcalde Francisco De la Maza la sometió a un sumario a raíz de la aprobación de un proyecto inmobiliario, en Callao con Alcántara, y fue suspendida de su cargo, junto con la jefa de edificación Marina Serrano (cuyo caso también será presentado ante la Contraloría por la Asemuch). Vial reclamó ante la Contraloría, y este organismo ordenó a De la Maza restituirlas en sus puestos en 2007. Poco después, el alcalde volvió a sumariarla, por la aprobación de un permiso de edificación en calle Alsacia, pero esta vez la trasladó a la Dirección de Tránsito mientras durara la investigación. Su cargo fue ocupado, hasta hoy, por el ex alcalde de Peñalolén Carlos Alarcón. Actualmente, la Contraloría está revisando una apelación a la destitución, presentada por María Eugenia Vial. De la Maza explicó que "son funcionarios públicos a los que se les aplican las normas como a cualquier otro. Son cosas regulares. Yo, como alcalde, calculo que debo firmar entre 30 y 40 sumarios cada mes, por distintos motivos".
MANUEL GRILLE COGNIAN. Director de Obras de San Miguel desde 1994. Suspendido de su cargo desde 2007. Acusa al alcalde Julio Palestro de pretender sacarlo de su puesto arbitrariamente y que sobre él existen casi una decena de sumarios por las más variadas causas; por ejemplo, por haber perdido un celular. Al respecto, el alcalde Palestro respondió que Grille ha incumplido diversas instrucciones, "y lo cierto es que él sigue sumariado". Grille agregó que las investigaciones a las que está sometido no son imparciales, porque son dirigidas por el director jurídico del municipio, quien es funcionario de confianza del alcalde. Palestro contestó que "todos sus derechos como funcionario están resguardados".
MIGUEL RAMOS LOBOS. Director de Obras de La Reina desde 1989. Suspendido de su cargo desde octubre. En 2006 fue sumariado y destituido de su cargo porque no aprobó la construcción de un servicentro en la comuna. Luego de una batalla judicial de dos años, logró que la Contraloría ordenara al alcalde Luis Montt restituir a Ramos en su cargo, argumentando que la sanción que se había aplicado había sido excesiva. No obstante, el mismo día que Ramos volvió a su oficina, en septiembre pasado, se enteró de que era objeto de un nuevo sumario. "Me volvieron a suspender, y ni siquiera me han informado cuál es el motivo de la investigación", afirmó. El municipio ha respondido que todo se está haciendo de acuerdo con las normas, y han negado la existencia de algún conflicto o persecución.
DEPENDENCIA. LOS DIRECTORES de obras dependen técnicamente de Vivienda, y administrativamente del alcalde, lo que ha dado origen a diferencias ante proyectos inmobiliarios.
NACIONALES
Organizaciones de la sociedad civil se unen para enfrentar el calentamiento global
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, Alianza por la Justicia Climática, La Nación.- Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, IEP.- La Alianza por la Justicia Climática emerge como un actor conformado por un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por los aspectos del calentamiento global y las personas afectadas por el mismo.
Su principal objetivo será observar las acciones del Estado y el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de cambio climático, así como sensibilizar y movilizar a la ciudadanía chilena en este enorme desafío global.
Los representantes de la Alianza manifiestan su preocupación ante la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 14), a realizarse entre el 1 y 12 de diciembre en Poznan, Polonia. Ésta será una importante instancia de negociación para las grandes decisiones que se tomarán en la COP 15 de Copenhague en el 2009, donde se definirán los nuevos acuerdos para el período post 2012, fecha en que finaliza la vigencia del protocolo de Kioto. Hasta ahora, en lo que ya parece una política de estado, la delegación oficial de nuestro país lleva una postura construida sin consultar ni intercambiar información con sectores de la sociedad civil.
Esta misma actitud ha llevado al gobierno chileno a limitarse promover los mecanismos de mercado (MDL) del Protocolo de Kioto, priorizando los negocios generados a raíz de la crisis ambiental, en lugar de ocuparse de los graves efectos e impactos para nuestro país, sin tomar en cuenta las condiciones de inequidad internacional con que se expresa el fenómeno. No debemos olvidar, que los países industrializados y ricos son los principales e históricos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyas consecuencias sufren y sufrirán con especial intensidad los países más pobres y los que presentan desigualdad en la concentración de la riqueza en del planeta. Y Chile es uno de los países de ingresos medios.
Nuestro país es considerado altamente vulnerable al cambio climático y con los efectos esperados de aumento en la temperatura superficial de la atmósfera; cambios en los patrones de precipitación; intensificación de eventos climáticos extremos (fuertes lluvias, inundaciones, olas de calor y sequías), se prevé un desplazamiento generalizado de las zonas climáticas. Asimismo, habría una intensificación del derretimiento de glaciares y coberturas de nieve, desertificación y deforestación, erosión de bordes costeros, aparición explosiva de epidemias, daños en cultivos y en la biodiversidad, déficit de recursos hídricos y energéticos. Se pronostican también graves consecuencias en nuestras ciudades y otras zonas, por la escasez de agua y elevación del nivel del mar.
Lamentablemente, en Chile la respuesta estatal ha sido lenta y débil. El Gobierno no ha dado pasos importantes para cumplir con los grandes objetivos fijados en la agenda internacional, en los ámbitos de la adaptación al cambio climático, la mitigación de emisiones y la construcción de capacidades nacionales. Por el contrario, se ha mantenido una completa descoordinación e incoherencia gubernamental en el tratamiento de esta materia y otras fuertemente vinculadas a ella, como la conservación de la biodiversidad y la desertificación.
En este escenario, la Alianza por la Justicia Climática desarrollará una estrategia de trabajo en los ámbitos más relevantes de políticas públicas y acciones ciudadanas asociados al combate del calentamiento global: Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; Impactos, afectados y adaptación; Acuerdos y mecanismos internacionales. Establecerá relaciones de discusión y trabajo con actores relevantes, como autoridades y especialistas del sector público, investigadores, dirigentes sociales y gremiales; actividades de extensión, capacitación y planificación participativa; y adoptará medidas de comunicación y manifestación pública sobre la problemática y sus posturas para enfrentarlo.
Alianza por la Justicia Climática
Integrantes:
1.Acción Ecológica
2.ANAMURI
3.Chile Sustentable
4.CODEFF – Amigos de la Tierra Chile
5.Defensores del Bosque Chileno
6. Acción por la Tierra – EarthAction Santiago
7.EcoUchile (estudiantes U. de Chile)
8.Fiscalía del Medio Ambiente FIMA
9.Instituto de Ecología Política IEP
10.Observatorio Ciudadano
11.Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
12.Red de Jóvenes Investigadores ante el Cambio Climático
13.Recicla UC (estudiantes UC)
14.Red de Defensa de la Precordillera de Santiago
Santiago, noviembre de 2008
ALIANZA POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA
La Alianza por la Justicia Climática emerge como un potente actor político social y ambiental conformado por un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por los muy diversos aspectos del cambio climático o representantes de grupos afectados por el mismo.
En Chile, país altamente vulnerable al cambio climático, éste se ha manifestado hace décadas y, en conjunto con otros fenómenos climáticos y otros impactos de la actividad humana, ha afectado en gran magnitud a la naturaleza y a las comunidades, sobre lo cual existe hoy abundante evidencia científica y empírica. Esta vulnerabilidad se debe principalmente a que tiene zonas costeras bajas y extensas; zonas áridas y semiáridas; áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la desertificación; áreas urbanas altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles y fragmentados.
De no frenarse drásticamente el uso de combustibles fósiles (petróleo, gas, gasolina, leña y carbón) que producen las emisiones de carbono, las consecuencias serían para nuestro país análogamente desastrosas a las que se proyectan a nivel mundial, como lo muestran el "Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático", Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 2007, y el "Estudio de la variabilidad climática en Chile para el siglo XXI", realizado por la Universidad de Chile para CONAMA, 2006.
