BOLETIN GAL
N° 455. Martes 17 de Octubre de 2007. Año III. Boletín Electrónico del Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana y Acceso a la Información Ambiental en Comunas de la Región Metropolitana, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, CONAMA RM. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Comparten 19.889 lectores(as).
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LOCALES
FACTOR TIEMPO: EL GRAN ENEMIGO DEL PLEBISCITO EN VITACURA POR PLAN REGULADOR
Santiago, miércoles 17 de octubre de 2007, por Dalia Rojas, La Nación
Santiago, m iércoles 17 de octubre de 2007, por Raúl Fuentes, El Mercurio
NACIONALES
POLÉMICA POR PLAN DE ACCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA CHILE
Santiago, miércoles 17 de octubre de 2007, por José Miguel Jaque, La Nación
GOBIERNO DA FUERTE IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS RADIOS COMUNITARIAS
Santiago, martes 16 de octubre 2007, Crónica Digital
LO COMUNITARIO MERECE UN ESPACIO DESTACADO EN LA RADIODIFUSIÓN
Santiago, miércoles 17 de Octubre de 2007, por María Pía Matta Cerna, El Mostrador
GOBIERNO INGRESÓ PROYECTO: RADIOS COMUNITARIAS EN LA MIRA OPOSITORA
Santiago, m iércoles 17 de octubre de 2007, por Hernán Cisternas, El Mercurio
GLOBALES
AMÉRICA LATINA Y SU FUTURO ENERGÉTICO
Buenos Aires, Argentina, lunes 15 de octubre de 2007, por Jesica Salvatierra, APM, Bolpress
PODER E INFLUENCIA DE LAS GRANDES EMPRESAS EN EL BANCO MUNDIAL
Buenos Aires, Argentina, lunes 15 de octubre de 2007, por Shalmali Guttal, Rebelión
POCOS PERCIBEN A LA CIENCIA COMO UNA HERRAMIENTA CONTRA LA POBREZA
Buenos Aires, Argentina, miércoles 17 de octubre de 2007, El Litoral
CAMBIO CLIMÁTICO: LOS PELIGROS DE LA IMPREVISIÓN
Buenos Aires, Argentina, miércoles, 17 de octubre de 2007, Los Tiempos
GROENLANDIA SE DESHIELA MÁS RÁPIDO DE LO PREVISTO
Copenhague, Dinamarca, miércoles 17 de octubre de 2007, Cordis
CIENTÍFICOS DESCUBREN CASI CIEN POSIBLE NUEVAS ESPECIES DE FAUNA MARINA EN MAR DE CÉLEBES
Manila, Filipinas, miércoles 17 de octubre de 2007, La Tercera
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LOCALES
FACTOR TIEMPO: EL GRAN ENEMIGO DEL PLEBISCITO EN VITACURA POR PLAN REGULADOR
Santiago, miércoles 17 de octubre de 2007, por Dalia Rojas, La Nación.- Referendo no puede efectuarse durante un año eleccionario, es decir, ni en 2008 ni en 2009. Mientras el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, dice no conocer aún el fallo de la Contraloría, en "Salvemos Vitacura" dicen que la votación comunal se debe hacer sí o sí de aquí a diciembre y que es problema del Servicio Electoral resolver cuándo y cómo. "La verdad que en este tema ni siquiera hemos sido consultados como Municipalidad. No sé qué puede decir la resolución. Malamente puedo referirme a un hecho que es absolutamente incierto, desconocido y ambiguo para mí. Ahora, si podemos hablar en términos jurídicos, diría que aquí se ha faltado, por lo menos, al debido proceso: no solamente no se nos ha informado nada. No se nos ha consultado nada".
Las declaraciones son del alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien aseguró ayer por la tarde no haber sido aún notificado del dictamen de la Contraloría General de la República -emanado el pasado 12 de octubre-, que indica que el decreto alcaldicio que rechazó una consulta ciudadana para decidir sobre el cambio al plan regulador es contraria a derecho.
Torrealba explicó ayer que la decisión de rechazar la solicitud de los vecinos para llamar a un plebiscito, en enero de este año, se debió a que había fallas de forma y de fondo en el proceso.
El hecho es que la Contraloría dice lo contrario. Además de dejar sin efecto el decreto N 4/244, de 2007 -que anulaba el accionar de los vecinos- "por no ajustarse a derecho", conminó al municipio a proceder a la brevedad a dictar el decreto que convoca a plebiscito, "señalando las cuestiones específicas a plebiscitar de acuerdo a los criterios expresados por el presente pronunciamiento, debiendo informar a esta Contraloría General, en el plazo de diez días, acerca de las medidas adoptadas", dice el documento.
El informe agrega que la petición realizada por los vecinos y apoyada por más de seis mil firmas legalizadas -reunidas entre septiembre y diciembre del año pasado- "es una solicitud de los ciudadanos para que se convoque a plebiscito sobre una materia permitida por la ley".
El referendo tiene por objeto votar los cambios propuestos por el Concejo Municipal al plan regulador comunal que eleva de dos a doce pisos la altura en las construcciones en Avenida Escrivá de Balaguer y Avenida Kennedy oriente, entre otras zonas que actualmente son residenciales.
Antes de diciembre
Pero tanto el municipio como la organización ciudadana "Defendamos Vitacura" saben que el sondeo comunal tiene una gran cortapisa: el tiempo. Según estipula la ley, tales votaciones populares no puede efectuarse durante un año eleccionario. Y el próximo año habrá elecciones municipales y en 2009, presidenciales. En pocas palabras la consulta debe resolverse antes que termine 2007.
"El proceso es más o menos el siguiente: primero se tiene que dictar un decreto de convocatoria ciudadana y publicarlo en el Diario Oficial, porque tiene trascendencia universal. Luego de eso y en lapso de no más de 90 días tendría que realizarse el plebiscito", explica Álvaro Rodas, de la agrupación "Salvemos Vitacura", quien, aprovecha de aclarar que aunque los plazos sean estrechos deben existir respuestas certeras de los organismos competentes. "Estos derechos reconocidos en la constitución no son renunciables. El Servicio Electoral tendrá que resolver cuándo se hace el plebiscito. Ninguna autoridad esta facultada para cambiar lo que establece la ley. Los plazos son un problema que nosotros no podemos resolver. Lo tendrán que resolver las autoridades pertinentes. Pero acá debe realizarse el plebiscito, porque nuestra petición fue legal y la Contraloría así lo avala", dice el dirigente.
De efectuarse el sondeo, sería la primera vez que los vecinos decidirían con su voto, el plano regulador de su comuna.
Santiago, m iércoles 17 de octubre de 2007, por Raúl Fuentes, El Mercurio.- Según Ley Orgánica de Municipalidades, la consulta no puede realizarse en el año 2008, por elección municipal. El alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, dijo que pidió una reunión que se concretaría esta semana con el contralor, Ramiro Mendoza, para abordar el tema del plebiscito exigido por los vecinos. Esto, pese a que afirma que el organismo aún no le ha notificado oficialmente del dictamen que acogió una presentación para una consulta sobre el cambio del plano regulador de la comuna. El edil dijo que el estudio jurídico del municipio analizará el fallo, pero lo más seguro es que pida precisiones y una reposición al organismo fiscalizador respecto de "algunos temas esenciales" en los que no quiso ahondar hasta conocer el dictamen.
