miércoles, 7 de julio de 2010

Boletin GAL 1004

BOLETÍN GAL

Nº 1.004. Miércoles 7 de Julio de 2010. Año V. Boletín Electrónico de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Lectores(as): 31.837. Contacto: boletingal@gmail.com  Fonos: 56-02-7857084, 09-5732334.

Descarga Boletín GAL 1004

CONTENIDO

 

ESPECIAL: SALUDOS POR 1000 EDICIONES

 

Perú

Lima, Perú, miércoles 7 de julio de 2919, Enrique Orellana

Argentina

Patagonia, Argentina, miércoles 7 de julio de 2010, Pablo Datri

Chile

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, Marcelino Collío

Chile

La Reina, Chile, miércoles 7 de julio de 2010, Pedro Davis

Chile

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, Antonio Arancibia

 

ESPECIAL: CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

 

¿Qué tan pública es la información pública en Chile?

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por Claudio Ruiz, Presidente de la ONG Derechos Digitales, El Mostrador

Sólo el 22% de los municipios responden las solicitudes de información pública

Santiago, miércoles 7  de julio de 2010, por Nadia Cabello, El Mercurio

Aversión a la transparencia

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por  Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad, La Nación

Por pedido de ambientalistas, Consejo para la Transparencia obliga al SAG a entregar información de cultivos transgénicos en Chile

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por S. Rivas y F. Vial, El Mercurio

Histórico fallo de Consejo para la Transparencia: Fin al secreto sobre transgénicos y amparo a Monsanto

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, RAP-Chile

ONGs concuerdan con transparentar la entrega de fondos públicos

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, Acción ONGs

 

LOCALES

 

Ciudadanía valora rechazo de expansión de Santiago

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por Camila Navarrete, Radio Bio Bio

Llaman a Intendente a asumir derrota por fracaso del Plan Regulador

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, La Tercera

Organizaciones ciudadanas desestiman crítica de Intendente tras rechazo

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, El Mostrador

Modificaciones al Plano Regulador Metropolitano

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por Alejandro Jiménez M. Vicepresidente de FEMUC

El rechazo del plano regulador metropolitano

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, editorial El Mostrador

Carta destacada de la semana "Plan Regulador"

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por Carlos Guzmán, Plataforma Urbana

Concejales afirman que existen alternativas para el desarrollo urbano de Santiago

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, El Mostrador

Rechazo a las modificaciones del Plan Regulador Metropolitano: Las perspectivas detrás de la medida

Santiago, miércoles 7 de junio de 2010, por Felipe Álvarez, Plataforma Urbana

 

NACIONALES

 

Contraloría: Sí a Ministerio de Medio Ambiente

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, Conama

Contraloría dio luz verde al nuevo Ministerio del Medio Ambiente

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, El Mostrador

Nueva institucionalidad ambiental estará en operaciones dentro de los próximos 60 días

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por Marco Gutiérrez V., El Mercurio

Casa de la Paz publica su Reporte de Sustentabilidad 2009 en la Web

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, Casa de la Paz

Energía entrega informe a Piñera para acelerar trámite de proyectos energéticos

Santiago, martes 6 de julio de 2010, La Segunda

Gobierno apuesta por agilización de proyectos en materia energética

Santiago, martes 6 de julio de 2010, La Segunda

Royalty pertenece a las zonas mineras

Valparaíso, miércoles 7 de julio de 2010, Cámara de Diputados

Ciudadanía rechaza explotación de carbón a tajo abierto en isla Riesco

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, La Prensa Austral

Encuentro binacional  Chile – Argentina: Causas y Cauces Comunes, Los Andes sin Minería de Frontera

Valle del Huasco, miércoles 7 de julio de 2010, OLCA

 

GLOBALES

 

El huracán Alex se fue pero Monterey sigue sufriéndolo

Monterrey. México, miércoles 7 de julio de 2010, por Inma Gil, BBC

Derrame: El crudo llegó a Texas

Texas, EEUU, miércoles 7 de julio de 2010, BBC

Revelan altísimos niveles tóxicos en Golfo de México por derrame de crudo

Ciudad de México, México, miércoles 7 de julio de 2010, por Guillermo Alvarado, Radio Habana Cuba

EEUU: Centrales de energía reducirán emisiones de gases contaminantes

Washington, EEUU, miércoles 7 de julio de 2010, La Tercera

 

ESPECIAL: SALUDOS POR 1000 EDICIONES

 

Perú

 

Lima, Perú, miércoles 7 de julio de 2919, Enrique Orellana.- Gracias por vuestros envíos y seguir adelante es la Ley.

 

Fraternalmente Enrique Orellana

……………………….

Gracias Enrique. Un abrazo,

 

Luis Gallegos

……………………………

Argentina

 

Patagonia, Argentina, miércoles 7 de julio de 2010, Pablo Datri.- Luis, un abrazo y felicitaciones!!!

 

Pablo Datri

Patagonia Argentina

ecodigital@cpenet.com.ar

………………………………….

Querido Pablo, muchas gracias por tus saludos. Gracias a la Redcalc y a ustedes que siempre nos han animado, hemos logrado este hito.

 

Un abrazo,

 

Luis Alberto Gallegos

…………………………..

Chile

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, Marcelino Collío.-  Estimado Luis: Muchas felicidades por el hito cumplido, lo que ha significado un gran aporte en la información para formar conciencia ambiental.

 

Sin duda que hacen falta más espacios de generación de información como el que Uds. han construido. Son mucho los medios de comunicación que dejamos morir, y que hoy hacen falta, por lo que el aporte que Uds. realizan es mucho más valioso aún.

 

Al equipo que trabaja contigo, también mis felicitaciones.

 

Un gran Abrazo a todos.

 

Atentamente:

 

Marcelino Collío

Director de relaciones Institucionales.

Consejo de Desarrollo Sustentable de Chile

……………………………………………………

 

Apreciado Marcelino, le saludo cordialmente y le agradezco vuestro mensaje de felicitaciones. Como usted sabe, puede contar con nosotros para difusión de vuestras actividades y opiniones.

 

Cordialmente,

 

Luis Alberto Gallegos

…………………………………….

Chile

 

La Reina, Chile, miércoles 7 de julio de 2010, Pedro Davis.-  En su número 100, calurosas felicitaciones al Boletín Gal, su director y personal.

 

Pedro Davis

Presidente

Coordinadora Vecinal La Reina

P. Davis

……………………………………..

 

Apreciado Pedro, muchas gracias!!! Con ustedes y sus organizaciones como usuari@s y lector@s del Boletín GAL, es un honor editarlo.

 

Un abrazo,

 

Luis Alberto Gallegos

……………………………………….

Chile

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, Antonio Arancibia.- Muchas felicitaciones y agradecimientos por su noble gestión al llegar a los 1000 ejemplares de su edición. A todos quienes nos importan y seguirán importando estos temas relevantes, no saben Uds. cuánto nos ayuda vuestra oportuna e interesante ventana ambiental, que nos permite seguir respirando el aire limpio de la esperanza por un mundo mejor.... gracias.

 

Chaltu may, pewkayal

 

Antonio Arancibia

………………….

Estimado Antonio:

 

Te agradecemos con afecto tus saludos. Nos es grato ser una "ventana ambiental" tal como lo señalas. Trataremos de que esa "ventana" se convierta en un gran portal para nuestra gente.

 

Un abrazo,

 

Luis Alberto Gallegos

 

ESPECIAL: CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

 

¿Qué tan pública es la información pública en Chile?

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por Claudio Ruiz, Presidente de la ONG Derechos Digitales, El Mostrador.- La ley de transparencia chilena -aquella que regula la transparencia de la función pública y el derecho de acceso a la información del Estado- no define qué quiere decir que algo sea público. Establece principios y reglas que los organismos del Estado deben respetar pensando en la transparencia, pero no determina qué es lo que los ciudadanos podemos hacer con dicha información. Tenemos derecho a conocer las remuneraciones y gastos de los ejecutivos de Televisión Nacional, pero no tenemos claridad si tenemos derecho a usar aquella información o en qué condiciones podemos hacerlo.

 

Lo anterior tiene, creo, a lo menos dos grandes problemas. El de la documentación y el de los datos.

 

La documentación

 

El primero, tiene que ver con la documentación. Desde el punto de vista de la transparencia, sabemos que cierta documentación reviste carácter público. El que no sepamos en realidad qué es lo que diablos ello significa implica que aquellas cosas que hagamos con ese tipo de documentación va a tener un confuso estatus jurídico. Por ejemplo, la documentación de los entes del Estado, desde el punto de vista del derecho de autor chileno, tiene prácticamente el mismo tratamiento que la documentación privada. Esto significa que cualquier cosa que hagamos con ella requiere o el permiso del titular de los derechos -el organismo público-, o bien el permiso de la ley -a través de alguna excepción-. Tanto es así que la ley de propiedad intelectual, permite que dichas obras puedan ser liberadas al dominio público por resolución del titular de los derechos.

 

Sin ir más lejos, si el Consejo para la Transparencia no ha emitido resolución alguna respecto del punto, quiere decir que todas sus resoluciones están en el dominio privado. Si usted quiere hacer una compilación de las resoluciones más importantes del Consejo, no lo puede hacer. Si usted quiere reproducir o traducir dicha información, requiere del permiso del titular.

 

Los datos públicos

 

El segundo, y quizás más importante, tiene que ver con los datos públicos. Una cosa es que podamos acceder a la información pública, pero ¿y qué tal si queremos trabajar y hacer cosas con dicha información?

 

Si entramos a la web del Congreso Nacional, por ejemplo, podemos conocer información importante de Senadores y Diputados. En una página distinta podemos tener información sobre la tramitación de los proyectos de ley y, en caso que la tramitación haya pasado por ambas «Cámaras», de hecho, tenemos dos páginas (1 y 2) que entregan casi la misma información. Si, adicionalmente, queremos conocer de las votaciones y asistencias de cada uno de los honorables a cada comisión, la búsqueda se pone un poco más complicada. Ahora, retomando la pregunta inicial, ¿Y qué tal si queremos utilizar estos datos para hacer gráficos respecto de su votación y sus declaraciones de intereses? ¿Y si queremos usar un robot para rescatar esos datos y trabajar con ellos? ¿Y si quiero hacer una comparación respecto de cómo vota un conjunto de diputados y senadores respecto de ciertos temas en específico?

 

Ah, sorpresa. No podemos. No porque no sean públicos, sino porque muchos de ellos son inaccesibles o bien es un prodigio tecnológico hacerlo. Acá se torna importante, sin profundizar mucho en el punto porque ello daría para otro artículo, el asunto de los formatos, dado que sólo podemos acceder a la información que entregan nuestros sitios estatales a través de documentación existente en formatos .doc y .pdf, no estando disponible en texto plano para su procesamiento.

 

La transparencia -o la publicidad de nuestra información pública- no es, por tanto, un problema sólo de acceso fáctico a la documentación. De esta forma, no parece suficiente la Instrucción 6 del Consejo para la Transparencia, sobre la gratuidad, que no hace mención alguna respecto de las condiciones de uso de la documentación y que sucintamente señala -confundiendo, de paso, formatos con medios de almacenamiento- que:

 

Se entregará al requirente copia del original solicitado, pudiendo su contenido consistir en datos, voz, imágenes, videos, planos o informes, entre otros. Podrá entregarse de modo telemático (por medio de correo electrónico, por ejemplo) o físico, empleándose el soporte que el requirente haya señalado: papel (fotocopia, impresión, braille), medios magnéticos (cintas de video, cintas de audio, diskettes, discos duros, cintas magnéticas, etcétera), medios electrónicos (memorias, pendrives, etcétera) y medios ópticos (CD, DVD, BLUE RAY, etcétera), entre otros.

 

En caso que la información solicitada se encuentre en medios magnéticos, electrónicos u ópticos cuya tecnología de lectura y reproducción esté en riesgo de quedar obsoleta o desactualizada, el órgano o servicio deberá traspasar oportunamente la información a soportes y/o formatos que permitan en el futuro acceder a ellos y reproducirlos con facilidad.