Los principales efectos serían los aumentos generalizados en la temperatura superficial de la atmósfera y los cambios en los patrones de precipitación. Con ello se prevé un desplazamiento generalizado de las zonas climáticas; intensificación de eventos climáticos extremos (fuertes lluvias, inundaciones, olas de calor y sequías). Asimismo, habría una intensificación del derretimiento de glaciares y coberturas de nieve, desertificación y deforestación, erosión de bordes costeros, aparición explosiva de epidemias, daños en cultivos y en la biodiversidad, déficit de recursos hídricos y energéticos. Se pronostican también graves consecuencias en nuestras ciudades y otras zonas, por la escasez de agua y elevación del nivel del mar.
Dichos efectos, que ya se sienten hace varias décadas en nuestro país, generan crecientes y progresivos impactos sobre los asentamientos humanos y actividades económicas, y son más intensos y negativos sobre las poblaciones más pobres y los pequeños productores.
En el plano internacional, el fenómeno se expresa también bajo un signo de injusticia socio-ambiental y sobre la base de la "deuda climática", donde los países industrializados y ricos son a su vez los principales e históricos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyas consecuencias sufren y sufrirán con especial intensidad los países más pobres del planeta.
El impacto del cambio climático es generalizado, y la respuesta a él debe ser igualmente de gran magnitud. Lamentablemente, en Chile la respuesta estatal ha sido lenta y débil, y el Gobierno no ha dado pasos importantes para cumplir con los grandes objetivos fijados en la agenda internacional, en los ámbitos de la adaptación al cambio climático, la mitigación de emisiones y la construcción de capacidades nacionales; se ha mantenido una completa descoordinación e incoherencia gubernamental en el tratamiento de esta amplia y estratégica materia y otras fuertemente vinculadas a ella, como la conservación de la biodiversidad y la desertificación, en todas de las cuales el Estado Chileno ha contraído compromisos internacionales de carácter vinculante; y el énfasis ha estado en la promoción de los mecanismos de mercado creados en el marco del Protocolo de Kyoto, que sólo han generado beneficios a los inversionistas e intermediarios.
En este escenario, se hace imprescindible en Chile la acción de la ciudadanía, para reducir la vulnerabilidad de las comunidades rurales o urbanas, potenciando sus capacidades de organización, información, expresión y acción política; para jugar un rol decisivo y dinamizador de las políticas públicas en materia de cambio climático, específicamente en la tarea de la adaptación al cambio climático. En particular, es fundamental la participación ciudadana de los habitantes de las zonas más vulnerables y de alto riesgo ante el impacto climático, así como del rol de la mujer, de los trabajadores y de los pueblos indígenas en estos procesos socio-ambientales.
Pero la ciudadanía también es fundamental, en este escenario de crisis y lucha global, en la demanda por justicia climática, exigiendo mayor responsabilidad por parte de los países industrializados y las grandes empresas emisoras, grandes culpables de la crisis climática y beneficiados del modelo económico que la generó. Creemos que estos países, además de cumplir con las exigencias de reducción de sus emisiones domésticas de gases de efecto invernadero, deben asumir el pago de la deuda climática mediante transferencias financieras y tecnológicas dirigidas a la adaptación y transición hacia sociedades sustentables en los países del sur. Estas transferencias deben excluir el comercio de carbono, que rechazamos.
La Alianza por la Justicia Climática se constituye para observar las acciones del Estado y el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de lucha contra el cambio climático, para sensibilizar y movilizar a la ciudadanía chilena en este enorme desafío, que está intrínsecamente vinculado a la necesidad de cambiar el rumbo político y económico de nuestro país, hacia un modelo social y ambientalmente sustentable, hacia una sociedad realmente participativa, con comunidades soberanas que deciden sobre el destino de sus territorios.
Para esto desarrollaremos una estrategia de trabajo en los ámbitos más relevantes de políticas públicas y acciones ciudadanas asociados al combate al cambio climático: Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; Impactos, afectados y adaptación; Acuerdos y mecanismos internacionales. Estableceremos relaciones de discusión y trabajo con actores relevantes, como autoridades y especialistas del sector públicos, investigadores, dirigentes sociales y gremiales; actividades de extensión, capacitación y planificación participativa; y actividades de comunicación y manifestación pública sobre la problemática y nuestras posturas para enfrentarlo.
Preliminarmente, demandamos al Estado de Chile, avanzar de manera sustantiva en las siguientes medidas:
l Crear una comisión, con participación ciudadana, de seguimiento y aplicación de los acuerdo de la CMNUCC.
l Integrar, en un sólo organismo público de alto nivel, las políticas públicas asociadas al cumplimiento por parte del Estado chileno, de las Convenciones de las Naciones Unidas de Cambio Climático, Conservación de la Biodiversidad y de Lucha contra la Desertificación.
l Dar publicidad a la brevedad posible al PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, comprometido bajo la CMNUCC y largamente postergado.
l Asumir seriamente los impactos del cambio climático sobre comunidades rurales, desarrollando contundentes planes de adaptación, así como previniendo y enfrentando la crisis alimentaria que se está generando. Para esto, estamos convencidos que es necesario hacer un cambio en las políticas de desarrollo agrario, desde el actual modelo extensionista e intensivo hacia uno local y sustentable, en que la agricultura campesina juegue un rol fundamental en la alimentación y la economía de los chilenos. Además, es crucial que las comunidades rurales se capaciten para adoptar nuevas prácticas e introducir tipos de cultivos que se adapten o mitiguen el impacto del cambio climático
l Incorporar de manera específica el componente de género en las políticas de enfrentamiento a los fenómenos climáticos, por estar la mujer demostradamente más expuesta a sus impactos y poseer mayores capacidades para el impulso de iniciativas ciudadanas.
l Incorporar las demandas de los pueblos indígenas de Chile frente al cambio climático, incluyendo sus formas ancestrales de preservación de la naturaleza.
l Generar políticas inclusivas hacia las Pymes, que constituyen uno de los sectores productivos vulnerables ante el cambio climático.
l Crear sistemas de información y comunicación ciudadana, con acceso a los grandes medios de comunicación y creación de medios ciudadanos propios, que permitan sensibilizar, generar redes proactivas y la amplia participación social en este tema.
l Incorporar el cambio climático como una materia fundamental en los planes curriculares de educación, extendiéndolo en un lenguaje apropiado al nivel de las preocupaciones ciudadanas, más allá del plano científico en el que hoy se desenvuelve.
l Renacionalizar los recursos hídricos bajo la consideración de que son recursos finitos y los más vulnerables a los efectos del cambio climático, compartiendo y profundizando los conceptos vertidos en la Carta Pastoral por el Agua del obispo de Aysén.
l Legislar en favor de la preservación de los glaciares, fundamental fuente de agua para Chile, sus comunidades y su biodiversidad.
l Generar políticas e incentivos para fomentar la descentralización con claros enfoques de planificación territorial sustentable
l Iniciar políticas serias de mitigación y adaptación en las ciudades chilenas, que exhiben patrones de desarrollo claramente insustentables, especialmente en materia de transporte y usos de suelo, incrementando la vulneradad al cambio climático. En esta última línea proponemos la urgencia de diseñar mapas de diagnósticos de vulnerabilidad y mayores riesgos de las ciudades chilenas.
l Proponer a los gobiernos locales, municipalidades y servicios públicos del área social formas de inclusión de la mitigación, adaptación y generación de capacidades frente al cambio climático en los planes, programas y estrategias, dirigidos a sus territorios y comunidades.
l Robustecer las políticas de incentivo a las energías renovables no convencionales, para limitar y reemplazar la generación a partir de combustibles fósiles y otras formas insustentables, como las grandes represas hidroeléctricas.
l Considerar los impactos de actividades como la gran minería, la explotación forestal y el monocultivo, que agudizan los efectos del cambio climático sobre comunidades humanas y fuentes de agua dulce.
l Promover la incorporación de los trabajadores a los esfuerzos de información, capacitación y generación de capacidades en sus respectivos centros laborales.
l En el plano internacional, quitar el impulso a los mecanismos de mercado, que permite a los países industrializados eludir parcialmente sus responsabilidades de reducción de emisiones, y asumir una postura de exigir a éstos el cabal cumplimiento de sus responsabilidades de reducción de sus emisiones domésticas y la transferencia de recursos financieros y tecnológicos para la mitigación y adaptación en los países del sur, bajo el criterio de la Justicia Climática.
l Reducir y regular los impactos asociados al comercio internacional de nuestro país, generados por la compulsiva firma de tratados de libre comercio.
