jueves, 19 de marzo de 2009

Boletin GAL 736

BOLETIN GAL

 

Nº 736. Jueves 19 de Marzo de 2009. Año IV. Boletín Electrónico del Proyecto GAL III de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, CONAMA RM. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Lectores(as): 25.878. Contacto: luisalbertogmz@gmail.com Fonos: 56-02-7857084, 09-5732334.

 

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CONTENIDO

 

LOCALES

 

Abren concurso para jefe de la CONAMA

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, La Nación

Plebiscito: Triunfo de la Democracia y la participación Ciudadana

Concepción, viernes 20 de Marzo de 2009, por Dr. Edgardo Condeza Vaccaro, Presidente Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos

Por el fenómeno de La Niña, con menos precipitaciones, más estabilidad atmosférica y menor ventilación, la descontaminación de Santiago será incierta

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, El País

 

NACIONALES

 

Manifiesto "Por un Chile más democrático e Incluyente"

Santiago, viernes 20 de marzo de 2009, Crónica Digital

CONAMA Región de Tarapacá realizó Apresto de PAC Proyecto Central Termoeléctrica Pacífico

Iquique, jueves 19 de marzo de 2009, CONAMA

 

GLOBALES

 

Seis formas de salvar el Mundo: Los científicos compilan la lista de actos imprescindibles frente al cambio climático

Londres, Inglaterra, viernes 20 de marzo de 2009, The Guardian, Rebelión

Cumbre Sindical Andina abre sesiones en Perú abordando el impacto de la crisis mundial en los trabajadores

Lima, Perú, jueves 19 de marzo de 2009, Prensa Latina

Piden a Colombia mayor compromiso político contra el cambio climático

Bogotá, Colombia, jueves 19 de marzo de 2009, por Edelmiro Franco, Notimex, SDPNoticias

Gobierno de Uruguay presenta Agenda Nacional para el Cambio Climático

Montevideo, Uruguay, jueves 19 de marzo de 2009, La República

Brasil: La crisis le permite al país reducir sus emisiones de dióxido de carbono

Sao Paulo, Brasil, jueves 19 de marzo de 2009, Adnmundo

Aumento de la temperatura en el Atlántico causará huracanes más intensos

La Habana, Cuba, jueves 19 de marzo de 2009, Adnmundo

Inician reunión regional sobre energía renovable en Nicaragua

Managua, Nicaragua, jueves 19 de marzo de 2009, Prensa Latina

Crean Estrategia de Gestión de Sequías

Madrid, España, jueves 19 de marzo de 2009, por Belén Jiménez, Agrocope

Suecia prohibirá los coches de gasolina en 2030

Estocolmo, Suecia, jueves 19 de marzo de 2009, Terra

 

ESPECIAL:  LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Resumen de la Ley Nº 20.285 de Acceso a la Información Pública de Chile

Santiago, jueves 19 de marzo de 209, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Ley de Transparencia vivirá un proceso de adaptación durante 2009

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, Radio Universidad de Chile

Crean clínica jurídica de Acceso a la Información Pública

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, Proacceso

Imparten talleres de acceso a la información para funcionarios públicos

Santiago, jueves 19 de marzo 2009, Proacceso

Transparencia Judicial

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, por Juan Pablo Olmedo, presidente del Consejo para la Transparencia, Proacceso

¿Tendremos libre acceso a la información pública?

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, por Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z., Proacceso

Acceso a la Información en Chile: Los desafíos que vienen

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, por Moisés Sánchez, Proacceso

Una nueva vuelta de tuerca en materia de acceso a la información

Santiago, miércoles 18 de marzo de 2009, por Enrique Rajevic, Proacceso

 

 

LOCALES

 

Abren concurso para jefe de la CONAMA

 

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, La Nación.- Consejo Regional dio plazo hasta el lunes para postular al cargo. El actual director suplente, Jorge Lagos, podría no presentarse a la convocatoria. A través de un concurso público, el Consejo Regional de Santiago inició ayer el proceso de selección del complejo cargo de nuevo director de la Conama Metropolitana. Según el inserto publicado ayer por el Gobierno Regional, los interesados tienen plazo hasta el lunes a las diez de la mañana para presentar antecedentes para el cargo vacante tras la abrupta salida de Alejandro Smythe, puesto que desde el 9 de marzo ha sido ejercido de modo subrogante por Jorge Lagos, quien aún no confirma su postulación.

 

Pueden postular los profesionales titulados de carreras de a lo menos 8 semestres con formación y experiencia en materia de Medio Ambiente, para ser considerados en la elaboración de una quina para el cargo de Director Regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Se requiere experiencia y conocimientos en descontaminación atmosférica, evaluación de impacto ambiental, seguimiento y fiscalización ambiental, gestión de residuos y materiales peligrosos, ordenamiento territorial y recursos naturales, participación ciudadana y gestión ambiental local.

 

Restricción a catalíticos

 

En otro tema, la próxima semana se confirmaría o postergaría el aumento de la restricción a cuatro dígitos a vehículos con catalítico en días de preemergencia.  El Ministerio de Transportes evalúa la mayor presión que recaería sobre Transantiago y Metro por parte de los usuarios provenientes de los 300 mil autos que dejarían de circular dichos días. También debate la efectividad de la medida para reducir el esmog. En ese contexto, en Transportes afirman que la eficiencia de la restricción para apenas "tres o cuatro días de preemergencia que hay al año" es muy menor frente al efecto "anual" que generará el reemplazo de 900 viejas micros por buses con filtros antiesmog, que reducen en un 95% el humo emitido.

 

Plebiscito: Triunfo de la Democracia y la participación Ciudadana

 

Concepción, viernes 20 de Marzo de 2009, por Dr. Edgardo Condeza Vaccaro, Presidente Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos.- Chile tiene una democracia muy limitada y anacrónica. El Domingo 15 de Marzo se ha producido un hecho histórico: se realizó un plebiscito comunal vinculante convocado por los ciudadanos.

 

¿Qué se votaba en Vitacura? Por primera vez los vecinos decidían directamente las modificaciones al plano regulador. Los cambios que proponía el Alcalde Torrealba permitían la  construcción de edificios en altura. "Salvemos Vitacura" argumentaba que  con el beneficio para las empresas inmobiliarias, se incrementaría la densidad de la población, los medios de movilización, la congestión vehicular, las autopistas urbanas, alteraciones del paisaje, etc., perjudicando la calidad de vida de los habitantes. (1)

 

Muchos de los habitantes de Vitacura pedían, repetidamente, al Alcalde y a los Concejales que los ciudadanos decidieran directamente, a través de un plebiscito, las modificaciones del plano regulador de la comuna. La municipalidad no accedió a realizar una consulta a  los ciudadanos para resolver esta controversia.

 

 Estos, se organizaron  en el Movimiento Ciudadano "Salvemos Vitacura" entre cuyos lideres se encuentran Rodolfo Terrazas, Álvaro Rodas y muchos más. Lograron reunir las firmas con mucha dificultad. Por ejemplo: trasladando al Notario a los lugares de afluencia de ciudadanos, como a la salida de las iglesias. Lograron reunir 8.300 voluntades de las cuales el Servicio Electoral validó 5.602. (2)

 

Aún así, el Alcalde se negaba a llamar a plebiscito. Los vecinos insistieron acudiendo a la Contraloría quien les dio la razón.

 

Nos sentimos felices y orgullosos que esta idea, en la que perseveraron los ciudadanos que conforman nuestro Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos y centenares de miles, hayan logrado abrirse camino.(3)

 

1.-- Más del 70% de la ciudadanía rechazó todas las propuestas del alcalde. Una controversia que afectaba esencialmente la vida de las personas se resolvió mediante un proceso democrático lo que es un derecho de los ciudadanos.

2.— Esto contribuirá a que en otras comunas los vecinos también requieran a las autoridades hacer plebiscitos. Ya lo están organizando en las comunas de Coronel, Penco, Antofagasta, La Reina, Ñuñoa, Puchuncaví (Maitencillo), El Quisco, Coyhaique, Puerto Aysén y Temuco.

3.— La ley debe modificarse para permitir la partición de la ciudadanía con mayor facilidad, sin perder su objetividad.

4.-- Durante el proceso previo a la elección del futuro presidente y parlamentarios debiera hacerse, simultáneamente con las primarias abiertas, un Plebiscito Programático sobre las materias fundamentales.   ¿Qué razón puede existir para que se realicen primarias consultando a la gente sobre los candidatos y no se les consulte simultáneamente sobre los contenidos del programa del futuro gobierno?

5.-- El mismo día de la elección presidencial de Obama, en EEUU se realizaron 153 plebiscitos en 36 estados. Esto también se ha hecho en países sudamericanos. (4) Por ejemplo, en Uruguay simultáneamente a una elección presidencial los uruguayos rechazaron la privatización del agua potable.

 

¿Qué argumento puede esgrimirse para que en la elección presidencial de este año simultáneamente no se realice, oficial e institucionalmente, un plebiscito consultando a los ciudadanos sobre los principales problemas que tiene el país? Se trata, solamente, de agregar una papeleta. Los invitamos a trabajar para que esto se realice.

 

Atenta y cordialmente:

                                                              

Dr. Edgardo Condeza Vaccaro

Presidente

MOVIMIENTO POR LA CONSULTA Y  LOS DERECHOS CIUDADANOS

edgardocondeza@vtr.net   09-8867508   

 

(1) Por otra parte a los regionalistas nos interesa que no continúe creciendo la capital, y se trasladen los recursos a las provincias de Chile. También a los santiaguinos, les interesa que no continúe aumentando la población por que se deteriora aún más las condiciones de su existencia.

 (2)De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades existen tres posibilidades para convocar a un Plebiscito Comunal: "el alcalde con el acuerdo del concejo o a requerimiento de los dos tercios del concejo y por iniciativa de los ciudadanos…". "Para la procedencia del plebiscito a requerimiento de la ciudadanía, deberá concurrir con su firma ante notario público u oficial del Registro Civil s lo menos el 10 % de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna…". Esta es una cifra y un procedimiento muy difícil de lograr.

 (3) Se ha producido un triunfo semejante al que lograron los ciudadanos de Osorno. E n un Plebiscito., estos decidieron que su Provincia quedara en la región de los Lagos. A pesar  del planteamiento insistente del Gobierno que  quedará junto a Valdivia en la Región de Los Ríos

CONSULTAS ORGANIZADA POR LOS CIUDADANOS: En el año 1987 con el Comité de Elecciones Libres hicimos el primer plebiscito en la Región del Bio Bio. Participaron alrededor de 50.000 personas. En el año 2.000 se realizó una nueva CONSULTA EN LA REGIÓN DEL BIO BIO , porque se iba a privatizar EL AGUA POTABLE, ESSBIO. Sufragaron con su carné de identidad: 136.783 personas. Más del 90% rechazó la privatización. Nuestro Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos: ha realizado un enorme proceso de educación cívica y de participación directa de las personas.

Plebiscito en Concepción.      

ES PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE CHILE, QUE SE HAN EFECTUADO, EN FORMA SISTEMÁTICA,   53 CONSULTAS CIUDADANAS. LAS HEMOS  REALIZADO EN: Santiago, Concepción, Talcahuano, Lebu,   Chillán, Los Ángeles, Quilpue, Viña del Mar, etc. En algunas ciudades varias veces.

HAN VOTADO 253.162 (hasta Mayo 2008) CHILENOS CON SU CARNÉ DE IDENTIDAD Y FIRMANDO EL REGISTRO.

     SUFRAGANDO EN LUGARES PÚBLICOS: Colegios, Juntas de Vecinos, Sindicatos, en las Calles, etc.  