 

La falta de definición de que lo que implica que algo sea público resulta fundamental en la era digital. Y en esto no hay que reinventar la rueda. Estados Unidos y el Reino Unido son referentes claves para entender cómo tomarse la transparencia pública en serio, tomando decisiones sobre los datos, entregando herramientas y abriéndose a nuevas ideas.

 

El desafío entonces es que nuestras instituciones abandonen los paradigmas pre-digitales respecto del acceso a la información pública y que acepten la posibilidad de tratamiento de los datos, la documentación y sus condiciones de uso como elementos determinantes para el acceso en el siglo XXI.

 

Sólo el 22% de los municipios responden las solicitudes de información pública

 

Santiago, miércoles 7  de julio de 2010, por Nadia Cabello, El Mercurio.- Estudio de Ichem revela que las instituciones cumplen con el 37% de los datos que les exige la Ley de Transparencia. Sólo el 22% de los municipios responden las solicitudes de información pública.  Investigación muestra que 21 municipalidades no tienen portal web y otras 11 no tienen el link de transparencia en su portal.  

A más de un año de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, una investigación del Instituto Chileno de Estudios Municipales (Ichem), dependiente de la Universidad Autónoma, arrojó que sólo el 22% de los municipios responden las solicitudes de información pública de la ciudadanía dentro de los 20 días que exige la norma.

Se trata de requerimientos que se hacen por correo electrónico u otro mecanismo que hayan implementado los gobiernos locales para responder las solicitudes de información.

 

Para este ejercicio, el Ichem solicitó -a nombre de un ciudadano- información de gestión municipal, como son el plan de desarrollo comunal, el plan de educación municipal y la cuenta pública de los municipios.

 

Las regiones donde los municipios tienen mayor cumplimiento relativo son Antofagasta -responden cuatro de los ocho municipios- y la Metropolitana -responden 25-. Las regiones con menos respuestas son Arica y Parinacota -ningún municipio respondió-, seguida de O'Higgins y Biobío.

 

Éste es el primer estudio que mide la transparencia pasiva de los gobiernos locales, y el resultado es preocupante. En palabras del sociólogo e investigador del Ichem, Julián González, "estos organismos están obligados por ley a responder las solicitudes de información pública dentro de 20 días o, al menos, a justificarse de por qué no pueden responder, pero lo que vemos es que un porcentaje importante ni siquiera se excusa".

 

Respecto de la información disponible en las páginas web de los municipios, las instituciones sólo cumplen con el 37% de los datos que les exige la Ley de Transparencia, en que hay un avance respecto de agosto de 2009, cuando cumplían con sólo el 29%.

 

La información más publicada en los portales municipales es la que corresponde al personal que allí trabaja (66%). Las auditorías y mecanismos de participación ciudadana son los datos con menor difusión (25%).

 

Sólo en las regiones de Atacama y Magallanes todos los municipios cumplen con la misión de publicar la información requerida por el principio de transparencia activa, seguidas por las regiones Metropolitana y Valparaíso, donde el nivel de municipios en cumplimiento alcanza el 98 y 97%, respectivamente. La región donde menos municipios cumplen es Aysén, donde sólo la mitad se encuentra en regla.

 

El estudio comprobó, además, que de los 345 municipios del país, 324 tienen un sitio web operativo, y de ellos, 313 tienen información de transparencia. En agosto de 2009 eran 314 los gobiernos locales que tenían portales operando.

 

Aversión a la transparencia

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por  Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad, La Nación.- Ante el apremio de las sanciones, suponemos que el listado será de conocimiento público, con lo cual a regañadientes operará la transparencia en Las Condes.

Gracias a la Ley 20.285, que opera desde hace poco más de un año, la ciudadanía tiene garantizado el derecho del libre acceso a la información de carácter público que maneja la administración del Estado. Para cumplir esta ley se creó el Consejo para la Transparencia, organismo autónomo conformado por cuatro competentes abogados, uno de los cuales renunció hace poco. Por nuestra calidad de "clientes frecuentes" de esta instancia oficial que hace valer la probidad y buenas prácticas en el aparato público, afirmamos que a la fecha cumple a cabalidad su cometido, lo que es reconocido por todos.

 

Esta legislación se hacía muy necesaria y entendemos que finalmente se ha hecho realidad por una exigencia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), institución internacional a la que nuestro país ha ingresado como miembro pleno, es decir, con deberes y obligaciones. No cabe duda que con la existencia de esta ley damos pasos firmes para que en nuestro país funcione bien la democracia, y para que en el aspecto económico se mejoren las reglas del libre mercado, a sabiendas de que los más poderosos actores aún ejercen sus influencias para obtener ventajas en la aplicación de las leyes y reglamentaciones. Desde siempre hemos criticado la lacra de la asimetría en el manejo de la información que se da en nuestro país en las relaciones comerciales; ahora esperamos que si las personas ejercen sus derechos, esa brecha se reducirá ostensiblemente.

 

Todo habitante en Chile que desee conocer cualquier actuación de los organismos públicos está habilitado para formular la consulta, la que tiene que ser por escrito, ingresada por la oficina de partes respectiva o por los medios electrónicos disponibles, indicando su nombre completo y dirección. Como vemos, no tiene que expresar causa de la petición ni tiene que entregar el número de su RUT. La documentación que debe entregarle el servicio requerido es gratuita y a lo más puede cobrar el costo de operación de cada fotocopia.

 

Ante la eventual negativa de entregar la documentación por parte de un servicio del Estado, el solicitante debe ingresar un reclamo al Consejo para la Transparencia, con las simples formalidades de rigor y su oficina de partes registra cada amparo. Enseguida sus abogados analizan el mérito del reclamo y después de un corto período resuelven en los términos fijados en la ley. Si el requirente tiene la razón en solicitar alguna información, el consejo instruye al servicio rebelde para que entregue la documentación sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo. Las resoluciones del consejo están exentas del trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República, lo que hace más expedito el ejercicio de la transparencia.

 

En los casos en que el superior de un servicio público requerido de entregar documentación se niega a concederla, se lo considerará infractor y por ende será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración, y si persistiere en su actitud se le aplicará el doble de la sanción señalada, conjuntamente con la suspensión en el cargo por un período de cinco días.

 

Ahora bien, el 2 de junio de 2009, como vemos hace poco más de un año, le solicitamos al director de Obras de Las Condes cierta documentación relacionada con innumerables permisos de edificación otorgados con normas urbanísticas derogadas por una modificación en el Plan Regulador Comunal, actos administrativos que al mismo tiempo contenían vicios en la clasificación de la calidad de la construcción de cada proyecto, irregularidad que llegó a los tribunales de justicia y que analizó oportunamente la Policía de Investigaciones.

 

En razón a que el funcionario municipal se resistió a entregarnos la información, el 7 de julio de ese año recurrimos de amparo al Consejo para la Transparencia, con la idea de que ese municipio se allanara a otorgarnos un simple listado con los nombres de las empresas que recibieron tratos preferentes, con los cuales se beneficiaron en unos cuantos cientos de millones de dólares, porque los favorecidos edificaron con bastante mayor altura que la permitida.

 

Nuestra fundación, conocedora que los permisos mal otorgados no se podían invalidar por el tiempo transcurrido desde sus emisiones, se conformaba con disponer de este listado para darlo a conocer a la opinión pública, con el único propósito de que ésta supiera quién es quién en esa comuna y por qué sólo algunos obtienen prebendas y los otros no. Queríamos transparentar el quehacer municipal y así fue como dicho consejo, el 5 de agosto de 2009, nos encontró la razón instruyendo al municipio en orden a que nos entregara la información, pero el 20 de agosto el alcalde de Las Condes formuló descargos para no concedernos el listado.

 

El 22 de diciembre, después de analizarse las observaciones del alcalde Francisco de la Maza, el consejo las rechazó y notificó al municipio para que nos enviara el listado por contener información pública y para ello le dio un plazo de diez días hábiles. Como el tiempo transcurría y la documentación no la recibíamos, le hemos expresado al consejo que su resolución no es obedecida, solicitándole la aplicación de las sanciones de rigor en contra del infractor. Ante el apremio de las sanciones, suponemos que el listado será de conocimiento público, con lo cual a regañadientes operará la transparencia en Las Condes.

 

Por pedido de ambientalistas, Consejo para la Transparencia obliga al SAG a entregar información de cultivos transgénicos en Chile

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por S. Rivas y F. Vial, El Mercurio.- Fallo por solicitud de organización ambientalista afecta a 26 empresas: Consejo para la Transparencia obliga al SAG a entregar ubicación de cultivos transgénicos en Chile. Las compañías argumentaron que en otros países los lugares de plantaciones de semillas transgénicas han sido objeto de atentados y actos vandálicos.  

El Consejo para la Transparencia resolvió que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) deberá entregar la ubicación exacta de los cultivos de semillas transgénicas que existen en el país.

 

El fallo unánime de los cuatro consejeros de la entidad señala que el SAG tiene 15 días hábiles para cumplir con el requerimiento de María Rozas, coordinadora regional de la organización ambientalista Red de Acción en Plaguicidas de Chile.

 

El 20 de abril de 2009, ella solicitó al organismo público "la ubicación exacta y el nombre del propietario y/o entidad responsable, autorizados para cultivar y acopiar semilla transgénica de exportación, como también para la experimentación científica en vegetales transgénicos", así como las solicitudes en trámite.

 

El 18 de mayo de ese año, el SAG respondió que como la información afectaba a terceros, procedió a consultar a las empresas si estaban de acuerdo en entregar la información. De 26 firmas notificadas, sólo accedieron Viveros del Sur y Ventria Bioscience.

 

Entre los argumentos para negar la entrega de información, las empresas plantearon al Consejo que la información afectaba sus derechos comerciales y económicos; que la resolución exenta 1.523 de 2001 del SAG les garantizaba el "carácter reservado" de los datos y que divulgarlos provocaría una pérdida de la confianza internacional que podría perjudicar inversiones y causar graves daños al negocio.

 

También argumentaron que en otros países los lugares de plantaciones de semillas transgénicas "han sido objeto de atentados y actos vandálicos", por lo que podría peligrar su seguridad.

 

Rozas replicó que su pedido abordaba "actos administrativos del Estado que tienen consecuencias ambientales, sociales y en la salud de las personas", y que los cultivos orgánicos podrían verse en riesgo por "la posible contaminación genética" de las semillas.

 

El Consejo evaluó jurisprudencia internacional, particularmente la experiencia europea, donde los datos de ubicación de transgénicos están a disposición de los ciudadanos. Sobre el reclamo de confidencialidad, precisó que la resolución exenta del SAG fue derogada tácitamente en 2005 al entrar a regir la reforma constitucional que garantiza el acceso a la información.

 

Junto con resolver que la información es pública, el Consejo indicó que la resolución ayudará a una mayor participación social en el debate público sobre los transgénicos en Chile.

 

Reacción del SAG

 

El SAG y las empresas afectadas pueden recurrir a la Corte de Apelaciones, pero el director del servicio, Víctor Venegas, anunció que no van a apelar y que no han negado la entrega de información.

 

En contra

 

Las empresas argumentaron que los datos son reservados y que divulgarlos provocaría una pérdida de la confianza internacional que podría causar graves daños al negocio.

 

A favor

 

El Consejo indicó que la resolución ayudará a una mayor participación social en el debate público sobre los transgénicos en Chile.

 

Histórico fallo de Consejo para la Transparencia: Fin al secreto sobre transgénicos y amparo a Monsanto

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, RAP-Chile.-  Acogido recurso de RAP-Chile sobre derecho ciudadano a saber. María Elena Rozas, a nombre de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP Chile valoró hoy la decisión del Consejo para la Transparencia que resolvió por unanimidad el 25 de junio acoger el amparo (Rol A59-09) interpuesto por ella hace un año contra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).  