Alianza por la Justicia Climática
Integrantes: Acción Ecológica, ANAMURI, Chile Sustentable, CODEFF – Amigos de la Tierra Chile,Defensores del Bosque Chileno, Acción por la Tierra – EarthAction Santiago, EcoUchile (estudiantes U. de Chile), Fiscalía del Medio Ambiente- FIMA, Instituto de Ecología Política IEP, Observatorio Ciudadano, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, Red de Jóvenes Investigadores ante el Cambio Climático, Recicla UC (estudiantes UC) y la Red de Defensa de la Precordillera de Santiago.
La Nación
No tienen superpoderes, pero sí un ojo infalible para observar las acciones del Estado y el cumplimiento de sus compromisos internacionales en la materia. Son 14 ONG y quieren ser más. Les importa el factor medioambiental, pero también el social: la idea es evitar que las soluciones perpetúen la inequidad. La necesidad de enfrentar el fenómeno del cambio climático desde una perspectiva social y humana -pues éste trae aparejado un conjunto de situaciones que perpetúan y profundizan los amplios grados de inequidad presentes en la región- es el objetivo central de la recién creada Alianza por la Justicia Climática, conformada por 14 ONG del país.
Y es que como bien enfatizó Malú Sierra, de Defensores del Bosque Chileno, "hablar de justicia climática, no es tan solo hablar del cambio climático. Sino de la necesidad de mitigar el efecto sobre quienes son mayormente impactados, como el sector rural y campesino y los pueblos indígenas". Por eso se comprometen a vigilar cada paso que dé el Estado en la materia y movilizar a la opinión pública frente a un problema global que tendrá repercusiones sociales en los próximos años, a través de la migración obligada de personas, por ejemplo. Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, debido a la presencia de zonas costeras bajas y extensas, zonas áridas y semiáridas, áreas susceptibles a la deforestación o erosión, áreas urbanas altamente contaminadas, así como ecosistemas frágiles y fragmentados.
De allí que la Alianza buscará que el tema esté en boca de todos: le dará visibilidad a los acuerdos y mecanismos internacionales en la materia; establecerá relaciones de discusión y trabajo con actores relevantes en el área (como autoridades y especialistas del sector público, investigadores, dirigentes sociales y gremiales) y realizará actividades de extensión, capacitación, planificación participativa, campañas comunicacionales y manifestaciones públicas sobre esta problemática y la forma de enfrentarla.
Sociedad civil sin voz
Una de las razones de unirse bajo este objetivo común es la falta de espacios para que las ONG incidan en las políticas sobre materia. El ejemplo más claro, sostienen, es que en la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a realizarse entre el 1 y 12 de diciembre en Poznan, Polonia, la delegación gubernamental chilena no incorpora a representantes de la sociedad civil, tal como lo hacen otros países.
Esta instancia es fundamental para las grandes decisiones que se tomarán en la Conferencia de Copenhague en el 2009, donde se definirán los nuevos acuerdos para el período post 2012, fecha en que finaliza la vigencia del protocolo de Kioto. "Hasta ahora, en lo que ya parece una política de Estado, la delegación oficial de nuestro país lleva una postura construida sin consultar ni intercambiar información con sectores de la sociedad civil", se quejan. Por eso la liga promete meter ruido. Habrá que ver cuánto.
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, por Pablo Basadre, El Mostrador.- Carlos Bascuñán, yerno de Patricio Aylwin: Asesor clave para transparencia y probidad está vinculado al caso EFE. La contratación del historiador DC para "manejo y gestión documental", hecha por la comisión que implementa la Ley de Transparencia, fue tema de debate dentro de la Segpres. Su nombre, que apareció en la investigación por las irregularidades en Ferrocarriles, los llevó a plantearse los problemas de imagen que traería a una institucionalidad nacida de un caso de corrupción y captura partidista del Estado. Esto se suma a los trascendidos de que se aplazaría la entrada en vigencia de la norma, y a las críticas por la conformación del propio Consejo para la Transparencia a partir de una lógica de cuoteo político.
Hace unas semanas, en una reunión de trabajo de la Comisión Asesora Ministerial para la Probidad y la Transparencia, que depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y que dirige el subsecretario de la cartera Edgardo Riveros (DC), se analizó el flanco comunicacional que podría abrir la contratación del historiador DC Carlos Bascuñán, marido de Mariana Aylwin, para asesorar la puesta en marcha de la nueva ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. Esta comenzaría a regir en abril próximo y, en palabras de la Presidenta Bachelet, representa un gran cambio cultural en la relación de los ciudadanos con el Estado. La mayor preocupación en la Segpres es que el nombre de Bascuñan fue mencionado en la investigación que instruye el ministro en visita Omar Astudillo por las graves irregularidades en la estatal EFE. El cuestionamiento a Bascuñan en ese caso es producto de la asesoría que realizó entre el 2004 y el 2006 a Ferrocarriles, donde recibió un pago de $50 millones por la organización de documentos de la empresa y su traslado a una bodega adecuada para su conservación.
Si bien el trabajo de Bascuñán forma parte de su expertise profesional, lo que llevó al juez a indagar esta arista fue un hecho que según un testigo de la causa había sido irregular: en la contratación de los servicios de Bascuñán se habrían pasado por alto las disposiciones que obligan a contar con tres cotizaciones antes de formalizar una relación comercial en contratos con el Estado. Según versiones judiciales, a esto se sumarían las discordancias que detectó el magistrado entre las declaraciones que tomó al ex presidente de EFE, el también DC Luis Ajenjo, amigo de Bascuñan y cuñado de la senadora Soledad Alvear, y las declaraciones del historiador. Consultado por El Mostrador, Bascuñán explica que se siente orgulloso del trabajo que realizó en EFE y que está tranquilo por la investigación del juez Astudillo. "Si no fuera por mis vínculos familiares, probablemente no sería motivo de sospecha. Existen pocos que hacemos este trabajo en el país".
Los archivos X
En el gobierno también existe inquietud por la puesta en marcha de la nueva ley, que entre otras cosas, se hará cargo de transparentar la gestión de todos los ministerios y servicios públicos del país. Cercanos al Subsecretario Riveros admiten que se ha conversado la posibilidad de postergar la fecha de entrada en vigencia de la norma, sobre todo por las opiniones que han recibido de parte de la Dirección de Presupuesto, quienes están monitoreando el proceso de trabajo que ha realizado la Comisión Asesora para la Transparencia. Fuentes de la Segpres aseguran que Riveros tiene serias dudas de que se llegará a buen puerto dentro del plazo fijado, esto es el próximo 20 de abril.
Uno de los capítulos fundamentales dentro de la nueva legislación será el orden, la mantención y la recuperación de los archivos de la administración pública, que podrán ser requeridos por cualquier ciudadano. Según Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la Comisión, se necesitaba una contraparte técnica que llevara el trabajo en conjunto con la Dibam y el Archivo Nacional. Por eso, explican, se requería alguien de la experiencia del ex jefe de gabinete de Patricio Aylwin. También porque, según comentan en la Segpres, la relación entre la Comisión y el Archivo Nacional no ha sido buena, lo que habría empujado la decisión de externalizar este trabajo, una cuestión que la directora de la Dibam, Nivia Palma, desmiente.
Consultado al respecto, el historiador Carlos Bascuñan comenta que su trabajo se centrará en la gestión documental, que será la información base que se utilizará para responder las consultas públicas. En la Segpres comentan que incluso los ministros Pérez Yoma, Viera Gallo y Velasco analizaron la posibilidad de abrir puentes en el Congreso para contar con un piso político que les permita pedir una postergación de la puesta en marcha de la ley. Sin embargo, otras autoridades explican que esa discusión nunca ha estado en la mesa y que por "ningún motivo" se aplazará el hito más importante de la agenda de probidad y transparencia de Bachelet. En Interior afirman que Pérez Yoma manifestó su interés por trasladar el trabajo hacia su ministerio, pero que finalmente se desestimó, pues esto no sería conveniente a escasos seis meses de comenzar a regir la nueva legislación.