(4) En Chile,  el ciudadano, a los 40 años de edad, sólo ha podido expresarse en 15 oportunidades y exclusivamente para elegir a sus representantes o servidores públicos.  En muchos países la situación es distinta: en Suiza, por ejemplo, se consulta a la ciudadanía desde la decisión de ingresar a las Naciones Unidas hasta el aumento de los impuestos... La opinión del  ciudadano suizo, a los 40 años, ha sido considerada más de 1.000 veces. A los chilenos no se nos consulta sobre la Reforma a la Salud, de la Educación, los Tratados de Libre  Comercio con otros países.  Vivimos una democracia limitada  y anacrónica. No han existido modificaciones sustanciales desde el año 1990. Han transcurrido 20 años desde el último Plebiscito.
Las formas de participación ciudadana directa no son una ilusión. Existen, tanto en naciones del hemisferio sur como en el norte, desde hace muchas decenas de años: el Plebiscito, Consulta Ciudadana y Referéndum, existen en otros países como Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Dinamarca, España, EEUU, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda y la República de Irlanda, Italia, Gran Bretaña, Letonia, Lituania, México, Noruega, Panamá, Perú, Suecia, Suiza, Uruguay, Venezuela…

 

Por el fenómeno de La Niña, con menos precipitaciones, más estabilidad atmosférica y menor ventilación, la descontaminación de Santiago será incierta

 

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, El País.- La maestra Olivia González lleva 30 años dando clases en Cerro Navia, una de las comunas de la capital chilena donde más se concentra la contaminación atmosférica entre abril y agosto. Testigo directo de los efectos en la salud, es pesimista sobre el aire que respirará este año. "Todos los años, los estudiantes de la escuela municipal donde trabajo presentan muchos dolores de cabeza y problemas respiratorios. Por ello faltan a clases constantemente y bajan su rendimiento", relata a Tierramérica González, de 51 años.

En 2008, la escuela debió suspender tres veces las clases de educación física al decretarse estado de preemergencia. Maestras y familiares también sufren la contaminación, sobre todo la gente mayor, asegura González, quien se prepara para una nueva temporada gris. En las últimas semanas renunciaron tres autoridades vinculadas al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago. El 3 de este mes dimitió el "gerente del aire", Marcelo Mena, quien duró dos meses como asesor nacional en descontaminación. Su cargo fue creado para evitar que este año se repitieran los errores de pronóstico de 2008 en materia de esmog.

Mena arguyó "resistencias" a su labor en el aparato público, particularmente dentro de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de la región metropolitana. Le siguieron el director y el jefe de descontaminación atmosférica del organismo, Alejandro Smythe y Marcelo Fernández respectivamente.

Para la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, esta situación obedece sólo a una "reorganización de los equipos regionales". Pero organizaciones ecologistas, parlamentarios y especialistas hablan de "crisis de la institucionalidad ambiental" y de "señales públicas negativas". "Seremos extremadamente rigurosos en decretar los episodios críticos (alertas ambientales, preemergencias y emergencias) que sean necesarios. En ningún momento vamos a dudar que nuestro foco principal es la salud de la población", aseguró Jorge Lagos, reemplazante interino de Smythe.

Pero este año no se implementarán las propuestas formuladas en 2008 por un panel especializado convocado por el propio gobierno, que había sugerido la adopción de nuevos instrumentos para medir la contaminación, entre otras iniciativas. Con 6,5 millones de habitantes, Santiago tiene graves problemas de ventilación natural por estar rodeada de montañas.

Las principales fuentes de contaminación son los vehículos y las industrias. Pero en los últimos años se han sumado las estufas a leña, las restricciones impuestas a las importaciones de gas natural desde Argentina --que llevaron a las empresas a quemar más petróleo-- y el ineficiente funcionamiento del transporte público.

Entre abril y agosto de 2008, las autoridades constataron 20 episodios críticos: 14 alertas y seis preemergencias. En 2007 hubo 22 alertas e igual número de preemergencias. Fueron los dos peores años desde 2002, cuando se decretaron 17 alertas y siete preemergencias.

La alerta se activa cuando se detecta un promedio diario de 200 microgramos de partículas de menos de 10 micrómetros de diámetro (PM10) suspendidas en un metro cúbico de aire. Y la preemergencia, cuando se superan los 300 microgramos de PM10 por metro cúbico. En 2008, el incidente más grave se registró el 1 de julio en Cerro Navia, con 444 microgramos por metro cúbico de aire.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que la concentración diaria de PM10 no supere los 50 microgramos por metro cúbico, ya que éste y otros contaminantes producen infecciones respiratorias, cardiopatías y cáncer de pulmón. Según un estudio del Ministerio de Salud, en 2007 la contaminación aérea fue responsable de más de 100.000 años de vida perdidos en este país por muerte prematura o discapacidad, y fue el cuarto factor de riesgo sanitario, después del consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, y la presión arterial.

Pese a los avances registrados entre 1997 y 2008, las medidas hasta ahora son insuficientes para cumplir las metas de descontaminación fijadas para 2011. Ello motivó en 2008 una segunda actualización del plan PPDA. Pero las nuevas disposiciones aún no rigen porque el decreto está a revisión de la Contraloría General de la República. También es una incógnita cuándo se aprobará la norma que regula las cantidades aceptables de material fino suspendido en el aire (menor de 2,5 micrómetros de diámetro).

Para los ambientalistas, el nuevo PPDA tampoco contiene las reformas necesarias, como freno a la expansión urbana, mejoramiento del transporte público e incentivo a las empresas para que se trasladen a regiones menos saturadas. Lo más probable es que este año los santiaguinos nuevamente dependan de las condiciones meteorológicas de la capital, comentó a Tierramérica Paola Vasconi, de la no gubernamental Fundación Terram.

El jefe del Departamento de Meteorología y Climatología de la Dirección Meteorológica, Jorge Carrasco, explicó a Tierramérica que es imposible hacer pronósticos ahora, pero dio algunas pautas. Hasta mayo, el país estará bajo la influencia del fenómeno oceánico-climático de La Niña --fase fría de El Niño--, lo que implicará menos precipitaciones en la capital. "Esto se relaciona con una mayor estabilidad atmosférica y una menor ventilación" de la cuenca de Santiago, indicó Carrasco, aunque recalcó que sólo son probabilidades. En junio, La Niña dará paso a una fase neutra y la incertidumbre será aún mayor.

* Publicado originalmente el 14 de marzo por la red laitnoamericana de diarios de Tierramérica.

 

 

NACIONALES

 

Manifiesto "Por un Chile más democrático e Incluyente"

 

Santiago, viernes 20 de marzo de 2009, Crónica Digital.- Crónica Digital entrega a sus lectores el Manifiesto Por un Chile Más Democrático e Incluyente" que han suscrito –hasta ahora- 74 chilenos y chilenas. Por su importancia política lo ponemos a vuestra disposición. 

 

Estimados Amigos(as) y Compañeros(as)

Nos hemos permitido escribirles para invitarlos a adherir a este manifiesto "Por un Chile más democrático e incluyente", que se plantea en diálogo constructivo con la candidatura presidencial de Jorge Arrate. Creemos que la izquierda y el progresismo de nuestro país se encuentran en un momento clave de definición. Un momento que precisa un pronunciamiento decidido en pos de la construcción de un frente amplio contra la exclusión no sólo política, sino también económica, social, étnica y de género, reinante en nuestra sociedad. Tratando de interpretar dicho anhelo, y fruto de un intercambio de conversaciones y discusiones entre independientes y militantes, es que se ha dado paso a este manifiesto, al que les invitamos fraternalmente a adherir. Para ello sólo debe agregar su nombre y actividad en el listado al final del texto, o enviar un e-mail a rcamargo@hotmail.co.uk o cruizencina@hotmail.com. Una vez que se recojan firmas suficientes será presentado en un acto público, seguramente en Marzo de este año. Muchas gracias por su generosidad.

Les saluda con afecto,

Carlos Ruiz Encina. Académico de la Universidad de Chile
Ricardo Camargo Brito. Abogado y Doctor en Ciencias Políticas.

"Por un Chile Más Democrático e Incluyente"

Somos chilenas y chilenos comprometidos con la democracia, la justicia económica y social, la diversidad de géneros, y los derechos humanos. La mayor parte de nosotros no pertenecemos a ningún partido político y algunos incluso ni siquiera estamos inscritos en los registros electorales. Hemos sido muy críticos de las políticas seguidas por la Concertación, si bien valoramos algunos de sus logros. A pesar de ello, entendemos que la derecha económica y política es el adversario fundamental, puesto que vemos en ella un proyecto neoliberal que aniquila los derechos ciudadanos y que cuestiona las bases mismas del Chile republicano.

Constatamos, sin embargo, que las ideas del proyecto neoliberal no sólo anidan en la derecha sino que atraviesan igualmente una parte significativa de la dirigencia concertacionista y, dentro de ella, una dirigencia autoproclamada de "izquierda o progresista", cuya identidad como tal es cuestionable. Es por ello, que consideramos que hoy no existe en nuestro país una fuerza auténticamente progresista y de izquierda amplia, capaz de plantear en el debate político una mirada crítica e integradora acerca del futuro de nuestra sociedad.

Creemos que ello no puede seguir así. Necesitamos bregar por un Chile más democrático e incluyente. Un Chile en que no siga imperando como ley principal la del dinero, como sentido común la ley del mercado, como modo de vida la desintegración social, como flagelo de la familia el patriarcado, como ley laboral la conveniencia del empresario, como dogma un Estado precarizado e impedido de cautelar efectivamente los derechos sociales.

Constatamos que estas mismas o similares preocupaciones, constituyen en definitiva el fundamento de las luchas que en el último tiempo han estado librando los estudiantes secundarios y universitarios, los empleados públicos, los obreros subcontratistas del cobre, los trabajadores salmoneros, forestales, portuarios y mineros, las trabajadoras de supermercados y multitiendas y, desde luego, nuestros hermanos del pueblo mapuche, entre muchos otros.

Sin embargo, también sabemos que estamos en una trampa institucional que no se puede revertir si seguimos por el mismo camino. Más aún, pensamos que la Concertación no constituye una alternativa ante estos desafíos. Se agotó porque se acomodó a esta situación. Sometida a liderazgos que renegaron de su propio programa original, ni siquiera ha dejado espacio en su interior a alternativas más progresistas y democráticas.

Para superar esta situación, nos parece indispensable unir fuerzas y generar mayorías sociales y políticas que permitan derrotar a la derecha en sus diversas manifestaciones, tanto las visibles, que son las de la derecha oficial, como las encubiertas, que son las de la derecha concertacionista. Es preciso levantar un nuevo proyecto de país, que termine no sólo con la exclusión política sino también con la que existe en la salud, en la educación y en la cultura de millones de chilenos y chilenas que, desde la cuna, son condenados a la marginalidad por un modelo económico y un sistema político que no los contempla.

En este contexto, condenamos la exclusión política, la degradación de la política, la Constitución heredada de Pinochet, la ausencia de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación, la concentración del poder económico, la injusticia social existente, el abuso patronal, la exclusión y censura hacia los movimientos sociales, la ausencia de políticas realmente públicas sobre educación, salud y previsión, el maltrato y la criminalización de los pueblos originarios, la discriminación de género, la depredación de nuestros recursos y riquezas naturales y la ausencia del criterio de bienestar ciudadano para la toma de decisiones.

Es en este sentido que saludamos que surjan visiones críticas respecto a la sociedad que ha venido construyéndose y se sostenga con vigor la necesidad de introducir cambios de fondo, a partir de la unidad de todas las fuerzas "de avanzada social", sin exclusiones de ninguna especie. Valoramos, en particular, el rol crítico que Jorge Arrate ha desempeñado en este proceso, tanto desde dentro de la Concertación, como hoy al margen de ella, a pesar de las diferencias no menores que hemos tenido con él en el pasado. Es por ello, que no podemos dejar de mirar con expectación y esperanza su convocatoria a unir todas las fuerzas para derrotar la exclusión y la injusticia.

Consideramos que una convocatoria amplia y sin exclusiones como la efectuada por Jorge Arrate resulta fundamental para romper la trampa de un país ahogado por crecientes desigualdades sociales y cortapisas institucionales. Queremos ser parte de ese esfuerzo y, considerando que Arrate ha asumido el compromiso de llevar adelante estos objetivos, manifestamos nuestra voluntad de adherir y participar en el proyecto de construir una nueva mayoría para el país, expresada hoy en su candidatura presidencial en representación de las fuerzas progresistas de Chile.