 

"Esta es una decisión trascendente, que sienta jurisprudencia y alienta la participación social en el debate sobre el problema de los transgénicos, instruyendo al SAG a entregar en 15 días hábiles la información sobre la ubicación exacta y el nombre del propietario y/o entidad responsable autorizados para cultivar y acopiar semilla transgénica, que para el Consejo es de información pública y no secreta como alegaban el SAG  y Monsanto a nombre de las transnacionales."

 

Para la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP-Chile este fallo se da en un momento de  claras señales sobre decisiones del gobierno tendientes  a extender las siembras transgénicas al ámbito del mercado interno, lo que afectaría la biodiversidad, la salud de los chilenos (investigaciones asocian los transgénicos a problemas crónicos como tumores, aumento de infertilidad y otros);  los intereses de todos los productores agrícolas – convencionales y orgánicos- y los derechos de los consumidores. Los transgénicos resistentes a plaguicidas, van asociados a un mayor uso de agroquímicos como glifosato, lo que está comprobado ampliamente en Argentina y otros países del mundo. Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Ambientales sostuvo: "Esta es una contribución que hacemos las organizaciones ciudadanas respecto al derecho saber. Este fallo histórico rompe 20 años de secretismo y de política de hechos consumados y alienta la participación informada de la ciudadanía en este debate hasta ahora restringido a niveles de parlamentarios,  gobierno y de científicos comprometidos con las trasnacionales agroquímicas exportadoras de semilla transgénica. "  Consultados sobre qué harían con la información,  los patrocinantes del amparo llamaron a  las organizaciones de productores agrícolas a ejercer  local y regionalmente su derecho de protegerse del riesgo de contaminación genética  por transgénicos.  Convocaron asimismo a los agricultores, las organizaciones sociales y ambientales, y a los parlamentarios a defender la semilla nativa, exigir la moratoria a la introducción de transgénicos en el mercado y la fiscalización de los cultivos de exportación ya existentes.

 

El recurso de amparo por denegación de información se presentó el 4 junio de 2009, primer día de vigencia de la Ley de Transparencia. Al cabo de una larga y acuciosa investigación del Consejo para la Transparencia, su resolución –de 30 páginas de extensión- fue notificada a RAP-Chile (con fecha 25 de junio de 2010), al SAG y a Monsanto, entre otras empresas que intervinieron como terceros opuestos a la entrega de información. Los descargos empresariales sumaban aproximadamente 20.000 fojas.

 

Presunciones infundadas contra ANAMURI

 

Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI afirmó que  las asalariadas del campo sufren en terreno las consecuencias de las prácticas abusivas de Monsanto y por ello continuarán en su lucha en favor de la vida. Francisca Rodríguez, encargada internacional de ANAMURI desestimó las acusaciones hechas por Monsanto sobre  acciones vandálicas y reivindicó su pertenencia a Vía Campesina,  organización que tiene un camino opuesto al de las transnacionales. "Ellos saben ahora que no pueden actuar con impunidad; somos un ojo vigilante, una pesadilla para ellos y  una esperanza para la humanidad".  Así respondió a Monsanto  que presentó al Consejo recortes de prensa internacional sobre atentados a plantaciones y laboratorios de semillas transgénicas. La agroquímica  argumentó que ANAMURI  solidarizó con las mujeres de Vía Campesina en Brasil que ocuparon una hacienda perteneciente a una papelera multinacional (Stora Enso). Por tanto,  presume que al conocer ANAMURI la ubicación de sus cultivos transgénicos, estos serán objeto de actos violentos. El Consejo consideró que ese es un riesgo remoto porque hasta ahora nadie ha reportado en Chile ninguna acción violenta contra cultivos transgénicos. Agrega la resolución: "Además debe reprocharse la presunción que hacen los terceros respecto de uno de los patrocinantes del amparo (ANAMURI), que ha declarado solidaridad con otros grupos que en el extranjero han cometido hechos ilícitos. Éstos no se han cometido en Chile y no puede fundamentarse la preocupación de los terceros en una declaración de principios que no se ha materializado", concluyendo que es tarea de las fuerzas policiales impedirlo.

Camila Montecinos,  de GRAIN expresó: "Monsanto debe explicar a qué se refiere cuando argumenta que dar a conocer la ubicación de los cultivos transgénicos tendría efectos en la salud. Nosotros sabemos que entre otros, los farmacultivos de Bayer y Monsanto son drogas que presentan un gran riesgo para la salud, generando posibles procesos de contaminación de  la producción agrícola alimentaria con genes tóxicos."

 

El Consejo sostuvo en los fundamentos de la resolución: "…mantener en reserva la ubicación de los lugares de cultivos transgénicos, no suministrará beneficios o ventajas.... Al contrario la publicidad de la información –dentro de un tema tan relevante como el medioambiental– proveerá, en opinión de este Consejo, un mayor beneficio para la sociedad y para el debate y la opinión pública". Cita asimismo similar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Corte Europea (febrero de 2009). En sus conclusiones, el Consejo para la Transparencia "declara que dicha información es pública y que, habiéndose rechazado todas las causales de secreto o reserva legales invocadas en el procedimiento, se procederá a acoger el amparo en esta parte. A mayor abundamiento, debe señalarse que el conocimiento de la información requerida permite el control social del procedimiento que utiliza el SAG para la internación y liberación en nuestro país de los OVM, así como para su fiscalización, existiendo un alto beneficio al revelar dicha información. En efecto, esto permitirá que el debate público sobre los transgénicos en Chile cuente con una mayor participación social. "

 

Carácter público de la información

 

Los fundamentos del fallo rechazan la argumentación empresarial que consideraba esta información como privada. La transnacional Monsanto, que concentra la producción y venta de semillas a nivel mundial, sostenía además que divulgar esta información afectaba la seguridad, la salud, los derechos comerciales, económicos  y de propiedad industrial de sus empresas. María Elena Rozas agregó que el fallo ha sido acogido como un gran logro, entre otras por organizaciones como la Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Biobio, la Asociación Gremial de Productores Orgánicos de Chiloé (Chiloé Orgánico) y la Red de Asociaciones de Consumidores Sur/Austral (Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Chiloé). Al encuentro con la prensa se sumó Osvaldo Zúñiga, dirigente de la central campesina Ranquil, afiliada a Vía Campesina. Zúñiga dijo que se oponen a la introducción de los transgénicos porque "se abre una cadena de contaminación que no para y continúa a través del aire. No confiamos en que se adopten los cuidados necesarios, este tipo de agricultura va en contra de la agricultura familiar, nosotros pedimos al Estado que apueste a favor de nosotros y nos apoye efectivamente".

 

Al otorgar el carácter de información pública a la información solicitada, el Consejo explica: "Se trata de un fundamento o documento que le sirve de sustento o complemento directo y esencial al acto administrativo de la autoridad. Por lo tanto, se estima que la información requerida sobre la ubicación exacta y el responsable de los cultivos y el acopio de semillas genéticamente modificadas es pública, en conformidad con el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución y el artículo 5° de la Ley de Transparencia".

 

Alianza por una Mejor Calidad de Vida/ Red de Acción en Plaguicidas de Chile  (RAP-Chile), integrada por:

 

-          Asociación Nacional de Mujeres Indígenas (ANAMURI)

-          Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)

-          Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

 

Contacto: María Elena Rozas   aplagui@rdc.cl, fono 02/ 3416742

 

Anexo: Más antecedentes sobre la Decisión del Consejo para la Transparencia

 

Fin del decreto de confidencialidad

 

El Consejo para la Transparencia refuta la legalidad de lo obrado por el SAG desde el segundo semestre de 2005 respecto del secreto de la información, recordando que el 26 de agosto de 2005 fueron derogadas todas las normas legales que delegaban a un reglamento interno institucional la calificación de secreto o reserva de la información. Cita asimismo el Dictamen N° 48.302/2007 de la Contraloría General de la República en el mismo sentido. Por ello, declara que la resolución del SAG que permite el secreto o confidencialidad de la información fue derogada tácitamente por el artículo 8° de la Constitución y resta validez al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago (2002) a favor del secreto, puesto que se dictó en un marco constitucional diferente al actual. Asimismo, estima que "no podría plantearse la teoría de una especie de derecho adquirido a la reserva (aducido por las empresas), pues de lo contrario el artículo 8º de la Constitución y la Ley de Transparencia tendrían una aplicación muy limitada".

 

Desechando el razonamiento de las transnacionales respecto a que la seguridad nacional estaría en peligro, la resolución señala: "No puede apreciarse que eventuales ataques a los cultivos y lugares de acopio de semillas transgénicas afectasen la seguridad de la Nación, aún si estos ataques eventualmente ocurrieran, ya que la causal invocada requiere que el riesgo de daño sea cierto y a nivel nacional, no sólo que pueda afectar a un número determinado de personas. En este punto, se debe recordar el principio de proporcionalidad al que ya se ha hecho referencia".

 

También se descarta el anunciado colapso de las transnacionales exportadoras de semillas, sobre la base que "la industria transgénica ha aumentado en forma significativa en nuestro país, ya que existe una política del gobierno que, aunque cautelosa, respeta y fomenta la experimentación de material genético, por lo tanto, es contradictorio pensar en dicho escenario que la industria semillera pueda colapsar con la entrega de la información requerida".

 

Además, el Consejo "no aprecia cómo el conocimiento de la información requerida pueda provocar un perjuicio al interés nacional, en especial en lo atingente a los intereses económicos o comerciales del país". 

 

¿Fiscaliza el SAG los cultivos transgénicos?

 

El fallo del Consejo abre una interrogante sobre el ejercicio real de la capacidad fiscalizadora del SAG respecto de los cultivos transgénicos. El SAG argumentó posible pérdida de confianza de las empresas en este servicio si revelaba la información entregada por ellas, ante lo cual el Consejo señaló que los particulares "están compelidos por la normativa vigente" en la materia a entregar la información requerida para poder realizar la actividad cuya autorización solicitan, y que el SAG además mantiene legalmente  potestad fiscalizadora sobre ellos. Es decir, la entrega de la información requerida al SAG es una exigencia obligatoria y no un acto voluntario. El Consejo comprobó además que las autorizaciones actuales omiten lo dispuesto por la resolución 1.523/2001 en cuanto a la inclusión de la ubicación exacta del sitio del cultivo en un mapa.

 

Para "mejor resolver" el amparo presentado por RAP-Chile, en abril de este año, directivos del Consejo de la Transparencia realizaron una visita técnica al SAG con participación de abogados y los especialistas de este servicio, Álvaro Sepúlveda y Gonzalo Pardo.

 

En dicha visita el Consejo pudo comprobar que el lugar de acopio es diverso a los lugares en que los transgénicos se cultivan. También pudo constatar que respecto a la autorización, el SAG centra su interés en los lugares de acopio, es decir, en la fase inicial que consiste en la evaluación de riesgo para autorizar la internación e introducción al ambiente de las  semillas transgénicas. Pero el mismo Consejo señala "como se puede apreciar la ubicación de los cultivos no es un tema relevante en el proceso de internación de un OVM (organismo vivo modificado) a Chile, sino más bien es importante a posteriori con el fin de que el SAG pueda fiscalizar la actividad especialmente en lo que se refiere a las medidas de mitigación". Esto se constata además en dos resoluciones exentas del SAG de 2008 (descargos de Monsanto) autorizando la internación de semilla de maíz transgénico con: entidad responsable, puerto de ingreso, país o países de origen, uso, productos autorizados, lugar exacto de acopio, código de los lugares de acopio autorizados y eventos genéticos autorizados. No figura allí la ubicación de los lugares donde se realizan las actividades agrícolas con transgénicos. El SAG informó al Consejo que a la fecha del proceso de evaluación de las peticiones de ingreso de transgénicos suele no estar definido el lugar exacto de la siembra, de modo que la empresa indica sólo su ubicación "aproximada" y superficie.

 

RAP-Chile infiere, por tanto, que al centrar el SAG su interés sólo en la fase inicial de autorización,  lo que ocurra posteriormente en los cultivos no es objeto de la misma atención. Ello afecta gravemente y en forma directa a los vecinos de cultivos transgénicos, que pueden ser productores agrícolas convencionales y/o agricultores orgánicos.