El Consejo a toda máquina
Otro de los aspectos importantes en la implementación de la ley es la Transparencia Activa, que obligará a los servicios públicos a tener en sus sitios web actualizados, una serie de antecedentes, tales como la estructura orgánica; las facultades, funciones y atribuciones de sus unidades; el marco normativo, entre muchas otras. Este ítem tampoco ha estado exento de problemas. La encargada de esta tarea es la división de Estrategia Digital, dependiente del Ministerio de Economía, la que, comentan, no ha logrado una relación de trabajo fluida con la Comisión Asesora para la Transparencia. Una fuente del ministerio de Economía señala que "no estamos cómodos, porque en reiteradas ocasiones se ha dicho desde la Segpres que se requiere externalizar este trabajo y no estamos de acuerdo".
A esto se suma el alejamiento de la Comisión Asesora de los profesionales Rodolfo Aldea, abogado experto en Derecho Administrativo, y María Alejandra Sepúlveda, experta en materias de modernización. Mientras se resuelven conflictos y se disipan las dudas por el inicio de la nueva ley, el Consejo para la Transparencia, constituido el 29 de octubre pasado e integrado por el abogado Juan Pablo Olmedo (presidente), cercano al PPD-PS, el ex ministro DC Alejandro Ferreiro; el abogado Roberto Guerrero, vinculado a la UDI; y el ex parlamentario de RN Raúl Urrutia, está trabajando intensamente en la institucionalidad que deberán desarrollar para enfrentar las primeras demandas de información.
Para los consejeros, según cuentan en el gobierno, ya pasó el momento de las críticas que se hicieron al Ejecutivo por sus nominaciones. Tal como lo dio a conocer El Mostrador hace semanas, todas las ONG relacionas con el tema, tales como Proacceso, la Corporación Participa, Genera, Fundación Ideas, Humanas, Fundación Probono; y el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, mostraron su molestia por el "cuoteo político" que nuevamente imperó en la elección de los nombres elegidos.
La agenda atómica de Michelle Bachelet en Rusia
Santiago, martes 25 de noviembre de 2008, por Claudia Urquieta, El Mostrador.- Aunque se ha mantenido en el más estricto secreto, el viaje de la Mandataria ya estaría confirmado y sería el primero que un presidente chileno realiza a ese país luego de la caída de la ex Unión Soviética. Entre los temas que abordará durante el periplo se encuentra la energía nuclear, que para los rusos se traduce en una positiva señal al intenso lobby que han impulsado. Para Francia también son buenas noticias, ya que la Jefa de Estado también planea analizar el tema en su paso por ese país.
El tour atómico que la presidenta Michelle Bachelet planea para el próximo año tendrá su peak durante el primer semestre, cuando a su anunciado viaje a Francia, cuya matriz energética se alimenta en 75 por ciento de energía nuclear, se sume una visita a Rusia en abril.
El descenso en suelo ruso sería el primero de un Mandatario chileno luego del desplome de la ex Unión Soviética en 1991 y, según fuentes gubernamentales, estará marcado por tres temas centrales: Energía, Defensa y Economía. Rusia es un gran promotor de la alternativa atómica y ha desarrollado un intenso lobby en Chile y en la región. El caso emblemático es de de Venezuela, donde Hugo Chávez ya anunció que pretende construir reactores nucleares de tecnología rusa, con fines pacíficos.
El lobby nuclear ruso
El complejo escenario que enfrenta el proyecto HidroAysén, de la sociedad Endesa Colbún, entrega nuevos argumentos para los promotores de la energía nuclear en el país, que ven en una eventual caída de esta propuesta una oportunidad de oro para introducir "la nuclear" como salvación de la matriz energética.
Países como Finlandia, Francia y Estados Unidos ya han explicitado su interés por desarrollar centrales nucleares en Chile. Y Rusia no se ha quedado atrás. La Corporación Nuclear Eléctrica, filial chilena de la compañía privada Intermash, hace tres años se encuentra en el país promoviendo la tecnología nuclear rusa y su director, Anatole Gubin, ha impulsado viajes de diversos políticos a la tierra de los zares.
El ex candidato presidencial de la UDI Joaquín Lavín lideró la primera visita en 2004. Más tarde, les tocó el turno a los miembros de la Comisión de Minería y Energía del Senado Jaime Orpis (UDI), Baldo Prokurica (RN) y Ricardo Núñez (PS), que en 2008 fueron a ver in situ el funcionamiento de plantas nucleares de la ex URSS. Estos parlamentarios lideran actualmente la defensa de esta opción, junto a los gremialistas Juan Antonio Coloma y Pablo Longueira.
Además, Gubin ha mantenido conversaciones con alcaldes, personeros políticos y universitarios. Incluso presentó en el Congreso un mapa con la ubicación exacta que podrían tener dos futuras plantas nucleares en la zona de Tal Tal, en el norte de Chile. También ha habido impulsos desde círculos académicos: la semana pasada la Embajada de la Federación de Rusia en Chile y el Instituto Kurchatov de Física Nuclear auspiciaron la feria de Innovaciones Tecnológicas Rusas, donde se incluía la tecnología nuclear.
Avanzada de Van Klaveren
Desde la Embajada Rusa explican que "el viaje fue una propuesta, pero aún no hay nada oficial". Lo que fue ratificado por fuentes de Cancillería, que señalaron que el asunto quedaría zanjado definitivamente luego del viaje que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, realizará a dicho país en las próximas semanas. Una versión distinta tiene Enrique Accorsi. El diputado PPD aseguró que el viaje ya está confirmado y que se incluiría una amplia delegación de representantes de Cancillería, empresarios, parlamentarios y personeros del mundo gremial. Cuestión confirmada por diversas fuentes del mundo gubernamental y académico.
"Este es un viaje que estaba en carpeta desde hace mucho tiempo y la presidenta quería hacerlo de todas maneras antes de terminar su mandato", asegura Accorsi. Y explica que propició la decisión el hecho de que Rusia sea uno de los países más emergentes económicamente y con un rol fundamental en las negociaciones de los ex miembros de la URSS, que tienen un trato directo con Turquía. País con el cual Chile está negociando un Tratado de Libre Comercio (TLC). Junto a ello, la Contraloría General de la República hace pocos días dio el visto bueno a un tratado internacional sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos entre Chile y Rusia
No hay que olvidar que el país liderado por Dimitri Medvedev -brazo derecho de su antecesor Vladimir Putin- está empezando a tener mucha presencia en la región en torno a Defensa e inversión en Recursos Naturales y Energía, especialmente en Bolivia.
Además, sus coqueteos con Venezuela, especialmente en términos militares, y el gran aumento de la venta de armas en Latinoamérica, que pasaron de US$ 300 millones en 2001 a US$ 3.000 millones en 2006 -según datos entregados por el editor jefe de la revista Foreign Policy, Moisés Naím– posicionan a la región como uno de sus más importantes clientes de armas a nivel mundial.
Un viaje nostálgico
Según el cientista político de la Universidad de Chile, Guillermo Holzman "si Chile acepta inversiones, intercambio tecnológico o de alianzas en algunas áreas será un referente para los demás países, ya que legitima la opción rusa en la región". Por lo que el viaje de Bachelet sería una excelente señal.
Para Holzman, esta visita es coherente con la política exterior chilena que apunta a abrirse a espacios multilaterales y al mismo tiempo está en la línea de abrirse hacia el continente asiático, donde Rusia juega un importante rol como miembro del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). "Este vínculo tiene mucho de estratégico. Sobre todo considerando que Rusia es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al que probablemente Chile quiera volver en un año más", explica el académico.
En cuanto a la señal política que este viaje significa para la izquierda chilena, el cientista político explica que es una señal más de tipo nostálgico que ideológico. "No es comparable a la relación en los años '70 y '80. Tiene un sentido de recordar y afiatar vínculos desarrollados por muchas décadas pero en la práctica no tiene una proyección ideológica como algunos pudiesen pensar. Es muy distinto a la visita a Cuba que planea Bachelet".
$92 millones para descontaminar el lago Rapel de aquí a fin de año
Rancagua, domingo 23 de noviembre de 2008, por Cristian Lucero, El Mercurio.- Ministra del Medio Ambiente realizó sobrevuelo en zona afectada por descomposición de microalgas. La intendencia de la región de O'Higgins destinó 92 millones de pesos para ejecutar trabajos de limpieza en 14 kilómetros de la ribera del lago Rapel que resultaron contaminados por la descomposición de microalgas. Este proceso ha generado malos olores y ha puesto en peligro la temporada veraniega en la zona.