La mayoría de los firmantes somos gente de izquierda, muchos con historias de activa y militante lucha en contra de la dictadura. Otros, somos jóvenes que nos hemos empeñado en incidir en los destinos de nuestro país en las actuales condiciones de exclusión política, orillados por las formas de participación espurias que hoy configuran a un ciudadano espectador. Creemos que no podemos reducir este esfuerzo sólo a la izquierda. Se requiere la participación y el apoyo de todo el mundo progresista, de todos los demócratas, desde los jóvenes que no participan de las elecciones nacionales hasta las mujeres y hombres que creyeron en la Concertación, y quienes siguen creyendo, pero que comprueban hoy que los programas comprometidos no se han realizado y se preguntan ¿por qué?

La respuesta parece ser esta: porque no hemos sido capaces de aunar las fuerzas suficientes para vencer la inercia y el acomodamiento a los moldes heredados de la noche dictatorial. Porque ha faltado voluntad política para construir, a 20 años del triunfo del NO, una sociedad más democrática, igualitaria y libertaria.

Los abajo firmantes tenemos diferencias de apreciación en varias materias. Nos parece valioso. No buscamos un movimiento uniforme, cerrado a las nuevas ideas. Tampoco creemos en liderazgos populistas que reemplacen el indispensable protagonismo que en un proceso como éste deben tener las mayorías de ciudadanos y sectores sociales organizados. Creemos que Jorge Arrate, más que ningún otro, es una persona que tiene el valor y la capacidad de poner su historia política, con sus aciertos y desaciertos, al servicio de esta causa tan noble como urgente. Ello, en una forma abierta que prácticamente no existe en la política actual. Por eso creemos que su liderazgo y convocatoria porta la dosis necesaria de espíritu crítico como para reconstruir una izquierda diversa, con un fuerte anclaje social, renovando las ideas y los proyectos políticos, en pos de un país más humano, democrático y en donde la vida digna sea una posibilidad para todos, sin exclusión.

Firmantes:

1. Carlos Ruiz Encina. Sociólogo, académico Universidad de Chile.
2. Faride Zerán, Premio nacional de periodismo, académica U de Chile.

3. Nelly Richard. Crítica, ensayista y académica Universidad ARCIS.
4. Sergio Trabucco Ponce. Cineasta.
5. Grínor Rojo. Escritor y profesor Universidad de Chile.

6. Gonzalo Rovira. Ex candidato a Senador Juntos Podemos Más.

7. Giorgio Boccardo. Presidente FECH (2006). Actual Senador Universidad de Chile.

8. Víctor Orellana. Secretario general FECH (2005).

9. Claudio González Jara. Consejero nacional CUT y dirigente nacional Fenpruss.
10. Ricardo Camargo Brito. Abogado y doctor en ciencias políticas.
11. Manuel Gajardo. Economista y asesor sindical.

12. Juan Díaz Silva. Subdirector de recursos humanos, Hospital Claudio Vicuña, San Antonio.
13. Coral Pey. Ex-candidata a Diputada por Gente en Movimiento (Pacto PC-MAPU).

14. Rubén Gamboa De Bernardi. Médico cirujano.
15. Mario Gómez Olivares. Profesor universitario, economista.
16. Alejandra Arriaza. Abogada.
17. Enrique Dobry Berggrun. Empresario.
18. Pablo Varas. Escritor.
19. Loreto Maza M. Socióloga, doctora (c) américa latina contemporánea.
20. Pablo Ramírez Sepúlveda. Administrador público y licenciado en ciencias políticas.
21. Boris Sáenz. Activista de derechos humanos.
22. Esberto Maza L. Ingeniero ej. eléctrico.
23. Jimmy Barberán Canales. Profesor y académico.
24. Juan Pablo Paredes. Sociólogo y magíster (c) en estudios sociales y políticos latinoamericanos.
25. Doris Jiménez Villarroel. Periodista.

26. Solange Daroch Souyris. Magíster en políticas públicas.
27. Claudio Ramírez. Periodista.
28. Iván Páez. Magíster en educación.
29. Juan Medrano Correa. Ingeniero.

30. Luis ALberto Jaqui Muñoz. Estudiante de Administración Pública USACH.

31. Marcela Díaz Rebolledo, Dra. (c) en ciencias sociales, especialista en políticas públicas y cooperación internacional para el desarrollo.

32. Irma Almeyda. Directora Ejecutiva Fundacion Clodomiro Almeyda.

33. René Castro. Artista Visual.

34. Andrés Bustamantes Araneda, Sociólogo Pontificia Universidad Católica de Chile, Vicepresidente FEUC 2005.

35. Lucía Castillo Iglesias. Secretaria general FEC (Universidad de Concepción) 2006.

36. Nona Fernández Silanes. Actriz, escritora y guionista.

37. Fernando Sagredo. Coordinador Agrupación de Periodistas Jóvenes (APJ) (2005-2007).

38. Luis Thielemann Hernández. Profesor de Ciencias Sociales, Magister (c) en Historia PUC.

39. Álvaro Pozo Ralil. Sociólogo U. de Chile.

40. Diego Felipe Rodríguez Paredes. Sociólogo, Secretario General Centro de Estudiante de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 2004.

41. Igor Cid. Geólogo, Universidad de Concepción.

42. Alejandro Kirk. Periodista y Director de Proyectos Especiales de la agencia de noticias IPS (Inter Press Service).

43. Rodrigo Ruiz Encina. Antropólogo, Académico Universidad ARCIS.

44. Dr. Camilo Bass. Presidente Agrupación Nacional de Médicos de Atención Primaria.

45. Ivan Salinas Barrios. Químico U de Chile, Estudiante de doctorado en Educación en Ciencias, Universidad de Arizona, USA.

46. Rodrigo Fernández. Licenciado en Sociología, Universidad de Chile.

47. Eduardo Toro. Licenciado en Sociología Universidad de Chile.

48. María Victoria Corvalán. Socióloga.

49. Dr. Dagoberto Gutiérrez. Ex-secretario general de la Agrupación de Médicos de Atención Primaria y Vice-Presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Concepción, FEC (2001-2002).

50. José Luis Martínez. Académico y Director Escuela de Postgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

51. Patricio Martínez. Presidente metropolitano del Colegio de Periodistas (2006-2008) y académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

52. Felipe Núñez. Presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Concepción (FEC) (2002-2003).

53. Eliana Tonkin Cárdenas. Artista visual.

54. Dalia Ruiz Lidid. Profesora-poeta.

55. Moisés Scherman. Economista y dirigente de la red ciudadana por Ñuñoa.

56. Sergio Oxman, Economista.

57. Eugenio Labarca Torche. Ingeniero civil.

58. Nelson Morales Parada. Músico (Viena/Austria).

59. Arlette Gay Shifferli. Dirigenta sindical sector tripulantes.
60. Guillermo Riveros Alvarez. Licenciado en literatura PUC.

61. Marco Pérez Sánchez. Profesor de historia y geografía, Magíster en educación ambiental (Puerto Montt).

62. Federico E. Esparza S. Poeta-Estudiante de Derecho UACh. Militante PRSD (Valdivia).

63. Patrick Quintana Latoja. Estudiante de Administración Pública, Universidad de Santiago de Chile, Militante Juventud Socialista de Chile.

64. Tomás Ramírez Hermosilla. Abogado, Universidad de Chile.

65. Vania Alejandra Ricciulli Orloff. Estudiante de derecho, Universidad de Chile.

66. Alonso Fierro Reguera. Concejal de Villa Alemana.
67. Paulina Alvial Muñoz. Administrativo, salud primaria, Región del Maule, Linares.

68. Alfredo Molina A. Ex-presidente centro de estudiantes administración pública USACH, presidente junta de vecinos El Mirador Cerrillos.

69. José Miguel Varas. Escritor y Premio Nacional de Literatura 2006.

70. Margarita Ester Peralta. Luchadora social.

71. Perla Wilson. Periodista.

72. Jaime Pino. Editor y Escritor

 

CONAMA Región de Tarapacá realizó Apresto de PAC Proyecto Central Termoeléctrica Pacífico

 

Iquique, jueves 19 de marzo de 2009, CONAMA.- Atendiendo a su misión de actuar como un servicio de consulta, análisis, comunicación y coordinación en materias relacionadas con el medio ambiente, es que CONAMA realizó un taller de Apresto de Participación Ciudadana del Proyecto "Central Termoeléctrica Pacífico", dicha actividad se llevó a cabo el viernes 13 de marzo en la caleta de Chanavayita ubicada a 54 kms. de la ciudad de Iquique.

 

En el taller participaron aproximadamente 150 personas, entre las cuales se distinguían dirigentes y dirigentas sociales de las caletas de Cañamo, Chanavayita, grupos ecologistas, representantes de Scout y representantes de algunos sectores políticos, autoridades regionales y particulares. En esta oportunidad, Juan Pablo Armisen profesional perteneciente a la Unidad de Participación Ciudadana, del Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de CONAMA Metropolitana, quién expuso el procedimiento para la formulación de observaciones al Proyecto. Procedimiento que fue cuestionado en razón de las instancias de participación, sus plazos y los efectos que esta tiene en cuanto a la toma de decisiones.

 

El proyecto Central Termoeléctrica Pacífico fue presentado por don Mauricio Alegría Agusto perteneciente a la consultora que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) CGA S. A. y Claudio Ulloa Jefe de Proyectos de la Empresa Río Seco S. A. , los cuales recibieron las observaciones que se presentaron, aclararon las dudas y complementaron la información requerida por las y los interesados.

 

Es importante señalar la total desaprobación por parte de los presentes a esta instancia de participación, quienes argumentaron de distintas maneras su disconformidad con el proyecto, sin perjuicio de ello, la empresa se manifestó llana a concordar algunos aspectos del proyecto con cierta representatividad ciudadana y se comprometió a entregar recursos para el monitoreo y fiscalización a través de Estudios de Impacto Ambiental, desde su planificación hasta la implementación, si esta última es aprobada por la COREMA.

 

La jornada se extendió desde las 18:00 hasta aproximadamente las 23:15 hrs. para el Director Regional de CONAMA don Luis Guzmán Contreras, la actividad organizada fue un éxito, ya que logró los objetivos planteados, los cuales tienen que ver con generar en los ciudadanos y ciudadanas interés de participar ejerciendo sus derechos en forma responsable, es decir informados, con argumentos sólidos y en un clima de respeto. De esta manera, la sociedad civil puede aportar antecedentes para una evaluación con un mayor nivel de información, lo cual brinda transparencia al proceso y solidez a la toma de decisiones de las autoridades.

 

Por ello, la autoridad regional de CONAMA, informó que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Termoeléctrica Pacífico es un documento público y respecto del cual se pueden presentar consultas u observaciones. Con ese fin es que encuentra disponible en la Gobernación de la provincia, en la municipalidad de Iquique y en la Dirección Regional de CONAMA y el plazo para hacerlo es hasta el 14 de mayo del presente año.

 

GLOBALES

 

Seis formas de salvar el Mundo: Los científicos compilan la lista de actos imprescindibles frente al cambio climático

 

Londres, Inglaterra, viernes 20 de marzo de 2009, The Guardian, Rebelión.- Los científicos reunidos en la conferencia de Copenhague esta semana resumen sus investigaciones para los políticos que se discutirán en el encuentro de la ONU en Diciembre. Los científicos en el encuentro internacional de Copenhague han preparado una declaración resumen de sus investigaciones para los políticos. Éste fue entregado al primer ministro danés, Ander Fogh Rasmussen. Antes de la Conferencia sobre Cambio Climático de Diciembre le entregará formalmente esta declaración a los funcionarios y jefes de estado en la conferencia. Las conclusiones completas de los 2500 delegados científicos de 80 países que han asistido al encuentro de tres días esta semana se publicarán de forma completa en junio de 2009. El congreso fue concebido como una actualización de la ciencia del cambio climático antes del encuentro de la ONU en diciembre. El informe más reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático publicado en 2007 está ahora desfasado tres años.

 

Los seis mensajes principales de los científicos son:

 

1) Tendencias climáticas

 

Las observaciones recientes confirman que, dadas las altas tasas de emisiones observadas, el peor caso en las proyecciones de escenarios del IPCC (o incluso peor) está siendo alcanzado. Para algunos parámetros clave, el clima se está moviendo más allá de los patrones de la variabilidad natural dentro del cual nuestra sociedad y economía se han desarrollado y prosperado. Estos parámetros incluyen la temperatura superficial media global, el aumento del nivel del mar, las dinámicas de los océanos y las capas de hielo, la acidificación del océano y los eventos climáticos extremos. Hay un riesgo significativo de que muchas de las tendencias se aceleren, llevando a incrementar el riesgo de una cambio climático abrupto o irreversible.