 

El Consejo para la Transparencia www.consejotransparencia.cl/  es presidido por Raúl Urrutia Ávila, quien aprobó la resolución junto a los consejeros presentes: Alejandro Ferreiro Yazigi, Roberto Guerrero Valenzuela y Juan Pablo Olmedo Bustos. La decisión sobre el amparo se puede bajar de su sitio web.

 

Avda. Providencia N° 365, depto. 41

Santiago de Chile

Fonofax: 56-2-3416742

Correo electrónico: aplagui@rdc.cl 

www.rap-al.org

www.rap-chile.com  

 

ONGs concuerdan con transparentar la entrega de fondos públicos

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, Acción ONGs.- ONGs concuerdan en añadir transparencia a la entrega de fondos, pero piden regular donaciones privadas.

 

La Asociación Nacional de ONGs ACCION señaló que está de acuerdo en que la entrega de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales se debe realizar en un marco de mayor transparencia. Esto, en relación a la petición que hicieron parlamentarios de la Alianza para crear una comisión investigadora que analizara la forma en que se entregaron estos dineros en el gobierno de Michelle Bachelet.

 

De esta manera, el presidente del organismo, Martín Pascual, criticó que el sistema de asignación de fondos sea discrecional, y apeló a la creación de un fondo de financiamiento para las organizaciones sociales que sea transparente y donde todas las agrupaciones no gubernamentales puedan participar.

 

El informe que denuncia las irregularidades fue elaborado por La Moneda y expuesto a algunos parlamentarios, entre ellos Gustavo Hasbún, quien solicitó la creación de la comisión. Según el texto, hay 2739 millones de pesos que no se han rendido y el 62% del presupuesto 2010 para este ítem se gastó antes del 11 de marzo, incluyendo 538 millones que se entregaron después del terremoto.

 

A pesar de estas cifras, Martín Pascual recalcó el rol que juega el Estado en la entrega de fondos para financiar a las organizaciones de la sociedad civil, calificándolo como fundamental, ya que es un aporte al desarrollo de la democracia. Asimismo, cree que no sólo se deben regular las donaciones públicas, sino que también las privadas, ya que están ligadas a la ley de donaciones, donde existe un descuento de los impuestos y por ende, se trata también de fondos de todos los chilenos.

 

En otro ámbito, la División de Organizaciones Sociales, que depende de la Secretaría General de Gobierno y que entrega diversos fondos a organizaciones, ya anunció la disminución de éstos para el próximo año, aunque no se sabe cuál será la magnitud de este cambio.

 

LOCALES

 

Ciudadanía valora rechazo de expansión de Santiago

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por Camila Navarrete, Radio Bio Bio.-Organizaciones ciudadanas valoran rechazo de expansión de Santiago en terrenos cultivables. Organizaciones ciudadanas valoraron rechazo de proyecto que buscaba convertir 10 mil hectáreas de tierras cultivables en suelos urbanos para expandir la ciudad.

 

Como algo positivo para el país, y no sólo para la Región Metropolitana, calificó el coordinador de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, el rechazo del proyecto del Ministerio de Vivienda que pretendía anexar 10 mil hectáreas de tierras cultivables de la periferia al Plano Regulador Metropolitano de Santiago, PRMS.

 

El abogado precisó que es positivo que el cuestionado proyecto no se lleve a cabo, porque así se evita que Santiago siga concentrando población. Puntualizó que a la fecha el 43% de los habitantes del país residen en la capital, y que a nivel mundial sólo Atenas y Lisboa superan a Santiago en concentración de población-país.

 

Precisó que lo que ahora se necesita, tras la derrota de los especuladores inmobiliarios y de las miradas cortoplacistas, es levantar políticas públicas responsables, sustentables en lo ambiental y en lo social, y relacionadas con la descentralización efectiva del país.

 

En relación a eso dijo que debe haber incentivos para que vivir y producir en regiones sea más barato y más liviano tributariamente hablando, que hacerlo en la Región Metropolitana.

 

Por su parte, el director de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, criticó la actitud del Intendente Metropolitano, Fernando Echeverría, quien habría hecho lobby en favor del proyecto antes de la votación del Consejo Regional que lo rechazó.

 

Herman agregó, en todo caso, que el rechazo se produjo gracias a que los consejeros regionales concertacionistas fueron capaces de hacer un mea culpa y reaccionar en favor de la ciudadanía, ya que el proyecto tenía su génesis en el gobierno de la ex presidenta Bachelet.

 

Llaman a Intendente a asumir derrota por fracaso del Plan Regulador

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, La Tercera.- Llaman a intendente a "asumir derrota" por fracaso en cambios al Plan Regulador de Santiago. El diputado Gabriel Silber calificó como "una tozudez" insistir en ampliar el radio urbano de Santiago en 10 mil nuevas hectáreas.

 

Luego de que el consejo del gobierno Regional Metropolitano rechazó la ampliación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), el intendente Fernando Echeverría, señaló que "como gobierno no vamos a dejar de lado a la gente más pobre, y trataremos de proveer los suelos necesarios para viviendas sociales" y por lo tanto, llamó a formar una mesa de trabajo para mejorar la actual propuesta y presentarla nuevamente.

Frente a estas declaraciones, el diputado DC Gabriel Silber -uno de los principales opositores a la medida-, calificó como "una tozudez" la postura de la autoridad "al no asumir la derrota que significó el no convencer al Core metropolitano, de ampliar el radio urbano de Santiago en 10 mil nuevas hectáreas".

Este es un proyecto que se presentó el año 2008, durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, y que ha estado en discusión durante los años posteriores, ya que, como mencionó el falangista, significa un cambio significativo a la geografía de la capital.

En este sentido, el parlamentario "denunció", lo que el considera como una "tramitación express", ya que el actual gobierno "en menos de tres meses y medio quiere tomar la decisión más importante en materia de ordenamiento territorial".

Asimismo explicó que las 10 mil nuevas hectáreas, que equivalen a la superficie que abarca la comuna de Las Condes, significa un crecimiento de a lo menos dos millones de habitantes para la capital, y eso, para una ciudad que está "completamente saturada, contaminada y con problemas de conexión", se traduce en problemas de transporte y accesibilidad para las zonas periféricas
.

 

Organizaciones ciudadanas desestiman crítica de Intendente tras rechazo

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, El Mostrador.- Organizaciones ciudadanas desestiman críticas de Echeverría tras rechazo a la expansión urbana de Santiago. El intendente había señalado que la decisión del CORE, que dejó sin efecto una propuesta del Ministerio de Vivienda, dejará la ciudad sin lugar para la construcción de viviendas sociales. "Lo que el intendente no dice es que ya hoy existe en el Plan Regulador una normativa que permite Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en tierras agrícolas y que obliga a incorporar vivienda social. Esta normativa, aprobada durante la época de Lagos, también fue obra del lobby inmobiliario", dijo al respecto el abogado Luis Mariano Rendón.

Dirigentes de organizaciones ciudadanas, al celebrar el rechazo a la propuesta de expansión urbana de Santiago sobre tierras agrícolas, calificaron de "hipocresía" las expresiones del intendente metropolitano, Fernando Echeverría, quien afirmó que que la decisión se traducirá en la falta de terrenos para viviendas sociales.

 

Luis Mariano Rendón, Coordinador de la agrupación "Acción Ecológica", dijo al respecto que "hemos visto llegar casi a las lágrimas al intendente Echeverría, al lamentarse por el hecho que el rechazo a la expansión urbana que resolviera el Consejo Regional, impediría contar con terrenos para viviendas sociales".

 

"Lo que el intendente no dice es que ya hoy existe en el Plan Regulador Metropolitano una normativa que permite Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en tierras agrícolas y que obliga a incorporar vivienda social. Esta normativa, aprobada durante la época de Lagos, también fue obra del lobby inmobiliario", dijo Rendón.

 

Por su parte, Patricio Herman, presidente de la Fundación"Defendamos la Ciudad, sugirió que "después de este grave traspié, quizás sería relevante que el intendente Echeverría volviese a tomar el mando de sus empresas inmobiliarias".

 

"Creemos que el intendente ha fracasado en lo que sin duda era su principal misión al hacerse cargo de la Intendencia por este breve período de 'servicio público', que el mismo fijó en un año. Quizás entonces, lo mejor sería que vuelva al mundo de sus empresas privadas y se dedique a responderle a sus clientes por los edificios colapsados por el último terremoto. Ellos, parecen tener bastantes cosas que plantearle al señor Echeverría", concluyó Herman.

 

Modificaciones al Plano Regulador Metropolitano

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por Alejandro Jiménez M. Vicepresidente de FEMUC.- Ante el rechazo del proyecto por parte del Consejo Regional Metropolitano, la Seremi Metropolitana de Vivienda, Marisol Rojas, dijo que "nos quedamos sin una propuesta para sustentar el crecimiento de la ciudad". Y que se proyecta que al 2030 Santiago crecerá en 1,6 millones de habitantes.

 

No entendió nada de nada.

 

Eso solo sucederá si se siguen proponiendo malas políticas públicas, como este proyecto, y entonces se seguirá encontrando con la comunidad organizada que ya no comulga con cualquier rueda de carreta y que rechazó este proyecto desde que fue presentado y dio una larguísima batalla para convencer a la mayoría de los Consejeros Regionales.

 

La verdad es que si se toma conciencia que Santiago está colapsado con los habitantes que tiene y que no habrá agua para sus habitantes en 47 años más, lo responsable es proponer políticas públicas que fomenten las actividades en las Regiones, de verdad, y que permitan que Santiago vaya decreciendo paulatinamente en habitantes hasta niveles vivibles y sustentables.

 

Este plan rechazado no era más que una continuación de ideas absurdas de sectorialistas sin visión de conjunto, como airear Santiago volando un par de ceros. Es necesario que se entienda que el desarrollo del país requiere que la gente viva dignamente y en lugares compatibles con el trabajo y la recreación y que hacia allí debe orientarse políticas públicas multisectoriales.

 

Alejandro Jiménez M.

Vicepresidente de FEMUC.

 

El rechazo del plano regulador metropolitano

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, editorial El Mostrador.-  La modificación del Plano Regulador Metropolitano de Santiago, rechazada la semana pasada por el Consejo Regional Metropolitano luego de tres años de tramitación, pareciera ser una iniciativa que nació muerta. Principalmente porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, ya al momento de enviar el proyecto al CORE, y durante todo el tiempo de su tramitación, fue incapaz de generar la confianza técnica y política de que la propuesta era la mejor decisión para el gobierno de la ciudad.

 

El proyecto, que implicaba cambios en el uso del suelo en diferentes comunas y la incorporación de 10 mil nuevas hectáreas al perímetro urbano, nunca concitó un acuerdo político definitivo, sino solo un acuerdo sobre la idea de legislar. Sus debilidades ambientales, la poca claridad en materia de infraestructura sanitaria y de servicios en las nuevas áreas, y un contenido definido de manera autoritaria por el MINVU, que dejó fuera la opinión de municipios y ciudadanos, pese a que había acuerdos de considerarlas, sellaron su destino.

 

Ya el 8 de septiembre de 2008, durante el gobierno de Michelle Bachelet, mediante Oficio Ordinario Nº 755, el  Consejo Regional Metropolitano, al responder la propuesta preliminar del MINVU, le manifestaba un conjunto de criterios consensuados por el organismo junto con una lista de observaciones hechas al tema por diversos municipios de la capital, a tener en consideración, y haciéndole ver que esto no implicaba aprobación anticipada.

Los numerales 3 y 4 de ese documento sostienen: "3.-…se recomienda a esa Secretaría tener en cuenta ambos antecedentes, previo a la materialización del expediente oficial que será enviado a trámite de aprobación …", y  "4.- Además, se comunica a Ud. que debido a que los criterios que se exponen más adelante, se han definido en base a antecedentes preliminares muy generales entregados y expuestos por esa Secretaría, los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial e Instrumentos de Planificación, han estimado conveniente manifestar por escrito, que en ningún caso este pronunciamiento previo significa la aceptación tácita de la propuesta de modificación PRMS analizada, reservándose la facultad de aprobar o rechazar el proyecto oficial."