"No estoy en rebeldía con la Contraloría y nos sometemos a todas sus instancias, pero si tengo cualquier reparo o alguna duda al respecto (del dictamen) tengo todo el derecho de plantearlo", advirtió Torrealba. De esta forma, si el alcalde logra dilatar la publicación del decreto para efectuar la consulta, los vecinos se enfrentan a un nuevo y complicado escenario. Lo anterior, porque según establece la Ley Orgánica de Municipalidades no se pueden realizar plebiscitos en años que se efectúan elecciones municipales, como ocurrirá en 2008. De la misma forma, este tipo de consultas no puede realizarse antes de ocho ni después de dos meses de una elección presidencial, lo que complica la situación para el año 2009.
Por ello, para el director de la agrupación "Defendamos la Ciudad", Patricio Herman, el tema de fondo "es la celeridad que adopte el alcalde Torrealba para publicar en el Diario Oficial el decreto municipal que convoca el plebiscito". Herman dice que lo ideal es que los procesos se aceleren y que el plebiscito, el cual es vinculante para las decisiones que adopte el concejo municipal, se realice en lo que queda de 2007
Entretanto, los vecinos reunidos en la agrupación "Defendamos Vitacura" plantean que el alcalde debe atenerse a lo que estableció la Contraloría y que su negativa se debe a que está interesado en concretar proyectos inmobiliarios en la comuna. "Creo que él ha estado muy mal aconsejado y le interesa que se promuevan cierto tipo de construcciones", acusó Álvaro Rodas. El concejal DC Sergio Hernández se mostró partidario del plebiscito solicitado por los vecinos y agregó que pedirá una sesión extraordinaria del Concejo para tratar este "delicado tema".
NACIONALES
POLÉMICA POR PLAN DE ACCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA CHILE
Santiago, miércoles 17 de octubre de 2007, por José Miguel Jaque, La Nación.- Gobierno y expertos difieren en la oportunidad de estudios de impacto para establecer medidas . Para mitigar los efectos del calentamiento global hay que tener claro cuáles son los impactos. Pero no hay estudios que lo digan. Los expertos dicen que sin ellos no puede haber un programa de acción. En Conama responden que son parte de las medidas. El tema se calienta.
Humberto Fuenzalida está preocupado. Se acerca diciembre, la fecha en que el plan de acción que elabora Conama para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático en nuestro país debería ver la luz, pero el investigador dice que falta el dato clave para elaborarlo. "Un plan de acción ataca los puntos más débiles para el país y uno tiene que saber cuáles son. Eso implica evaluar impactos y no se ha hecho".
Fuenzalida, miembro del comité encargado de elaborar el plan y uno de los autores del "Estudio de variabilidad climática en Chile", encargado por Conama, dice que en esa secretaría han dado por hecho que con ese informe basta y sobra para delinear los pasos a seguir. "Todo el mundo habla de mitigación, adaptación y nadie se da cuenta de que hay una etapa que se está saltando".
¿Qué falta? El académico explica que expertos de cada sector tienen que evaluar los impactos. Ejemplifica: Los agrónomos tienen que definir si la siembra de vides se desplaza tantos grados de latitud al sur o si las cepas serán de tal especie. Los expertos forestales, qué árbol tiene que plantarse o cuál es el peligro de incendios. "Esos estudios se tienen que hacer con análisis de temperatura, precipitaciones y humedad. Y lo mismo en agua, pesca y todos los sectores de la producción que pueden ser afectados. Y en cada región. Es un trabajo muy minucioso".
Fuenzalida asegura que se lo dijo a Juan Pedro Searle, jefe de la Unidad Internacional de Conama y coordinador del grupo, y a la misma ministra Ana Lya Uriarte: El estudio de impacto debía estar antes de las mitigaciones y adaptaciones. Pero no tuvo respuesta. "Cada vez que escucho a Ana Lya o a Sapag (director de Conama) relatar el plan estratégico, me pregunto dónde está el estudio de impacto".
Patricio Aceituno, doctor en Meteorología y también autor del Estudio de Variabilidad, va por la misma línea. "Desde el punto de vista del conocimiento, anticipación o proyección de qué va a significar el cambio climático global a nivel nacional, estamos en pañales", dice. Y otro miembro del comité también apunta a la falta de una línea de base para establecer acciones. "Estamos en una etapa previa".
Conama: "es parte del plan"
Juan Pedro Searle dice estar más sorprendido que Fuenzalida. No por la falta de un estudio de impacto, sino por las palabras del académico. "No contamos con la información, pero tampoco la vamos a esperar, porque generarla es parte del plan", responde. El coordinador del comité argumenta que se trata de un instrumento de política que permite situarse en el contexto internacional y buscar recursos. Eso, insiste, es fundamental en gestión pública.
Searle cuenta que hay una propuesta de plan de acción que está siendo discutida y Fuenzalida participó en ella. De hecho, explica que el plan de acción ya se postergó una vez tomando cuenta el argumento del académico y que nunca le expresó estas aprensiones.
"El plan de acción va a generar capacidad de mitigación y adaptación", adelanta. "La idea es que cada institución que sienta que el cambio climático será un problema, vea cómo implementa un programa en su sector. Así lo está haciendo agricultura, que ya está trabajando en los distintos escenarios", concluye.
GOBIERNO DA FUERTE IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS RADIOS COMUNITARIAS
Santiago, martes 16 de octubre 2007, Crónica Digital.. La presidenta Michelle Bachelet envió hoy al congreso un proyecto de ley que fomenta el pluralismo y promueve la expresión de la ciudadanía, informaron fuentes oficiales. La normativa cumple con un antiguo anhelo de las radios comunitarias, en el sentido de tener un marco legal adecuado y propio para su funcionamiento. En Chile hay alrededor de 400 concesiones otorgadas a radios comunitarias, cuyos dueños son principalmente centros culturales, deportivos, vecinales, iglesias cristianas, universidades, instituciones educativas, además de municipios y empresas limitadas.
Las radios de mínima cobertura tienen en la actualidad una capacidad máxima de 1 watt de potencia, con una concesión que dura sólo 3 años y con la prohibición de difundir avisos comerciales o propaganda de cualquier especie. La propuesta legal crea el Servicio Comunitario de Radiodifusión que operará en un espacio radioeléctrico propio (en la frecuencia FM), cuyo uso y goce de frecuencia corresponde a concesiones que se amplían de 3 a 15 años y que se otorgarán vía concurso público a organizaciones de la sociedad civil (personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro). Una vez cumplido el plazo, estas organizaciones tendrán derecho preferente para renovar la concesión.
Además, a diferencia de lo que existe actualmente, la organización social que se adjudique una concesión de radio comunitaria podrá realizar determinadas actividades para financiarse, aunque sin fines de lucro. Por ejemplo, podrá hacer menciones comerciales de nivel local y celebrar convenios culturales, deportivos o sociales, entre otras actividades.
La potencia y cobertura también tienen un cambio con respecto a lo que existe hoy en día. De acuerdo al proyecto, las radios comunitarias dispondrán de una potencia máxima de 25 watts con una altura de antena de hasta 18 metros, lo que amplía su perímetro de acción. Excepcionalmente, podrán ampliar la potencia hasta 40 watts en zonas fronterizas o apartadas. A través de esta nueva ley se ampliará la libertad de expresión de manera que en los espacios comunitarios y locales los ciudadanos ejerzan la libertad de emitir opinión y la de informar por medio de la radiodifusión.