 

2) Problemas sociales

 

La comunidad investigadora está dando mucha información que respalda las discusiones sobre un "cambio climático peligroso". Observaciones recientes muestran que las sociedades con altamente vulnerables a incluso niveles modestos de cambio climático, con las naciones y comunidades pobres particularmente en riesgo. Aumentos de temperatura por encima de 2ºC serán muy difíciles de soportar e incrementará el nivel de problemas climáticos durante el resto del siglo.

 

3) Estrategia a largo plazo

 

Una mitigación rápida, sostenida y efectiva basada en una acción global coordinada y acciones regionales se requieren para evitar "un cambio climático peligroso" independientemente de cómo se defina. Objetivos más débiles para el año 2020 incrementará el riesgo de cruzar puntos de no retorno y hace que la tarea de los objetivos para alcanzar los objetivos en 2050 más difícil. Un retraso en el inicio de una mitigación efectiva incrementa significativamente los costes económicos y sociales a largo plazo tanto para la adaptación como para la mitigación.

 

4) Dimensiones de la igualdad

 

El cambio climático está teniendo y tendrá, efectos muy diferentes en la población y entre países y regiones, en esta generación y en la futura, en sociedades humanas y en el mundo natural. Exijimos una red efectiva con buenos fundamentos de adaptación y seguridad para las poblaciones menos capaces de hacer frente a los impactos del cambio climático y una común pero diferenciada estrategia de mitigación es necesaria para proteger a los pobres y más vulnerables.

 

5) La inacción es inexcusable

 

No hay excusas para la inacción, Ya tenemos muchas herramientas y enfoques – económicos, tecnológicos, de comportamiento, de gestión – para tratar de forma efectiva el desafío del cambio climático. Pero tienen que ser implementados de forma vigorosa y amplía para alcanzar la transformación social requerida para descarbonizar las economías. Un amplio rango de beneficios emergerán de un esfuerzo concertado para cambiar nuestra economía energética ahora, incluyendo el crecimiento de empleos para energía sostenible, reducciones de los costes económicos y sanitarios del cambio climático y la restauración de ecosistemas y la revitalización de los servicios de los ecosistemas.

 

6) Enfrentando el desafío

 

Para conseguir la transformación social requerida que haga frente al desafío del cambio climático, tenemos que salvar un conjunto de importantes limitaciones y aprovechar las oportunidades críticas. Estas incluyen reducir la inercia en los sistemas económicos y sociales; construyendo un deseo de la población creciente para que los gobiernos actúen frente al cambio climático; eliminar los subsidios explícitos e implícitos; reducir la influencia de los intereses creados que aumentan las emisiones y reducen la resistencia; facilitar los cambios de la gobernanza ineficaz y de las instituciones débiles a liderazgos innovadores en el gobierno, el sector privado y la sociedad civil; y comprometer a la sociedad en la transición de normas y prácticas promuevan la sostenbilidad.

 

Traducido por Mario Cuéllar para Globalízate
http://www.globalizate.org/guard140309.html

Artículo original:
http://climatecongress.ku.dk/newsroom/congress_key_messages/

Visto en The Guardian
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/mar/12/copenhagen-summary

Más información:
http://climatecongress.ku.dk/

 

Cumbre Sindical Andina abre sesiones en Perú abordando el impacto de la crisis mundial en los trabajadores

 

Lima, Perú, jueves 19 de marzo de 2009, Prensa Latina.-  Dirigentes de las principales centrales sindicales de seis países iniciarán hoy en la capital peruana una reunión que evaluará el impacto de la crisis mundial entre los trabajadores y otros temas claves. La llamada Cumbre Sindical Andina analizará la repercusión de esa crisis en la pérdida de empleos y la caída de las remesas de los emigrados que viven en Estados Unidos y Europa, así como la Ley del Retorno aprobada por la Unión Europea contgra los inmigrantes.

 

La cita congregará a sindicalistas de los países de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), así como de Chile y Venezuela. Al acto inaugural han sido invitados los ministros peruanos de Relaciones Exteriores, José García Belaúnde; Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, y Trabajo, Jorge Villasante, así como el secretario general de la CAN, Freddy Ehlers.

 

La Confederación General de Trabajadores (CGTP), que representará a Perú en el encuentro, adelantó que las centrales sindicales proyectan concertar posiciones y acciones de defensa de los derechos de los trabajadores.

La reunión es organizada por el Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA), bajo el lema "Que la crisis no la paguen los trabajadores", y contará con importantes expositores.

 

El ex viceministro de Trabajo de Perú, Julio Gamero, experto en políticas sociales, adelantó que hará una disertación sobre las migraciones en el crítico contexto actual y la caída de las remesas. Señaló que esa merma afectará este año especialmente a Bolivia y Ecuador, que hasta antes de la crisis recibían remesas por el equivalente del ocho por ciento del producto bruto interno (PBI).

 

Piden a Colombia mayor compromiso político contra el cambio climático

 

Bogotá, Colombia, jueves 19 de marzo de 2009, por Edelmiro Franco, Notimex, SDPNoticias.- El gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe debe asumir un mayor compromiso para impulsar políticas relacionadas con el fenómeno del cambio climático, afirmó hoy el experto en temas de desarrollo Jorge Iván Zuluaga.

 

En declaraciones a Notimex, el especialista dijo que "Colombia tiene mejor conciencia del problema del cambio climático, pero hace falta conjugar las políticas macroeconómicas generales, de inversión con las políticas de adaptación". El académico de la Universidad Nacional criticó la falta de coherencia del gobierno en materia ambiental, debido a que "mientras se plantea el tema de los efectos en el cambio climático, toma medidas como incentivar la adquisición de vehículos particulares".

 

El gobierno colombiano autorizó una línea de crédito a los concesionarios locales de unos 250 millones de dólares para incentivar la compra de vehículos ensamblados en Colombia y de esta forma reducir la caída en ventas del sector. "La decisión del presidente (Uribe) hace dos semanas para apoyar a los concesionarios de los automóviles hace mucho daño y va en contra de las políticas de adaptación para enfrentar los efectos del cambio climático", planteó Zuluaga.

 

A juicio del también economista, es un error este tipo de medidas en momentos en que las principales ciudades colombianas se encuentran saturadas por el parque automotor. "Esta decisión es el mejor ejemplo para ver cómo las políticas del gobierno van en contravía de lo que se quiere buscar como es la adaptación al fenómeno del cambio climático", insistió. En su opinión, el gobierno colombiano siempre busca recursos para beneficiar a los industriales en momentos de crisis, pero "no se encuentra dinero para proyectos que tiene que ver con adaptación". Sostuvo que Colombia requiere de un manejo integral en políticas macro-económicas con las de adaptación y mitigación relacionadas con el tema del cambio climático.

 

Colombia, que produce el 0.25 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono, ratificó en el año 2000 el Protocolo de Kyoto, lo cual obliga a las autoridades del país sudamericano a tomar medidas para reducir sus gases con efecto invernadero.  Zuluaga consideró que Colombia, si bien produce un porcentaje mínimo en emisiones de dióxido de carbono, debe hacer énfasis en la generación de energía alternativa.

 

Gobierno de Uruguay presenta Agenda Nacional para el Cambio Climático

 

Montevideo, Uruguay, jueves 19 de marzo de 2009, La República.-  Ante el Congreso de Intendentes lanzará un debate nacional. Vázquez presenta hoy la Agenda Nacional para el Cambio Climático. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, presentará hoy ante el Congreso de Intendentes una propuesta de Agenda Nacional para el Cambio Climático para abrir un debate nacional sobre el cambio del modelo productivo en Uruguay.


Definición. "El Estado debe jugar un rol central", afirma Vázquez.  Vázquez concurrirá al Congreso de Intendentes, que se desarrollará en la Expo Activa de Soriano, y propondrá la apertura de un debate nacional sobre la necesidad de un cambio en el modelo productivo, sobre todo en el terreno agropecuario ­aunque no exclusivamente­, a raíz del impacto del cambio climático en nuestro país. La intención había sido adelantada por Vázquez a LA REPUBLICA el 27 de enero (ver nota aparte).

 

La definición que impulsó el primer mandatario tiene que ver con trascender las respuestas inmediatas o de emergencia a las sequías, inundaciones y otros fenómenos climáticos y discutir a fondo y a largo plazo una política de Estado de adaptación a los cambios que según afirmó "serán permanentes".

 

La concepción tiene, según fuentes del Poder Ejecutivo, algunos puntos centrales: es necesario un debate nacional que involucre a toda la sociedad para que se asuma con una política de Estado; el cambio climático tiene múltiples implicaciones en diversas áreas de la realidad pero es especialmente urgente debatir las que se expresan en el plano producido y más específicamente en la agropecuaria; deben involucrarse en el debate y en la implementación de las soluciones todos los actores sociales, pero el Estado tiene que jugar un rol central.

 

El gobierno y el Estado tienen en la visión del presidente de jugar el papel de iniciadores con una propuesta concreta y abarcadora del "necesario" debate que involucre "a toda la sociedad" y además deben garantizar la "globalidad" de la implementación de las soluciones, transformándolas en políticas de Estado. Según las fuentes, es un "esfuerzo político central del Presidente y del gobierno para trascender la coyuntura y aportar una mirada de mediano y largo plazo, para adelantarnos a los hechos".

 

Según los informantes, Vázquez propondrá una Agenda Nacional para el Cambio Climático que incluye un diagnóstico, propuestas de adaptación con un fuerte énfasis en lo productivo y la idea de abrir un debate nacional promovido por el Poder Ejecutivo. Las fuentes indicaron que a las 10.30 de la mañana de hoy el presidente realizará una intervención ante el Congreso de Intendentes, en el que presentará la Agenda; posteriormente, varios ministros e integrantes del gabinete, entre los que se incluyen el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Ernesto Agazzi; el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Carlos Colacce, y el ministro de Economía y Finanzas, Alvaro García, ampliarán sobre sus respectivas áreas de trabajo.

 

Las fuentes indicaron que el gobierno es consciente de que los impactos del cambio climático son múltiples y alcanzan áreas como "la salud y la educación entre otros, pero en esta etapa se optó por un fuerte énfasis en lo productivo y por supuesto también en lo ambiental". Incluirá propuestas concretas de nuevos procedimientos de producción, en particular referidos al manejo del agua, los tipos de cultivos y las modalidades productivas tanto en el agro como en la ganadería.

 

Entre las propuestas también se incluye el mejor aprovechamiento del agua en "correntía", es decir de ríos y arroyos; pero también del agua pluvial. Además la creación de un ámbito institucional de alto nivel, integrado por la OPP, ministerios, intendencias, investigadores científicos, la Universidad de la República y actores privados, que coordinará políticas públicas de prevención, educación y mitigación de impactos de los efectos del cambio climático.

 

La elaboración de la propuesta

 

El presidente Vázquez instaló en enero un equipo de trabajo que se dedicó a recopilar informes, materiales y propuestas. Participaron de varias reuniones en Suárez, que encabezó el propio presidente Vázquez, entre otros el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa; Agazzi, Colacce, el ministro de Economía y Finanzas, Alvaro García, el subsecretario de esa cartera, Andrés Masoller, y el presidente de OSE, Martín Ponce de León.

 

Si bien el contenido de la Agenda es eminentemente político, se sustenta en diagnósticos y propuestas emanados de varios ámbitos oficiales que vienen trabajando en el tema desde hace mucho tiempo (ver nota aparte). En particular la Unidad de Cambio Climático, dependiente de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Mvotma, que lleva adelante el Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Uruguay (Pmegema) y la Unidad de Proyectos Agropecuarios de Cambio Climático (Upacc) del MGAP.

 

La Agenda que propondrá Vázquez recogerá aportes construidos por esas dependencias estatales, en particular la elaboración que se realizó para cumplir con los compromisos del Protocolo de Kyoto. Entre ellos se inscribe la realización de las denominadas "Comunicaciones Nacionales" sobre los impactos del Cambio Climático.

 

Uruguay ya presentó dos y está trabajando en el tercero con participación de diversas reparticiones del Estado, la Udelar, ONG vinculadas al tema y también gremiales de productores. En la segunda Comunicación Nacional se presentó el Programa de Mitigación y Adaptación.