 

Se requería por tanto, argumentos técnicos y transparencia para un buen proceso político consensuado. Incluso en la época se suscribió un Convenio de Programación entre el MINVU y el Gobierno Regional para aportar recursos financieros y permitir que terminara el trabajo en unos 16 planos reguladores comunales de la capital que estaban en proceso de cambio.

 

Parece casi imprescindible que el MINVU realice un estudio de impacto ambiental y entregue información fidedigna sobre la fragilidad sanitaria, condiciones de suelo, la habitabilidad y que simule lo más certeramente posible, los riesgos que se deben evitar.

 

Pero todo el proceso fue poco fluido. Recién el 16 de junio de 2010, mediante Oficio Ordinario 2366, la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, respondió formalmente al CORE, después que este organismo insistiera por escrito a fines de mayo, ante el cumplimiento de los plazos legales para adoptar una decisión.

 

Estos hechos parecen indicar que la disposición del MINVU a generar un proceso transparente y fundado no fue una preocupación principal. En las reuniones esporádicas sostenidas entre funcionarios de esa Secretaría Ministerial y la comisión respectiva del CORE, la propuesta iba variando sin que los criterios que fundamentaban los cambios quedaran suficientemente explicitados.

 

Es evidente que el gobierno de cualquier ciudad no puede estar sometido a la ambigüedad de un proceso decisorio de esta naturaleza. Menos aún si se trata de cambios en usos del suelo y la modificación del perímetro urbano en una ciudad como Santiago, saturada de problemas ambientales y déficit en sus servicios básicos.

 

El rechazo ha provocado la protesta de sectores que piensan que no se puede hipotecar  la expansión de la ciudad a futuro, y que la modificación pretendía era precisamente darle un aire de largo plazo a la ciudad, especialmente con suelo urbano destinado a viviendas sociales.

 

Sin embargo, si bien son argumentos muy atendibles, parece muy razonable pensar que la decisión puede revertirse si se atiende de manera seria aspectos relacionados con las  múltiples observaciones hechas por el Gobierno Regional desde el inicio del proceso. Particularmente dos: el tema ambiental y la transparencia respecto del cambio en el uso del suelo.

 

Parece casi imprescindible que el MINVU realice un estudio de impacto ambiental y no solo una declaración,  que entregue información fidedigna sobre la fragilidad sanitaria, las condiciones de suelo, la habitabilidad y otras de la ampliación propuesta. Y que simule lo más certeramente posible, los riesgos que se deben evitar, como inundaciones, falta de equipamientos de servicios y conectividad, o problemas ambientales.

 

En relación a la transparencia, y este caso no parecer ser una excepción, es necesario contar con una relación pública de los propietarios involucrados en los cambios de uso de suelo. Es decir los que se verán afectados o favorecidos por la determinación y la  mitigación o inversión que implique el cambio propuesto. Y por supuesto los criterios de la autoridad ministerial para decidir los cambios, particularmente si ellos son  controvertidos por los municipios donde se producen, o experimentan variaciones  durante el proceso de discusión y tramitación, sin fundamento aparente.

 

Carta destacada de la semana "Plan Regulador"

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por Carlos Guzmán, Plataforma Urbana.-  El tema de discusión de esta semana  fue el rechazo a la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. La carta que les mostramos a continuación presenta otra arista sobre este tema. Fue escrita por  Ricardo Abuauad a "El Mercurio" y publicada el viernes 2 de julio.

Señor Director:

 

Tras el rechazo por parte del Consejo Regional a las modificaciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) cabe sólo una conclusión: esto representa una gran oportunidad para que el Estado chileno inicie una reflexión debatida sobre el futuro de la capital (con una convocatoria por invitación, por ejemplo), para luego retomar las modificaciones del PRMS. Así, este gobierno podría pasar a la historia como el que supo entender el verdadero desafío que el Bicentenario supone.

 

Ricardo Abuauad
Director Escuela de Arquitectura
Universidad Diego Portales

 

Concejales afirman que existen alternativas para el desarrollo urbano de Santiago

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, El Mostrador.- Entre estas se encuentra el cierre del anillo orbital, la autopista Américo Vespucio oriente, entre otras. Un grupo de concejales de distintas comunas de la Región Metropolitana dijeron que existen alternativas que son claves para el desarrollo urbano de Santiago, las cuales no fueron analizadas por las autoridades que apresuraron la votación en el Consejo Regulador Metropolitano. La polémica se abrió luego que dicha instancia rechazó por 14 votos contra 12, la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que pretendía añadir cerca de 10 mil hectáreas de uso urbano al Gran Santiago.

Los concejales de Independencia Pilar Duran, Peñalolen Julio Abellerira; Santiago Ismael Calderon y La Reina Francisco Olea señalaron que "existen alternativas claves para el desarrollo urbano de la ciudad de Santiago que son, el cierre de la conectividad de Américo Vespucio Oriente y nuevas líneas del metro, la mantención y financiamiento para áreas verdes y frenar la segregación espacial deben ser enfrentadas de manera integral y con financiamiento prioritario".

 

Indicaron que estos temas debieron ser analizados por las autoridades antes de apresurar la votación para ampliar el límite urbano, la cual fue rechazada. Olea señalo que "para la ciudad de Santiago una condición indispensables sigue siendo el cierre del anillo orbital, la autopista Américo Vespucio oriente, que observa una inexplicable postergación. Asimismo, es necesario reconvertir paños sin uso y sectores industriales abandonados. La disponibilidad de 6 mil hectáreas sin ocupación pueden ser una alternativa de reciclaje urbano para viviendas sociales de estándar y calidad".

 

Finalmente, las autoridades comunales manifestaron que "las externalidades negativas que hubiese traído el proceso, tales como el incremento considerable en los tiempos de viaje, la segregación espacial y residencial y el impacto medio ambiental al ocupar suelos agrícolas, son una preocupación evidente".

 

Rechazo a las modificaciones del Plan Regulador Metropolitano: Las perspectivas detrás de la medida

 

Santiago, miércoles 7 de junio de 2010, por Felipe Álvarez, Plataforma Urbana.-  La polémica, surgida a partir del rechazo a las modificaciones al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), hace aparecer una serie de interrogantes en cuanto al futuro que le queremos dar a nuestras ciudades. Y es que orientar el crecimiento y desarrollo de Santiago durante los próximos años se transforma en una tarea ineludible para corregir conflictos y tendencias negativas que no se resuelven espontáneamente.

La oposición del Consejo Regional Metropolitano respecto a las modificacion del PRMS, que contemplaba la incorporación de aproximadamente 10 mil hectáreas de extensión urbana en la zona poniente, por 14 votos contra 12 hace entrever una variedad de perspectivas en cuanto a las formas de concebir el diseño y la planificación urbana.

 

Por un lado, algunos expertos vieron los cambios al PRMS como una solución concreta a los requerimientos demográficos y territoriales que tiene hoy el Gran Santiago. En estos términos, se señala que la ampliación del límite urbano hubiese dejado espacio, específicamente 6.520 has, para desarrollar nuevos proyectos a valores mucho más bajos, aparte de posibilitar la ampliación progresiva de áreas verdes al concebir 2.583 has exclusivamente para tales usos.

Las modificaciones hubiesen asegurado así la disponibilidad de suelo, de tal forma que no se produzcan aumentos en los precios por restricciones innecesarias de su oferta, o no se cuente con suelo suficiente para satisfacer la demanda habitacional.

 

Asimismo, se menciona que los objetivos que inspiraron el PRMS en 1994 no se han cumplido, ya que apostando por la densificación éste no ha sido capaz de contener el crecimiento horizontal de la ciudad. Por tanto, el hecho de que Santiago se haya extendido más allá de sus límites ha provocado que muchos sectores se urbanizaran sin contar con la conectividad ni la infraestructura necesaria.

 

En función de remover dicha situación se dice que el plan incorporaba el concepto de planificación por condiciones, predefiniendo una serie de requisitos que los proyectos deben cumplir de tal forma de asegurar la factibilidad y sustentabilidad de los nuevos territorios al mitigar sus externalidades.

En sentido contrario, algunos especialistas señalan que la decisión del Consejo fue muy beneficiosa, ya que las modificaciones respondían más a presiones inmobiliarias que a necesidades concretas de la ciudad. Estos apuntan a que la ampliación de los límites no se justifica por las externalidades que hubiese traído el proceso, tales como el incremento considerable en los tiempos de viaje, la exacerbación de la segregación y el impacto medio ambiental.

Además, se asegura que en términos de espacio urbano tampoco se explicaba la medida. La disponibilidad de 6 mil hectáreas sin ocupación y el despoblamiento de los sectores centrales de la ciudad, producto de los desplazamientos poblacionales desde el centro a la periferia, conllevan a que Santiago pueda absorber la demanda de áreas urbanas en los próximos años.

 

La aprobación del plan también fue puesto en duda en relación a la concentración de la población y la actividad económica, ya que nos encontramos con una ciudad en expansión que le resta posibilidades al país de un desarrollo más o menos equilibrado.

 

Pese a sus diferencias, las autoridades y expertos en la materia apuntan a que se hace fundamental modificar el PRMS, dado que la normativa vigente no se encuentra acorde con los procesos y transformaciones que vive hoy Santiago.

 

Más allá de la opinión que se haya tenido respecto a las modificaciones, lo cierto es que la ciudad se ha quedado sin una propuesta que sustente su crecimiento durante los próximos años. En este sentido, se hace necesario reflexionar y dar una visión en el largo plazo que sobrepase la discusión clásica que yace sobre la base de este asunto; Santiago ¿Ciudad dispersa o compacta?

 

 

NACIONALES

 

Contraloría: Sí a Ministerio de Medio Ambiente

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, Conama.- Contraloría dio luz verde al nuevo Ministerio del Medio Ambiente y Servicio de Evaluación Ambiental. Ministra Benítez señaló que a partir de la publicación del DFL en el Diario Oficial, existe un plazo de 60 días para tramitar el decreto que encasilla y traspasa los funcionarios de CONAMA al Ministerio del Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación ambiental.

María Ignacia Benítez, Ministra del Medioambiente

 

Dando cumplimiento a lo señalado al momento de asumir la cartera del Medio Ambiente, la Ministra María Ignacia Benítez informó que el Decreto con Fuerza de Ley que fija la planta de personal del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental, fue tomado de razón por la Contraloría General de la República.

 

Mostrando su conformidad por la toma de razón de la Contraloría, la Titular de Medio Ambiente destacó que se ha cumplido con el cronograma establecido, "con este importante paso concretamos nuestro desafío de tener un Ministerio del Medio Ambiente y las instituciones necesarias para la instalación de políticas públicas de largo plazo, las que irán de la mano con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el cuidado del medio ambiente".

 

Al referirse a este proceso, la Secretaria de Estado puntualizó que "este gobierno ha puesto énfasis en generar una institucionalidad ambiental que nos permita, en el año del bicentenario, contar con una institucionalidad ambiental flexible, eficiente, profesional y moderna, que nos posibilite enfrentar los desafío del mañana".

 

En tal sentido, la Ministra Benítez indicó que con esta institucionalidad "se creará un Ministerio encargado de las políticas y normativas ambientales; un Servicio de Evaluación responsable de la evaluación ambiental de los proyectos y de la administración del SEIA y una Superintendencia del Medio Ambiente, que estará orientada a fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental".

 

La Ministra Benítez realizó este anuncio al participar en un seminario sobre nueva institucionalidad ambiental organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez y el estudio Correa-Gubbins. En la ocasión, la titular del Medio Ambiente aseguró que uno de los principales desafíos que tendrá el nuevo ministerio será tecnificar la evaluación ambiental de los proyectos, "aumentar y mejorar la fiscalización y que el Ministerio del Medio Ambiente lidere la generación de políticas ambientales del país".