El intendente Héctor Huenchullán explicó que los fondos también serán utilizados para realizar un plan de gestión para la calidad del agua del lago Rapel. La ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, realizó un sobrevuelo por el área afectada y adelantó que se ejecutarán obras a mediado y largo plazo para evitar que se repita esta situación. "La zona afectada por este fenómeno es casi el 10% de los 146 kilómetros de ribera que tiene el embalse, en donde se aprecia un fenómeno que implica un cambio fuerte en la coloración del agua, un surgimiento algar muy importante y emanaciones de malos olores", explicó Ugarte. Sobre las obras que requieren más tiempo, explicó: "Vamos a licitar la realización de un estudio, por alguna universidad, que determine cuáles son las causas de este fenómeno y cómo abordar en el futuro un plan de gestión para el lago Rapel".
Sobre las causas del origen del fenómeno que afecta al embalse formado por la unión de los ríos Tinguiririca y Cachapoal, y que alimenta a la Central Hidroeléctrica Rapel, la secretaria de Estado dijo: "La prudencia indica que hay que esperar los resultados de los estudios científicos, que se podrían extender a los demás cauces de ríos que de alguna u otra forma alimentan el embalse". Huenchullán también explicó que "los análisis indican la presencia de coliformes, aunque no se ha determinado a qué corresponden. Además, se ha detectado la presencia de fósforo y nitrógeno, por lo que se esperarán los estudios que permitan saber con exactitud cuáles son realmente los elementos contaminantes".
En lo turístico, Ana Lya Uriarte precisó: "Es importante señalar que el fenómeno está remitido a una zona de la ribera del lago, por lo que no hay que generalizar, y ya se están realizando los trabajos de limpieza para poder tener un verano como corresponde en este maravilloso lago". Los trabajos de limpieza deben estar listos a fines de año, por lo que, a juicio de Uriarte, las autoridades pueden hacer los llamados pertinentes para que la población visite con tranquilidad el embalse para disfrutar de las aguas del lago Rapel.
Greenpeace lanza propuesta mundial de revolución energética
Coyhaique, lunes 24 de noviembre de 2008, La Tercera.- Los activistas exigieron al gobierno no destruir la Patagonia. A las 9:50 horas de la mañana, un grupo de activistas de Greenpeace Chile desplegó una enorme instalación correspondiente a una torre de alta tensión y un molino de viento en el frontis de la Intendencia de Aysén, en Coyhaique. Los ecologistas exigen al Gobierno en la figura de su Intendente, Selim Carrasco, que se respete el compromiso ambiental señalado por la Presidenta Michelle Bachelet y considere alternativas energéticas no convencionales que no impacten la Patagonia chilena.
La instalación de ambas opciones energéticas de Greenpeace Chile desplegada en la sede también incorporó una imagen tamaño natural del Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, autoridad política que apoya la instalación de mega represas en Patagonia. Rodrigo Herrera, director Ejecutivo de Greenpeace Chile explicó que "estamos acá para lanzar nuestra propuesta de energías renovables y hacer un llamado a figuras del gobierno como el ministro Edmundo Pérez Yoma y el Intendente Selim Carrasco, a seguir la línea de 'respeto pleno a las normativas ambientales' que la Presidenta sostuvo en su discurso del 21 de mayo respecto del tema energético".
Y agregó, "en Chile se encuentra el 10 % de los volcanes del planeta con un potencial de 8.000 megawatts; entre las regiones I y VIII la radiación solar alcanza los 4.500 Kcal/m2/día y el potencial eólico y mareomotriz es altamente positivo, por lo que es plenamente viable el uso de las energía renovables no convencionales. Ya existe un estudio realizado por las universidades de Chile y Federico Santa María que indica de este potencial supliría adecuadamente la demanda energética proyectada al 2025". Con estos argumentos Greenpeace lanza su documento "Revolución Energética: Una perspectiva energética mundial sostenible" que concluye que invirtiendo en renovables no convencionales se podría disminuir en un 50 % los gases de efecto invernadero al 2050 en comparación con los niveles de 1990.
En la ocasión Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) estuvo presente indicando que "hemos llegado hasta las autoridades de la región para entregar más de 2.000 observaciones preparadas por las más de 50 organizaciones del CDP que han participado en este proceso, donde se incluye el apoyo de importantes centros académicos que colaboraron en la revisión del estudio de impacto ambiental de Hidroaysén, y 6.000 observaciones más que se han recogido a través de la participación ciudadana mediante la pagina web. Ésta es la voz del pueblo esperamos que el Gobierno la escuche".
Represas de la Patagonia en suspenso
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, por Daniela Estrada, IPS.- Organizaciones no gubernamentales saludan en Chile la decisión del consorcio HidroAysén de suspender por nueve meses la tramitación ambiental del proyecto que busca construir cinco represas en la Patagonia, en el sur del país. "Estamos contentos, particularmente porque se reforzó nuestra opinión de que era un mal proyecto y un mal Estudio de Impacto Ambiental (IEA)", dijo a IPS Sara Larraín, integrante del Consejo de Defensa de la Patagonia, un colectivo de 50 organizaciones chilenas y extranjeras contrarias a la iniciativa por sus impactos ambientales, sociales y turísticos. La empresa solicitó el miércoles a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de Aysén postergar hasta agosto de 2009 la tramitación del EIA, decisión que fue aceptada el mismo día por el organismo gubernamental. El consorcio HidroAysén, formado por las firmas generadoras Endesa y Colbún, pretende construir cinco megacentrales hidroeléctricas en dos ríos caudalosos de la austral región de Aysén, el Baker y el Pascua. La inversión estimada es de 3.200 millones de dólares.
Las centrales, que inundarían 5.910 hectáreas, pretenden inyectar 2.750 megavatios al Sistema Interconectado Central, que abastece a más de 90 por ciento de la población chilena. Para ello se requiere instalar un tendido eléctrico de 2.000 kilómetros, que atravesaría ocho regiones del país. El EIA correspondiente a las centrales fue presentado por el consorcio el 14 de agosto. El texto, de 10.500 páginas y un costo de 12 millones de dólares, fue confeccionado durante tres años por las empresas chilenas Poch y EPS y la sueca Sweco. De los 36 servicios públicos que recibieron el proyecto, 32 formularon observaciones que se agruparon en el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara). Aunque el gobierno informó que fueron más de 3.000 las observaciones, la empresa aseguró haber recibido sólo 2.643.
La Conama de Aysén notificó a la empresa el 13 de este mes que el plazo para responder el informe se cumplía este jueves, ante lo cual la empresa optó por pedir la suspensión en la víspera. Además, el lunes próximo se cierra el proceso de participación ciudadana. "Este es el proyecto de mayor envergadura y complejidad que ha enfrentado la institucionalidad medioambiental en Chile", declaró Hernán Salazar, gerente general de HidroAysén, en un comunicado de prensa. "Como es de enorme relevancia para el futuro energético del país", la iniciativa "debe ser ampliamente conocido por los organismos técnicos, autoridades y la ciudadanía de Aysén y de Chile entero", añadió. "En ese contexto, solicitar una suspensión es una alternativa enteramente habitual en este tipo de procesos y servirá para contar con el tiempo necesario para complementar la información del EIA", arguyó el ejecutivo.
La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, señaló en octubre que el EIA no "estaba a la altura" de lo exigido, declaraciones que fueron morigeradas por otros funcionarios que se han manifestado proclives a la construcción de las represas, como los ministros de Energía, Marcelo Tokman, y el de Interior, Edmundo Pérez Yoma. Tokman señaló que la "ruta crítica" del proyecto no eran las represas sino la línea de transmisión de 2.000 kilómetros, cuyo estudio ambiental será presentado el próximo año. La empresa, en vez de hacer una autocrítica, cuestionó la idoneidad de los servicios públicos. El gerente general de Colbún, Bernardo Larraín Matte, señaló que, "si hacemos una analogía, el SAG (Servicio Agrícola Ganadero) usó una regla de una librería (para estimar la superficie inundada) e HidroAysén un instrumento de medición con precisión láser". Antes de que la Conama notificara a la empresa del Icsara, la estatal Dirección de Aguas (DGA) ya había puesto en duda la factibilidad del proyecto al rechazar una solicitud de derechos de agua presentada por la empresa, tema que podría dirimirse paralelamente en los tribunales.