 

Hace pocos meses LA REPUBLICA informó que la Dinama realizó en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Udelar una prospectiva del aumento de las temperaturas y las precipitaciones hasta el año 2050. El estudio permite prever los distintos escenarios y las zonas del país que se verán más afectadas tanto por las sequías como por las inundaciones.

 

Alerta climática

 

Según el capítulo local del informe mundial de Desarrollo Humano 2007-2008 de Naciones Unidas (ONU), los efectos en Uruguay del cambio climático se expresan fundamentalmente en las bruscas modificaciones del clima y la mayor frecuencia, intensidad y variabilidad de fenómenos climáticos extremos, como sequías e inundaciones. El informe también advierte sobre la reducción de los rendimientos de los cultivos "a causa de temperaturas más altas". La preocupación del gobierno por este tema viene desde el mismo momento de asumir.

 

Uruguay fue de los primeros países que cumplieron con los compromisos asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto

 

Brasil: La crisis le permite al país reducir sus emisiones de dióxido de carbono

 

Sao Paulo, Brasil, jueves 19 de marzo de 2009, Adnmundo.- La reducción de emisiones es equivalente al 4,7 por ciento de lo que produjo la industria del estado de Sao Paulo, el más rico e industrializado del país, en 2006, según el estudio elaborado por el estatal Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). "Los reflejos de la crisis han aliviado los ecosistemas brasileños, con una caída en el corto plazo de los niveles de estrés ambiental", analiza el documento.

Los sectores que más contribuyeron a disminuir las emisiones a raíz de la caída de sus ventas internacionales fueron el de hierro y acero y el automotriz, seguido de lejos por el cemento y la industria del aluminio.  El estudio invita a "reflexionar" si este momento de crisis se podría aprovechar para "construir un mundo más sostenible y limpio".

La economía brasileña sufrió un duro revés en el último trimestre de 2008, cuando el Producto Interior Bruto se contrajo un 3,6 por ciento con respecto al trimestre anterior. El sector industrial ha sido el peor parado y continúa con problemas en los primeros meses de 2009, registrando mínimos históricos en indicadores como producción, facturación y horas trabajadas.

 

Aumento de la temperatura en el Atlántico causará huracanes más intensos

 

La Habana, Cuba, jueves 19 de marzo de 2009, Adnmundo.- Según sostuvo un especialista cubano, la temperatura del océano Atlántico subirá en los próximos años una media de 2,5 grados lo que, combinado con el deshielo de las zonas árticas, causaría el surgimiento de huracanes más intensos que afectarán a la región del Caribe.

 

"Desde los años de la década del 70 la temperatura del planeta se está calentando y aunque no podemos decir con certeza que esto esté influyendo en la intensidad de los huracanes, podemos decir que es muy probable que así sea", sostuvo el director del Centro Nacional de Pronósticos de Cuba, José Rubiera.

El experto vaticinó que en lo que respecta a la zona del Caribe el calentamiento de los mares que bañan la región provoca que con mayor rapidez los huracanes pasen de categoría cuatro a categoría cinco en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo a sus consideraciones, desde 1995 a la fecha se ha producido el período más intenso de huracanes en la cuenca del Atlántico desde que se lleva el registro de estos fenómenos. "Estamos en presencia de algo que se diferencia de los períodos activos anteriores y esto debe ser atendido con la urgencia debida por los países de la Cuenca del Caribe y el Golfo de México", advirtió Rubiera.

El meteorólogo cubano aseguró que en su país se ha producido una "integración" de los servicios que ofrecen las autoridades ante el peligro de fenómenos atmosféricos, lo que ha permitido una reducción al mínimo de las muertes por el azote de estos accidentes naturales.

En ese sentido, destacó la planificación, prevención, educación y difusión que ejecutan las autoridades cubanas en todo lo relativo a los desórdenes atmosféricos. Rubiera participó en un panel junto a las autoridades dominicanas y haitianas de meteorología, que hablaron de sus experiencias ante la ocurrencia de ciclones tropicales.

El director del Centro Nacional de Meteorología de Haití, Ronald Semelfort, agradeció a la República Dominicana la colaboración que en esa materia ha ofrecido a su país y pidió a Cuba el mismo tratamiento.

Entretanto, la directora de la Oficina Nacional de Meteorología dominicana, Gloria Ceballos, anunció la próxima implementación de un proyecto entre su país y Haití, naciones que comparten la isla La Española. "La iniciativa tendrá como finalidad aunar esfuerzos que sirvan para la elaboración de pronósticos de los fenómenos naturales adversos, en interés de mitigar problemas de inundaciones, deslizamiento de tierra y otros males que estos podrían provocar", adelantó la funcionaria.

 

Inician reunión regional sobre energía renovable en Nicaragua

 

Managua, Nicaragua, jueves 19 de marzo de 2009, Prensa Latina.- El XIII Foro Regional: energía renovable en sitios rurales aislados en Centroamérica abre hoy sus puertas con el objetivo de impulsar y aprovechar el potencial existente en el área. Durante el encuentro que finalizará el 20 de marzo, se analizarán varios aspectos del desarrollo sostenible y las energías renovables, en especial, estrategias energéticas sustentables para el área.

 

En el certamen participará una delegación de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA), que invertirá más de un millón 500 mil dólares en 22 proyectos adicionales a los que se ejecutan en la nación pinolera.

El evento servirá de marco, además, a la presentación de aplicaciones tecnológicas en energía renovables en la que participan empresas de Finlandia y Austria, países representados en este certamen. Según estadísticas, en el caso de Nicaragua hay un potencial de energía renovable (hidroeléctrica, geotérmica, eólica y biomasa) de cinco mil 480 megavatios, de los que sólo emplea 195 megavatios.

 

Entre las fuentes renovables destaca el proyecto Tumarín que incorporará 160 megavatios a partir de los recursos hídricos y que pudiera estar en funcionamiento en el 2013. Aunque con gran potencial, el desarrollo de la geotermia no parece estar en los planes inmediatos del gobierno por los altos costos de ese tipo de inversión, sin embargo dentro de dos o tres décadas casi la mitad del mundo se beneficiará de este recurso.

 

Según el presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, Ernesto Martínez, la nación cuenta con cerca de 500 kilómetros cuadrados de energía geotérmica, lo que le permitirían generar cinco mil megavatios, suficiente para autoabastecerse y exportar a sus vecinos. En el encuentro deben participar delegaciones de todas las naciones de Centroamérica y República Dominicana, Finlandia, Austria, y por la parte nacional el vicepresidente Jaime Morales Carazo, el titular de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, la ministra de Ambiente y los Recursos Naturales, Juana Argeñal.

 

Crean Estrategia de Gestión de Sequías

 

Madrid, España, jueves 19 de marzo de 2009, por Belén Jiménez, Agrocope.- España, líder en la gestión de sequías. De cara a la escasez de agua y la sequía, Europa desarrollará una serie de medidas como la creación de un Estrategia Europea, un Observatorio Europeo de la Sequía y la consideración de efectos ambientales, sociales y económicos a largo plazo. La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Marta Morén, destacó el papel de España como líder en la iniciativa europea sobre la gestión de sequías. Lo manifestó durante la segunda jornada del V Foro Mundial del Agua que se celebra en Estambul.

Mórén aportó por una serie de medidas futuras de cara a la escasez de agua y la sequía como son la creación de una Estrategia Europea, un Observatorio Europeo de la Sequía y la consideración de efectos ambientales, sociales y económicos a largo plazo. La directora general de Agua recordó que el Consejo Europeo destacó en 2006 la importancia de la escasez de agua y las sequías. A partir de aquí, los estados miembros elaboraron un Informe de Evaluación. En consecuencia los directores de agua europeos crearon un grupo de expertos: "Escasez de agua y sequías", liderado por España, Francia, Italia y la Comisión Europea.

 

Suecia prohibirá los coches de gasolina en 2030

 

Estocolmo, Suecia, jueves 19 de marzo de 2009, Terra.-  Posiblemente las no tan lejanas exigencias ecológicas acaben con el concepto actual del automóvil. Cada vez se demuestra más claramente: el futuro de los coches es eléctrico. Si los japoneses llevan la voz cantante en esta área, lo cierto es que algunos países europeos no quieren quedarse atrás.

 

Suecia, el país escandinavo ejemplar por su habitual progresismo, ha lanzado una propuesta de lo más radical: a partir del 2030 todos los coches que utilicen como combustible productos derivados del petróleo estarán prohibidos. Los suecos tienen sólo veinte años para cambiar de coche y sumarse a los eléctricos o a los vehículos propulsados por hidrógeno. Sí, porque los híbridos (que montan motores de gasolina o de gasóleo combinados con propulsores eléctricos), tampoco podrán circular por las carreteras suecas.

 

No obstante, esta medida no deja de ser una propuesta de ley: veremos si finalmente ve la luz. No hay que olvidar que, si así fuera, la propia industria automovilística sueca se podría ver afectada. Tanto Volvo como Saab son marcas Premium que suelen montar motores vigorosos, aunque también cuentan con modelos que funcionan con etanol, un derivado de la gasolina fabricado con caña de azúcar más respetuoso con el medio ambiente. Además, los dos fabricantes se están dedicando en la actualidad a investigar la propulsión eléctrica. Sin embargo, a día de hoy, sus ingresos provienen de coches alimentados con combustible tradicional.

 

No es tan descabellado que la propuesta se haga real: ni la opinión pública, ni los grupos políticos la han rechazado explícitamente. De hecho, muchos aprueban adoptar una política medioambiental más estricta, según publica neoteo.com. Podría ser el principio del fin de los coches tal y como los conocemos hoy en día.

 

 

ESPECIAL:  LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Resumen de la Ley Nº 20.285 de Acceso a la Información Pública de Chile

 

Santiago, jueves 19 de marzo de 209, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.- Resumen de Ley nº 20.285 sobre acceso a la información pública.


1.     ENTRADA EN VIGENCIA


Entrará en vigencia ocho meses después de publicada en el Diario Oficial (20.08.20008) es decir el 20 de abril de 2009. Salvo lo relativo a la designación de los Consejeros del Consejo de Transparencia.

 

2.     OBJETIVO


Regular principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

Se basa en inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

 

3.    ALGUNOS PRINCIPIOS DE LA LEY


a) Principio de la relevancia: presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento.
b) Principio de la libertad de información: Toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, sólo con excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado.
c) Principio de apertura o transparencia: Toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.
d) Principio de máxima divulgación: Los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.
e) Principio de la oportunidad: Los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios.
f) Principio de gratuidad: El acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley.

 

4.    ¿A QUIÉNES SE APLICA (entre otros)?


Los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio.

En caso Congreso Nacional se aplican sólo las reglas de transparencia activa (en lo pertinente),  y además deberán publicar, la asistencia de los parlamentarios a las sesiones de Sala y de comisiones, las votaciones y elecciones a las que concurran y las dietas y demás asignaciones que perciban.

 

5.     TRANSPARENCIA ACTIVA (PUBLICAR PROACTIVAMENTE EN P. WEB)


La Transparencia activa implica el deber de los órganos de la Administración del Estado de mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, determinados antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes. Entre ellos su estructura orgánica;  facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos; marco normativo aplicable; personal de planta, a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones; contrataciones para el suministro de bienes muebles; trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano; mecanismos de participación ciudadana, en su caso; información presupuestaria asignada y ejecutada.

En todo caso deberán estar disponibles permanentemente, en sitios web, los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y aquellos que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos de la Administración del Estado.

 

6.    TRANSPARENCIA PASIVA: ¿QUÉ SE PUEDE REQUERIR'


Los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.

 

7.    ¿CÓMO SE REQUIERE LA INFORMACIÓN?


Por escrito, ante OIRS o por sitios electrónicos sin necesidad de patrocinio de abogado.

 

8.     CAUSALES DE RESERVA: PARA NO DAR ACCESO


1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:
a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.
b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.
c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.
3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.
4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.
5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política.

Las leyes dictadas con anterioridad a la vigencia del mencionado articulo 8°, que establecen casos específicos de secreto o reserva de actos y documentos de la Administración, deben entenderse vigentes aún cuando no  hubieren sido aprobadas con quórum calificado, al amparo de la Disposición Cuarta Transitoria de la Constitución.