 

Finalmente, la Ministra Benítez informó que el siguiente paso es la publicación del DFL en el Diario Oficial, y a contar de esa fecha, se dispondrá de 60 días para el encasillamiento y traspaso de los funcionarios de CONAMA al Ministerio del Medio Ambiente y Servicio de Evaluación Ambiental.

 

Contraloría dio luz verde al nuevo Ministerio del Medio Ambiente

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, El Mostrador.- Como asimismo al Servicio de Evaluación Ambiental. Sólo falta la publicación del DFL en el Diario Oficial. La ministra María Ignacia Benítez informó que el Decreto con Fuerza de Ley que fija la planta de personal del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental, fue tomado de razón por la Contraloría General de la República.

 

Mostrando su conformidad por la toma de razón de la Contraloría, la titular de Medio Ambiente destacó que se ha cumplido con el cronograma establecido, "con este importante paso concretamos nuestro desafío de tener un Ministerio del Medio Ambiente y las instituciones necesarias para la instalación de políticas públicas de largo plazo, las que irán de la mano con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el cuidado del medio ambiente".

 

Al referirse a este proceso, la secretaria de Estado puntualizó que "este gobierno ha puesto énfasis en generar una institucionalidad ambiental que nos permita, en el año del bicentenario, contar con una institucionalidad ambiental flexible, eficiente, profesional y moderna, que nos posibilite enfrentar los desafío del mañana".

 

En tal sentido, la ministra Benítez indicó que con esta institucionalidad "se creará un Ministerio encargado de las políticas y normativas ambientales; un Servicio de Evaluación responsable de la evaluación ambiental de los proyectos y de la administración del SEIA y una Superintendencia del Medio Ambiente, que estará orientada a fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental".

 

La ministra Benítez realizó este anuncio al participar en un seminario sobre nueva institucionalidad ambiental organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez y el estudio Correa-Gubbins. En la ocasión, la titular del Medio Ambiente aseguró que uno de los principales desafíos que tendrá el nuevo ministerio será tecnificar la evaluación ambiental de los proyectos, "aumentar y mejorar la fiscalización y que el Ministerio del Medio Ambiente lidere la generación de políticas ambientales del país".

 

Finalmente, la ministra Benítez informó que el siguiente paso es la publicación del DFL en el Diario Oficial, y a contar de esa fecha, se dispondrá de 60 días para el encasillamiento y traspaso de los funcionarios de Conama al Ministerio del Medio Ambiente y Servicio de Evaluación Ambiental.

 

Nueva institucionalidad ambiental estará en operaciones dentro de los próximos 60 días

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, por Marco Gutiérrez V., El Mercurio.-- Ministerio y Servicio de Evaluación Ambiental recibieron ayer la autorización de la Contraloría: Nueva institucionalidad medioambiental estará en operaciones dentro de los próximos 60 días. Superintendencia está a la espera de visto bueno del ente contralor, mientras que el Tribunal Ambiental aún se encuentra en trámite en el Congreso.  

El Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental -dos órganos fundamentales de la nueva institucionalidad del sector- deberán estar implementados en unos 60 días, luego que ayer la Contraloría General de la República tomara razón del Decreto con Fuerza de Ley (DFL) que da vida a ambas entidades.

 

La ministra del ramo, María Ignacia Benítez, sostuvo que todavía está pendiente la autorización de la Contraloría a la Superintendencia del Medio Ambiente, servicio que este mes tendría a su director.

 

Explicó que la Superintendencia -órgano que fiscalizará los proyectos medioambientales y aplicará sanciones- puede comenzar sus funciones apenas tenga la aprobación del ente contralor y se publique en el Diario Oficial. Cuando eso suceda, sólo quedaría pendiente la creación del Tribunal Ambiental, que está en otro proyecto de ley que se tramita en el Congreso, pero que se encuentra ligado a esta reforma institucional y que podrá revisar los actos de los nuevos organismos.

 

Durante una exposición realizada ayer en la Universidad Adolfo Ibáñez, la ministra Benítez estimó que en agosto la discusión sobre este tribunal pasaría desde el Senado a la Cámara de Diputados, pero declinó señalar cuándo podría estar resuelto completamente el trámite parlamentario.

 

La Ley N° 20.417 -que crea el ministerio y los demás organismos- fue promulgada el 12 de enero de 2010 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet. La materialización de esta institucionalidad se esperaba para marzo, pero a días de haber asumido su cargo, Benítez retiró los DFL de la Contraloría para elaborar los organigramas de las nuevas entidades.

 

Junto con tener un ministerio que indique las políticas y regulaciones ambientales, con esta institucionalidad se espera tener un Servicio de Evaluación Ambiental más técnico, especialmente porque estará a cargo de la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), instancia en la que los inversionistas ingresan los estudios o declaraciones de impacto de sus proyectos, los cuales se ven sometidos a la participación ciudadana.

 

En el SEIA se regularán ahora los cambios sustantivos de los proyectos durante su evaluación, lo que, en teoría, antes no era aceptable, pero sucedía igual. Al realizarse modificaciones, se debe abrir una nueva etapa de participación ciudadana y se suspende la tramitación.

 

Datos

 

$ 4.467 millones (10 mil UTA) será la máxima sanción económica. 3 a 5 miembros tendrá el Tribunal Ambiental. 10 seremis tendrá la comisión de evaluación que preside el intendente.

 

Casa de la Paz publica su Reporte de Sustentabilidad 2009 en la Web

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, Casa de la Paz.- El documento, que invita a conocer los principales avances de la gestión interna y externa de la Fundación durante el año, está disponible en www.ecoeduca.cl/reporte2009/.

 

"La audacia de Casa de la Paz de publicar su Reporte de Sustentabilidad por tercer año consecutivo la coloca a la vanguardia de las organizaciones a nivel internacional y constituye un audaz ejercicio de transparencia que nos debe servir de ejemplo. Son pocas las organizaciones que se atreven a crear un instrumento de este tipo, que va más allá de una memoria institucional y demuestra un compromiso hacia la sociedad civil", afirmó Jorge Razeto, Presidente de Ciem Aconcagua, durante el lanzamiento del Reporte de Sustentabilidad 2009 de Casa de la Paz.

 

Igualmente valoraron la iniciativa el Gobernador de la Provincia de San Felipe, Rodolfo Silva, y el Alcalde de la comuna de Santa María, Claudio Zurita, entre otras autoridades asistentes a un acto realizado el pasado 24 de junio en la Escuela David del Curto Libera de Santa Filomena.

 

El Reporte de Sustentabilidad que la fundación elabora por tercer año consecutivo da cuenta de lo realizado durante el 2009 lo que permite revisar avances y logros, identificar oportunidades de mejoramiento y definir los compromisos para 2010. De esta forma, el documento se convierte en un mapa de ruta para Casa de la Paz.

 

En el proceso de mirarse como institución,  escuchó a sus grupos de interés y dialogó con ellos para definir lo más destacable del la gestión 2009 de Casa de la Paz. Empresas como Phillips, Anglo American y Chilectra, organismos como la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), dirigentes sociales y recolectores, expertos en materia de responsabilidad social empresarial (RSE), los profesionales que trabajan en la institución y miembros del directorio, participaron en la elaboración del Reporte de Sustentabilidad.

 

El documento informa sobre el desempeño de esta institución en sus dos áreas de trabajo: Gestión Ambiental Participativa y Convivencia Sustentable.

Clasificación de material recolectado

 

Durante 2009, se ejecutaron 18 proyectos dentro de  Gestión Ambiental Participativa. Sus líneas de acción incluyeron programas de reciclaje, educación ambiental para diferentes comunidades, implementación de puntos limpios, elaboración de material educativo, planes de difusión, iniciativas en materia de turismo sustentable, programas de eficiencia energética, mejoramiento de espacios naturales y urbanos, y trabajo de voluntariado corporativo.

 

En tanto, en el área de Convivencia Sustentable se implementaron 12 proyectos en 2009. Las líneas de trabajo en este caso contemplaron el desarrollo de políticas, planes y programas de relacionamiento entre empresas y comunidades; procesos de participación ciudadana; espacios de resolución alternativa de conflictos socio ambientales; estudios de impacto social de actividades productivas; y capacitaciones a empresas y comunidades.

 

Con todo esto, durante el año se realizó una labor socio-ambiental en ocho regiones del país, se trabajó en coordinación con 26 municipios, se capacitó a aproximadamente 3.444 personas en más de 435 talleres, se implementaron 14 puntos limpios y, entre otras cosas, se participó en 38 mesas de trabajo.

Inauguración de proyecto ambiental en jardín Ave Fénix

 

Dentro de  las principales metas para el 2010 está contemplado aplicar una autoevaluación de los integrantes del Directorio y generar un plan de acción para intensificar su involucramiento con la institución; reforzar el programa de capacitación del equipo interno, especialmente en material de resolución de conflictos; explicitar códigos éticos que permitan discriminar con qué empresas trabajar y en qué condiciones poner término a un contrato de asesoría; e identificar  ámbitos de riesgo y desarrollar un plan de acción.

 

"Presentar el Reporte de Sustentabilidad es una demostración de transparencia y de nuestra convicción de avanzar hacia el mejoramiento de nuestra operación, así como de aumentar nuestro impacto social", explica Ximena Abogabir, Presidenta de Casa de la Paz.

Inauguración punto limpio en jardín infantil campanita

 

Quienes quieran conocer el Reporte de Sustentabilidad 2009, pueden revisar el contenido completo en  www.ecoeduca.cl/reporte2009/.

 

Energía entrega informe a Piñera para acelerar trámite de proyectos energéticos

 

Santiago, martes 6 de julio de 2010, La Segunda.- "No nos podemos permitir que por los plazos de aprobación se dejen de hacer proyectos tremendamente importantes", dijo el ministro Raineri. El ministerio de Energía entregó hace unos días al Presidente Sebastián Piñera un completo estudio sobre los plazos que hoy deben cumplir los proyectos eléctricos para su aprobación y realización.

En total, son 59 los permisos que se aplican en promedio a los proyectos de generación y transmisión de energía, indicó el ministro del sector, Ricardo Raineri, al explicar algunos antecedentes del análisis en el seminario Apemec, que agrupa a centrales mini-hidroeléctricas.

Del total de procesos, 22 tienen relación con organismos del Estado, que van desde los municipios hasta el gobierno central. Otros 39 se tramitan fuera o en forma posterior al ingreso de estos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que busca medir los alcances que tendrán en el medio ambiente y mitigarlos.

Raineri sostuvo que existen "tiempos promedio críticos" en algunos de los procesos que debe seguir una empresa para obtener arriendo de terrenos fiscales, los que demoran unos 700 días. El mismo plazo tarda obtener una concesión marítima.

En cuanto a derechos de aprovechamiento de aguas y los permisos para construir obras hidráulicas, éstos demoran unos 500 días. Las concesiones geotérmicas, labor que ahora pasó al ministerio de Energía, tardan 400 días.

"Vimos los lomos de toro y las dificultades que se enfrentan al desarrollar proyectos energéticos", dijo Raineri, al explicar el informe que se inició durante la administración del ex ministro Marcelo Tokman y siguió desarrollándose con el nuevo gobierno, agregando que buscarán "perfeccionar el marco regulatorio de este sector para agilizar la aprobación de los proyectos".

El ministro agregó que junto a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de Electricidad están trabajando para bajar los plazos de los permisos que competen a su cartera. "Queremos agilizar la normativa de concesiones eléctricas, que permitiría disminuir los tiempos de tramitación a la mitad", adelantó, indicando que podrían requerirse algunas normativas y algún proyecto de ley para agilizar ciertos trámites, con resguardo al Medio Ambiente. También buscarán conversar con otros ministerios.

"Es una preocupación muy grande el contar con un sistema más ágil. Porque los proyectos tienen un momento para desarrollarse, y no nos podemos permitir que por los plazos de aprobación se dejen de hacer proyectos que son tremendamente importantes para el desarrollo energético del país", manifestó.