La DGA fue uno de los servicios públicos más lapidarios con HidroAysén. "El estudio presentado a Evaluación Ambiental adolece de información relevante y esencial que permita: entender el proyecto; caracterizar correctamente las distintas componentes ambientales; predecir y evaluar sus impactos y en consecuencia verificar que el Titular se haga cargo de ellos". "La información geológica, hidrogeológica, geomorfológica, y los estudios de riesgos naturales asociados a fenómenos geológicos, presentados en la Línea Base, son insuficientes para evaluar ambientalmente el proyecto", dice por su parte el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). "Nos llamó la atención positivamente que hubiera tal consistencia y consenso entre los servicios públicos, que hicieron un tremendo trabajo. Este proceso sirvió para relegitimarlos. Ha habido una recuperación de la confianza", comentó Sara Larraín. Sin embargo, el Consejo de Defensa de la Patagonia cuestionó que el gobierno decidiera continuar la tramitación del proyecto en vez de rechazarlo de plano, considerando que 11 servicios públicos concluyeron que el EIA "carece de información relevante y esencial".
En estos momentos, las represas están en el centro del debate nacional. Algunos actores plantean que, en caso de no materializarse la iniciativa, se pondrá en riesgo la seguridad energética de Chile, que importa 72 por ciento de la energía que consume en forma de gas, carbón y petróleo. "HidroAysén es un proyecto estratégico, que pretende dotar a Chile de energía limpia, renovable y de menor costo, contribuyendo al desarrollo sustentable", argumenta la firma. Un sondeo encargado por la propia empresa, divulgado en octubre, indicó que 51 por ciento de los consultados estaban a favor de la construcción de las represas, mientras que 29 por ciento manifestó su desacuerdo.
Por otra parte, el 16 de este mes el diario local La Tercera afirmó que el reputado asesor de imagen contratado por el gobierno, el británico Simon Anholt, llegó a la conclusión de que las centrales van en contra del concepto que Chile quiere proyectar como país que protege su riqueza natural. La tesis la habría planteado en una reunión privada que sostuvo con empresarios y líderes de opinión en Chile. No obstante, los cálculos de la empresa indican que la decisión definitiva la tomaría el próximo gobierno que reemplazará al de Michelle Bachelet a partir del 11 de marzo de 2010. "Mientras el proyecto no sea absolutamente rechazado y desechado como parte del futuro energético del país, el Consejo de Defensa de la Patagonia seguirá trabajando", adelantó Sara Larraín.
Ambientalistas seguirán presentando observaciones a estudio HidroAysén
Coyhaique, lunes 24 de noviembre de 2008, La Nación.-Agrupaciones contra las represas en Aysén aseguraron que, pese a la suspensión de trámite de nueve meses solicitada por HidroAysén para responder las más de 3 mil observaciones que los servicios públicos hicieron a su Estudio de Impacto Ambiental, seguirán presentando indicaciones ciudadanas al proyecto.
El coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, señaló que miles de observaciones se entregarán en los próximos días "para demostrar que este estudio no sólo tiene un gran cuestionamiento técnico sino además ciudadano, por querer hacer un negocio a costa de un patrimonio nacional y mundial como es la Patagonia, y de las expectativas de desarrollo sustentable de quienes vivimos en este territorio".
Hartmann agregó que "las observaciones se presentarán a pesar de que con la decisión del intendente Selim Carrasco de pedir aclaraciones a la empresa antes de terminar el plazo de la participación ciudadana, buscó dejar fuera de este trámite a más del 99 por ciento de las inquietudes de la ciudadanía, como se lo planteara públicamente el director regional de Conama", finalizó.
Santiago, viernes 21 de noviembre de 2008, El Mercurio.- El fiscal nacional, Sabas Chahuán, designó 11 fiscales con dedicación preferente para investigar delitos medioambientales en el país. Al acto asistió la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, con quien concordó en la necesidad de reformar la ley para hacer más eficiente la persecución penal de quienes contaminan el ecosistema.
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, por Claudia Urquieta, El Mostrador.- El viaje a Europa de la titular de Agricultura, Marigen Hornkohl, para reforzar las ventajas de Chile como potencia alimentaria y forestal, dejó fuera dos estudios avalados por la Universidad de Chile que señalan que existe contaminación de transgénicos en predios agrícolas. Hasta el momento no se ha transparentado el mapa de los cultivos con semillas modificadas genéticamente. Un tema que podría afectar las exportaciones chilenas a la Unión Europea.
A fines de octubre el director del Laboratorio de Biotecnología del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta), de la Universidad de Chile, Romilio Espejo, recibió una llamada telefónica de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones. Al principio pensó que era una broma. Pero luego le explicaron que estaban buscando información sobre un análisis que ese mismo mes el equipo que lidera realizó en muestras de granos de maíz provenientes de 30 predios contiguos a semilleros de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en la Región de O'Higgins, a petición de la Fundación Sociedades Sustentables.
El bioquímico no se preocupó mayormente, ya que pensó que la reunión realizada entre la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl y las representantes de la ONG, Sara Larraín y María Isabel Manzur, el 23 de octubre pasado, para entregarle un informe con estos resultados, estaba dando frutos. Pero en realidad y como constató El Mostrador la llamada sólo se enmarcó en la necesidad de manejar la información sobre el estudio en cuestión que había sido publicada en la prensa. Pero no hay ninguna investigación en curso sobre estas contaminaciones, que en palabras simples significa que muchos de los granos "normales" han integrado propiedades de sus símiles transgénicos.Tampoco hay una respuesta sobre la solicitud hecha a la Secretaria de Estado en dicho encuentro para que, entre otros puntos, se evaluara la extensión de la contaminación y se adoptaran medidas para erradicarla.
Los silencios del Minagri
No es el primer estudio que constata que existe contaminación de granos de maíz por OMG en el país. En 2005 la ONG Greenpeace encargó un análisis similar al Inta. La diferencia, es que en esa ocasión se analizaron semillas de la empresa nacional Anasac que se vendían como convencionales a los agricultores, pero en realidad estaban contaminadas.
No se sabe a ciencia cierta si fueron importadas o cultivadas aquí, pero lo grave del asunto es que no hubo control por parte de las autoridades, ya que se estaban comercializando sin que lo supieran ni ellos ni los distribuidores. A pesar de que la normativa chilena no permite el uso de semillas transgénicas, salvo para exportación y previa evaluación de riesgo. En ese entonces y al igual que ahora, desde el Minagri hubo un profundo "silencio administrativo", según explica el director ejecutivo de Greenpeace Rodrigo Herrera. Porque se hicieron las presentaciones del caso, e incluso se habló con el entonces ministro de la cartera, Álvaro Rojas.
Pero a la larga no se tomaron cartas en el asunto. A juicio de Herrera y Espejo, el problema es que no hay una certificación, registro y ni siquiera información que pueda servir a entes fiscalizadores ni a la ciudadanía para saber dónde están los cultivos transgénicos. Porque según un decreto del SAG, la información de la ubicación de estos cultivos es confidencial. Inútiles han sido las conversaciones, peticiones y reclamos al respecto. Hasta hoy no es información pública.
Aunque el SAG tiene fichadas 24.464 hectáreas de cultivos de transgénicos a nivel nacional "no hay fiscalización. Y en ningún caso han especificado cuales son las medidas de mitigación frente a la expansión y contaminación de sitios aledaños. Es como lo del SIDA: el gobierno no tiene información completa de cuántas hectáreas están contaminadas", señala el líder de Greenpeace. Según Espejo, el problema mayor radica en que "no tenemos cómo saber el destino que tenía el transgénico que contaminó a otros cultivos, ya que puede ser para alimentos, productos nuevos o fines químicos. Porque mientras el Minagri no informe con claridad los fines y sitios dónde están no podemos saberlo".
Al respecto, el científico del Inta explica que su equipo no es "anti transgénicos". Al contrario, lo enmarcan como una nueva tecnología que podría servir para el desarrollo. Lo que rechazan, es que "si no hay una regulación clara se pueden generar grandes perjuicios. Porque es fácil dictar normas pero si no existen los fondos ni la gente necesaria para hacer un control real es letra muerta". Lo que además podría atentar seriamente con las pretensiones de relevar el potencial alimentario y forestal en la Unión Europea, asociación de países con la cual existe un Tratado de Libre Comercio. De hecho, Hornkohl viajó esta semana a Bruselas y Roma con este fin. Pero existen regulaciones estrictas en relación a las exportaciones, por lo que es necesario saber con certeza qué productos se están enviando.