LO COMUNITARIO MERECE UN ESPACIO DESTACADO EN LA RADIODIFUSIÓN
Santiago, miércoles 17 de Octubre de 2007, por María Pía Matta Cerna, periodista y Presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe, AMARC ALC, El Mostrador.- La Presidenta Michelle Bachelet presentó un nuevo proyecto para regular la radiodifusión comunitaria , cuyo objetivo es el fomento del pluralismo y la promoción de la expresión de la ciudadanía a través de diversos medios. Con este cuerpo legal se quiere, a su vez, superar la distinción hasta ahora vigente por ley entre radios comerciales y de mínima cobertura, que según las actuales autoridades deja fuera el sentido social y comunitario que impulsa la actividad radial en comunidades y localidades.
Se inicia ahora la discusión parlamentaria sobre el contenido de dicho proyecto. Es esperable que ésta transcurra con los instrumentos y organismos con que cuenta el Parlamento de modo garantizar un debate transparente y participativo.
En marzo de este año la Cámara de Diputados creó la Comisión de libertad de expresión y medios de comunicación, un lugar interesante y apropiado para discutir un proyecto de ley que se fundamenta en estos principios.
La relevancia de estos debates es mundial y se dan en un marco que cruza las grandes disyuntivas y discusiones de la contemporaneidad sobe gobernabilidad, democracia, concentración económica y diversidad de medios de comunicación.
El lugar que una sociedad otorga al desarrollo de un tercer sector de las comunicaciones que incluya medios de comunicación comunitarios, constituye una marca sustantiva para enfrentar sus propios desafíos de inclusión social y combate a la desigualdad.
En radiodifusión implica el derecho de las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro para fundar medios comunitarios. Estas comunidades pueden agruparse en torno marcas diversas de carácter territorial: barrios, comunas, ciudades, regiones; o temáticas: ambientales, de género, ejercicio de derechos, cultura urbana, creación artística, minorías sexuales, tecnologías, conocimiento libre u otras.
Atendiendo a los instrumentos internacionales de derechos humanos y libertad de expresión, AMARC ALC considera como principio básico para regir las legislaciones en esta materia, que la radiodifusión comunitaria no implique necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida y por tanto no debe haber limitaciones previas o arbitrarias de cobertura, potencia o cantidad de emisoras comunitarias en una localidad, región o país.
Un proyecto de ley que imponga estos límites, provoca el efecto "no deseado" de asimilar este sentido comunitario/ no lucrativo a lo pequeño con impacto reducido, por tanto lo comercial/ lucrativo queda adherido al derecho a abarcar amplias zonas geográficas y con alta influencia. Este es uno de los asuntos claves en la discusión que se abre con la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo.
Nuestro país enfrenta un severo problema de concentración económica en prensa escrita, radio y televisión. Este es un factor que obstaculiza la pluralidad, al privilegiar una lógica única de gestión y competitividad de mercado, que en la práctica pone freno al desarrollo de medios pequeños o medianos, públicos, regionales o comunitarios. Los sistemas regulatorios y las legislaciones vigentes se han mostrado insuficientes para impedir la tendencia a la conformación de la comunicación como un sector económico/financiero altamente concentrado, especulativo y con integración vertical.
La presentación por parte de la Presidenta de un Proyecto de ley de Radios Comunitarias nos permite situar una conversación pública urgente en el campo de los medios de comunicación. La concurrencia de la ciudadanía a este debate es imprescindible de modo de conseguir efectivamente una legislación que habilite el ejercicio ciudadano del derecho a la comunicación.
GOBIERNO INGRESÓ PROYECTO: RADIOS COMUNITARIAS EN LA KIRA OPOSITORA
Santiago, miércoles 17 de octubre de 2007, por Hernán Cisternas, El Mercurio.- Con reservas por parte de la Alianza, ante el riesgo que terminen transformándose en herramientas de proselitismo político, ayer ingresó a trámite el proyecto de ley del Ejecutivo que permite que los sindicatos, las juntas de vecinos, las organizaciones deportivas, las comunidades indígenas, instituciones religiosas y otras entidades sociales con personería jurídica puedan operar radioemisoras comunitarias ciudadanas.
A diferencia de las radios de mínima cobertura, que se encuentran autorizadas para una potencia máxima de 1 watt, sin publicidad comercial y cuyas concesiones tienen una duración de tres años, las nuevas emisoras tendrán una potencia de 25 watts (40 watts en zonas con alta ruralidad), podrán contratar publicidad y la concesión se prolongará por 15 años.
El diputado Cristián Monckeberg (RN) advirtió que la tramitación del proyecto no será fácil, porque si bien parece razonable que la comunidad organizada tenga un medio de comunicación para expresarse libremente, como lo plantea el proyecto del Ejecutivo, hay aspectos técnicos y políticos que lo complican. Hizo notar que el espectro radial está saturado y se corre el riesgo de interferencias indeseadas. A la vez, preocupa la injerencia del gobierno en el manejo de las concesiones y en el uso que haga de las mismas.
Patricio Melero (UDI) hizo notar que la discrecionalidad que se le entrega al Gobierno hará que las concesiones se otorguen a organizaciones proclives al mismo y que las radios comunitarias terminen utilizándose con fines políticos, tal como ha ocurrido con otras organizaciones con personalidad jurídica que fueron usadas como pantalla, por ejemplo, para el desvío de recursos de los planes de empleo y de Chiledeportes.
Planteó que es necesario escuchar a Archi, Asociación de Radiodifusores de Chile, porque al permitir que las radios comunitarias contraten publicidad se está incorporando una suerte de competencia desleal.
GLOBALES
AMÉRICA LATINA Y SU FUTURO ENERGÉTICO
Buenos Aires, Argentina, lunes 15 de octubre de 2007, por Jesica Salvatierra, APM, Bolpress.- Los agrocombustibles son presentados como la panacea a seguir. Sin embargo, existen formas alternativas y menos contaminantes. Agua, aire, fósiles y alimentos. ¿Cuál es la que contamina menos? Las fuentes de energía se han convertido en uno de los principales temas de preocupación mundial. El petróleo es el principal recurso energético en donde se apoyó la matriz industrial de la sociedad capitalista actual. El mundo, tal como lo conocemos y concebimos hoy en día, funciona gracias al oro negro que se extrae de sus mismas entrañas.
En lo que respecta al continente Americano, las primordiales fuentes energéticas provienen de los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas. Además, se encuentra la energía eólica -aprovechamiento de los vientos para crear energía- y la hídrica -generada a través de represas de agua. A partir de este año irrumpieron los denominados "biocombustibles" o agrocombustibles, fuente de energía de origen biológico y no mineral, como el bioetanol y biodiésel.
Según datos de Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la región cuenta con reservas de petróleo para los próximos 35 años, reservas de gas natural para los próximos 32 años y únicamente ha utilizado un 26 por ciento de su potencial hidrológico, a pesar de que en países como Brasil o Venezuela la mayoría de la energía eléctrica se genera mediante esta fuente.