Rodrigo Castillo, director del gremio Empresas Eléctricas, señala que han manifestado su preocupación por el tema al gobierno, entregando sus propios análisis. "Es urgente hacer mejoras, porque la situación puede volverse crítica en el caso de los plazos para los proyectos de transmisión eléctrica, que se demoran años. No pedimos que haya cambios en las normas ni menos rigurosidad con el medio ambiente, sino que los procesos sean más ágiles, que no haya burocracia y que se aprovechen los sistemas digitales, mejoras al sistema en general".

Ambientalistas ven medida con preocupación

Sara Larraín, directora del Chile Sustentable, afirma que es "muy bueno que el gobierno haga un estudio para revisar el marco regulatorio", pero agrega que más del 90% de las demoras en aprobaciones de proyectos eléctricos "son culpa de las empresas, que presentan estudios de impacto ambiental mal hechos, o que piden permisos y luego cambian el lugar de captación de agua y requieren nuevos derechos de agua".

Agrega que en el caso de la paralización de la central termoeléctrica Campiche, por ejemplo, "las demoras van de la mano con irregularidades que se comenten al principio del proceso, cuando se aprueba la construcción en una zona destinada a áreas verdes, y luego la Corte Suprema paraliza el proceso. Pero ese no es un problema de las autoridades, sino de las empresas".

 

Gobierno apuesta por agilización de proyectos en materia energética

 

Santiago, martes 6 de julio de 2010, La Segunda.- Según el ministro de la cartera, Ricardo Raineri, actualmente existen al menos 59 permisos aplicables a iniciativas de generación y transmisión eléctrica, los que involucran a 22 órganos del Estado desde Municipios hasta nivel Central.

 

El ministro de Energía, Ricardo Raineri, dio a conocer este martes un estudio realizado por su cartera, en donde se identifican las trabas que enfrentan actualmente  los proyectos energéticos.

El propósito de esta medida fue identificar los puntos que hay que  modificar para permitir una mayor agilización de estos.

"El análisis busca también identificar las áreas de marco regulatorio que será necesario perfeccionar para potenciar el desarrollo del sector. Este tema lo estamos trabajando con sentido de urgencia, resguardando siempre el cuidado del medio ambiente y respetando la ley", señaló.

Además agregó, "desde que asumimos el 11 de marzo hemos estado trabajando con la  Comisión Nacional de Energía (CNE) y  la Superintendecia de Electricidad y Combustibles  (SEC), para agilizar aquellos trámites, permisos o concesiones que dependan del Ministerio", dijo Raineri.

Según él, actualmente existen al menos 59 permisos aplicables a proyectos de generación y transmisión eléctrica, los que involucran a 22 órganos del Estado desde Municipios hasta nivel Central.

Los proyectos son de toda índole: Concesiones, Regulación de Aguas, Flora y Fauna,  Patrimonio y Pueblos, Sanitarios, Seguridad y Urbanísticos. Los que comúnmente carecen de expedientes, procesos de admisibilidad y guías técnicas.

Los tiempos de tramitación promedio críticos son: compras o arriendos de bienes fiscales 700 días, concesiones marítimas  600 días, derechos de aprovechamiento de aguas  500 días, permisos de obras hidráulicas  500 días, concesiones geotérmicas 400 días y el resto de los permisos tienen tiempos de tramitación inferiores a 300 días.

"También hay aspectos que no dependen del Ministerio, pero esas cosas obviamente que nosotros las vamos a conversar con las carteras sectoriales respectivas para ver como podemos obtener su apoyo para acelerar la tramitación y aprobación de las iniciativas", concluyó Raineri.

 

Royalty pertenece a las zonas mineras

 

Valparaíso, miércoles 7 de julio de 2010, Cámara de Diputados.- "El royalty pertenece a las zonas mineras y no podemos permitir que otros países se lleven el impuesto"

Así lo afirmaron los diputados Carmona y Robles de la Región de Atacama, quienes sostienen que las empresas mineras deben responsabilizarse del impacto que provocan a las zonas donde están emplazadas, siendo el impuesto específico una manera de compensación.

 

Los diputados Lautaro Carmona (PC) y Alberto Robles (PRSD) en conferencia de prensa insistieron en la importancia de no olvidar que el Royalty o impuesto específico a la minería, son recursos que deben proveer a las zonas mineras de entradas que permitan su desarrollo y crecimiento.

"Se planteó abiertamente en la Sala, le dijimos al Ministro y en la Comisión de Minería la importancia de discutir el tema del Royalty. Lo del terremoto no sólo movió las casas, movió temas que parecían indiscutibles, los cuales no se podían tocar", indicó el diputado Carmona.

"El tema royalty es un tema aparte que no hay que vincularlo como una de las entradas de ingreso para la reconstrucción, porque es demasiada la concesión y es necesario que hablemos de un royalty que llegue al 10 %, y que un porcentaje sustantivo quede en las comunas mineras que son las que luego hacen el acto ecológico, ambiental y de enfermedades laborales, respecto a lo que son las consecuencias de explotación de recursos no renovables", afirmó el representante del distrito 5 de la Región de Atacama.

"Lo más increíble es que hoy en Canadá o Australia se están planteando un Royalty a las mineras que no pagan impuesto en Chile, es casi el mundo al revés. El que Chile se entregue pierde soberanía económica", afirmó el parlamentario.

Por otro lado, el diputado PC comentó de la importancia de la participación de la presencia en la discusión de la directiva de la Asociación Nacional de Municipios Mineros.

"102 municipios tienen plena conciencia de que esto es un golpe contra las empresas de Chile y una coincidencia altísima con las proposiciones hechas desde la oposición y contra la formulación que está haciendo el gobierno, entonces, hay un cable a tierra con la gente que está más próxima a los trabajadores y a los yacimientos y que son los que tienen que seguir luchando", señaló Carmona.

Por su parte, el Diputado Alberto Robles (PRSD) señaló que "es preocupante que los diputados del norte de la derecha hipotequen todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las regiones nortinas en aras de US $700.000 millones de dólares que la verdad no son nada comparado con los recursos que se pueden sacar de otros lados".

Ambos diputados concordaron en la importancia de que la opinión pública se mantenga informada del tema, porque este es un problema de todas las regiones que sufren de la explotación de recursos no renovables.

 

Ciudadanía rechaza explotación de carbón a tajo abierto en isla Riesco

 

Santiago, miércoles 7 de julio de 2010, La Prensa Austral.- Entidades tanto nacionales como extranjeras emitieron declaración pública. Organizaciones no gubernamentales rechazan explotación de carbón a tajo abierto en isla Riesco. Demandaron a las autoridades que se detenga durante al menos cuatro años la evaluación de proyectos en curso y futuros para la extracción de carbón, prohibiendo las explotaciones.

 

 

Un conjunto de organizaciones medio ambientales y ciudadanas tanto nacionales como extranjeras expresó su más enérgico rechazo a la explotación de carbón a tajo abierto en isla Riesco, cuyo proyecto es impulsado por la minera del mismo nombre.


A través de una declaración pública, las ONG's plantearon que "este tipo de explotaciones no constituyen aportes significativos al desarrollo socioeconómico del país ni de las regiones", considerando además que "a nivel nacional, el mayor costo ambiental se deriva del incremento en la emisión de CO2 por el uso del carbón en la generación eléctrica".


Sobre esto último, recordaron que "recientemente el gobierno de Sebastián Piñera ratificó su objetivo de impulsar un poderoso plan que permita que el año 2020, el 20% de nuestra matriz de generación eléctrica provenga de energía renovable no convencional, ERNC, lo que supone una posición proclive a reducir las emisiones contaminantes que no se condice con el apoyo al uso de carbón".


Prohibir explotación


Por ello, demandaron a las autoridades que se detenga "durante al menos cuatro años la evaluación de proyectos en curso y futuros para la extracción de carbón, prohibiendo las explotaciones a rajo abierto" y que en ese período se legisle sobre el tema.


También solicitaron que se dé prioridad "a los estudios sobre estrategias y políticas de desarrollo de las regiones altamente dependientes de  recursos naturales, incluidas sus evaluaciones ambientales estratégicas, con el propósito de actualizar las estrategias de desarrollo regional y de diseñar planes de ordenamiento territorial ambiental".


Por último advierten que "de prosperar los proyectos de explotación de carbón a rajo abierto, las empresas productoras se encontrarán con la férrea oposición de las organizaciones nacionales y  extranjeras para impedir su uso tanto en territorio nacional como en los países que traten de importar este producto".


La declaración pública fue suscrita por 55 organizaciones ambientales y ciudadanas y 21 entidades extranjeras. Entre las ONG's firmantes se cuentan el Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena, el Comité  Pro Defensa de la Fauna y de la Flora (CODEFF), Ecocéanos, las fundaciones Pumalín y Terram, el Instituto de Ecología Política (INP), Océana, el Programa Chile Sustentable y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), entre otras entidades nacionales y del extranjero.

 

Encuentro binacional  Chile – Argentina: Causas y Cauces Comunes, Los Andes sin Minería de Frontera

 

Valle del Huasco, miércoles 7 de julio de 2010, OLCA.- Valle del Huasco, Región de Atacama Chile. 14 y 15 de julio de 2010. La expansión de la minería encuentra hoy su culmine  en los territorios de fronteras, constituyéndose como el último obstáculo que tenían las empresas mineras transnacionales: los estados.

 

El modelo experimental desarrollado en Chile y Argentina a través del Tratado Minero Binacional, encuentra hoy el inicio de su aplicación con la construcción del proyecto Pascua Lama, pero además experimenta la replicación del modelo en otras fronteras latinoamericanas. Un grupo de organizaciones y comunidades de diferentes países de América latina, agrupados en el Observatorio Latinoamericano de Conflicto Mineros - OCMAL, preocupados por esta situación han iniciado la coordinación entre las comunidades afectadas o sujetas a este tipo de emprendimientos mineros.

 

Es así como nacen los encuentros binacionales de Minería Transfronteriza en los territorios limítrofes de Perú-Ecuador, Bolivia – Brasil y Chile-Argentina, espacio al que queremos invitarlos e invitarlas.

 

Creemos necesario analizar la situación que enfrentan nuestras comunidades con la minería de frontera, queremos trabajar en conjunto, aunar fuerzas y compartir las experiencias de lucha que hemos dado en años de resistencia.

Es por esto, que queremos abrir la discusión en las distintas organizaciones que sufren las consecuencias de este modelo expansivo con el sentido de fortalecer a las organizaciones Chilenas y Argentinas y su coordinación, aumentando así las redes de apoyo y propiciando un diálogo abierto y horizontal, discutiendo los alcances de la "resistencia comunitaria", para, a su vez, contribuir y solidarizar con las comunidades y territorios que hoy se ven enfrentados a esta problemática: la minería de frontera.

 

Convocan

 

·         Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA

·         Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros OCMAL

·         Fundación Cullunche - Mendoza, Argentina

·         Consejo de Defensa del Valle del Huasco

·         Coordinadora contra Pascua Lama Santiago

·         Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social – RAJAS

·         Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo. Argentina

 

·         Pastoral Salvaguarda de la Creación - Alto del Carmen

 

Programa Tentativo

 

Miércoles 14

Actividad abierta de inauguración en Vallenar

Jueves 15

Taller binacional de Minería Transfronteriza

Viernes 16

Participación en Fiesta Tradicional  Religiosa de la Virgen del Carmen

Intercambio entre comunidades de Alto del Carmen (Valle del Huasco) y de Argentina

Sábado 17

Intercambio entre comunidades de Alto del Carmen (Valle del Huasco) y de Argentina

 

 

GLOBALES

 

El huracán Alex se fue pero Monterey sigue sufriéndolo

 

Monterrey. México, miércoles 7 de julio de 2010, por Inma Gil, BBC.- No hubo calma después de la tormenta. Cuatro días después del paso del huracán Alex por el norteño estado mexicano de Nuevo León, más de 160.000 personas subsisten sin agua potable en Monterrey.