El miembro de la Academia de Microbiología de EEUU, considera que lo peor que puede pasar es que "reaccionen cuando llegue una crisis y pase algo grave. Es como si importáramos autos y no tuviéramos reglamentos de tránsito". A pesar de que este medio intentó tener la visión del Minagri, en la repartición pública explicaron que al no estar la ministra en el país no se referirían al tema.
Derechos laborales siguen siendo un tema pendiente en la industria del salmón
Santiago, lunes 24 de noviembre de 2008, Terram.- Oxfam en Chile y Fundación Terram hacen un llamado de atención a las autoridades y empresas salmoneras, ante las denuncias presentadas ayer en el programa de TVN, "Esto No Tiene Nombre". Desde enero de este año, Oxfam y Fundación Terram a través de la campaña "Sin Miedo Contra la Corriente" han cuestionado las prácticas laborales y ambientales de la industria salmonera en Chile. Parte de estos cuestionamientos se reflejan en las denuncias emitidas en el programa de ayer.
Mónica Maureira, Directora interina Oxfam en Chile, y Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, llaman a las autoridades y a los empresarios de la industria a responsabilizarse por los hechos que se están denunciando, pero por sobretodo a mejorar las prácticas laborales y ambientales. Los abusos registrados en el programa de denuncia de TVN no se condicen con una industria exitosa que genera millonarias ganancias para la economía chilena.
Para Mónica Maureira, representante de Oxfam, "lo emitido por TVN anoche confirma las deudas que la industria del salmón tiene con sus trabajadoras y trabajadores. Nuestra campaña viene desde hace casi un año informando sobre las condiciones en que las personas trabajan en la salmonicultura. La vulneración de los derechos de las mujeres vinculados al ejercicio de la maternidad, la desprotección frente a accidentes ocurridos durante la jornada de trabajo, la falta de servicios higiénicos en las balsas jaulas y el atropello a la dignidad de las personas que postulan a empleos en empresas salmoneras no tienen relación con el tipo de país desarrollado que pretendemos ser. La industria del salmón no puede crecer a costa de los derechos básicos y la honra de las personas".
Las condiciones de higiene y seguridad continúan siendo precarias, además, la industria tiene la segunda tasa de accidentabilidad más alta del país con un 8,27%. En algunas empresas las jornadas llegan a las 60 horas semanales, y los sueldos de la mayoría de las trabajadoras y trabajadores no superan los $218.000, incluyendo los bonos de producción (que constituyen un 30% de la remuneración total).
Por su parte Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram declaró "una vez más reiteramos la urgencia de efectuar cambios en la regulación, junto con incrementar y mejorar los mecanismos de fiscalización del Gobierno, tanto en materia laboral como ambiental. Las denuncias que hemos visto sobre las condiciones que se presentan en algunas empresas salmoneras de la X Región, corroboran nuestro planteamiento de que no se debe permitir la expansión a las regiones de Aysén y Magallanes, mientras no exista una industria responsable. Por último, consideramos que la actual crisis, provocada por el virus ISA y que ha generado miles de despidos, no puede ser excusa para empeorar las condiciones laborales de los trabajadores".
Tal como la campaña "Sin Miedo Contra la Corriente" se ha preocupado de informar, estas prácticas laborales y ambientales son anteriores a la aparición del Virus ISA y se mantienen más allá de la crisis actual que sólo ha hecho acentuar la precariedad del trabajo y el empleo vinculado a la salmonicultura.
Para mayores informaciones:
Catalina Navarro
Encargada de Comunicaciones Interina
Oxfam en Chile
02 2642772
022642284
9-7332627
Luz María Fariña
Encargada de Comunicaciones
Fundación Terram
02 2694499
7-8871655
GLOBALES
El cambio climático en el Perú: Vulnerabilidad y respuestas ecológicas locales
Ica, Perú, lunes 24 de noviembre de 2008, CODEHICA.- Los principales impactos del cambio climático en el Perú se darán debido a su alta vulnerabilidad y al incremento de la frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos. ¿Qué se puede hacer al respecto desde las poblaciones locales?
El Tyndall Center de Reino Unido clasifica al Perú como el tercer país más vulnerable del mundo frente al cambio climático, aunque sólo aporte 0.4% de los gases de efecto invernadero, según Erick Pajares, miembro del Grupo Biósfera y profesor del Instituto de Altos Estudios de Ginebra. "Cerca de la mitad de la población sigue siendo pobre; existe alta vulnerabilidad de la agricultura al cambio climático; la generación de energía hidroenergética es vulnerable; el 90% de la población vive donde está el 1.7% del agua dulce del país; las poblaciones se ubican en áreas de alto peligro geológico, y somos un país megadiverso", precisa.
Entre los impactos específicos del cambio climático en el Perú tenemos las modificaciones regionales del régimen de precipitaciones y temperaturas. "Esto sería una de las consecuencias poco conocidas y estudiadas del cambio climático en el Perú, pues requiere de la realización de estudios de alta resolución a los modelos globales de pronóstico de Cambio Climático", añade Pajares. Asimismo, la distribución espacial y temporal de las lluvias en nuestro país está sufriendo paulatinas modificaciones que deben ser tomadas en cuenta, y conocidas por los diferentes sectores para disminuir sus impactos.
Ante ello, el Centro Internacional de la Papa – CIP y otros expertos proponen que la adaptación al Cambio Climático se hace indispensable en un contexto en el cual muchos cambios son ya inevitables, pues la mitigación del problema, a través de la reducción de emisiones, contribuirá muy lentamente a solucionar el mal ya generado al sistema climático mundial.
Ante la grave situación que enfrentan las zonas rurales del Perú, nuestro país cuenta con una serie de ventajas comparativas para implementar políticas públicas locales y estrategias de adaptación al cambio climático. Según Pajares, en el macizo andino contamos con comunidades y agricultores conservacionistas que mantienen un sistema de conocimientos tradicionales asociados a la gestión de los paisajes bioculturales, lo que incluye sistemas de conocimiento etno-astronómico (predictibilidad del clima) y para la gestión social del agua; tecnologías tradicionales (obras hidráulicas prehispánicas), y procesos locales que vienen desarrollándose para la adaptación al Cambio Climático.
Asimismo, Jaime Llosa Larrabure refiere una serie de casos de aplicación de conocimientos tradiciones asociados a la gestión social del agua, vigentes, por ejemplo, en las amunas de Huarochirí; y casos de rescate de la memoria colectiva y de prácticas tradicionales como las realizadas por Desco - Arequipa: las micro-represas para "cosechar aguas de lluvia" en la puna seca. Refiere también las experiencias de construcción de pequeños reservorios para almacenar agua de lluvia en predios de pequeños productores de Cajamarca (Instituto de Cuencas) y del Cusco (Instituto para una Alternativa Agraria - IAA). Llosa ha comprobado también que dos ONG, en Ayacucho "cosechan aguas de lluvia", una que lleva como nombre: Bartolomé Aripaylla - ABA y la otra, Asociación Pacha Uyway - APU. Pajares añade que otras comunidades han aprovechado las depresiones del suelo para hacer represas en la Cordillera Negra, Cuenca del Nepeña.
Los sistemas de saberes locales se crean y recrean permanentemente, permitiendo respuestas de espacio, tiempo y lugar al cambio climático, derivado del modelo de desarrollo. "Tales respuestas de espacio, tiempo y lugar constituyen respuestas ecológico políticas, parte de una política del lugar y de la diferencia. Una política nacional para la adaptación al cambio climático debería esencialmente construirse en base a las políticas públicas locales, y promover y fortalecer las estrategias locales de espacio, tiempo y lugar que se vienen implementando en diversas zonas andinas", concluye Pajares.