 

9.     ¿QUÉ PASA SI SE NIEGA ACCESO  A SERVICIO?


Primero, se puede recurrir al Consejo de Transparencia. Luego de la Resolución de éste a la Corte de Apelaciones. Se regula procedimiento administrativo y procedimiento judicial. Corresponde al Servicio probar la veracidad de la causal.

 

10.    CONSEJO DE TRANSPARENCIA


Es la corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.  Entre sus funciones y atribuciones se destacan:

a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas.
b) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley.
c) Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y el derecho de acceso a la información, por cualquier medio de publicación.
d) Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias de su competencia.

 

11.     SANCIONES


Regla General: La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 16, será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración.

 

Ley de Transparencia vivirá un proceso de adaptación durante 2009

 

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, Radio Universidad de Chile.- El 20 de abril comienza a operar la nueva Ley sobre Acceso a la Información Pública, que permitirá saber, por primera vez, quiénes trabajan para el Estado y cuánto cobran por ello, como también a quiénes se beneficia con subsidios y transferencias. La normativa viene a regular el principio constitucional que establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen".

Asimismo, sostiene que todos los organismos de la administración estatal -sean del nivel central, regional o comunal, incluso empresas públicas- estarán obligados a entregar en un plazo máximo de veinte días la información solicitada por cualquier ciudadano, con su sola presentación de nombre, dirección y firma. El encargado de resolver los límites de la accesibilidad en esos casos es un órgano autónomo: El Consejo de la Transparencia. Éste será el encargado de promover y fiscalizar las disposiciones de la ley, a la vez que tendrá la facultad de dictar reglamentos, sancionar a funcionarios y mediar en los casos en disputa frente a negativas de entrega de datos.

La ley 20.285 llegó al Congreso en enero de 2005, como una moción de los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri. Este último manifestó que su aplicación es un avance en la modernización del Estado, sin embargo su ejecución, justo en un año electoral y sumado a la compleja situación de los servidos descentralizados, representa un desafío para estado. "Hay otras áreas de la administración donde este proceso yo lo veo más débil. Me preocupa muy especialmente el área municipal, en todos los estudios que ha habido, la información de los funcionarios municipales, en general, es la menos accesible, y es muy importante para la vida cotidiana, además de algunos organismos de la administración central. Por lo tanto, vamos a vivir un proceso de transición, pero es una ley ampliamente beneficiosa si hacemos buen uso de ella", afirmó.

Consultado por las implicancias de la norma en el funcionamiento de los servicios públicos, el presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, advirtió que el levantamiento de todo tipo de información pública podría ser utilizado también en perjuicio de los funcionarios fiscales. "Es necesario transparentar el tema de las remuneraciones, para que exista una retribución equitativa al trabajo realizado, y que no existan brechas muy significativas al interior de la administración pública. Pero también hay que guardar la exhibición de estos antecedentes, porque podrían prestarse para un mal uso", señaló.

La ley de transparencia también regula el pago de asesorías a los servicios públicos. Ante ello, Eugenio Tironi, sociólogo y consultor en comunicación estratégica, quien ha asesorado a diversos aparatos estatales, valoró el principio de transparencia que tiene la ley. "Cualquier legislación en esta materia es un avance. Hay que ir viendo como evoluciona, porque la capacidad para hacer trampa que tenemos los seres humanos es casi infinita. Pero, el hecho que esté normado, que se establezcan regulaciones en la materia, y que exista una cierta penalización, ya es un avance muy importante", indicó.

La doctrina de la democracia reza que toda información pública es de libre acceso, excepto aquella que sea catalogada como "reservada". La excepción es el principio de la proporcionalidad, vale decir, que cierta información puede ser declarada secreta si es que su publicación causa más daño que bien público. Ejemplos concretos son los datos relacionados con seguridad o defensa del Estado, pero también aquella relacionada con la vida privada de los funcionarios públicos.

 

Crean clínica jurídica de Acceso a la Información Pública

 

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, Proacceso.- Fundación Pro Acceso y UAH crean clínica jurídica de Acceso a la Información Pública. Como antesala a la puesta en marcha de la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, Fundación Pro Acceso y la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), con el apoyo del Open Society Institute, decidieron crear la primera clínica jurídica de Acceso a la Información Pública en Chile.

 

Como parte de esta iniciativa, la UAH comenzó a impartir cursos especiales sobre el derecho al acceso de la información pública a estudiantes de quinto año y les entrega la opción de participar, en el marco de su formación profesional, en una clínica jurídica especializada en la materia. Con la guía de académicos y profesionales de este campo, los estudiantes de la clínica legal, trabajan sobre casos reales y participan en todos los aspectos legales del proceso, lo que implica: entrevistas con clientes, preparación y definición de estrategias legales, conducción de investigaciones, presentación de documentación, escrituras legales y participación en procedimientos administrativos, entre otras tareas.

 

Interesar a los estudiantes de derecho en esta materia.

Supervisar el acceso a la información pública en Chile, analizando las prácticas del Estado para responder a las peticiones.

Promover el acceso a la información pública y su uso en la sociedad civil.

Aportar al gobierno con recomendaciones de cómo aplicar la ley de acceso a la información de la mejor forma posible, usando la experiencia de la clínica legal.

En caso de que sea apropiado, desarrollar casos de litigio estratégico.

 

Imparten talleres de acceso a la información para funcionarios públicos

 

Santiago, jueves 19 de marzo 2009, Proacceso.- Pro Acceso imparte talleres de acceso a la información para funcionarios públicos. Durante noviembre y diciembre de 2008, participaron en esta iniciativa directivos y funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Junta de Aeronáutica Civil.

 

A partir del 23 de abril de este año entrará en vigencia la nueva ley Nº 20.285 sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información del Estado. Dada las altas expectativas de la ciudadanía sobre su puesta en marcha, Fundación Pro Acceso ha comenzado a educar y a informar sobre el nuevo sistema, a través de diversos talleres de capacitación, a funcionarios y directivos del sector público.

 

La puesta en marcha de esta ley traerá consigo cambios significativos en la forma de funcionamiento de los organismos del Estado, los que podrían verse colapsados si no establecen procedimientos claros y eficientes para dar respuesta a las solicitudes de información que comenzarán a recibir. La nueva legislación impone a la administración pública la obligación de responder en un plazo de 20 días las consultas realizadas por la ciudadanía e introduce el principio de transparencia activa, lo que obligará a todas las entidades estatales a publicar en sus sitios web la información referida a materias como sueldos, contratos, adquisiciones, etc.

 

Durante noviembre y diciembre, Pro Acceso trabajó arduamente en la realización de sus talleres. Los cursos impartidos han sido todo un éxito. Los organismos que han participado son:

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

La Junta de Aeronáutica Civil

 

Transparencia Judicial

 

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, por Juan Pablo Olmedo, presidente del Consejo para la Transparencia, Proacceso.-  La reciente publicación de la ley de transparencia y acceso a información pública constituye un avance significativo del Estado de Chile que profundiza los estándares de transparencia y el derecho de acceso a información pública. La legislación entrará en vigencia en abril del año 2009. Si bien los efectos de la ley se radican fundamentalmente en la Administración del Estado, por ser una manifestación concreta del mandato contenido en el artículo 8 de la Constitución, la legislación extiende sus alcances a los otros poderes del Estado.

 

En lo que respecta al poder judicial, el artículo octavo transitorio obliga a los tribunales de justicia, a través de la Corporación Administrativa, a cumplir con los mínimos de transparencia activa que establece el artículo 7 de la misma ley que incluye, entre otros, la obligación de publicar en las páginas web la planta de personal, las contrataciones, los actos o resoluciones que tengan efecto sobre terceros, presupuesto, etc., información que debe incorporarse de "manera completa y actualizada, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito".

 

El estándar de transparencia que se exige al poder judicial resulta oportuno y a éste deben sumarse otras iniciativas que reviertan la opacidad que la ciudadanía percibe respecto de la Administración de Justicia en el país.

Se debiera avanzar en la generación de información pública desagregada y objetiva de las calificaciones de los jueces y sus méritos profesionales así como la incorporación del principio de transparencia en los procedimientos administrativos de ascensos de los magistrados y de selección de los integrantes de los tribunales superiores de justicia.

 

Iniciativas como las descritas se han mostrado útiles para reforzar la meritocracia, la independencia y la legitimidad de los integrantes del poder judicial y no requieren necesariamente de la aprobación de legislación especial complementaria sino que dependen de un compromiso del poder judicial de revisar sus prácticas de respeto a los principios de transparencia, publicidad y del derecho de acceso a información pública.

 

¿Tendremos libre acceso a la información pública?

 

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, por Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z., Proacceso.- El 16 de junio pasado, en un repleto Auditorio de la Contraloría General de la República, se realizó el lanzamiento del libro "Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile", hecho relevante para perfeccionar nuestras debilitadas instituciones, pero que no concitó el interés de los medios de prensa.

 

La obra contiene un resumen de todas las ponencias hechas en los seminarios llevados a cabo por la Fundación Pro Acceso el año pasado y artículos de investigación en materia de opinión pública y derecho a la información, el fallo del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder libremente a la información pública y las observaciones de esa Fundación a la ley sobre la temática. Dicho sea de paso, esta ley se publicará en el Diario Oficial en las próximas semanas, si es visada por el Tribunal Constitucional, y entrará en vigencia 8 meses después. Moisés Sánchez, abogado y Director Ejecutivo de esa Fundación, desde la testera señaló en su presentación a quienes participaron en esa actividad: "Este libro consolida la experiencia internacional en materia de acceso a la información pública y además, será útil tanto para la sociedad civil como para académicos y estudiantes".

 

Los integrantes del panel, José Antonio Viera Gallo, Ministro Secretario General de la Presidencia, Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, Juan Pablo Olmedo, Presidente de Pro Acceso y Felipe del Solar, Secretario Ejecutivo de la Agenda de Transparencia y Probidad, con distintos matices, valoraron los contenidos del libro y centraron sus comentarios en los impactos de la nueva ley, aunque Viera Gallo expresó sus temores por los eventuales abusos de ese derecho.

 

Aprovechando la oportunidad que se le dio al público asistente, al término de las 4 exposiciones y reconociendo el aporte al sistema democrático de la nueva ley, nuestra Fundación, a través de los firmantes de esta columna, emitió una dura crítica a la situación actual en donde se ha consagrado la lacra del secretismo, focalizada en los municipios instituciones que, en general, se resisten a compartir las informaciones que manejan con sus mandantes.

El segundo de los firmantes expresó que la nueva ley, es solo el primer paso, con el que se inicia un recorrido, haciendo mención concreta de tres obstáculos actualmente existentes con relación al ejercicio pleno del derecho a la información de los ciudadanos:

 

1º No se está generando información respecto a muchas realidades de interés público. Por ejemplo en materia urbana y ambiental, el desarrollo del sistema de cuentas ambientales sigue estancado, a pesar del compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno. Es así como, no están disponibles las cifras de consumo de combustible vehicular en la región metropolitana, dato básico para analizar las consecuencias fiscales y ambientales de una eventual reducción del impuesto específico a la bencina y el diesel.

 

2º La difusión de información de interés público está controlada y regulada por los dos grandes consorcios de la prensa escrita, mientras los pocos controladores de la TV, compiten en lucrar en base a telenovelas, política, farándula, ciertos deportes, asaltos, truculencias y accidentes. En el mínimo espacio, que dejan a los asuntos trascendentes de interés público, las voces y representaciones ciudadanas están excluidas porque los que mandan en el establishment las consideran "peligrosas" para la institucionalidad y "marginales". Ejemplo: Hace un par de días en la ciudad de Vallenar, más de mil personas protestaron contra la explotación minera de Pascua Lama y nada salió en los medios periodísticos.

 

3º Existe una gran desigualdad en las posibilidades de utilización de la información de interés público disponible. Mientras las grandes empresas cuentan con profesionales remunerados para procesarla en su provecho, las organizaciones ciudadanas no cuentan con recursos para procesarla para el bien común. Es así como, el total de los fondos públicos disponibles para las todas las organizaciones de consumidores, es similar a los ingresos anuales de un gerente de cualquier supermercado de moda.