En lo que concierne al petróleo, la región cuenta con países que se podrían ubicar en tres situaciones diferentes. En primer lugar se encuentran los países que son considerados productores y exportadores; en segundo lugar aquellos que son productores y que se autoabastecen, y en tercer lugar aquellos que tiene la necesidad de importar petróleo porque su producción no alcanza para abastecerse o por que no son productores de dicho material.
En este sentido Latinoamérica cuenta con una diversidad de situaciones diferentes para cada país del continente. Ya que las naciones que son consideradas grandes exportadoras de petróleo en América Latina son México, Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago sin alcanzar la enormidad de las reservas de Venezuela. En cambio, Argentina y Bolivia producen lo suficiente para satisfacer las necesidades de su mercado interno. Particularmente Brasil y Perú se encaminan a autoabastecerse. En el caso de Paraguay y Uruguay no son considerados productores de petróleo porque importan más de lo producen.
En la primera franja en la que se ubican los países exportadores se encuentra el más importante de ellos que es Venezuela y que cuenta con el 6,8 por ciento de las reservas mundiales probadas, esto es 80.000 millones de barriles, lo que la hace la sexta nación más rica en petróleo, después de Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Dhabi. No obstante, esta estadística está conformada con las reservas probadas de crudos livianos. Si se suman las existencias de crudos pesados y extrapesados –más difíciles de producir- la nación caribeña se ubica en el primer lugar, con 236.000 millones de barriles estimados.
Ecuador cuenta con 0,4 por ciento de las reservas mundiales de crudo. Colombia es un exportador neto de recursos energéticos, exporta petróleo en cantidades significativas, tiene enormes reservas de carbón de alta calidad y dispone de abundancia de recursos hídricos y de gas. Cabe destacar que México y Venezuela juntos concentran el grueso de las reservas disponibles en América Latina. Aunque si bien el país azteca -según revelan las cifras del Real Instituto Elcano- representa el 1,4 por ciento de las reservas a nivel mundial contra el 3,9 por ciento de Venezuela.
En los países que se ubican en la segunda franja de producción y autoabastecimiento se encuentra Argentina que representa el 0,3 por ciento de las reservas mundiales de crudo. Continúa Bolivia, que durante el año 2005 tuvo una producción de hidrocarburos que equivalió a su consumo interno. Entre 1993 y 2003 las exportaciones de petróleo bolivianas representaron el 3,9 por ciento de las ventas totales pero sus importaciones de esos mismos productos alcanzaron el 4,8 por ciento. Sin embargo, a partir de 1998 las reservas de gas se han multiplicado por diez, lo que lo hace un potencial exportador de ese hidrocarburo a Argentina, Sur de Brasil y Chile, según datos estadísticos del Real Institutito Elcano. Y por ultimo se encuentran en la franja los países que se ven obligados a importar este material. Entre ellos se encuentran Perú, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En Centroamérica y el Caribe lo son todos los países, con la sola excepción de Trinidad y Tobago.
Según un estudio de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), Brasil y Chile demandan más de la mitad de las importaciones de hidrocarburos de toda América latina; sin embargo, la situación de estos países es diversa. Mientras Santiago produce el 4 por ciento del petróleo que consume; Brasilia produce el 75 por ciento de lo que necesita para atender su mercado interno. Además, la nación lusoparlante, en un 70 por ciento de sus importaciones de crudos, se abastece de proveedores de fuera de la región, como Nigeria, Argelia y países del Asia Pacífico.
En cambio, Chile compra un 70 por ciento de sus importaciones a países de la región, pero tiene a su favor el disponer de una buena capacidad de refino. Argentina, que no obstante sus reservas han venido disminuyendo es, hasta hoy, autosuficiente en petróleo y gas. Por su parte, Perú en el año 2005 produjo el 78 por ciento del petróleo que consumió, siendo el restante 22 por ciento importaciones. Entre los años 1993 y 2003, las exportaciones de petróleo crudo peruanas representaron el 5,8 por ciento de las exportaciones totales del país, en tanto que las importaciones de petróleo crudo y combustibles derivados en ese mismo período fueron el 10 por ciento de las importaciones nacionales.
En tanto que Paraguay y Uruguay son países que no alcanzan a producir la cantidad de petróleo suficiente, ni siquiera para el abastecimiento interno pues sus importaciones son infinitamente mayores para abastecer su mercado. Aunque en el caso de Asunción, las demandas de petróleo no son del todo imprescindibles, ya que energéticamente es independiente ya que consume una cantidad de energía que esta muy por debajo de la capacidad hidroeléctrica disponible para el país procedente de las represas de Itaipú (Acuerdo Brasil-Paraguay) y de Yacyretá (Acuerdo con Argentina).
La excesiva dependencia en los combustibles fósiles --petróleo, carbón y gas- es la principal fuente de generación de los gases que provocan el efecto invernadero y que contribuyen al cambio climático. Muy a pesar de las cifras que hacen a un país sea mas avanzado en cuanto a la disponibilidad de reservas de petróleo y de energías utilizadas para movilizar a las industrias, entre otras cosas, una de las consecuencias de la quema de estos combustibles es que generan gases tales, como el anhídrido carbónico (CO2) –causante del efecto invernadero y en consecuencia del calentamiento de la temperatura- y Oxído nitroso (NO) -lo que provocan la precipitación de lluvia ácida y el smog citadino. Actualmente en América Latina, luego de la visita del presidente de Estados Unidos, George W. Bush a la región en marzo de este año, los agrocombustibles se sumergieron en la agenda energética regional. Varios gobiernos latinoamericanos presentan a los agrocombustibles como la nueva panacea energética.
Se dice que estos suplantarían al combustible fósil, petróleo principalmente, dado que manifiestan que son combustibles de origen animal o vegetal que se presenta como un tipo de energía de las denominadas "limpias", es decir que no genere impacto en el medio ambiente.
Los agrocombustibles más usados son el bioetanol y el biodiésel. El bioetanol o etanol, es un alcohol que se obtiene de la fermentación de cultivos tales como la caña de azúcar, el maíz, la madera y los residuos agrícolas. Por su parte, el biodiésel se produce a partir aceites vegetales o grasas animales, y el resultado obtenido es una alternativa al gasóleo o gasoil para los motores de ciclo diésel.
Sin embargo, los estudios que se han hecho demuestran que se necesita más petróleo para fabricar agrocombustibles. Es así como datos de la CEPAL rebelan las legislaciones que se encuentran América del Sur para las mezclas contempladas en los regímenes de agrocombustibles que están en funcionamiento o que deben aplicarse, es decir, las proporciones en las que deben ser mezclados con combustibles fósiles: Argentina; E5 (95 partes de nafta o gasolina 5 por ciento de Etanol), B5 (95 partes de gasoil 5 por ciento de biodiésel). Bolivia B2.5 a B20 para el 2015. Brasil E20 y B5. Colombia sin especificar por ley E10 y B5 a partir del 2008. Perú B5 y 7.8. Y Uruguay con E5 a partir del 2014, y B2 obligatorio entre 2008 hasta 2011, para luego pasar en el 2012 al B5 obligatorio. El país latinoamericano con mayor producción de etanol es Brasil que cuenta con el 42,8 por ciento de la elaboración mundial de este producto. En el mundo están Estados Unidos con 39,3 por ciento, y muy por debajo de estos China con 2,7 por ciento de la producción mundial, según datos revelados por la CEPAL en Panorama de los biocombustibles en América Latina y El Cribe.
En el caso de Brasil, según datos aportados por el organismo dependiente de las Naciones Unidas, la producción y el uso del etanol en el territorio alcanza los 5,5 millones de hectáreas cultivadas con caña (aproximadamente el 1 por ciento de la superficie agrícola). El 55 por ciento de la cosecha se destina a la producción de alcohol, en más de 320 ingenios. Se encuentran en construcción 80 nuevos ingenios.
Pero las consecuencias de la producción de estos combustibles de energía "limpias" traen la deforestación de la Amazonia, en donde las fronteras de los cultivos dedicados a la siembra de soja y caña se van expandiendo a toda la selva. La cosecha se materializa sobre zonas selváticas por lo cual el resultado global es negativo. Además se le agrega que el impacto sea mucho mayor por que el etanol produce mayores gases contaminantes (CO2) que las naftas cuando son quemados. También se entiende que las cosechas destinadas al mercado comestible van ser perjudicadas, ya que el terreno que se encontraba designado a la siembra para alimentos quedara relegado al negocio que se puede generar a través de esta nueva energía. Además, puede traer como consecuencia el aumento de esta materia prima lo que perjudicaría directamente a la población que consume estos alimentos.
Es decir, el estímulo a la producción de los agrocombustibles significa más deforestación, más modelo agroexportador, más monocultivo, y más efecto invernadero. En lo que respecta a la generación de energía eólica en Latinoamérica, Argentina, Brasil y México son algunos de los países que invierten fuertemente en la producción de esta fuente energética para satisfacer las necesidades de consumo de sus poblaciones. La energía eólica se produce aprovechando los movimientos de masas de los aires. eneralmente este proceso es llevado a cabo a través de molinos, cuyas palas son las encargadas de captar el viento y transmitir luego toda su fuerza, a través de un eje rotor a una maquina multiplicadora acoplado a un alternador y se produce finalmente la energía.
La utilización de este tipo de energías denominadas "limpias" en donde solo es aprovechado el viento para la generación de la energía, cuenta con grandes ventajas: no se generan emisiones de carbono, ni de los denominados gases de efecto invernadero, no se produce contaminación atmosférica ya que no recurre a la combustión ni a la fusión de combustibles. Según datos registrados en los últimos 5 años, la industria eólica ha crecido 28 por ciento por año en más de 50 países y en total las Energías Renovables No convencionales (ERNC) ya tienen 160.000 MW instalados, de los cuales 70.000 MW se encuentran en países en desarrollo lo que representa el 4 por ciento de la capacidad eléctrica mundial.
En la provincia argentina de Santa Cruz (ubicada a aproximadamente 2.000 Km. de Buenos Aires), se llegó a un acuerdo entre el gobierno santacruceño y la empresa estatal INVAP para construir 34 aerogeneradores de 1,5 megavatios. Los aerogeneradores, conformaran un parque eólico para proveer de energía a la provincia. Actualmente, la localidad de Pico Truncado en la provincia de Santa Cruz, cuenta con el parque eólico "Jorge Romanutti" que aporta a esta localidad el 50 por ciento de la energía que consumen sus habitantes. Asimismo, en el país existe una iniciativa impulsada por la Asociación Argentina del Hidrógeno (AAH) y por la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE) para exportar hidrógeno obtenido con el gas generado mediante electrólisis a partir de la energía eólica. Argentina tiene instalados 27 MW.
Brasil, junto con la empresa de origen alemán Renergys GmbH, trabaja intensamente en varios proyectos para la construcción de siete nuevos parques eólicos que serán instalados principalmente en el norte del país, por ser ésta una de las zonas donde se registran vientos de mayor intensidad. Recientemente se completó exitosamente el primer parque de estas características en la provincia de Paraíba, en el Nordeste brasileño. La nación vecina posee 256 MW de producción eólica instalada. Además cuenta con el programa PROINFA (Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica). México también planea desarrollar esta fuente de energía renovable. Por lo que recientemente inauguró la mayor central de energía eólica de Latinoamérica, ubicada en el sureño estado de Oaxaca. Esta nueva central llamada La Venta II, esta localizada en la región del Istmo de Tehuantepec, y es construida por un consorcio integrado por las españolas Iberdrola y Gamesa Eólica.
La Venta II cuenta con 98 aerogeneradores que producen unos 83 megavatios. México cuenta con 88 MW instalados. Su incentivo a la energía eólica se basa en ayudas a la inversión (exención de impuestos). Otros países que conforman parte del sistema de producción de energía eólica en América Latina son Costa Rica (posee 74 MW instalados), Colombia (20 MW), Cuba (5 MW), Chile (2 MW), Perú (1 MW), y el Caribe (57 MW).
Los efectos que podría generar la explotación de este tipo de energía son mas que nada sobre la fauna terrestre. Las centrales eólicas ocupan grandes franjas de terreno extendiéndose sobre muchos kilómetros. Se trata a menudo de sitios estratégicos en las crestas de las montañas, dividiendo el territorio entre cuencas y valles. El efecto es una fragmentación del territorio para la fauna, y en consecuencia un empobrecimiento de sus poblaciones. De la misma forma el uso a fines industriales de estos espacios naturales empobrece la cobertura vegetal del territorio, acelerando la desertificación de la región.
En cuanto al potencial hidráulico económico explotable de América Latina se estimaba en la década de 1970 en 420 millones de kilowatts. El 36 por ciento de dicho potencial se encontraba en Brasil, el 12 por ciento en Colombia y el resto en Argentina, Perú, México, Venezuela, Ecuador, Chile y otros, según datos recopilados por Gian Carlo Delgado Ramos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La capacidad instalada hidroeléctrica total existente en el presente equivale a la utilización de solo 12 por ciento del potencial disponible. Actualmente diversos países latinoamericanos están encaminados en llevar adelante importantes programas de desarrollo hidroeléctrico en la región. Con lo que se pretende proveer de energía a la industrialización creciente, destacan en este aspecto: Venezuela, que ha aprovechado los recursos del río Larovíen, en la Guayana oriental. En el área próxima al Cono Sur, Brasil, Paraguay, Argentina han acordado realizar ambiciosos proyectos con los enormes recursos hidráulicos que poseen en condominio en la frontera fluvial de Panamá.
Los movimientos de agua en la región se centran en los afluentes de los ríos de la Plata, Paraná, Paraguay-Guaporé en donde se ubica un corredor de hidrovías que va de sur a norte; el Amazonas, Putumayo; y el río Negro-Orinoco estos dos últimos conforman un corredor de este a oeste conectando Macapa y Belem en el Atlántico, con Saramerisa, Yurimaguas en Perú y con Puerto El Carmen en Ecuador, todos con conexiones terrestres al Pacífico.
El mundo y toda América Latina se encuentran en una encrucijada entre mantener el modo de vida de la actual sociedad industrial y encontrar un camino que evita la contaminación ambiental y el impacto que todo ello genera para la vida humana y silvestre de este planeta.
PODER E INFLUENCIA DE LAS GRANDES EMPRESAS EN EL BANCO MUNDIAL
Buenos Aires, Argentina, lunes 15 de octubre de 2007, por Shalmali Guttal, directora asociada de Focus on the Global South, Rbelión.- Cada año, el Banco Mundial (el Banco) canaliza entre US$18 y 20 mil millones hacia los países en desarrollo a través de préstamos y donaciones que tienen como objetivo declarado disminuir la pobreza y fomentar el crecimiento económico. El Banco siempre actúa conjuntamente con su agencia "hermana", el Fondo Monetario Internacional (el Fondo), incluso en países que ya no solicitan apoyo ni préstamos del Fondo. No toda la ayuda y el financiamiento del Banco están destinados a los gobiernos. Un monto considerable va dirigido directamente al sector privado, especialmente a las grandes compañías, en la forma de préstamos, asistencia técnica y mitigación de riesgos de inversión.
Respaldo para los ricos
A lo largo de sus más de 60 años de existencia, el Banco se amplió y dejó de ser una única institución, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Ahora está integrado por cinco instituciones, cada una de ellas dedicada a un área específica de operaciones.(1) Éstas incluyen financiamiento y otras ayudas de auxilio y rehabilitación; infraestructura institucional y física para sectores como la energía, el transporte, la industria extractiva y las telecomunicaciones; la reestructuración de sectores claves como la salud, la educación, el agua y la agricultura para transformarlos en sectores privados orientados al mercado; el desarrollo del sector privado; y la mitigación de los riesgos de inversión que corren las empresas privadas. A pesar de los escándalos recientes, el Banco es una institución poderosa. Para los países que son sus clientes, el Banco es, en la mayoría de los casos, virtualmente la única puerta de acceso al comercio internacional, la financiación para el desarrollo y el capital de inversión privado. El Banco deriva su poder y sus agendas políticas de sus accionistas más ricos -los gobiernos que conforman el G-7,(2) que usan sistemáticamente al Banco para asegurarle a sus respectivas empresas transnacionales lucrativos negocios comerciales y de inversión en los países en desarrollo.
La influencia de las grandes empresas en y a través del Banco se manifiesta de distintas formas. Las más obvias son las ayudas que reciben las empresas privadas a través de tres de las instituciones especializadas del Banco: la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La CFI es el brazo del Banco para el sector privado y la mayor fuente multilateral de financiamiento de capital accionario y préstamos para las empresas privadas en los países en desarrollo, a nivel mundial. La CFI dice respaldar el desarrollo económico, el empleo y la reducción de la pobreza, promoviendo para ello los mercados abiertos, competitivos y eficientes y brindando apoyo directo a las compañías privadas en los países en desarrollo. Ha desarrollado una amplia variedad de herramientas y servicios para permitir que las empresas privadas puedan administrar los riesgos de inversión y ampliar su acceso a capital y a los mercados en los países en desarrollo. El Banco y la CFI crearon además un servicio de 'respuesta rápida en materia de conocimiento' (Rapid Response knowledge initiative), que se especializa en brindar asesoramiento con respecto a las reformas del clima de negocios y las políticas de privatizaciones en los países en desarrollo. Este mecanismo mantiene un servicio de blog en internet denominado "Desarrollo del Sector Privado (Private Sector Development - PSD) -un enfoque de mercado para pensar el desarrollo", que promueve su ideología pro-mercado y pro-empresarial.(3)
Una mirada más de cerca a las operaciones de la CFI muestra que gran parte del apoyo que brinda está destinado a grandes empresas bien financiadas, y no a empresas locales de pequeño porte. A través de la CFI, las grandes compañías obtienen acceso a enormes contratos gubernamentales para proyectos de infraestructura y prestación de servicios y otras oportunidades de inversión relativamente libres de riesgo. Las comunidades locales, por otra parte, tienen poca posibilidad de intervenir y decidir, y ningún beneficio en estas inversiones, ya que las salvaguardas sociales y ambientales son invalidadas cada vez más a menudo, en aras de las exigencias de lucro de las empresas.
El OMGI les presta algunos de los servicios más importantes a las empresas privadas, mitigando los riesgos políticos de la inversión privada en los países de alto riesgo, bajos ingresos y que están afectados por conflictos. El fuerte del OMGI es el riesgo político y el riesgo soberano, que incluye las acciones gubernamentales que puedan amenazar las ganancias de las empresas. Las garantías que ofrece el OMGI contra el riesgo protegen la inversión privada de las empresas contra las pérdidas que pudieran resultar de una expropiación de activos o el incumplimiento de contratos, o en casos de guerra y revueltas civiles, inclusive insurrecciones, golpes de Estado, revoluciones, sabotajes y terrorismo. Este organismo se enorgullece de ser líder de la industria de seguros de riesgo político, y colabora con aseguradores privados y públicos para "alentar a los aseguradores del sector privado a que establezcan transacciones que de otra forma no hubieran asumido".(4) Los beneficiarios del OMGI son generalmente empresas transnacionales que operan en sectores tales como el agua, la energía, el petróleo y el gas, las telecomunicaciones, los automotores, el agronegocio y el turismo de lujo.
El OMGI también brinda servicios de "mediación de diferencias", tarea en la cual complementa al CIADI, que oficia como un tribunal privado, casi secreto para resolver las controversias entre Estados e inversionistas privados. El CIADI fue recientemente foco de atención pública debido a la demanda que entablaron las empresas Bechtel y Aguas del Tunari contra Bolivia, por la rescisión del contrato de privatización del agua en la ciudad boliviana de Cochabamba. Una campaña internacional multitudinaria y bien coordinada contra Bechtel obligó a la empresa a aceptar un arreglo por 30 centésimos. Pero el caso llamó la atención de la opinión pública mundial sobre el sistema de cortes comerciales a puertas cerradas que administra el Banco, y que mayoritariamente apuntan a proteger los derechos de los inversionistas privados o empresariales en sectores cruciales para el interés público como el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, el petróleo, el gas natural y la minería.
Apoyo a las corporaciones disfrazado de "desarrollo"
Menos llamativas, aunque más insidiosas y penetrantes son las prescripciones políticas pro-empresariales que acompañan el financiamiento del Banco a los llamados proyectos y programas de "desarrollo", a través del BIRF y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Especialmente notorios son los paquetes de reforma económica que buscan instalar gobiernos pequeños, eficientes y amigables con las empresas para que establezcan economías capitalistas favorables a las empresas. Estas reformas, conocidas primero como Programas de Ajuste Estructural (PAE) y luego redefinidas como "estrategias de reducción de la pobreza", están diseñadas para abrirle a la inversión extranjera los mercados y economías de los países receptores de préstamos, a través de la liberalización del comercio y las inversiones, y la privatización de las empresas de servicios públicos, las empresas estatales de comercialización y demás empresas estatales, y la desregulación financiera. Las reformas también exigen la eliminación de los subsidios cruzados para los pobres y las protecciones para los trabajadores y los productores y empresas nacionales, y el drástico recorte de los programas sociales financiados por el Estado -incluidos los de salud, educación, agua potable y saneamiento.
Aunque el objetivo declarado de su "financiamiento para el desarrollo" es aliviar la pobreza, aumentar el empleo, y elevar los niveles de vida estimulando un rápido crecimiento económico, los proyectos y programas del Banco en realidad benefician mucho más a las empresas privadas, los contratistas y las firmas de consultores, antes que a los pobres. El impulso del Banco a la liberalización del comercio, conjuntamente con la eliminación de los apoyos destinados a los productores y las empresas nacionales, les permiten a las empresas extranjeras el acceso irrestricto a los mercados de los países en desarrollo en sectores cruciales como la agricultura, los servicios y la industria. Con su insistencia en que los países prestatarios rebajen sus reglamentaciones en materia laboral y ambiental y establezcan sistemas impositivos y regímenes de propiedad favorables a las empresas, el Banco virtualmente les asegura a los inversionistas privados un pasaje gratis, a costa de las comunidades locales, los trabajadores y el medioambiente.
La creencia casi religiosa del Banco en la mercantilización y la privatización ha sido sumamente funcional a los intereses de las empresas. Independientemente del tema o sector del que se trate (agua, electricidad, comercialización agrícola, salud, educación, etc.), el Banco exige el retroceso del Estado y el avance del mercado. La privatización incluye una serie de medidas: desde la desagrupación (o desglose) de las operaciones de la empresa pública y la tercerización de estas operaciones desglosadas, a la venta final de la empresa pública, sea en forma total o parcial. El paquete incluye contratos de "asistencia técnica" prestada por privados y adquisición de bienes y servicios secundarios. Aunque el Banco insiste en que la compra y la contratación son responsabilidades de la agencia de implementación (5) (habitualmente un departamento gubernamental), los activos privatizados y los contratos de construcción, consultoría y adquisición, son, en general, entregados a empresas, contratistas y firmas de consultoría de gran tamaño que conocen bien las normas del Banco en materia de licitaciones y contratación pública o compras del Estado.
La simbiosis entre el Banco y las empresas puede verse claramente en las industrias de la biotecnología y de los agroquímicos. Las políticas agrícolas del Banco prácticamente han sido redactadas por empresas como Monsanto, Aventis, Novartis y Dow. Incluso aunque el Banco haya ampliado su discurso sobre la sustentabilidad ambiental en la década de 1990, en los hechos sus proyectos siguen promoviendo un mayor acceso de los productores agrícolas a los agroquímicos y a las semillas transgénicas. En ese período, el Banco también emprendió asociaciones empresariales con casi todas las empresas principales de plaguicidas y de biotecnología, a través de un programa de intercambio de personal en el que participaron 189 empresas, gobiernos, universidades y agencias internacionales. Un analista de mercadeo de Aventis (ahora Bayer CropScience) pasó casi cuatro años en el BIRF elaborando la posición de ese organismo sobre biotecnología agrícola y estrategias de promoción financiera a través de la CFI. El máximo responsable de relaciones públicas de Novartis (ahora Syngenta) pasó un año trabajando en estrategias de extensión para la unidad de desarrollo rural del Banco. Los funcionarios del Banco colocados en Novartis y Rhone Poulenc Agro (ahora parte de Bayer) a fines de la década de 1990, le brindaron a esas empresas asistencia en asuntos regulatorios en materia de biotecnología y sobre asociaciones para el desarrollo rural. El Banco adaptó entonces sus estrategias agrícolas para adecuarse a las necesidades de las compañías líderes en biotecnología y agroquímicos, las cuales, por su parte, ganaron acceso a la elaboración de políticas públicas en los países en desarrollo a través del auspicio del Banco.(6)
El pensamiento pro-empresarial está profundamente arraigado en el Banco. Muchos de los presidentes del Banco y gran parte de su personal de dirección provienen del sector empresarial, y las "soluciones de mercado" constituyen un elemento predominante de las estrategias del Banco para abordar virtualmente cualquier problema, desde la deforestación, al calentamiento global o la escasez de agua o alimentos. La visión del desarrollo que predomina en el Banco es una visión capitalista en la cual el papel del gobierno es crear un ambiente propicio para que florezca el sector (empresarial) privado y para que el mercado solucione los temas cruciales del acceso y la distribución. En los proyectos de las grandes usinas hidroeléctricas, por ejemplo, el Banco brinda habitualmente asistencia a los gobiernos receptores y a los contratistas privados en la preparación y movilización de las finanzas del proyecto: contrata firmas de consultoría privadas para que trabajen en conjunto con los departamentos gubernamentales en el diseño y mecanismos de implementación del proyecto, moviliza la financiación del proyecto (a través de la CFI) y asegura los préstamos (a través del OMGI u otras instituciones asociadas aseguradoras de riesgo). Los costos de la mitigación de los impactos ambientales y sociales quedan a cargo del gobierno y la sociedad, y los términos del financiamiento y las garantías del proyecto generalmente favorecen a las compañías privadas, más que al interés general más amplio.
El Banco está orgulloso de su apoyo a las grandes empresas y a los inversionistas privados, como puede apreciarse en el sitio web del OMGI:
"Nuestra presencia en un proyecto de inversión literalmente puede transformar un 'no hay caso' en 'manos a la obra'. Actuamos como un elemento de disuasión potente contra las acciones de los gobiernos que pudieran afectar negativamente las inversiones. E incluso si surgen controversias, nuestra influencia en los gobiernos receptores frecuentemente nos permite solucionar las diferencias dejando conformes a todas las partes".(7)
Desde hace varias décadas, el Banco usa el desarrollo y la reducción de la pobreza como cortinas de humo para fomentar los intereses de las grandes empresas. Ha utilizado su posición como acreedor preferencial y coordinador de la asistencia en los países en desarrollo para crear oportunidades de negocios para que las empresas, los contratistas y los consultores privados puedan lucrar con las crisis y las necesidades estructurales de los países en desarrollo. Evidentemente, para desmantelar el poder de las empresas sobre los bienes públicos, los servicios y los bienes comunes será necesario desmantelar también al Banco Mundial.
Notas
1. El Banco está conformado por cinco instituciones que colectivamente forman el Grupo del Banco Mundial: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Es posible acceder a información sobre las 5 instituciones en el sitio web del Banco Mundial www.worldbank.org
2. El G-7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón.
3. http://psdblog.worldbank.org/
4. http://www.miga.org/sitelevel2
5 . Aquí
6. The World Bank and the "Next Green Revolution": Devastating IMF/World Bank sponsored environmental projects in the name of progress. Brian Tokar. Green Tide. Z Revista en línea, abril 2004, Volúmen 17, Número 4.
7. http://www.miga.org/sitelevel2
POCOS PERCIBEN A LA CIENCIA COMO UNA HERRAMIENTA CONTRA LA POBREZA
Buenos Aires, Argentina, miércoles 17 de octubre de 2007, El Litoral.- Un estudio de campo concluyó que la gente tiene dificultades para percibir las interrelaciones del conocimiento científico tecnológico con la vida cotidiana. Muchos opinan que la escuela pública está peor en la enseñanza de ciencia que hace diez años.
¿Es posible que la ciencia subsane algunos problemas vinculados con la pobreza? ¿Puede un desarrollo tecnológico ofrecer modelos de viviendas económicas para los que no tienen hogar? ¿O conseguir con mayor investigación inventar una sopa barata y nutritiva para morigerar la desnutrición? La respuesta es afirmativa y, de hecho, ya existen desarrollos de ese tipo.