Más que el TLC para el Perú, necesitamos el TLM: Todo lo Mejor para el País
Lima, Perú, lunes 24 de noviembre de 2008, por Blgo. Sandro Chávez, Cuarto Ambiente.- Hace más de un mes el Colectivo Forestal Perú denunció ante el País que la oficina del Representante Comercial de los EEUU habia explicado a la representacion del Perú (Funcionarios del INRENA y MINCETUR) que existian serios problemas con la modificación de la normatividad forestal en particular con el inefable DL 1090, el cual desde su 2do artículo que excluia a los Bosques de producción y plantaciones forestales de seguir siendo patrimonio forestal segun la constitución entre otros desaciertos, hacian inviable un manejo forestal sostenible como se acordó en la adenda del TLC y por lo tanto hacian difcil la implementación del mismo.
El Gobierno a través de la Ministra Mercedes Araoz -en ese entonces- minimizaron el asunto y hasta se atrevieron a negarlo, diciendo que no pasaba nada y que todo iba muy bien, es mas hace poco volvieron a decir que todo estaba casi listo y que con unas cuantas modificaciones quedaba todo perfecto, tanto que hasta inclusive tendriamos una Ley Forestal tan perfecta que seria la envidia del mundo, es decir, nos mintieron y encima se burlaron del País con semejante afirmación.
Ahora todos sabemos por palabras de la representante de la oficina comercial de EEUU (USTR), Susan Schwab (Peru21 20/11/08) que no solo el tema laboral estaría demorando la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. sino que ha reconocido que el Perú ha avanzado poco en la implementación de la legislación que se requería en materia forestal y de medio ambiente.
Dijo textualmente: "Ambas partes estamos frustradas de que aún no se pueda llegar a una implementación", "El proceso se ha complicado un poquito por el compromiso ambicioso que hizo el Gobierno peruano de tener un nuevo programa en este tema. Es algo que está tomando un poco más de tiempo de lo que se esperaba.....", añadió.
Entonces por que el Gobierno mintió y trató de acelerar la implementación de su DL 1090 y otros DLs, en verdad no por interés nacional, sino por el apuro que el Presidente Garcia y el Sr. Bush firmaran el acuerdo de implementación, el primero para sumar un logro mas durante la cumbre APEC y el segundo por que quiere irse con un acuerdo mas dentro de su regimen, tan cuestionado por cierto por su politica economica que ha sido un desastre.
Lo cierto es que el Pais no necesita mas fotos de Presidentes dándose la mano y mas discursos rimbombantes en esta materia, sino por el contrario necesitamos la seriedad y profundidad de tomar decisiones bien pensadas y si se trata de Leyes que van a afectar a mas del 70% del territorio nacional que incluye a millones de peruanos y peruanas como es el caso de la Ley Forestal y Fauna y Silvestre, no hay excusa para dejar pensar mejor sobre el asunto y consultar a todos los involucrados para aprobrala.
Así mismo, en los EEUU ya fue elegido un nuevo Gobierno y que goza de mucho mayor popularidad que el Sr. Bush y por tanto es esta nueva administración norteamericana la que nos importa, pues además recordemos que fueron los congresistas demócratas los que exigieron la necesidad de una adenda donde se le planteaban serios compromisos al Perú en materia laboral, medio ambiente y forestal, por tanto es la administración del Sr. Obama la que espera de parte de nosotros mayor celeridad y apego a los compromisos adquiridos por el Gobierno Peruano en el TLC y su adenda.
Ahora lo que queda, es que el Congreso de la República derogue los DLs que estan afectando la implementación del TLC como los DLs 1090, 1080, 1081, 1089, 1064 entre otros, que solo han generado malestar en la población y un tremendo ridículo ante la opinión pública internacional, por el solo interés de beneficiar solo a algunos malos inversionistas que aún quedan y que estan acostrumbados a negociaciones por debajo de la mesa o entre bambalinas, por ello mas que el TLC para el Perú, necesitamos el TLM, osea Todo Lo Mejor para el País.
Científicos plantean que un tsunami podría haber arrasado Manhatan hace 2.300 años
Nueva York, EEUU, lunes 24 de noviembre de 2008, La Segunda.- Los expertos de la Universidad de Harvard aseguran que en las profundidades del río Hudson, encontraron restos de un asteroide. Un tsunami podría haber arrasado la isla de Manhattan (Estados Unidos) hace 2.300 años, después de que un gran meteorito impactara sobre el Atlántico, cerca de la costa neoyorquina, y provocara una ola de unos veinte metros de altura, informaron medios locales. Un equipo científico de la Universidad de Harvard, liderado por Katherine Cagen, aseguró a la cadena de televisión Discovery Channel haber encontrado restos de un asteroide en las profundidades del río Hudson, que separa Nueva Jersey y Nueva York. Según esa información de la cadena de televisión, de la que hoy se hacen eco otros medios locales, el supuesto asteroide, del que aún no se ha encontrado el cráter, habría acabado con los mamuts que habitaban en la zona.
Discovery colgó en su página web una animación de acuerdo a los principios de esta teoría en la que se puede comprobar el efecto sobre Nueva York de una ola gigante que supuestamente llegó a entrar hasta cincuenta kilómetros por el río Hudson. El equipo de investigación, en el que también hay miembros de la Universidad de Columbia en Nueva York, dice haber recogido restos del asteroide que fueron arrastrados hasta el territorio continental y que contenían pequeñas esferas de carbono. Dentro de ellas se descubrieron nano-diamantes, algo que hasta el momento siempre se ha vinculado a asteroides.
Sin embargo, las conclusiones de esta investigación son aún muy discutidas, según Disovery, que pone como ejemplo las declaraciones de Steven Ward, de la Universidad de California. Según Ward, para que una ola de 2,5 metros avance tanta distancia por el Hudson, sobre Manhattan tendría que haber impactado una ola de unos 20 metros, que se habría adentrado cientos de metros en algunas zonas de Long Island y habría dejado evidencias.
La científica Katherine Cagen está convencida de que los restos encontrados por su equipo permiten aventurar que "hubo algo más que salpicones en Manhattan (el territorio donde se asienta hoy) la ciudad pudo haber sido devastada", aunque reconoce que aún es necesario encontrar el cráter creado por el meteorito. "Estamos haciendo la controvertida afirmación no solo de que un tsunami impactó sobre el área metropolitana de Nueva York hace 2.300 años, sino que fue causado por el impacto de un asteroide del que no hemos podido encontrar el cráter," reconoció la científica.
Investigadores desarrollan un índice para medir el riesgo de desertificación
Madrid, España, martes 25 de noviembre de 2008, La Tercera.- El método es aplicable a distintas zonas del mundo aunque resulta más apropiado para zonas áridas. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) han creado un índice para medir la desertificación que permitirá crear mapas de riesgo e identificar las zonas más amenazadas. El método, publicado en la revista Remote Sensing of Environment, es aplicable a distintas zonas del mundo aunque resulta especialmente apropiado para zonas áridas, y se enmarca dentro de un proyecto europeo para la creación de sistemas de alerta temprana de desertificación. El sistema, que se prueba en Almería (sur de España), Senegal, China, Marruecos y Chile, permite obtener tendencias temporales de degradación y crear mapas de riesgo.
En Almería, el índice ha sido probado en la sierra de Gádor, y su uso de forma continua a lo largo del tiempo permite crear mapas de riesgo, obtener tendencias temporales de degradación y evaluar el efecto de la desertificación sobre el ciclo hidrológico. Hasta ahora, los índices de degradación se basaban sobre todo en la densidad de vegetación, "una variable difícil de estimar mediante teledetección en zonas áridas donde la cobertura vegetal es muy baja", explica Mónica García, investigadora en la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC, Almería). Sin embargo, el nuevo índice se basa en los ciclos hidrológico y energético y en el uso del agua por parte del ecosistema.
La investigación forma parte del proyecto europeo DeSurvey (A Surveillance System for Assessing and Monitoring Desertification), para la creación de sistemas para monitorizar el riesgo de degradación de grandes regiones e identificación de puntos de mayor riesgo. En el proyecto, coordinado por el investigador Juan Puigdefabregas, de la Estación Experimental de Zonas Áridas, participan 39 instituciones de nueve países europeos más China, Chile, Túnez, Marruecos, Argelia y Senegal. El nuevo índice se basa en una variable, la fracción no evaporativa, relacionada con el uso del agua por parte de los ecosistemas y por tanto, con los ciclos hidrológico y energético.
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