 

Para terminar con estos tres obstáculos en el ejercicio del derecho a la información por parte de la ciudadanía, se le preguntó a Viera-Gallo, cuáles serían los próximos pasos que está dispuesto a dar su gobierno al respecto y también se le consultó si comparte nuestra posición relativa a que necesariamente se debe aumentar la asignación de recursos para la Contraloría General, bastión de probidad en el aparato público, con la idea de que ejerza bien su mandato constitucional de fiscalizar las actuaciones funcionarias.

 

El primero de los firmantes le espetó al ministro que, en un plazo razonable de tiempo, sería aconsejable que el Ministerio de Hacienda le asigne a la Contraloría el mismo porcentaje del presupuesto de la nación que tenía en el año 1970. Y acto seguido, para que su labor de fiscalización fuera efectiva, si el gobierno está dispuesto a modificar las leyes con el objeto de que sus dictámenes fueran obedecidos siempre por los servicios de la administración del Estado, es decir, que tuvieran imperio, ya que si bien es cierto, en teoría revisten fuerza obligatoria para los fiscalizados, en la práctica sólo algunos se enmarcan en sus resoluciones.

 

En la ronda final de respuestas de los panelistas, el asertivo Viera-Gallo como avezado político, no respondió ninguna de las interrogantes planteadas y sólo se remitió a resaltar la obligatoriedad que, con la nueva ley, tendrán las reparticiones del Estado en orden a contestar los requerimientos informativos de los ciudadanos. Finalmente apreciamos la franqueza y celebramos el ingenio en la bien delineada exposición de Ramiro Mendoza, como asimismo el compromiso en pos de la probidad y transparencia manifestada por Felipe del Solar, reconociendo el aporte que desde hace un tiempo está desarrollando Juan Pablo Olmedo con su efectiva Fundación Pro Acceso.

 

El tiempo dirá si con esta nueva legislación se reducen los niveles de corrupción y si no continuará siendo un calvario solicitar documentación de carácter pública en las distintas dependencias del aparato del Estado. Es una de esas, se produce un milagro y nuestro país podría ser, en unos años más, como los desarrollados del norte de Europa: ello sería factible si existiese voluntad política por parte de quienes mandan y si contáramos con educación generalizada.

 

Acceso a la Información en Chile: Los desafíos que vienen

 

Santiago, jueves 19 de marzo de 2009, por Moisés Sánchez, Proacceso.- Los cambios profundos no terminan con una ley, sino que parten con ella, a través de procesos de capacitación y sensibilización de los servidores públicos.

 

Hace algunas semanas, la Fundación para el Debido Proceso Legal efectuó un ejercicio de monitoreo en varios países de nuestra región, que buscaba identificar las dificultades de los ciudadanos para acceder a la información referida a las remuneraciones de Presidentes de la República y de Corte Suprema. La experiencia desarrollada en Chile evidenció que aún persisten importantes barreras prácticas para el acceso público a esta información, las que no detallo acá por estar suficientemente bien explicadas en otro apartado. Al respecto, creo necesario realizar algunos comentarios.

 

En primer lugar, señalar que el Congreso Nacional de Chile aprobó en el mes de enero de este año, una ley de acceso a la información pública y transparencia (que a la fecha de redacción de este artículo está siendo examinada por el Tribunal Constitucional), la que se espera tenga importantes impactos en esta materia. Desde ya, numerosas reparticiones públicas han hecho esfuerzos por colocar en sus respectivas páginas Web institucionales –aún antes de la entrada en vigor de la normativa-, información vinculada a adquisiciones, personal, remuneraciones, transferencias financieras, marco normativo, actos administrativos y resoluciones. Sin duda alguna, gran parte de estos cambios se han debido al impacto público generado por la condena al Estado de Chile por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2006, que lo sancionó por haber negado información de interés ambiental, y por los escándalos de corrupción en operaciones de transferencias financieras directas a distintas organizaciones a fines de ese mismo año.

 

En segundo lugar, es importante destacar que gran parte de los cambios sustantivos que se han realizado hasta la fecha, han sido realizados principalmente por órganos del Poder Ejecutivo, y que los efectuados en el Poder Judicial y Legislativo, aunque valorables, han sido más lentos y menos profundos. Esta lógica encuentra su correlato en la nueva ley de acceso a la información, que establece sólo obligaciones de transparencia activa respecto de estos dos últimos poderes del Estado, limitando los alcances de la transparencia pasiva, entendiendo por ella la posibilidad de ser sujeto obligado frente a solicitudes de información, básicamente al Ejecutivo.

 

En tercer lugar, poner de relieve que más allá de las cuestiones legales, la cultura del servidor o funcionario público todavía es más proclive a la reserva de la información, que a la publicidad de la misma. Por tal razón, no resulta sorprendente que a pesar del avance de esta agenda a nivel nacional, y de la reciente aprobación de la norma legal, aún puedan verificarse comportamientos como los detectados en este monitoreo. Eso da cuenta de la necesidad de avanzar de manera más decidida en los procesos de capacitación, y en la promoción de buenas prácticas al interior de los órganos públicos. Sobre este mismo punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su reciente informe de supervisión de cumplimiento de la sentencia de 2006, emitido el mes de mayo de este año, manifestó que mantendrá su control —en razón de la ausencia de toda mención en el informe remitido por el Estado—, respecto de las medidas de capacitación y entrenamiento que adopte el Poder Judicial en materia de acceso a la información, que entiende son claves por cuanto es el órgano responsable de atender y dar protección a solicitudes de información efectuadas por las personas, a través de la revisión de las decisiones del "Consejo para la Transparencia", ente autónomo que la iniciativa legal ya mencionada establece para resolver los conflictos entre las personas y el Estado en la entrega de información.

 

Todos estos comentarios hay que mirarlos, además, a la luz de la preocupante doctrina sentada en esta materia por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de 6 de diciembre de 2005 (Rol Nº460.12-005), que al revisar la constitucionalidad de las normas sobre declaraciones patrimoniales de autoridades públicas, estableció limitaciones a la difusión y libre acceso al público a esta información, en base a criterios de protección a la vida privada, legitimando el acceso sólo para los fi nes de control y fi scalización. A la fecha, esta doctrina constituye un importante obstáculo a la plena difusión de la información de las remuneraciones a través de las páginas Web, lo que ha obligado a muchos órganos a tener que presentarla de tal manera que no se pueda establecer de manera directa todos los ítem que conforman las remuneraciones de sus funcionarios. Por ello, no resulta sorprendente que para determinar las remuneraciones del Presidente de la Corte Suprema, se tenga que acceder a distintas secciones que contienen datos parciales, que no se pueden vincular sin una reflexión previa al nombre de la persona que desempeña el cargo.

 

Esta preocupación se ve redoblada si se considera que los criterios de "máxima apertura" que considera en materia de remuneraciones la nueva ley de acceso a la información, esta siendo revisada en estos días por parte de este mismo Tribunal Constitucional. Los cambios profundos no terminan con una ley, sino que parten con ella, a través de procesos de capacitación y sensibilización de los servidores públicos. Por ello, las difi cultades identifi cadas en Chile en este ejercicio de monitoreo, más que una muestra de necesidad de más regulación, son sintomáticos de la necesidad de avanzar de manera mucho más decidida en el cambio cultural. Ese cambio, para ser efectivo, debe involucrar de manera especial al Poder Judicial.

 

Una nueva vuelta de tuerca en materia de acceso a la información

 

Santiago, miércoles 18 de marzo de 2009, por Enrique Rajevic, Publicado Originalmente en De Cive: Democracia, Estado y Derecho Público, Proacceso.- Hace pocos días se publicó la Ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública (LAIP), que viene a desarrollar el principio de publicidad contenido en el inc. 2º del art. 8º de la Constitución a partir de la reforma de la la Ley Nº 20.050 (2005) y entrará en vigencia en 8 meses más (el 03.05.2009). Se trata del último capítulo -a la fecha- de la dinámica regulación del acceso a la información administrativa. Recordemos que hasta 1999 un ominoso silencio era todo lo que nuestro legislador nos entregaba sobre este particular, mientras una norma reglamentaria de 1974 permitía a las autoridades calificar a los documentos u oficios en "secretos", "reservados" u "ordinarios" sin ninguna cortapisa. La ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa, vino a consagrar como regla general la publicidad de los actos administrativos y de "los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial", restringiendo la reserva a un listado basado en 4 causales que podía ser desarrollado por vía reglamentaria y admitiendo una impugnación en sede judicial. El resultado es conocido: los reglamentos emplearon copiosamente esa alternativa al punto que la excepción (el secreto) se transformó en regla general. Contraloría objetó este sistema (en especial en su dictamen Nº 49.883/2004) y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Chile infringía el Pacto de San José al negarle a particulares información relativa a un proyecto de inversión (caso Claude y otros con el Estado de Chile, 19.09.2006). Por último, la STConstitucional Rol Nº 634/2006 declaró inaplicable por inconstitucional una de las hipótesis de reserva que contempló la Ley Nº 19.653. Los dos últimos fallos hablaron, derechamente, de un derecho de acceso a la información administrativa (que para el TC tiene la "…naturaleza de derecho reconocido por la Constitución… aunque lo sea de forma implícita", cons. 9º).
Como dijimos en 2005 el constituyente incluía al principio de transparencia en las bases de la institucionalidad restringiendo la reserva o secreto a los casos establecidos en una ley de quórum calificado, "...cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional", esto es, casi las mismas causales de la Ley Nº 19.653.


Es entonces cuando se presenta una moción de los Senadores Gazmuri y Larraín (2005), con objeto de adaptar la normativa de 1999 al nuevo marco constitucional y jurisprudencial. En medio de su tramitación, el Grupo de Expertos nombrado por la Presidenta de la República en noviembre de 2006 para superar una serie de escándalos ligados al uso de fondos públicos (Chiledeportes, las alusiones de Schaulsohn a la "ideología de la corrupción", etc.) sugiere crear un "órgano de acceso a la información", autónomo y dotado de imperio y en diciembre de 2006 el Gobierno envía una indicación sustitutiva para transformar la moción -originalmente un conjunto de modificaciones de leyes vigentes- en una Ley en sí misma, de más de 40 artículos; algo más de un año después culmina su tramitación parlamentaria, para ser enviada en marzo al Tribunal Constitucional por contener normas de rango orgánico constitucional. Éste, en su sentencia 1051/2008, del pasado 10 de julio, acepta con una ligera salvedad el proyecto (y numerosas disidencias parciales, además de una general del Ministro Fernández B.).
No es este el lugar para comentar en detalle esta nueva ley. Me limitaré a consignar algunos aspectos que considero especialmente interesantes.

 

1. La Transparencia activa: de la buena voluntad y el marketing a las multas


El Informe del Grupo de Expertos de 2006 distingue Transparencia Activa y Pasiva. La primera es el deber de poner a disposición del público información relevante sobre la gestión pública sin mediar requerimiento alguno. La segunda es el deber de entregar información en poder de la Administración Pública a quien lo requiera, conforme los mecanismos legales. Hasta el momento nuestro legislador se había concentrado en la última. Los arts. 13 y 14 de la LBGAE –añadidos por la Ley Nº 19.653- son básicamente un procedimiento para requerir información. La LAIP, en cambio, contiene un Título III denominado "De la Transparencia Activa", que en su art. 7º detalla en ¡¡ 13 !! literales la información que los órganos de la Administración del Estado "deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos… actualizados, al menos, una vez al mes". Su antecedente directo es el Instructivo Presidencial N° 008/2006, sobre transparencia activa y publicidad de la información de la Administración del Estado, que exigió que los organismos públicos informaran en sus web su estructura interna, sus contrataciones y contratistas, sus transferencias a terceros, su personal, su marco normativo y los actos y resoluciones que dictasen afectando a terceros. Para ello cada sitio web despliega un banner llamado "Gobierno Transparente" (p. ej., http://www.presidencia.cl/transparencia/). La LAIP añade a esto:

Nuevos requerimientos de información en la web, tanto en magnitud (p. ej., las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución, excluidos sus datos sensibles) como en profundidad (las remuneraciones del personal de planta, el a contrata y los honorarios); Una sanción ante el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia: multa de 20% a 50% de las remuneraciones del infractor, que aplicará el propio Consejo para la Transparencia (art. 47).

 

2. De la Transparencia al Derecho de Acceso a la Información


Hasta el momento la transparencia había sido abordada básicamente como un "ingrediente" de los procesos de modernización de la gestión pública. La LAIP, en cambio, denomina a su Título IV "Del Derecho de Acceso a la Información...", conforme la jurisprudencia que habíamos señalado. El procedimiento es más realista en sus plazos que el vigente (de utópicas 48 horas para responder se pasa a 20 días, art. 14), se admite el uso de medios electrónicos (art. 12), no se precisa la intervención de un letrado y, lo más importante, los reclamos ante las negativas son conocidos por un organismo especializado denominado "Consejo para la Transparencia" (CPT). Contra las decisiones de éste, a su vez, cabe un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, que puede interponer tanto el afectado como el servicio público con una importante excepción: si el fundamento de la negativa fue el "debido cumplimiento de las funciones" y el CPT acoge el reclamo del particular el servicio quedará impedido de reclamar ante la Corte (art. 28, inc. 2º). Todo lo anterior refleja una clara orientación pro-transparencia (que luce con claridad en el nombre del CPT).

 

3. El Consejo para la Transparencia (CPT): una peculiar configuración orgánica.


La clave de bóveda de la LAIP es la creación del ya mencionado "Consejo para la Transparencia" (CPT). Este organismo queda encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa y resolver los reclamos en contra de las negativas a las solicitudes de acceso a la información, además de velar porque la Administración Pública cumpla la Ley Nº 19.628, de protección de datos personales (esto último siguiendo el modelo del "Information Commissioner", del Reino Unido, en una línea que podría profundizarse). Su configuración es curiosa: una "corporación autónoma de derecho público" (art. 31), que propondrá al Presidente sus propios "estatutos" (art. 41) y cuyos empleados se sujetan al Código del Trabajo (art. 43), Su dirección y administración superior corresponde a un Consejo Directivo integrado por 4 consejeros –contra la tendencia general de órganos colegiados impares, evitando empates- designados por el Presidente de la República "previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio" (art. 36). La proposición debe formularse en un solo acto y el Senado debe pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad (la primera designación debe hacerse 60 días tras la publicación de la LAIP). Su duración es de 6 años, la presidencia –con voto dirimente- rotativa (cada uno 18 meses) y sólo cabe la remoción acordada por la Corte Suprema, ante razones calificadas y a petición de otras autoridades (art. 38). La alta mayoría requerida para el nombramiento exigirá que en su integración no haya sólo representantes de la fuerza gobernante, y las garantías contra su remoción arbitraria garantizan el llamado "deber de ingratitud". Este sistema se asemeja al del Consejo Nacional de Televisión, el directorio de Televisión Nacional de Chile y, más recientemente, el Consejo de Alta Dirección Pública, pero a diferencia de aquéllos no existe un integrante designado por el Presidente de la República, lo que lo transforma en una entidad todavía más autónoma.

 

4. ¿"Heterotutela" interadministrativa?


La naturaleza jurídica del CPT que hemos examinado puede calificarse sin dificultad de sui generis y deriva de su especial función: fiscalizar a otros organismos públicos, obligarlos a entregar información e, incluso, sancionar directamente a los infractores de la LAIP (Título VI). Aunque su credibilidad hacía indispensable concederle una alta dosis de autonomía no podía llegarse a una especie de islote autárquico dentro de nuestra institucionalidad pública, como en algún momento se planteó. La Constitución establece que el ejercicio de la soberanía "se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece" (art. 5º), como el Gobierno, la Administración, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, etc. El CPT no podía estar en un "limbo"; debía adscribirse a una de ellas (así lo plantearon, entre otros, el Contralor Ramiro Mendoza y el profesor Jorge Bermúdez). De las disposiciones de la LAIP se desprende implícitamente que el CPT integra la Administración del Estado, como una entidad autónoma de las señaladas en el art. 65, inc. 4º Nº 2 y Nº 3, de la Constitución. En efecto, el art. 31 dispone que los D.S. referidos al Consejo que no se vinculen con un Ministerio determinado "serán expedidos a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia" y el art. 43 excluye al CPT de una serie de disposiciones típicas de la Administración del Estado –como la toma de razón de sus resoluciones- aplicándole otras. De allí que en la STC 1051/2008 los Ministros Navarro y Venegas estimen "constitucionalmente desaconsejable" que "potestades jurisdiccionales" -como serían, a juicio de ambos, las asignadas al CPT- se entreguen a un órgano integrante de la Administración del Estado, que precisamente "juzgaría" a aquélla.


En términos usados por el derecho comparado podríamos decir que la LAIP estructuró al CPT como una "Administración Independiente", estableciendo una suerte de heteronomía interadministrativa -valga la metáfora- en materia de acceso a la información. No se trata de un tema pacífico. Uno de los votos disidentes de la STC 1051/2008 (Ministros Bertelsen y Correa) estimó inconstitucional la facultad otorgada al CPT para dictar instrucciones generales sobre la LAIP, de carácter obligatorio para los órganos de la Administración del Estado (art. 33 d), pues constituiría una limitación de las amplias facultades que el art. 24 de la Constitución entrega al Presidente de la República para administrar el Estado.

 

5. Las causales de secreto o reserva: densidad y leyes preconstitucionales


Para establecer casos de reserva o secreto administrativo el nuevo art. 8º de la Constitución establece dos condiciones: i) que la publicidad afecte "el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional", ii) que así lo declare una ley de quórum calificado. El art. 21 de la LAIP desarrolla las causales de reserva o secreto. Así, por ejemplo, señala que "particularmente" se afecta el debido cumplimiento de las funciones cuando la publicidad vaya en desmedro "de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito", se soliciten "antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales" o "antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política", o se trate de "requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Tratándose de las otras causales constitucionales la Ley es más parca en el desarrollo. El art. 21 Nº 3, por ejemplo, legitima la reserva o secreto cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de la información "afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública". Se trata de dos formas diferentes de enfocar la regulación. En el primer caso se detallan hipótesis concretas –que, dicho sea de paso, era el sistema propuesto en la indicación sustitutiva original- y en el segundo se mencionan conceptos jurídicos indeterminados. En ambas, además, se sugiere que la enumeración es simplemente ejemplar (asunto cuestionable de cara al art. 8º CPR). El CPT deberá discriminar el detalle con que las leyes de quórum calificado deben concretar la causal, cuidando no extremar el punto -pues un sistema excesivamente rígido podría arriesgar asuntos sensibles para el bien común- ni tampoco desvirtuar la reserva legal –de quórum calificado- que establece el art. 8º (pues una excesiva generalidad desvirtuaría el próposito de la reforma constitucional de 2005).


Para eludir el horror vacuis se dispuso expresamente que las leyes que establecieron materias secretas o reservadas antes de la reforma de 2005 cumplen con el quórum calificado, conforme a la Disp. 4ª Transitoria de la Constitución Política (art. 1º transitorio). Se sigue en esto el criterio que ya había establecido Contraloría, si bien para ser constitucionales tales leyes deberán ajustarse a las causales del art. 8º de la Carta Fundamental.

 

6. Empresas públicas y privadas


El proyecto aplica el principio de transparencia a "las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y a las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, tales como Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile o Banco Estado, aun cuando la ley respectiva disponga que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas a las regulaciones de otras leyes". En otras palabras, se huye de la poco feliz distinción entre empresas públicas creadas por ley y empresas privadas del Estado. En estos casos existe una norma especial de transparencia activa –que entre otras cosas incluye toda remuneración percibida en el año por cada directivo de nivel superior- en tanto que el derecho de acceso a la información se ejerce no ante las empresas, sino que ante la Superintendencia que las fiscaliza. Para ello, éstas deberán entregarle a aquélla "la misma información a que están obligadas las sociedades anónimas abiertas de conformidad con la ley N° 18.046… cualquiera sea el estatuto por el que se rijan", esto es, aunque no sean S.A. sino otro tipo de personas jurídicas (sociedades de responsabilidad limitada, corporaciones, etc.). En caso de no entregar esta información los directores serán sancionados con multa por la respectiva Superintendencia. Conviene señalar que la LAIP derogó la extensión de las reglas sobre transparencia a los informes y antecedentes que las empresas privadas que prestan servicios de utilidad pública entregan a las entidades estatales encargadas de su fiscalización, actualmente contenida en el art. 13, inc. 4º, de la LBGAE. Esto último, por cierto, no significa que tales "informes y antecedentes" pasen a ser secretos; sólo que de ser solicitados a la entidad fiscalizadora se aplicarán las normas generales relativas a la información que pueda afectar los derechos de terceros (art. 20).

 

7. ¿Y los demás órganos del Estado?


En estricto rigor, en las líneas precedentes he comentado la "Ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado", contenida en el artículo 1º de la Ley Nº 20.285 (en una enrevesada técnica legislativa ya empleada, p. ej., en el art. 26º de la Ley Nº 19.882). Los artículos siguientes de aquélla modifican diversos cuerpos legales regulando, en especial, la situación de los organismos constitucionalmente autónomos adscritos a la Administración del Estado (Contraloría, Banco Central) o separados de ésta (Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Justicia Electoral), que no están sujetos al CPT ni a la LAIP con carácter general. Durante la tramitación del Proyecto hubo muchas críticas por esta exclusión, pero se entendió que el CPT no podía tener atribuciones sobre organismos ajenos a la Administración del Estado, pues en tal caso se alteraría la repartición constitucional de las competencias públicas. Ello precisaría que este organismo fuese previamente incorporado en la misma Constitución. Los alcances interpretativos de la STC 1051/2008, buena parte de sus disidencias y la puntual inconstitucionalidad que en ella se declaró tuvo que ver con la relación entre el CPT y estos organismos, con un fondo común: asegurar la autonomía de estos últimos.

 

8. Los desafíos.


La LAIP representa un gigantesco desafío. Desafío para la Administración, que deberá destinar recursos para adecuar sus prácticas a un principio que parecía más bien retórico e impulsar programas de capacitación para sus funcionarios, adecuados a la magnitud de esta tarea; para el nuevo CPT, que deberá ser prudente pero firme en el ejercicio de sus potentes atribuciones; para la sociedad civil, que deberá usar responsablemente estos instrumentos; para la academia, que deberá estudiar y debatir en profundidad sobre las bondades y debilidades de la LAIP y la jurisprudencia que sobre ella recaiga. Cada uno en su rol contribuirá a la construcción de una sociedad más transparente y, por lo mismo, democrática. No hay que olvidar que la transparencia, como señaló el informe del grupo de expertos nombrado por la Presidenta en noviembre de 2006, favorece el control social de los actos de la administración, inhibe y disuade de malas prácticas, motiva desempeños probos y eficientes y es, en definitiva, parte sustantiva de la libertad de expresión y la participación ciudadana. Por eso, aunque implementar este principio tenga un precio alto -nuevos "privilegios en menos" para la Administración- valdrá la pena pagarlo.

 

 

El Proyecto GAL III o de Promoción de la Participación Ciudadana y Acceso a la Información Ambiental en Comunas de la Región Metropolitana, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, CONAMA RM, cuenta con la participación ejecutiva del Instituto de Ecología Política, IEP, y el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, AGCI, y la Unión Europea, UE. Se autoriza la copia, distribución y uso de los contenidos publicados en el BOLETÍN GAL, siempre y cuando no se utilicen con fines comerciales, se reconozca la autoría y se identifique explícitamente a la fuente. Las opiniones vertidas por otras fuentes, visitantes o colaboradores en esta publicación no necesariamente reflejan los puntos de vista del BOLETÍN GAL. Esta publicación no es spam y se envía bajo los Artículos 2 y 4 de la Ley 19.628 de la República de Chile y de acuerdo a la nueva Ley del Consumidor Nº 19.496 y su modificación Nº 19.955 del 2004, en su Artículo 28b, donde regula el envío de correos electrónicos ("Toda comunicación promocional o publicitaria enviada por correo electrónico deberá indicar la materia o asunto sobre el que versa, la identidad del remitente y contener una dirección válida a la que el destinatario solicite la suspensión de los envíos"). Si usted desea ser removid@ de nuestro directorio en forma temporal o definitiva, por favor responda a este e-mail indicando "Remover" en el Asunto (subject)

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