Sin embargo, un estudio reveló que el 41 % de los 2.067 encuestados de distintos departamentos de Santa Fe no relaciona las "tecnociencias" (denominación abarcativa de ciencia, tecnología e innovación) con la pobreza. A ese porcentaje se le suma un 5 por ciento que no contestó, por lo que el 46 por ciento de los santafesinos no vincula ambos conceptos. Otro 5,7 % respondió "tal vez" y sólo el 48,3 % indicó que "sí".
Si se parte de la hipótesis de que ciertas necesidades de la población podrían subsanarse con mayor conocimiento científico tecnológico, resultará fundamental conocer cómo el ciudadano percibe esas variables. Un insumo estratégico para quienes deben tomar decisiones.
Con esa premisa, la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia (Subcyt) encargó la "Encuesta sobre percepción de la ciencia y la tecnología en Santa Fe". El trabajo fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y ejecutado por el Centro de Estudios de la Realidad Regional, una asociación civil de Rosario.
Fuera de la pobreza, hay otros campos cotidianos que los encuestados sí vincularon con la ciencia y la tecnología: el 91,5% las relacionó con la salud, el 91,6% con el uso y aplicación de la energía, el 89,7% con la educación y el 85,5% con el medio ambiente.
La ingeniera civil Mónica Bolatti, integrante del equipo responsable de la investigación, fundamentó ese resultado en la relevancia que los medios de comunicación le otorgan a ciertos temas de ciencia en detrimento de otros. "Las áreas que tienen mayor difusión por los medios tradicionales son notoriamente las más percibidas", señaló.
No es difícil que los encuestados relacionen ciencia con salud cuando títulos como el genoma humano, los nuevos tratamientos del sida o cáncer, los medicamentos de última generación están permanentemente en la agenda mediática al hablar de investigación y conocimiento. Por otra parte, un 50,3 % percibe que las tecnociencias cumplen un rol preponderante para el desarrollo.
Isabel Mac Donald, subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Investigación de la provincia, explicó que "de alguna manera teníamos una hipótesis que se refería a que, para la sociedad en general, la ciencia era una herramienta útil sólo para los científicos. Si miramos los resultados vemos que en esto, lamentablemente, no estábamos equivocados y que hay una tarea por delante para lograr que la sociedad se involucre en el tema".
La ingeniera Bolatti, coincidió con la funcionaria. "Recorrimos toda la provincia, tomamos un corte poblacional que reflejara la composición natural que tiene Santa Fe, y lo que observamos es que al hablar de ciencia, la gente muestra, en primer lugar, una distancia. Todo aquel que no es un científico o que no está en un espacio técnico o académico, tiene una percepción distante de lo que es una tecnología, que a lo mejor la usa a diario", comentó.
"Esto tiene que ver con que la gente no reconoce su propio valor tecnocientífico y sus propios conocimientos", dijo Bolatti. Tal es el caso de algunos docentes de distintos niveles en el área de tecnología y algunos operarios con aprendizajes expertos dentro de sus espacios laborales, que no se perciben, niegan u omiten el valor intangible que representan como recursos humanos.
Entre los resultados prevalece la percepción de que el aprendizaje tecnocientífico de los jóvenes en la educación privada ha mejorado en los últimos diez años, mientras que ha empeorado en las escuelas públicas.
Internet es la opción que más eligió la gente a la hora de responder dónde buscaría información en tecnociencias. Apenas por debajo aparecen los centros de investigación y las universidades como instituciones primordiales de consulta en la materia. A mayor nivel académico, el rastreo de datos se realiza preferentemente en lugares de mayor confiabilidad. Por ejemplo, para los posgrados aparecen con porcentajes comparables las revistas especializadas y los organismos estatales de asesoramiento.
Cuba y Brasil, por encima de Argentina
Por otra parte, la mayoría de los santafesinos consideró que la Argentina tiene un menor nivel científico y tecnológico que los países asiáticos, europeos y norteamericanos. En relación a los latinoamericanos prevaleció la percepción de que Uruguay, Paraguay y Venezuela poseen un menor nivel de tecnociencia; mientras que Cuba y Brasil están por encima de nuestro país y Chile es considerado en el mismo rango. El grupo rosarino que se encargó de coordinar el trabajo se completa con el investigador Jorge Cornejo Fernández, la farmacéutica Ana María Rampone, la estadística Dalila Vadell y la Psicóloga Verónica Gibelli.
La encuesta se realizó sobre la distribución de la población que aparece en el censo 2001, en todo el territorio de la provincia, abarcando en forma aproximada al 1 por ciento de los habitantes mayores de 15 años, segmentados por grupos etáreos y según el nivel de información previa sobre la materia. La investigación es un tanto atípica y no reproduce la metodología empleada desde la Nación, donde se hizo un trabajo parecido. El informe final presentado por la ONG posee algo más de 200 páginas.
El agro es prioritario
Cuando se consultó a la gente sobre qué áreas de la producción consideraba prioritarias en la provincia, se colocó en lo más alto de la pirámide a la actividad agroalimentaria, que apareció mencionada 1.461 veces. La lista se completa con la producción de medicamentos (847 menciones), la producción ganadera (847), la certificación calidad alimentos (708). Le siguen la fabricación de maquinarias agrícolas y de transporte y las energías renovables, entre otras. Se le pidió a cada encuestado colocar las áreas en primer, segundo y tercer lugar, por lo que se triplicó la cantidad de respuestas.
En cambio, el desarrollo y certificación de software fue escasamente mencionado por los encuestados como prioritario para la provincia. "Evidentemente hay un modelo cultural y productivo desde el cual responde la población de Santa Fe", opinó la ingeniera Mónica Bolatti.
interesante fue el que arroja cuáles son las políticas necesarias de financiamiento para Pymes. En primer término se mencionó la búsqueda de nuevos mercados (33,4 %), las tecnologías limpias (21,5 %), el fortalecimiento de la gestión (21,5 %), las redes de productores (11,5 %) y el control de calidad (7,2 %).
general de la encuesta fue explorar los vacíos de información respecto de la percepción de la tecnociencia en la población de la provincia de Santa Fe y utilizar la información obtenida con alta confiabilidad para justificar opciones, planificar el uso de los recursos disponibles, tanto en el sector público como en el privado y así orientar los procesos de toma de decisión relacionados con la tecnociencia necesaria para el bienestar de la población.
CAMBIO CLIMÁTICO: LOS PELIGROS DE LA IMPREVISIÓN
Buenos Aires, Argentina, miércoles, 17 de octubre de 2007, Los Tiempos.- Para los investigadores, tan preocupante como el cambio climático es la falta de previsión, y mencionan los riesgos de las tormentas y sequías extremas que se avisoran. Aunque desde 1970, según datos recabados por 16 estaciones meteorológicas argentinas, las tormentas de más de 100 mm en 48 horas pasaron de 10 a 30 cada cuatro años, y las de 150 mm se quintuplicaron, las ciudades carecen de un buen sistema de alerta temprana para contrarrestarlas, informa La Nación.
En el caso de los glaciares, si los pronósticos son certeros, su retroceso aumentará la intensidad de las sequías en su área de influencia, hará que aumenten las avalanchas, la frecuencia de tormentas eléctricas y de fuegos en el monte, la erosión y el peligro de aluviones. La preservación del agua dulce en la zona adquiere carácter prioritario.
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