Las autoridades organizaron repartos de agua en las zonas afectadas. Además, sigue aumentando el número de muertos: a medida que se retiran los escombros y bajan las aguas de los ríos afloran cuerpos de desaparecidos. La Dirección de Protección Civil del estado neoleonés le confirmó a BBC Mundo que hasta ahora hay 10 víctimas fatales, pero no descartan que esa cifra pueda aumentar en las próximas horas.

 

Las compras de pánico en los supermercados y la especulación con garrafones de agua son algunas de las consecuencias de Alex. Los medios locales informan que las botellas están vendiéndose por más de tres veces su valor normal. Y eso donde aún quedan. En muchos establecimientos los garrafones están agotados.

 

Mientras, las autoridades trabajan para tratar de restablecer el abastecimiento de agua, pero el director general del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, Emilio Rangel, lamentó que los daños provocados por Alex fueran de "magnitudes inesperadas".

 

Consecuencias económicas

 

Otro problema clave al que se enfrentan los regiomontanos son los graves daños a las avenidas y calles de la ciudad. El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón, dijo que podría tomar hasta tres meses rehabilitar las vías principales de la capital de Nuevo León.

 

Monterrey quedó colapsada por el fenómeno más fuerte de su historia, Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León

 

Las autoridades temen además un potencial problema de desabastecimiento, que podría tener importantes consecuencias económicas para la ciudad.

 

Por otro lado, ante los daños a los centros educativos, el gobierno dio por concluido el ciclo escolar. Alex había dejado ya 12 muertos en Centroamérica cuando tocó tierra en México la semana pasada. Aunque se debilitó a su paso por la península de Yucatán cobró fuerza después mientras avanzaba hacia el norte del país.

 

Fue en los estados de Tamaulipas y Nuevo León donde causó mayores estragos, sobre todo el viernes en Monterrey, una ciudad de 3,8 millones de habitantes que quedó "colapsada por el fenómeno más fuerte de su historia", en palabras del propio gobernador neoleonés Rodrigo Medina.

 

Las lluvias ocasionaron el desbordamiento de ríos, destruyeron carreteras y casas y arrastraron decenas de automóviles. Los medios locales reportan que las pérdidas materiales que el huracán Alex dejó en Nuevo León rondan los US$ 800 millones.

 

Peligro de infecciones

 

En muchos de los lugares donde sí tienen agua corriente, ésta está sucia y embarrada o contiene restos sólidos en suspensión.

Los medios locales calculan que las pérdidas materiales rondan los US$800 millones. Por eso, la Secretaría de Salud de Nuevo León anunció el lunes que distribuirían durante los próximos días unos 100.000 frascos de desinfectante de agua y alimentos, para tratar de paliar la propagación de enfermedades gastrointestinales.

 

El Secretario de Salud del estado, Jesús Zacarías Villarreal Pérez, dijo que el riesgo a corto plazo es el dengue y subrayó la importancia de poner desinfectante en cualquier contenedor que se utilice y de filtrar y hervir el agua que sea para consumo humano.

 

Entre tanto, las autoridades locales trabajan para restablecer las vías de comunicación cortadas a causa de las inundaciones. Varias carreteras y puentes quedaron gravemente dañados por el torrente de agua.  Los diputados federales de Nuevo León están tratando de agilizar el acceso a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) de México.

 

Riesgo con"Bonnie'"

 

Una nueva amenaza meteorológica pesa sobre Nuevo León y Tamaulipas. La de esta semana podría llamarse "Bonnie" y por el momento parece formarse en el Caribe, frente a las costas de Nicaragua.

 

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con base en Miami, hay una "gran probabilidad" de que ese sistema meteorológico se convierta en la segunda tormenta tropical de esta temporada de huracanes en el Atlántico.

 

Los expertos temen que pueda seguir la misma trayectoria que su antecesor, dado que las condiciones meteorológicas en la región son similares a las de la semana pasada. Las próximas 48 horas serán clave para determinar si efectivamente esa amenaza se transforma en una realidad, informó el Centro Nacional de Huracanes.

 

Derrame: El crudo llegó a Texas

 

Texas, EEUU, miércoles 7 de julio de 2010, BBC.- Las autoridades de Estados Unidos informaron que el crudo procedente del derrame en el Golfo de México llegó a las costas de Texas, el único de los cinco estados de la zona que hasta ahora no había sido afectado.

La guardia costera recuperó 20 litros de bolas de alquitrán en la costa de Galveston, Texas. Los análisis de las bolas de alquitrán que se encontraron cerca de la localidad de Galveston confirmaron el lunes que procedían de la fuga en la plataforma Deepwater Horizon.

 

Además de Texas, parte de la costas de Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida ha resultado contaminadas por el vertido. "Me alarma saber que estos restos proceden de Deepwater Horizon", declaró a la prensa el alcalde de Galveston, Joe Jaworski.

 

Mil kilómetros

 

Me alarma saber que estos restos proceden de Deepwater Horizon, Joe Jaworski, alcalde de Galveston

 

La cantidad descubierta es diminuta si se compara con la que ha cubierto las playas de otros estados.

La guardia costera dijo que han recolectado 20 litros de bolas de alquitrán en la península Bolívar, en el noreste de Galveston. La distancia entre esta localidad, el punto más occidental afectado por el derrame y las zonas contaminadas más al oriente, en Florida, es de unos 885 kilómetros.

 

La noticia se produce en momentos en que las tareas de limpieza se han visto obstaculizadas por el mal tiempo.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que un sistema de baja presión con fuertes vientos en el sureste del Golfo de México podría fortalecerse y convertirse en una tormenta tropical en algún momento de esta semana.

 

Revelan altísimos niveles tóxicos en Golfo de México por derrame de crudo

 

Ciudad de México, México, miércoles 7 de julio de 2010, por Guillermo Alvarado, Radio Habana Cuba.- Diversos estudios científicos revelaron que el vertido de millones de barriles de petróleo en las aguas del Golfo de México, tras la explosión hace más de dos meses de una plataforma de la British Petróleum, está causando niveles sin precedentes de toxicidad que podrían convertir a esa rica área de biodiversidad en una zona muerta en un plazo muy corto de tiempo.

 

Aparte del contenido del crudo, en el cual abundan elementos agresivos para la vida, del lecho marítimo brotan gases muy peligrosos, como el metano, el sulfuro de hidrógeno y el cloruro de metileno, por mencionar sólo algunos de los más dañinos.

 

El efecto del sulfuro de hidrógeno es similar al del monóxido de carbono: dificulta la captación de oxígeno y puede causar la asfixia celular y la muerte en condiciones de alta concentración. En cuanto al cloruro de metileno, se sabe que causa daños en el hígado, la piel y es un activo agente cancerígeno.

 

Según el profesor de la Universidad de Texas, John Kessler, se detectó en la zona del derrame la presencia de metano de hasta un millón de veces superior a lo normal.

 

Este gas reduce la cantidad de oxígeno en el agua y de llegar a un punto crítico los peces, crustáceos, algas y otros seres vivos comenzarán a morir en masa y un área de unas 200 millas alrededor del punto del desastre quedará prácticamente esterilizada durante años.

 

Organizaciones ecologistas denunciaron que la British Petróleum está utilizando un producto químico para dispersar el hidrocarburo llamado Corexit 9 mil 500, el cual al mezclarse con el vapor de las aguas del golfo podría formar nubes que representen un peligro para las plantas y animales.

 

Aunque NO se ha logrado establecer una conexión entre el desastre del golfo y las lluvias ácidas registradas recientemente en Tennessee, varios expertos recuerdan que una buena parte de las precipitaciones pluviales tienen su origen en la evaporación del agua del mar. Una contaminación como la que está ocurriendo en el Golfo de México podría generar a su vez una catástrofe agrícola y alimenticia en tierra firme.

 

La utilización masiva del dispersante tiene, además, otro efecto y es que mantiene el petróleo en la profundidad, evitando que salga a la superficie, lo que dificulta medir con exactitud la cantidad vertida y ayuda a disimular los efectos reales.

 

Sin embargo, todo lo que se echa al mar en cantidades grandes, tarde o temprano llega a las costas, por lo que la mancha en su totalidad inevitablemente contaminará las playas y las áreas pesqueras.

 

Lo peor del caso es que hasta hoy todas las tentativas para cerrar la brecha fracasaron y la llegada de la temporada ciclónica entorpece las tareas de limpieza en la superficie, como lo demostró Alex, el primer huracán del Atlántico.

Ya no es exagerado hablar de que estamos a las puertas de un ecocidio de consecuencias inimaginables, que debiera motivarnos a cambiar las reglas del juego en cuanto a la utilización de combustibles fósiles como motor de la industria y base del estado de bienestar en la sociedad.

 

Como se ha dicho reiteradas veces, la humanidad NO tiene plan B si colapsa la naturaleza. No hay a donde ir, ni como esconderse y, sin embargo, mucho de lo que se hace, pareciera tener la intención de acelerar el final de todos por igual, de los culpables y de los inocentes, si los hay.

 

EEUU: Centrales de energía reducirán emisiones de gases contaminantes

 

Washington, EEUU, miércoles 7 de julio de 2010, La Tercera.- EE.UU. ordena a centrales de energía reducir emisiones de gases contaminantes. El Gobierno de Estados Unidos emitió hoy una norma que obliga a las centrales generadoras de energía a reducir drásticamente las emisiones de algunos gases contaminantes, con el objetivo de mejorar la salud de los ciudadanos.

La normativa afecta a 31 estados del centro y este de Estados Unidos, incluida la capital, y tiene como propósito limitar la polución que sale de las chimeneas de las plantas, en particular de las que usan carbón para crear electricidad.  La Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) colocó como meta una reducción del 52 por ciento en las emisiones de óxido de nitrógeno y del 71 por ciento de dióxido sulfúrico para 2014. 

 

Con esta medida se evitarán un máximo de 36.000 muertes prematuras, 23.000 ataques al corazón y 1,9 millones de días de trabajo o escuela perdidos debido a los efectos de la contaminación, según la EPA.  Además, con ello, el país se ahorrará 120.000 millones de dólares en gastos de salud al año, una cantidad que compensa con creces los 2.800 millones por año que le costará a las empresas cumplir con la nueva normativa, de acuerdo con esa agencia. 

 

"Esta norma está diseñada para cortar la polución que se extiende por cientos de millas y tiene impactos negativos enormes sobre millones de estadounidenses", dijo la jefa de la EPA, Lisa Jackson, en un comunicado.  La EPA elaboró la nueva regla en respuesta a una decisión de un tribunal de apelación de Washington, que determinó que el Gobierno anterior, presidido por George W. Bush, no había mantenido normas aceptables de calidad del aire y ordenó a la agencia diseñarlas. 

 

Antes de entrar en vigor, la normativa pasará por un período de 60 días de comentarios públicos.  Pero su aplicación se podría retrasar si grupos empresariales perjudicados presentan demandas en los tribunales, como han hecho en el pasado tras la publicación de reglas que también limitaban las emisiones

 

Se autoriza la copia, distribución y uso de los contenidos publicados en el BOLETÍN GAL, siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales, se reconozca la autoría y se identifique explícitamente a la fuente. Las opiniones vertidas por otras fuentes, visitantes o colaboradores en esta publicación no necesariamente reflejan los puntos de vista del BOLETÍN GAL. Esta publicación no es spam y se envía bajo los Artículos 2 y 4 de la Ley 19.628 de la República de Chile y de acuerdo a la nueva Ley del Consumidor Nº 19.496 y su modificación Nº 19.955 del 2004, en su Artículo 28b, donde regula el envío de correos electrónicos ("Toda comunicación promocional o publicitaria enviada por correo electrónico deberá indicar la materia o asunto sobre el que versa, la identidad del remitente y contener una dirección válida a la que el destinatario solicite la suspensión de los envíos"). Si usted desea ser removid@ de nuestro directorio en forma temporal o definitiva, por favor responda a este e-mail indicando "Remover" en el Asunto (subject)

No hay comentarios: